El 1 de noviembre de 2022, la Superintendencia de Bancos de Panamá publicó el Acuerdo 011-2022  a fin de modificar las disposiciones del Acuerdo 8-2010 sobre gestión integral de riesgos, para incluir el concepto de los riesgos financieros relacionados con el clima.

Riesgos financieros relacionados con el clima

Dicho Acuerdo, que ya fue modificado en 2017 con el fin de incorporar el concepto de riesgo social y ambiental, se reforma nuevamente con la inclusión de la siguiente definición de riesgos financieros relacionados con el clima: “Son los actuales o posibles impactos negativos que pueden surgir del cambio climático o de los esfuerzos por mitigar el cambio climático. Estos impactos incluyen las consecuencias económicas y financieras en una entidad u organización“.

Riesgos físicos, de transición o de responsabilidad legal

A su vez, el acuerdo clasifica los riesgos anteriores en tres tipos: i) físicos, ii) de responsabilidad legal relacionados con el clima, y iii) de transición; distinguiendo además estos últimos entre los siguientes:

• Riesgos políticos y jurídicos
• Riesgo tecnológico
• Riesgo de mercado
• Riesgo reputacional

El pasado 13 de diciembre de 2022 se publicó en Chile el Reglamento que regula la mediación, conciliación y arbitraje en materia de consumo, que tiene como objetivo la protección al consumidor en general y, en concreto, al consumidor de productos financieros.

Principios fundamentales

El Reglamento, que entrará en vigor transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial, es decir, el día 13 de junio de 2023, se basa en los siguientes principios fundamentales:

• Voluntariedad de las partes a someterse al proceso
• Gratuidad
• Indemnidad del consumidor
• Economía procesal
•  Publicidad
• Buena fe
•  Imparcialidad
•  Desformalización
• Acceso a la información

Mecanismos para la solución de controversias

Recoge que, en todo caso y previamente a la contratación, los proveedores deberán informar si disponen alguno de los mecanismos para la solución de controversias, quejas o reclamaciones de consumo. Esta información deberá estar disponible, de forma clara y destacada, tanto en tiendas físicas como en sitios web, así como en los contratos que suscriban con los consumidores.

Consentimiento del consumidor

Por otro lado, contempla que el consentimiento del consumidor para dar inicio a dichos mecanismos deberá prestarse por escrito o por cualquier medio tecnológico apto para reproducir dicho consentimiento escrito. Así, y en línea con el principio de voluntariedad, en ningún caso se podrá exigir u obligar al consumidor a someterse a los mecanismos como requisito para contratar.

Una vez manifestado el consentimiento, el Reglamento se remite a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para la designación del tercero imparcial que resuelva el conflicto.

Aclara, no obstante, que los acuerdos de las partes -como la decisión del árbitro- deberán estar razonablemente fundados, especialmente respecto de los alcances de la solución sobre la relación de consumo que dio origen a la queja, reclamo o controversia. Además, el resultado de la solución de controversia será jurídicamente vinculante para las partes, por lo que, en caso de incumplimiento del acuerdo o laudo, el consumidor podrá exigir su cumplimiento forzado de conformidad con las reglas generales.

El pasado 22 de diciembre de 2022 fue promulgada en Chile la conocida como “Ley Fintech”, con el objeto de establecer un marco general para incentivar la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos y, en concreto, favorecer: la inclusión e innovación financiera, la promoción de la competencia, la protección al cliente financiero, el adecuado resguardo de los datos tratados, la preservación de la integridad y estabilidad financiera, y la prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo.

Servicios financieros

Entre los servicios que regula la Ley Fintech, destacan los siguientes:

• Plataformas de financiamiento colectivo
• Sistemas alternativos de transacción
• Asesoría crediticia y de inversión
• Custodia de instrumentos financieros
• Enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros

Autoridad de supervisión

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es la autoridad encargada de la autorización de los prestadores de estos servicios, así como de fiscalizar las actividades y de su registro. Entre las facultades que se le otorgan, la CMF podrá exigir garantías y/o patrimonio mínimo a quienes presten servicios regulados, dependiendo de su volumen de negocios o número de clientes.

La CMF también deberá establecer, mediante norma de carácter general, los estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo aspectos de ciberseguridad y seguridad de información, que permitirán a las entidades registradas diseñar, aprobar e implementar políticas, procedimientos y controles que compatibilicen su viabilidad económica-financiera con su capacidad de contar con respuestas estratégicas idóneas para los riesgos inherentes a sus líneas de negocios.

Sistema de Finanzas Abiertas

La Ley crea un Sistema de Finanzas Abiertas, estableciendo reglas que obligan a ciertos prestadores de servicios a compartir información de clientes cuando estos así lo hayan consentido para recibir mejores ofertas de servicios y productos financieros, lo que se hará conforme a elevados estándares de protección de datos personales y bajo exigencias de seguridad definidas por la CMF, que deberán cumplir esos prestadores para intercambiar esa información. Todo ello para promover la competencia e inclusión financiera.

