Plan Nacional de Género y cambio climático

Con la publicación del Decreto Ejecutivo 11 de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente panameño aprobó el Plan Nacional de Género y Cambio Climático, con el objetivo principal de fortalecer la capacidad del país para promover el enfoque de género en los procesos, políticas, estrategias y programas, así como de incorporar herramientas de gestión ambiental y acción por el clima, dirigidos a reducir las emisiones de carbono y de lograr emisiones negativas en el año 2050.

Empoderamiento de la mujer y acción climática

En cada una de las etapas de construcción del Plan Nacional de Género y Cambio Climático se ha considerado el enfoque de derechos humanos y la equidad de género para alcanzar los objetivos del país ante el cambio climático.

Entre los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta para armonizar los mandatos de género y cambio climático en la elaboración del Plan, cabe destacar los siguientes:

  • Igualdad de género como eje transversal de políticas, planes y programas nacionales, locales y sectoriales
  • Participación plena, genuina e igualitaria de la mujer y liderazgo en los procesos de toma de decisiones
  • Fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de género y cambio climático; así como de las mujeres y los hombres para asegurar una participación en proyectos y programas ambientales de cambio climático
  • Sensibilización y fortalecimiento de todos los actores claves (pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, pueblos campesinos, mujeres embarazadas, infantes y ancianos) en temas de cambio climático y género
  • Reconocimiento de la vulnerabilidad ante el cambio climático y las contribuciones a la reducción de emisiones, así como al incremento de la resiliencia de manera diferenciada por género
  • Identificación de las necesidades diferenciadas por género y cómo las acciones sectoriales pueden contribuir al empoderamiento económico, a la posición social y al liderazgo de los hombres y las mujeres
  • Reconocimiento del acceso a la tecnología y nuevos empleos verdes a través de acciones específicas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
  • Generación, registro y documentación de datos diferenciados por sexo que permitan evidenciar las vulnerabilidades e impactos
  • Integración de la igualdad de género en los instrumentos y procesos de planificación, planes y estrategias de cambio climático
  • Diseño de herramientas que permitan incorporar indicadores diferenciados por sexo y por sector para las medidas sugeridas en el contexto de mitigación y adaptación
  • Integración del enfoque de género en las medidas de recuperación ante la COVID-19 y las acciones climáticas
  • Identificación y gestión de mecanismos de financiación de acciones climáticas (mitigación y adaptación) sensibles al género a través de fondos nacionales e internacionales

Diez sectores principales

Las estrategias de acción propuestas en el Plan se centran en los siguientes diez sectores principales: i) energía; ii) bosques; iii) cuencas hidrográficas; iv) marino-costero; v) biodiversidad; vi) agricultura, ganadería y acuicultura; vii) asentamientos humanos resilientes; viii) salud pública; ix) infraestructura sostenible; x) economía circular.




Marco de referencia para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles

La Superintendencia Financiera de Colombia ha publicado la Circular Externa 020 de 2022 a fin de modificar el subnumeral 1.3.6.1.2.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica y así incorporar requisitos específicos a las emisiones de bonos de destinación específica diferentes a los verdes, que ya se regulaban mediante la Circular 028 de 2020 y la guía de bonos verdes.

De esta manera, el organismo supervisor busca contribuir al cumplimiento de los compromisos de Colombia en materia ambiental y social, incluyendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Un nuevo marco de referencia

La Circular, que ha tomado como referencia, entre otros, los estándares internacionales del International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés), establece un marco que regula la emisión de diferentes tipos de bonos de destinación específica, como pueden ser los que promuevan objetivos sociales, sostenibles, economía naranja y de género; unos valores que ya han sido autorizados por la Superintendencia Financiera y colocados en el mercado público de valores.

Cuatro pilares fundamentales

Contempla la necesidad de cumplir con los cuatro pilares de ICMA para efecto de cualquier autorización futura, siendo necesario que se cumplan obligaciones de revelación en relación con:

  1. El uso de los fondos
  2. El proceso de evaluación y selección de los proyectos elegibles
  3. Las políticas de gestión de fondos
  4. Los reportes tanto del emisor como de verificadores externos

Componentes verdes, sociales y sostenibles

En el componente verde, el nuevo marco incorpora la Taxonomía Verde para futuras emisiones, que contribuye a la transparencia y al desarrollo del mercado verde local; manteniéndose las ocho categorías verdes publicadas en el Marco de Referencia de Bonos Verdes en julio de 2021, el cual es reemplazado por este nuevo marco.

