En abril del pasado año entró en vigor en Islandia una ley que perseguía eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en empresas con más de 250 trabajadores, a través de la publicación anual de información sobre su estructura salarial, distinguiendo por persona y género.

En línea con la norma anterior, que fue comentada en el número 11 de Progreso, a comienzos de este año se ha publicado la Ley de igualdad de derechos para mujeres y hombres, con el objetivo de establecer y mantener la igualdad de oportunidades y así promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad, a través de algunos de los siguientes medios:

• Definición y aprobación de políticas y toma de decisiones en todas las esferas de la sociedad que tengan en cuenta la igualdad de género,
• Mejora de la posición de las mujeres y promoción de sus oportunidades en el mercado laboral,
• Promoción de la conciliación profesional y familiar,
• Aumento de la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género,
• Análisis e investigación sobre igualdad de género,
• Lucha contra la discriminación salarial y otras formas de discriminación por género en el mercado laboral, la violencia y el acoso de género, y
• Lucha contra los estereotipos negativos respecto a los roles de las mujeres y los hombres.

Instituciones de género

En primer lugar, la Ley crea diversas instituciones (Centro de Igualdad de Género, Comité de Reclamaciones de Género, Consejo de Igualdad de Género y Foro de Igualdad de Género) encargadas de: i) supervisar la aplicación de esta ley en todas las esferas de la sociedad, ii) defender los intereses de aquellas personas que se vean afectadas por incumplimientos de la ley y así lo reclamen, iii) asegurar que las personas tienen la oportunidad de expresar y defender sus intereses en cuestiones de género, o iv) promover la igualdad de género, especialmente en el mercado laboral, y la conciliación de la vida familiar y profesional, entre otras.

Igualdad salarial

La Ley se centra especialmente en la igualdad salarial, y establece que los hombres y mujeres que trabajen para el mismo empleador deben tener los mismos salarios y condiciones (determinados de la misma manera) para trabajos iguales o equivalentes.

Así, recoge que todas aquellas empresas e instituciones con al menos 25 trabajadores deberán obtener una certificación gubernamental que confirme que sus políticas de igualdad salarial cumplen con los requisitos legales, tras una auditoría realizada por el organismo de certificación. Este organismo deberá informar al Centro para la Igualdad de Género sobre las certificaciones otorgadas y sobre aquellos casos en que no hubiera sido posible conferirlas, presentándole un informe con los motivos y resultados obtenidos. La certificación deberá renovarse cada tres años.

El Centro para la Igualdad de Género mantendrá un registro de las empresas e instituciones que hayan obtenido la certificación y la mostrará de forma accesible en su página web. El registro deberá contener información que incluya: i) los nombres de las compañías o instituciones, ii) sus números de identificación y direcciones, iii) si la empresa o institución ha recibido la certificación, y iv) el período de validez de la misma. También mantendrá un registro de las empresas e instituciones que no hayan recibido la certificación.

En caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma, el Centro para la Igualdad de Género estará facultado para instruir a la compañía o institución que tome las medidas correctivas adecuadas dentro de un tiempo razonable, o de lo contrario podrá imponerles una multa económica.

Con esta Ley, Islandia ha dado un paso más hacia la igualdad de género, convirtiéndose en el primer país del mundo que exigirá a las empresas que retribuyan de manera igualitaria a los empleados que desempeñen las mismas funciones, con independencia de su género, etnia, sexualidad o nacionalidad.