Entrada en vigor y reformas aplicables

Entre las reformas que entran a regir el 3 de febrero de este año -fecha de entrada en vigor de la ley-, ya sea porque no requieren de normativa de la CMF o porque la ley no establece ninguna norma transitoria particular, sabe destacar las siguientes:  

• Obligación de las empresas fintech, los bancos, las compañías de seguros, los intermediarios de valores, los corredores de bolsas de productos y las administradoras de fondos mutuos y de inversión, entre otras, de ofrecer productos acordes a las necesidades, expectativas y disposición al riesgo que sus clientes.
• Prohibición de dichas entidades a inducir a error o causar confusión al público en la información, propaganda o publicidad que hagan para ofrecer sus productos o servicios financieros.
• Posibilidad de los corredores de bolsas de productos de transar directamente en las bolsas de valores. Los intermediarios de valores podrán transar directamente en bolsas de productos.
• Fin a la prohibición que tenían las bolsas de negociar diariamente acciones de sociedades anónimas cerradas.
• Aumento en el número de accionistas con obligación de inscribir sus acciones en el Registro de Valores para sociedades anónimas por acciones y en comanditas, pasando de 500 a 2.000 accionistas.
• Eliminación de la necesidad de aprobación de la CMF para los aumentos de capital que se hagan en efectivo en las sociedades anónimas especiales (esto es, aquellas que requieren autorización de existencia).
• Posibilidad de que las sociedades de apoyo al giro bancario ofrezcan sus servicios a emisores y operadores de medios de pago; teniendo en cuenta que la negativa de abrirle cuentas corrientes a estos emisores y operadores por parte de los bancos, o el cierre de las mismas, deberá sostenerse en condiciones públicas, objetivas y no discriminatorias e informadas a la CMF.
• Supresión de la obligación de inscribir al emisor, junto al valor, para hacer una oferta pública de valores.

Over the past 15 years, there has been a deepening recognition of the foundational role that financial inclusion plays in sustainable financial and economic development—be it among investors, the private sector, standard-setting bodies and multilateral development banks. The World Bank’s Global Findex has been monitoring progress in financial inclusion for a decade. And while its latest findings point to a positive worldwide trend, persistent challenges need to be addressed to exploit the full potential of inclusive finance.

Today, 71 percent of adults in developing countries have a bank or mobile money account, up from 63 percent in 2017. Despite this window of optimism, the testing pandemic era and the war on Ukraine have deepened the global economic slowdown. At this rate, the World Bank predicts that nearly 7 percent of the world’s population—almost 600 million people—will be struggling with extreme poverty by 2030. The intensification of climate change by then is another grave threat that may push 132 million additional people into extreme poverty.

Ensuring that all of society, especially the world’s most vulnerable people, can better seize economic opportunities that improve livelihoods and withstand financial shocks, such as those caused by climate change, will require a stronger determination to use responsible financial services as a pathway to a green, resilient and inclusive world. To do so, we will need to focus on three areas for starters:

1. Prioritizing women’s financial inclusion in the development agenda. While the average gap between men and women in account ownership (i.e. the gender gap) is down from 9 to 6 percent in developing economies, 742 million women continue to be financially excluded. In Latin America and the Caribbean (LAC), the gender gap has remained stagnant since 2017 at 7 percent, and while the gap in Brazil and Argentina is minimal, the gap is as high as 11 percent in Bolivia, 16 percent in El Salvador and 20 percent in Honduras. When women access, use and benefit from financial services, they are better able to manage risks and increase economic opportunities that contribute to the wellbeing of their households and communities. ​According to the IMF, gender equality boosts economic growth and leads to better development outcomes. But there are many barriers to women’s financial inclusion and almost all are rooted in constraining social norms. Stronger and intentional efforts not only by policymakers, but by the private sector are paramount to bridging the gender gap. Some are leading by example, such as Bancamía in Colombia and Banco FIE in Bolivia. 

1. Ensuring that digitalization plays a bigger role in financial inclusion. Digitalization helps promote lower costs and broader access to information, but despite the rising adoption of mobile money, government-to-person payments (G2P) and other digital payments catalyzed by the pandemic, hundreds of millions of adults still receive payments in cash. The gender gap in making or receiving a digital payment in developing economies is 9 percent on average and in LAC, this gap has increased from 6 percent in 2014 to 8 percent in 2021. Not only does usage of digital payments provide a pathway into the digital economy, which in turn can open up additional economic opportunities, but it can also help households and small businesses manage weather shocks and invest in a green future. The pathways to digitalization include increasing connectivity, digitalizing financial services and payments, expanding agent networks, and developing adequate consumer protection frameworks. Instant payment and open banking reforms recently implemented by several counties in LAC, such as Brazil, Colombia and Chile, are very promising. By levelling the playing field with banks, they have been creating more competition from fintechs, mobile money operators and other financial service providers, reducing the costs of financial services and providing opportunities to leverage digital data trails to bank the unbanked. 