En el componente social, se incorporan ocho categorías y se identifican, de manera preliminar, cuarenta y siete gastos sociales elegibles incluidos en el Presupuesto General Nacional, en las áreas de: i) avance socioeconómico y reducción de las desigualdades, ii) educación: acceso, permanencia y calidad, iii) construcción de paz, iv) generación de empleo y fomento a la productividad, v) vivienda digna y asequible, vi) seguridad alimentaria y nutricional y vii) acceso efectivo y calidad en el servicio de salud.

Además, se incluyen criterios ambientales, sociales, de gobernanza y resiliencia en la estructuración, así como de valoración de riesgos y financiación de proyectos de infraestructura a través de asociaciones público privadas.




Desafíos ante el cambio climático

El Congreso de Chile comenzó el segundo semestre del año con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, una ley que resulta clave para el país, que hasta ese momento no contaba con un marco jurídico que permitiera asignar responsabilidades de reducción de emisiones o requerir su implementación y que exigiera el reporte de medidas de mitigación de emisiones y de adaptación a los impactos del cambio climático.

Tres objetivos principales

La norma tiene los siguientes objetivos principales:

  1. Transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050
  2. Adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a sus efectos adversos
  3. Dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia

Neutralidad en las emisiones

El fin principal es alcanzar la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050; una fecha que podría adelantarse ya que cada cinco años se evaluará el cumplimiento de esta meta por parte del Ministerio de Medioambiente. Para ello, la norma contempla diversos instrumentos de gestión a nivel nacional, regional y local:

  • A nivel nacional: Estrategia climática de largo plazo (instrumento reconocido en el Acuerdo de París y la cual asignará un presupuesto sectorial máximo de emisiones), contribución detallada a nivel nacional (instrumento que contiene los compromisos del país ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones e implementar medidas de adaptación), planes sectoriales y reporte de acción nacional
  • A nivel regional: planes estratégicos a definir por los comités regionales que identifiquen los instrumentos y objetivos del cambio a nivel regional
  • A nivel local: plan estratégico de recursos hídricos en cuencas, para contribuir a la gestión hídrica, identificando las brechas de aguas superficiales y subterráneas

Principales participantes

Aunque la ley fundamentalmente se refiere a los organismos públicos (Comité de Ministros para la Sostenibilidad y el Cambio Climático y el Consejo Nacional para la Sostenibilidad y el Cambio Climático y a sus obligaciones para velar por el cumplimiento de la Ley, creando incluso un nuevo órgano (Comité Científico Asesor para el Cambio Climático), también se busca darle gran importancia al acceso a la información y a la participación de la ciudadanía.

Así, por ejemplo, se consagra la creación de un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana; y se permite a toda persona o agrupación participar, de manera informada, en la elaboración, revisión y actualización de los instrumentos de gestión del cambio climático.

También se crea un Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, en el que los establecimientos que estén obligados a declarar a través del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC) deberán reportar anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero que generen.




Inclusión financiera con productos inclusivos y canales

Con el objetivo de fomentar la inclusión financiera, el Decreto 1459 de 3 de agosto de 2022 ha modificado el Decreto 2555 de 2010 para incluir aspectos relacionados con créditos y depósitos de bajo monto, contratos de uso de red y leasing.

Créditos de bajo monto

Se establece que los créditos de bajo monto (cupo máximo de 106 Unidades de Valor Tributario –UVT-, USD 934) tendrán apertura simplificada y no requerirán de la presencia física del consumidor. No obstante, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá ampliar de manera general el monto hasta 211 UVT (USD 1.860).

Depósitos de bajo monto

Respecto a los depósitos de bajo monto, se adiciona que los recursos provenientes del pago del seguro de depósito que realice FOGAFIN no se tendrán en cuenta para el cálculo de los límites establecidos para el producto.

Contrato de uso de red

Se eliminan arbitrajes regulatorios entre contratos de establecimientos de crédito y aseguradoras. En concreto:

  • Se reduce el término de 30 a 20 días para la remisión a la Superintendencia Financiera de Colombia de los contratos que celebren las aseguradoras y los establecimientos de crédito para la comercialización de pólizas de seguros.
  • Transcurrido el plazo sin que la SFC se haya pronunciado, las entidades podrán proceder a su suscripción.

En materia de leasing

Por último, el decreto establece que el leasing financiero podrá tener como objeto financiar activos tangibles e intangibles.




Nuevo programa «Escalera de la Formalidad»

El pasado 15 de julio se publicó la Ley 2254, que creó el programa “Escalera de la Formalidad”, con el objetivo de conseguir la formalización gradual de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas en el país, o bien de aquellas ya constituidas o en proceso de formalización.

