El pasado mes de marzo se hizo público el estudio elaborado por el BID “Sandbox Regulatorio en América Latina y el Caribe (ALC) para el ecosistema FinTech y el sistema financiero”. En el documento se exponen las principales características de los Sandboxes o Bancos de Pruebas Regulatorios que pretenden afrontar los retos derivados del desarrollo en la industria fintech en ALC.

La industria Fintech ha crecido significativamente en la Región y constituye una alternativa para mejorar los niveles de inclusión financiera de ALC. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas plantean numerosos desafíos para reguladores y supervisores financieros. Ante este panorama, los Sandboxes regulatorios facilitarían la situación ofreciendo a empresas innovadoras la posibilidad de operar en el mercado durante un tiempo limitado, por un lado; y a los supervisores y reguladores conocer el funcionamiento de nuevos sectores en este entorno de prueba, por otro.

El aspecto más complicado que presentan los Sandboxes es el equilibro entre el fomento de la innovación y la protección de los intereses de todos los agentes en el marco de un sistema financiero estable. En este sentido, el BID propone en su publicación una serie de recomendaciones para el adecuado establecimiento de estas plataformas.

La premisa necesaria para la implantación de los Bancos de Pruebas Regulatorios es la existencia de un marco jurídico que permita su creación y regule aspectos como los requisitos legales necesarios, la duración de los mismos (el BID recomienda 6 meses prorrogables), o la información que ha de presentarse al supervisor, entre otros.

Adicionalmente, el BID destaca la capacidad institucional requerida en la que exista una estructura organizativa y medios –tanto técnicos como humanos- para hacer posible la existencia de estos sandboxes, la coordinación interinstitucional y la existencia de mecanismos de supervisión transparentes, además de una convergencia regulatoria que elimine barreras entre los diferentes mercados. Una vez finalizado el Banco de Pruebas, se podría evaluar si es necesario regular el sector y, en caso afirmativo, analizar el modelo que mejor se adaptara a las singularidades de aquel.

El BID completa su estudio destacando otro tipo de recomendaciones referidas a las políticas de innovación. Los incentivos fiscales y las ayudas al financiamiento, el asesoramiento técnico y jurídico, la creación de programas de incubación o la convocatoria de concursos de emprendimiento, entre otras, serían el apoyo gubernamental idóneo para lograr un progreso real de los sectores innovadores promoviendo en consecuencia, la inclusión financiera de ALC.