1. Designing financial products that focus on development outcomes. In light of the intensifying global shocks and stresses, which hit the poorest and most vulnerable people the hardest, focusing on access and usage of financial services is not enough. We need to redefine our objectives, as a financial inclusion sector, in terms of the outcomes we are trying to achieve and design our products and our interventions with these outcomes in mind. For example, instead of simply focusing on setting up efficient G2P systems that provide access to government transfers, we must shift our focus to ensuring the most vulnerable are able to cope with and adapt to the main shocks they face, including climate change, and design G2P systems that are valuable social protection tools that boost climate resilience. To support this new orientation, we should develop new metrics for our work and for the sector that measure success towards these outcomes, and use these to design our interventions accordingly. 

Progress towards these three focus areas will be no easy task. Success will depend on strong collaboration among members of the financial inclusion community and other stakeholders—perhaps more so now than ever before. But as voices for sustainable development get louder, I am optimistic that the power of inclusive finance can be harnessed to achieve broad sustainable development goals. 

Michelle Muschett was appointed Assistant Secretary-General, Assistant Administrator, and Regional Director for Latin America and the Caribbean of the United Nations Development
Programme (UNDP) in November 2022.

Ms. Muschett is a social policy and global development specialist with multisectoral experience in leadership positions. Before joining UNDP, she served as Senior Public Policy Adviser and
Executive Education Director for Oxford Poverty and Human Development Initiative, advising governments and policymakers from Africa, Asia, and Latin America in their efforts to address
multidimensional poverty. She was also Senior Policy and Strategy Adviser for the Fourth Sector Group, providing guidance in mobilizing collective leadership and action for scaling business
models and in leveraging development finance to accelerate the transition towards more inclusive, sustainable and resilient economic systems globally.
In the public sector, Ms. Muschett held the position of Deputy Minister and Minister of Social Development of Panama. During her tenure, she led the process of developing the first national
Multidimensional Poverty Index (MPI); the creation of the first Childhood MPI in the Latin American region; and the adoption of the Sustainable Development Goals at the national level
through civic participation and strategic partnerships. She also chaired the National Concertation Council for Development, a legally established dialogue space aimed at building consensus among multiple sectors of society around national development priorities.

Ms. Muschett holds master’s degrees in Public Administration from Cornell University, United States; Commercial Law from Externado University of Colombia, Colombia; and Management of
Heritage and Cultural Projects from the Institute for Art and Restoration Palazzo Spinelli, Italy. She speaks Spanish, English, and Italian.

In this issue of Progreso magazine, he points out the challenges that Latin America and the Caribbean are facing, the need to continue working to achieve compliance with the SDGs, and the contribution of public-private partnerships to achieve a more inclusive.

• What has been the most significant and catalyzing step towards sustainable development in the last 15 years, in your opinion?

I believe that the most important step forward in the last 15 years has been reaching a global consensus that development, unless it is sustainable, is not worthy of the name and that to achieve it, a concerted effort is needed from all sectors of society. This entails the acknowledgment that growth on its own is not enough, if that growth is not inclusive and does not take into account its impact on the planet. Although income is an important measurement, on its own it is not a comprehensive indicator of progress.  Recognizing this, multidimensional poverty and welfare metrics have been created to encompass health, education, work, and housing, among other non-monetary welfare dimensions, that are being adopted by increasing numbers of governments, corporations and non-profits around the world.

This global consensus is mirrored in the Sustainable Development Goals (SDG) designed and adopted by all the states that were members of the United Nations in 2015 as a universal call to end poverty in all its forms and dimensions, protect the planet and guarantee that everyone can enjoy peace and prosperity.

• In the current climate of a highly unstable global economy, experts in multilaterals warn that by 2030 there may be as many as one billion people in extreme poverty. A reality that would make it impossible to achieve the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. The next seven years will undoubtedly be important, but do you think that we are at a tipping point? Can we recenter our efforts to reach these targets in time?

 When the members of the United Nations drew up the SDG for 2030 and committed themselves to complying with them, the possibility that a pandemic would strike the world in 2019, moreover one that would trigger a significant reverse in human development for the first time in 30 years, was not form part of their contingency planning.  On top of that, we had the effects of the global cost of living crisis, exacerbated by the war in Ukraine, abruptly pushing millions of people into poverty, disproportionately affecting Latin America and the Caribbean, which in turn are suffering an unprecedented crisis of governance.