Tres escalones de formalidad

Según contempla la ley, la «Escalera de la Formalidad» contará con al menos tres escalones, cada uno con una permanencia definida por el tamaño de la empresa o su tiempo de consolidación y con unas exigencias que aumentarán de manera gradual, hasta colocarlas en el escalón final de formalidad completa.

Principales beneficios

Entre los beneficios que aporta la ley, podrían destacarse los de tipo fiscal, de acceso a financiación y eliminación de barreras administrativas. En concreto:

  1. Pasados tres meses desde el registro o inscripción en Cámara de Comercio, las nuevas empresas tendrán todos los beneficios de las leyes vigentes para ser beneficiarios de microcréditos por parte de entidades vigiladas y no vigiladas. El único requisito podrá ser el cumplimiento del marco legal para análisis de riesgos. El Fondo Nacional de Garantías podrá ofrecer garantías especiales por el valor de esos microcréditos.
  2. Las nuevas empresas que vayan a exportar o importar deberán inscribirse en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde ningún proceso a través del Estado tendrá costo.
  3. El Certificado de Origen será gratuito.
  4. Para realizar exportaciones, las instituciones nacionales encargadas no podrán exigir a la micro, pequeñas, y medianas empresas que sean contribuyentes de renta; únicamente deberán ser exportadoras, conforme a la regulación aduanera vigente.
  5. El impuesto de registro departamental es gradual.



Cambios a la ley de protección al consumidor

La reciente Ley 31537 modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para mejorar la protección del contrato de consumo e incorporar la protección cuando la contratación se realiza por canales a distancia.

Contrato de consumo

La nueva ley dispone que los proveedores deberán entregar a los usuarios una copia de los contratos de consumo y demás documentación relacionada con dichos actos jurídicos cuando estos hayan sido celebrados por escrito, incluidas las condiciones generales de la contratación. Así mismo, establece que cuando el consumidor solicite copia física o virtual de ellos, el proveedor deberá entregarla en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde que recibió la solicitud, siendo responsable de dejar constancia de la entrega.

Contratación electrónica

En el caso de contratación por vía electrónica, telefónica o bajo cualquier sistema de atención automatizada asistido por inteligencia artificial o asistente digital, la normativa recoge que el proveedor será responsable de acreditar que la información fue puesta oportunamente a disposición del consumidor y que este aceptó los términos contratados. En este caso aplica nuevamente el plazo de quince días hábiles si el consumidor solicita copia de los documentos que acrediten la contratación, siendo también el proveedor responsable de su entrega.




Promover la conectividad y la transformación digital para un futuro más sostenible e inclusivo

La construcción de una estrategia corporativa sostenible implica diferentes enfoques que juntos pueden conseguir un mayor impacto en el logro del propósito de empresas y organizaciones, alineados con los criterios ESG, del inglés: Environmental (Ambiental), Social (Social) y Governance (Gobernanza o Gobierno corporativo).

En este sentido, la digitalización está siendo, y más desde la pandemia, una de las palancas que han hecho posible que las entidades que forman parte de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) puedan ofrecer una atención cada vez más personalizada, cercana y eficiente a los emprendedores.

Además de agilizar los procesos internos, la tecnología ha permitido impulsar una inclusión financiera responsable y eficaz, para llegar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Este es también uno de los objetivos de la alianza Partner2Connect, puesta en marcha en septiembre de 2020 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de las Naciones Unidas (ONU) para las tecnologías de la información. Esta alianza multipartita busca promover una conectividad efectiva y la transformación digital, centrándose en las comunidades más difíciles de conectar, que en su mayoría están en los países en desarrollo.

La FMBBVA, consciente de la importancia de la digitalización y la conectividad para los más de 2,8 millones de emprendedores a los que atiende en 5 países de Latinoamérica, se unió a esta alianza en junio de 2022. La Fundación desarrollar desde hace años soluciones digitales, proyectos de conectividad, de acceso a internet y formación en habilidades digitales para mejorar la situación de estos emprendedores y de sus familias. Estima que impactará en la vida de 14 millones de personas de segmentos vulnerables hasta 2025.

Según la directora de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, «la Coalición Digital Partner2Connect es una oportunidad de cambiar las reglas del juego para adoptar un enfoque global, fomentar nuevas asociaciones y movilizar los recursos necesarios para conectar a los que todavía no están conectados».

En el marco de la Asamblea General de la ONU se ha celebrado la última reunión de Partner2Connect, en la que ha participado la FMBBVA, la única entidad española presente en el encuentro. Los expertos han subrayado que a pesar de que la pandemia aumentó el número de usuarios de Internet en el mundo, el fuerte crecimiento no seguirá ininterrumpidamente. Para que todo el mundo esté conectado en 2030 hay que impulsar las habilidades digitales e invertir en infraestructuras.

