El último informe bianual del Banco Mundial Women, Business and the Law 2018 analiza la situación legal de la mujer en 189 países respecto de siete indicadores: su acceso a las instituciones, uso de la propiedad, posibilidad de emplearse, incentivos para el empleo, protección ante los tribunales, acceso al crédito y protección contra la violencia. Esta publicación ha supuesto un hito a la hora de concienciar e influir en la importancia de que los marcos jurídicos creen entornos que faciliten las oportunidades económicas de las mujeres.

Desde la primera publicación del estudio en 2008, se han realizado importantes progresos y eliminado múltiples barreras legales a las que se enfrentan las mujeres. En los últimos 2 años, 65 países han hecho 87 reformas que incrementan las oportunidades económicas de las mujeres.  Ocho de ellas se han producido en América Latina. Destaca la ampliación de las licencias remuneradas de maternidad en Colombia, República Dominicana, El Salvador y Paraguay o la introducción de licencias de paternidad en Panamá. Sin embargo, casi la mitad de los países latinoamericanos incumplen el estándar de la OIT de licencias remuneradas de maternidad de catorce semanas.

A pesar de los avances, ningún país obtiene una calificación de 100 en los siete indicadores mencionados. Los países de la OCDE son los que obtienen  mejores resultados y los de Medio Oriente y África del Norte los peores. Al menos un tercio tienen todavía restricciones en la capacidad legal de la mujer y el 40% cuenta con al menos una restricción en los derechos de propiedad. En estos últimos dos años, el indicador que mejora de forma más sustancial es el del acceso al empleo, seguido por el de acceso al crédito aunque con reservas: el 42% del total de países obtiene un cero y aquellos ubicados en Asia, África y Medio Oriente sacan menos de 20 puntos.

En América Latina, el indicador de acceso al crédito es el que refleja una peor puntuación (41 puntos), seguido por la falta de regulación contra la violencia de género (61), el acceso a la justicia (67) y las restricciones en el empleo (68). En cambio, el acceso a las instituciones y el acceso a la propiedad son los indicadores que consiguen mejor puntuación, cercanas al 100.

En relación con la inclusión financiera, un entorno institucional fuerte es clave para expandir el acceso financiero de las mujeres y sus negocios. Las leyes discriminatorias afectan la demanda de  servicios financieros por parte de la mujer y pueden impedir su capacidad de ahorrar, tomar prestado, pagar o asegurar sus riesgos. Esto no es algo nuevo, sino que ya se tipifica desde hace más de 40 años en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (conocida como CEDAW).

Lamentablemente, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a la hora de solicitar un documento de identidad, abrir una cuenta bancaria, firmar contratos y administrar la propiedad (en especial, los bienes comunes del matrimonio) o acceder a servicios financieros en las mismas condiciones que un hombre siguen siendo una tarea pendiente. Según los últimos datos de Global Findex del Banco Mundial, sólo dos tercios de las mujeres en el mundo tienen una cuenta bancaria. Este nivel de inclusión financiera se mantiene en aquellos países donde la ley prohíbe explícitamente la discriminación de género en el acceso al crédito (algo que ocurre en 72 países), siendo del 40% en aquellos donde no se tipifica.

Por otro lado, hay otros indicadores vinculados al acceso financiero de la mujer que tienen que ver con la propiedad y el empleo.

Citaremos en primer lugar la posesión de activos que reduce el poder de negociación de la mujer y su capacidad de realizar actividades económicas. El indicador de acceso a la propiedad es el que ha mejorado en menor medida en los últimos dos años, ya que sólo Ecuador ha hecho reformas en este ámbito. Los derechos de propiedad permiten que las mujeres puedan acceder a activos ya sea a través las leyes hereditarias, regímenes de propiedad conyugales o leyes de propiedad y registro de la tierra. Cuando no son discriminatorias, la mujer incrementa su seguridad financiera y puede ofrecer garantías para empezar un negocio, algo que representa una oportunidad de salir de la pobreza para millones de mujeres en países en desarrollo. En Colombia, por ejemplo, las mujeres rurales y cabezas de hogar tienen por ley acceso preferente en los programas de acceso a la tierra.

En segundo lugar, las restricciones en el empleo condicionan la inclusión financiera. En el mundo existen aún 2.700 millones de mujeres que no pueden elegir el mismo tipo de empleo que podría elegir un hombre. Hay leyes que limitan el tipo de trabajo al que pueden acceder (p.ej. ocupaciones “moralmente inapropiadas”, “nocturnas” o “arduas” como la minería). Y es que bajo el afán de “proteger a la mujer y su salud reproductiva”, aún se encuentran 104 países con leyes que impiden que las mujeres ejerzan algunas actividades. Si bien es verdad que éste es el indicador que más avanza en el bienio. En América Latina aún el 20% de los países prohíben empleo “peligroso, arduo o moralmente inapropiado” a las mujeres y un 16% lo prohíben en determinadas industrias.  Hay que aplaudir la reforma de Colombia, que ha eliminado la restricción en la minería y trabajos “duros”. Está demostrado que afectan al emprendimiento, derivando en una menor participación laboral de la mujer y en una pérdida estimada de ingresos del 15% en las economías de la OCDE. Por el contrario, eliminar barreras al empleo de la mujer puede aumentar la participación laboral y la productividad a nivel mundial en un 25%.

Esperamos que en el próximo informe de Mujer, Negocios y Ley 2020 podamos ser testigos de mayores avances en el acceso al crédito y a la propiedad, la regulación contra la violencia contra la mujer, el acceso a la justicia y al empleo. Las mujeres no pueden esperar más tiempo para desarrollarse en paridad con el hombre.  Así lo recoge también la Agenda de Desarrollo 2030, dentro de su objetivo 5 de equidad de género que fija la necesidad “terminar con cualquier forma de discriminación contra las mujeres y niñas”. Mantener algún obstáculo legal impide que puedan tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias y supone graves pérdidas económicas para toda la sociedad.  Si las mujeres pierden, la sociedad entera sale perjudicada.