Against this backdrop the SDG as a route map have become even more significant. However, if there is one thing that is clear in the case of Latin America and the Caribbean, it is that merely more of the same will not be enough as we redirect our efforts to achieving the SDG. The Region requires innovative solutions that open the way to a new generation of public policies which support the creation of societies that are more resilient, more inclusive, and more productive, societies that are based on effective governance. It is crucial that we remember that this is a task not solely for governments, but one that needs a coordinated effort by corporations, nongovernmental organizations, multilateral bodies, the academic world, and wider civil society.

•  Where are we seeing the greatest progress?

The pandemic led many countries in Latin America and the Caribbean to strengthen their social protection systems to be better prepared for the future.  The multiple crises suffered have shown the importance of having robust social registries as the bedrock for more resilient societies and how these should sit at the center of sustainable development strategies that take into account the new risk matrix that countries are facing. During the COVID-19 pandemic, countries with solid registries were able to swiftly respond to the crisis, extending the scope of their emergency programs and finding agile solutions. The focus for the future must be on consolidating a new social contract that ensures social protection systems that are universal, inclusive, and fiscally sustainable through integrated policies and care services.

• In your time as chief Public Policy advisor and Executive Director for Education with the Oxford Poverty Human Development Initiative (OPHI), you advised governments and senior politicians across Africa, Asia, and Latin America in their efforts to tackle multidimensional poverty. For those who haven’t heard of the Multidimensional Poverty Index, could you give us a short introduction to this measurement model?

The Multidimensional Poverty Index (MPI), launched jointly by OPHI and UNDP in 2010 as part of their Human Development Report, is an instrument that seeks to understand and tackle poverty from a more comprehensive and precise perspective, instead of focusing on income as the sole factor. It is like a high-resolution lens that captures multiple hardships across healthcare, education and living standards that affect people’s lives simultaneously. It aims to identify not only those in poverty but also how the composition and intensity of their poverty varies between different population groups. This means that MPI has become a powerful public policy tool adopted by an increasing number of countries around the world as an official poverty measurement, which complements the purely income-based ones. Because it is flexible, states can adjust their national MPIs to the specific needs and priorities of each country. Latin America and the Caribbean have pioneered the adoption of the MPI and its use to plan, design, focus on, implement, and monitor public policies.

In the last few years, MPIs has been used beyond the realm of government, extending it to corporations and non-profits to better understand the deprivations that are facing their collaborators, clients and beneficiaries, using this as a basis to design programs and initiatives to promote welfare with a multidimensional approach.

• Bearing in mind the most important indicators for measuring housing, education, and health, in general terms, how are the poorest affected by these shortfalls?

According to the 2022 Global Multidimensional Poverty Index, in Latin America and the Caribbean, 37 million people live in multidimensional poverty, equivalent to 2.7% of the population. Of these, 1.7% are people in extreme multidimensional poverty. The global MPI also presents the “deprivation profiles”, which show a considerable difference between urban and rural areas, and an alarming disparity by age: 1 in every 7 adults and 1 in every 3 children live in multidimensional poverty.

• What is the greatest challenge in Latin America? 

Currently, one of the biggest challenges is that the region is suffering from concurrent crises resulting from a combination of pre-existing structural and institutional conditions and external factors that are beyond the Region’s control. Tackling these problems will need a multifaceted approach that considers the political, social and economic dimensions of these crises. This will require cooperation among governments, civil society, and the private sector to face the underlying challenges and build a more resilient and equitable future for the region.

However, these challenges also open up opportunities. The pandemic entailed a major leap forward in terms of social protection, in the roll-out of digital technologies, in rethinking the social contract and in aligning public and private efforts towards sustainable development. The opportunities are there; it is up to all of us to direct them toward building more inclusive, resilient, and sustainable societies.

• What role do measurements and data play in designing strategies, policies, and initiatives to fight inequalities?

Measuring and statistical data provide reliable information that is indispensable for taking evidence-based decisions, both in the public and private arenas. Let us take the example of the Multidimensional Poverty Index once again. As well as being an official statistic of poverty and increasing our understanding of it, implementing it entails a number of positive externalities. In the first place, it improves coordination between different government sectors and grades. The MPI acts as a tool for coordinating policies, facilitating the alignment of efforts to achieve a shared goal, and making coordination between subnational sectors and levels possible. It is also used to optimize budget allocation decisions by sector and region. In the second place, the MPI foments a climate of data collection and usage for the purpose of informing social policies, leading to better focus. Finally, the MPI encourages governmental accountability by promoting transparency and measuring the progress that has been made towards the defined goals, using transparent, up-to-date data. All these applications have also been transferred to the business sector and to non-profits, which means that efforts can be aligned so as not to leave anyone behind.

