El pasado mes de noviembre se presentó ante el Parlamento de Singapur el Proyecto de ley 48/2018 relativo a los servicios de pago.

Con esta norma, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS)*, ha ampliado y mejorado su régimen regulatorio ofreciendo una mayor protección del consumidor y generando confianza en el uso de los pagos electrónicos.

Régimen jurídico vigente

Actualmente, el MAS regula varios tipos de servicios de pago bajo la Ley de Sistemas de Pago y la Ley de Negocios de Cambio de Dinero y Remesas, leyes promulgadas en los años 2006 y 1979, respectivamente. Una vez se apruebe la Ley estas normas serán derogadas y los proveedores de servicios de pago criptográfico, quienes actualmente se encuentran fuera de su ámbito de regulación, deberán obtener una licencia para poder operar.

Adicionalmente, el nuevo marco jurídico contempla una lista de servicios de pago más amplia, regulando emisiones de cuentas, emisiones de dinero electrónico, transferencias nacionales y transfronterizas, compras comerciales, compra y venta de tokens de pago digital y cambios de divisa.

Marcos regulatorios y licencias

Por otra parte, garantiza controles adecuados contra los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y proporcionará un entorno más propicio para la innovación en los servicios de pago, reduciendo de esta manera los riesgos en toda la cadena de valor de los pagos. Para ello, el Proyecto de ley prevé dos marcos regulatorios:

• Régimen de designación: por razones de estabilidad financiera, el MAS nombrará y pondrá bajo su vigilancia aquellos sistemas de pago que tengan una importancia sistémica
• Licencias: régimen aplicable a proveedores de servicios de pago minoristas. Se distinguen tres tipos de licencias según el alcance de las actividades que realicen los proveedores de servicios de pago: Money-changing licence, licencia que deberán obtener aquellas entidades dedicadas al cambio de moneda; Standard payment institution licence y Mayor payment institution licence; diferenciándose estas dos últimas según el valor y tipo de transacciones que realicen.

La norma, que afecta a bancos, compañías financieras y emisores de tarjetas de crédito** –ya sean bancarias o no-, otorga un periodo de adaptación para cumplir sus disposiciones. Así, los proveedores de pago de token digital tendrán 6 meses para cumplir con el nuevo régimen tras la entrada en vigor del PSB, mientras que los proveedores de servicios de pago que no sean de criptomonedas dispondrán de 12 meses para adaptarse a la nueva regulación.