• The concept of the basic digital basket has been coined and OPHI has started measuring digital poverty in some countries; what does this concept exactly mean? How can we get to a situation in which everyone has this basic basket? 

Digital poverty, also known as the digital gap, is the lack of access to technology and the internet, thus creating disparities and making it difficult for people and communities to participate fully in the digital economy, making the most of the opportunities it offers. The pandemic highlighted the importance of access to digital technologies in terms of people’s welfare, particularly in Latin America and the Caribbean. Despite the progress made in broadband coverage and mobile phone ownership, many people still suffer from limited access to tools, skills and digital opportunities, which generates digital inequality, especially in rural areas.

Actors in the public and private sectors have made efforts to improve digital access and inclusion in Latin America and the Caribbean, but more is needed if we are to guarantee that everyone has the chance to access and use digital technologies in ways that extend their freedoms. The pandemic has led the way to deepening digital skills and to updating digital tools, and there is a growing consensus around the idea that inclusive digitalization must be a public priority. In UNDP, for example, we are working with small and medium-sized enterprises on digital upskilling techniques that make their businesses more efficient and productive. The idea is to support them so that entrepreneurs can really access the opportunities provided by digital tools, to improve their incomes and standard of living. #EnMarchaDigital [Digital on the move] is an upskilling program that has been rolled out in more than twelve countries in the region.

• In this area, what is the winning formula for the public and private sectors to work together and thus multiply their impact? 

I believe that cross-sector collaboration is essential if we are to achieve a sustainable development model. For the private sector, social investment, as well as a commitment with growth and welfare, is a good business strategy for driving sustainability in economic activities.

The decisions made today will shape the sustainability of societies and impact the compliance with the SDG. These need innovative policies, strategies and business models that generate social and environmental welfare, at the same time as promoting economic growth with transparency and legitimacy.

To meet these goals, it is imperative that governments, the private sector, civil society and communities work together to create new agreements. These agreements must be based on the principles of transparency, accountability, and cooperation, and focus on finding solutions that are sustainable and equitable. Collaboration is key in order to find innovative approaches for the challenges facing societies and communities, and to ensure that the long-term recovery process is inclusive and beneficial for all.

• Could you give us an example of good practice?  

My first example would be the UNDP’s Gender Equality Seal, which works with companies to narrow the long-term gender gaps in workplaces. This program provides tools, advice and specific evaluation criteria in order to guarantee implementation and favorable certification. For companies, the Gender Equality Seal certification supports a more efficient and equitable workplace and contributes to encouraging gender equality and to achieving the Sustainable Development Goals.

Another good example is the role of the private sector in work being done towards inclusive digitalization, especially during the pandemic. The private sector acted as a first responder and crucial partner in this area in the response to the COVID-19 pandemic. At the outset of the crisis, when schools were shutting down, most countries in the Rregion set up initiatives, working closely with the private sector to improve broadband access across the territory. Although work has been ongoing toward connectivity and digitalization for decades, this work became more agile in response to the crisis and has been mainly driven by the private sector.

• Looking to the future, if we consider a 15-year horizon, perhaps we could return to where we started our discussion: what are UNDP’s priorities? What initiatives or innovations do you think will have most impact on sustainable development?

To get to the kind of societies that we want, we must invest in three major transformations: production, inclusion and resilience. These transformations must take place alongside effective governance. 

Development financing is crucial if we are to achieve the SDG. The issue is not that the world doesn’t have enough money, but where it is invested, who gets the benefit, and who doesn’t. Sustainable debt issuance offers plenty of development financing opportunities. Innovative instruments like Mexico’s SDG Bonds, and Uruguay’s Sustainability-Linked Bond, both backed by  UNDP, could have a multiplying impact on societies and are initiatives that may have a significant influence on sustainable development.

Another high-impact area will be innovation for development. The world is facing increasingly complex problems, that will only be mitigated by innovative solutions, new ways to tackle the issues and greater ability to understand the factors that link them. That is why UNDP is backing innovation. In Latin America and the Caribbean, for example, we have  15 Acceleration Labs that are permanently exploring, mapping, and experimenting with innovative solutions to difficult problems.

La Fundación Microfinanzas BBVA es la primera entidad privada que usa el Índice de Pobreza Multidimensional de Oxford para analizar la situación de los 2,8 millones de emprendedores a los que atiende en cinco países de América Latina para conocer mejor las carencias a las que se enfrentan y para diseñar propuestas de valor que mejoren sus condiciones de vida.

El Índice de Pobreza Multidimensional es un estándar adoptado por las Naciones Unidas que se ha impuesto a nivel internacional; más de 100 países usan esta metodología en sus estadísticas oficiales. Es una forma de medir la pobreza que complementa a la tradicional, que se basa en el nivel de ingresos. En la multidimensional, los elementos que se estudian reflejan los aspectos más estructurales de la pobreza.

El estudio realizado por la FMBBVA se basa en nueve indicadores que apuntan a tres dimensiones de la pobreza: educación, salud y vivienda. Se mide cuántos hogares tienen estas carencias y con qué intensidad. Son los que utilizan los países en sus estadísticas de pobreza multidimensional.

Las carencias más comunes en los hogares de estos emprendedores son el número de años de escolarización (que afecta al 42% de los hogares), el saneamiento (26%) y el acceso al agua (20%). Le siguen los materiales de la vivienda (19%) y el acceso a Internet (19%). Un 24% de los hogares tiene carencias en tres o más indicadores simultáneamente, lo que les define como pobres multidimensionales.

Accede al Informe de Desempeño Social FMBBVA 2021

En sus 15 años de actividad apoyando el progreso y la inclusión en América Latina, las entidades de la FMBBVA han entregado 18.000 millones de dólares en créditos a más de 6 millones de emprendedores con escasos recursos económicos.

La labor de la Fundación ha obtenido destacados reconocimientos a nivel mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la ha vuelto a destacar, por tercer año consecutivo, como la primera fundación en contribución al desarrollo en América Latina y la segunda del mundo.

Su representación institucional es una de sus fortalezas. La FMBBVA participa e interviene en los actos, reuniones y conferencias más relevantes a nivel nacional e internacional. Cuenta con expertos en materias como empoderamiento de la mujer, medición de impacto social, inclusión financiera, gobierno corporativo, etc, que la sitúan entre los actores más destacados del mundo del desarrollo.

La FMBBVA ha editado un libro digital que recopila los principales hitos y reconocimientos en sus 15 años de trayectoria.

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La Fundación Microfinanzas celebró su 15 aniversario con un acto, presidido por S.M. la Reina como presidenta de honor, que ha contado los principales logros a lo largo de este tiempo. El más importante: haber ayudado a millones de personas en América Latina a mejorar sus vidas. 

Un acto en el que se ha hablado de los desafíos a los que se enfrenta: el aumento de las desigualdades, de la brecha de género, de la digital, de la social y de la económica. Retos que sirven para poner en práctica todo lo aprendido de los auténticos protagonistas, los emprendedores, cuya vulnerabilidad no les ha impedido en este tiempo ser ejemplo e inspiración para todos nosotros.

Además de S.M. la Reina, también participaron:

• Nadia Calviño, Vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital​​, Gobierno de España
• Carlos Torres Vila, presidente, BBVA 
• Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, SEGIB 
• Sophie Sirtaine, CEO, CGAP, Banco Mundial 
• Michelle Muschett, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, y asesora sénior de políticas públicas, Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano, Universidad de Oxford
  
• Javier M. Flores, director general, Fundación Microfinanzas BBVA
• Olga Nidia Ortiz, emprendedora, FMBBVA Colombia
• Kelly Zapata, estudiante de diseño de moda e hija de Olga
• Ofelia de Pablo y Javier Zurita, documentalistas, Hakawatifilm

En este acto se presentó el documental Después de la lluvia, que narra la historia de tres familias colombianas atendidas por la FMBBVA y sus hijas. Está dirigido por Ofelia de Pablo y Javier Zurita.

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Después de la lluvia es el evocador título del documental que la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha presentado por su 15 aniversario. Un ejemplo de que aunque lluevan obstáculos, con esfuerzo y trabajo duro se consigue que escampe, y que muestra algunos de los desafíos de nuestro tiempo, como apostar por el desarrollo rural, luchar contra el cambio climático o superar la violencia y el maltrato. 

Blanca, Luis y Olga son tres emprendedores colombianos a los que atiende la FMBBVA. Representan a los luchadores que han hecho frente a las dificultades para sacar adelante pequeños negocios con los que están consiguiendo mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

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El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, señalaba en el Foro Económico Mundial de Davos que en los dos últimos años “el impacto de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) alcanza más de 10 millones de personas de comunidades desfavorecidas”. Torres hacía este anuncio durante su intervención en la reunión anual de EDISON, alianza promovida por dicho Foro para acelerar el acceso de todas las personas a la digitalización, con foco en inclusión financiera, educación y salud.

Desde 2021, la FMBBVA ha atendido a través de sus instituciones de microfinanzas a 3,3 millones de emprendedores con escasos recursos en cinco países de América Latina y ha desembolsado más de 2.300 millones de euros para financiar el progreso de estos emprendedores y el de sus familias; incluyéndolas el impacto alcanza a 10,9 millones de personas. Carlos Torres explicaba, además, que la mayoría de estos emprendedores son mujeres, 1,9 millones (el 58%). También ha destacado la importancia de apoyarlas, ya que sufren mayores niveles de vulnerabilidad y contribuyen más y mejor al bienestar de sus familias.

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La FMBBVA impulsa  servicios financieros con enfoque de género. Diseñar productos específicos para las necesidades de las emprendedoras, como créditos rurales o grupales, microseguros de salud (de maternidad, oncológicos o de asistencia sanitaria) créditos educativos o de mejora de la vivienda es clave para que sus negocios progresen y para garantizar su cobertura social y la de sus familias.

A la precariedad laboral y a la “pobreza de tiempo” que sufren las mujeres por la carga de trabajo doméstico y de cuidados, se suma la brecha digital motivada por la falta de recursos económicos y de habilidades digitales. Otros condicionantes, como preocupaciones sobre la seguridad a la hora de usar la tecnología o la propia disponibilidad de los dispositivos aumentan la brecha digital.

“Uno de nuestros objetivos es fomentar su mayor digitalización y uso de internet en sus negocios con el fin de que puedan incrementar sus niveles de ventas e ingresos. Porque además de ofrecer financiación a las emprendedoras, buscamos el fortalecimiento de sus negocios y su mayor bienestar personal y familiar”, explicaba Laura Fernández Lord, responsable de Sostenibilidad y Mujer de la  FMBBVA, en el acto Acelerando la autonomía económica y la inclusión digital de la mujer emprendedora, celebrado en el marco de la celebración del Día de la mujer emprendedora a iniciativa de Microserfin, entidad panameña de la FMBBVA y ONU Mujeres.

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Es necesario adoptar medidas para mejorar la calidad de la escolarización, especialmente para los niños que viven en la pobreza y en los hogares de bajos ingresos. Sin intervenciones para mejorar su calidad de escolaridad, el ciclo de la pobreza intergeneracional continuará.

Las becas que la FMBBVA entrega en Colombia y en Perú DIME permiten que hijos de emprendedores vulnerables accedan a estudios universitarios. 

Las becas para estudiantes colombianos ya llevan tres ediciones, y en Perú se convocaron por primera vez en 2022. 

A finales de diciembre de 2022, se aprobó en Colombia la Ley 2277, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones.

Su objetivo fundamental es adoptar una reforma tributaria que contribuya “a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente”.

Impacto en el sector de microfinanzas

Entre las medidas más relevantes que pueden tener impacto en las entidades y el sector de las microfinanzas destacar las siguientes:

• Se establece una sobretasa del 5% para las entidades financieras, aseguradoras y comisionistas del mercado de valores por el período de 2023 a 2027 y que obtengan una renta gravable superior a 120.000 UVT 0 COP$5.000 millones. Para estas entidades se mantiene la tasa actual del impuesto sobre la renta para personas jurídicas en el 35%, por lo que el total asciende al 40%.
• Se incrementa la tarifa de ganancias ocasionales, tanto para personas naturales como jurídicas (residentes y no residentes fiscales), al 15% frente al 10% anterior.
• Se contempla un impuesto permanente al patrimonio, con un esquema de tarifas marginales en función del valor del patrimonio (se cobra a partir de patrimonios de más de 3.000 millones de pesos) y se recogen reglas especiales para determinar la base gravable de este impuesto, como en el caso de acciones o cuotas de interés social y para “emprendimientos” o “sociedades emergentes innovadoras”.
• Se modifica la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas naturales residentes, no residentes, sociedades y entidades extranjeras.
• Se determina un control sobre operaciones y montos exentos del gravamen a los movimientos financieros por parte de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que administren o en las que se abran cuentas de ahorro depósitos electrónicos. El control entrará a regir cuando se desarrolle el sistema de información correspondiente.

Con el objetivo de seguir fomentando la buena gobernanza en las compañías, la Unión Europea publicó el pasado año dos directivas: Directiva 2022/2381, relativa a la obligatoriedad de la presencia femenina en los consejos de administración, y la Directiva 2022/2464 o Directiva CSRD, en relación al reporte de información en materia de ESG.

Directiva 2022/2381

Cuotas femeninas obligatorias

La Directiva 2022/2831, publicada en noviembre de 2022, abandona la mera recomendación y pasa a exigir, por primera vez, que los Estados miembros regulen en su legislación la obligación de contar con cuotas femeninas mínimas en los consejos de administración de las sociedades cotizadas.

Así, antes del 30 de junio de 2026, las compañías deberán tener un mínimo del 40% de mujeres de entre sus consejeros no ejecutivos, o bien del 33% sobre el total de consejeros. Aquellas sociedades que incumplan la exigencia del 33% anterior, deberán fijar objetivos cuantitativos individuales para mejorar el equilibrio de género antes del 30 de junio de 2026.

Proceso de selección

Por otra parte, la Directiva regula ciertos aspectos de los procesos de selección de consejeros para tratar de garantizar la imparcialidad y el fomento de la diversidad de género. En concreto, recoge que, si hubiera aspirantes igualmente capacitados, se debería dar prioridad a los del sexo menos representado, salvo que se determine, excepcionalmente y tras un análisis objetivo e individualizado, que existen “motivos de rango jurídico superior” para no hacerlo.

Además, confiere a los candidatos examinados no seleccionados la facultad de solicitar información a la sociedad sobre: i) en qué criterios de capacitación se ha basado la selección; ii) la comparación objetiva de candidatos conforme a dichos criterios, y iii) en su caso, las consideraciones que, con carácter excepcional, se tuvieron en cuenta en favor del candidato que no pertenecía al sexo menos representado.

Suspensión en caso de cumplimiento de determinados requisitos

La Directiva, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2022, deberá incorporarse al Derecho español antes del 28 de diciembre de 2024. No obstante, antes del 27 de diciembre de 2022, los Estados miembros podrían suspender algunas de las medidas clave si, entre otros, las mujeres representan, al menos, el 30% de los consejeros no ejecutivos, o el 25% del total de miembros del consejo de administración.

Directiva 2022/2464

Reporte de información sobre ESG

La Directiva 2022/2464 o Directiva CSRD, publicada el 14 de diciembre de 2022, modifica la Directiva de divulgación de información no financiera (2014/95/UE), la Directiva de Auditoría (2006/34/CE) y la Directiva de Transparencia (2004/19/CE), y tiene como objetivo modificar las deficiencias detectadas en los reportes de información no financiera, ampliar los sujetos obligados a informar sobre cuestiones ESG y promover prácticas de auditoría eficaces para garantizar la fiabilidad de los datos y evitar el blanqueo ecológico.

Todo ello, con el fin último de lograr, con el tiempo, equiparar este reporte de información ESG con el reporte de la información financiera, permitiendo al público acceder a datos fiables y comparables.

Estándares comunes de reporte

La Directiva recoge que será obligatorio utilizar unos estándares comunes en el reporte de la información no financiera, que serán más sencillos para las PYMES, y que desarrollará la Comisión Europea a partir del trabajo técnico realizado por el EFRAG (Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera).

Formato digital

La información deberá reportarse utilizando las clasificaciones comunes y métricas desarrolladas en la taxonomía y las herramientas de inversión; y todo utilizando un formato digital que permita que los datos puedan cargarse en el ESAP: el punto único de acceso de información financiera y no financiera de las compañías de la UE.

Además, se tendrá que contar con la verificación por parte de un tercero independiente, que deberá pronunciarse sobre: la conformidad con las normas de reporte previstas en el Derecho de la Unión Europea; el proceso llevado a cabo para elaborar la información presentada con arreglo a dichas normas; la observancia del requisito de marcar la referida presentación de información para poder cargarla en el ESAP; el cumplimiento de los requisitos de reporte previstos en el art. 8 del Reglamento de Taxonomía.

Entrada de vigor

La tipología de las empresas determinará la fecha en que quedarán obligadas a informar conforme a lo previsto en la Directiva CSRD. Entre las primeras en hacerlo estarán las sociedades cotizadas en 2025, respecto del ejercicio 2024.

La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió el pasado mes de noviembre de 2022 la Circular 017/22, con el fin de regular la posibilidad de que las entidades de intermediación financiera utilicen los datos biométricos de los usuarios financieros para validar su identidad, como parte del proceso de debida diligencia.

Consentimiento de los interesados

Lo recogido en el párrafo anterior se permitirá siempre y cuando las entidades obtengan el consentimiento de los usuarios, debiendo informarles sobre la finalidad del uso de la herramienta informática empleada para la recogida.

Así, solo se podrán utilizar dichos datos biométricos para la finalidad para la que se recogieron y siempre que el titular de los mismos haya dado su consentimiento informado y expreso.

Validación de la identidad

La circular recoge asimismo que las entidades deberán garantizar a los usuarios financieros que en el proceso de validación de identidad mediante uso de datos biométricos no se comprometen sus datos personales ni su privacidad. Adicionalmente, les prohíbe almacenar, divulgar ni vender dicha información a terceros ni a empresas vinculadas.

Establece que el proceso de validación biométrica deberá seguir las mejores prácticas y tener en cuenta, específicamente, los principios de transparencia y de trato equitativo, no discriminatorio o abusivo; de tal manera que, en caso de que el usuario no otorgue su consentimiento, esto no suponga un impedimento para que pueda hacer uso de sus productos y servicios financieros en la forma en que fueron contratados previamente.

Además, para los casos en que los usuarios se nieguen a la captura de sus datos biométricos para realizar transacciones presenciales en las sucursales de las entidades, se indica que las mismas deberán contar con un protocolo de mecanismos alternativos de verificación de la identidad para garantizarles la provisión de los servicios sin trabas.