A día de hoy, 2.700 millones de personas en el mundo, una de cada tres, todavía no están conectadas y la mayoría vive en países en desarrollo, según datos publicados recientemente por la UIT. De ellas, unos 244 millones en América Latina y el Caribe. En total, un 32% de la población de esta región, según un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).




Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano

El chileno Andrés Allamand es el actual secretario general Iberoamericano. Fue Canciller de la República de Chile, es abogado y cursó sus estudios universitarios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde se graduó con distinción máxima.

Suscribió el “Acuerdo Nacional para la Transición hacia la Plena Democracia”, documento clave para la transición chilena que tuvo lugar en los años 90.

Posteriormente fue elegido diputado por un período y luego dos veces senador de la República de Chile. En su trayectoria parlamentaria integró las comisiones de Educación, Constitución, Legislación y Justicia, Trabajo y Previsión Social y atendió materias propias de las Relaciones Internacionales y los procesos de regionalización.

Trabajó como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC, con foco en los temas de gobernabilidad democrática, fortalecimiento de los Congresos y empoderamiento de la sociedad civil.

En el ámbito académico fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. En tal posición trabajó en temas relativos al liderazgo, reingeniería de organizaciones, vinculación entre el mundo político y empresarial y distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Asimismo, se desempeñó como ministro de Defensa.

Es autor y ha participado en más de 10 libros y diversas publicaciones, entre ellas, “La política importa. Democracia y Desarrollo en América Latina”, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

En este número de la revista Progreso, hace un recorrido por la situación en América Latina desde los tres ámbitos que afectan a los criterios ESG (medioambiental, social y de buen gobierno) haciendo referencia al rol del sector privado y público para un crecimiento inclusivo y sostenible.

  • Las siglas ESG, que responden en inglés a las palabras Enviromental, Social y Governance, hacen referencia a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buen gobierno. Desde su posición como secretario general de la SEGIB, ¿cuáles son los principales retos en materia de sostenibilidad en Iberoamérica?

El desafío es pensar en la sustentabilidad de manera integral.

América Latina debe enfocarse en su recuperación, luego de las devastadoras consecuencias de la pandemia -a las que se han sumado ahora los efectos de la guerra de Ucrania-, pensándola de manera muy amplia. La recuperación tiene que ver, por supuesto, con impulsar en lo inmediato fórmulas de crecimiento que reanimen la actividad económica y productiva pero además, deben ir más allá. Se trata de encontrar aquellas formas que permitan a la región un crecimiento robusto, permanente y equitativo. Es una tarea pendiente ya que la trayectoria del crecimiento en América Latina es modesta. Cada cierto tiempo, en la región se vuelve a hablar de “décadas perdidas” aludiendo precisamente a un crecimiento económico tan débil que no permite avanzar en la superación de la pobreza ni mitigar la desigualdad.

Hay que avanzar hacia fórmulas que permitan lo contrario y ello supone que éstas sean políticamente inclusivas, es decir, generen consensos sólidos en la mayoría de las fuerzas políticas gravitantes; socialmente viables. Es decir, deben atender con particular énfasis a las múltiples vulnerabilidades existentes, y ser ambientalmente sustentables, para lograr compatibilizar el desarrollo con el cuidado y preservación del medio ambiente.

En tal escenario, el rol del sector privado y en general de las empresas es vital. Y no hay duda de que empresas que pongan primordial atención a los impactos ambientales y sociales que su actividad genera hacen una diferencia en positivo. Se trata de una tendencia muy valiosa que contrasta con aquella visión obsoleta conforme a la cual la actividad empresarial podía mostrarse indiferente a sus impactos. Así, la sustentabilidad deja de ser la tarea de algunos para transformarse en la responsabilidad de todos.

  • ¿Cómo avanzar para que más empresas se comprometan con las siglas ESG?

En la sociedad actual el valor de la reputación, el “buen nombre”, será un activo cada vez más importante para las empresas. Al mismo tiempo, ya es observable que aquellas que tienen el triple compromiso ESG obtienen mejores rendimientos bursátiles y mejores condiciones de financiamiento que las que carecen del mismo. De hecho, los fondos de inversión “verdes” canalizan sus recursos hacia empresas que ostensiblemente asumen tales criterios. En una frase, se trata de dejar en evidencia que para las empresas asumir la trilogía ESG no sólo es una manera ética de desarrollar los negocios, sino una oportunidad de mayores y mejores negocios.

La próxima Cumbre de Santo Domingo, República Dominicana, que tendrá lugar el 24 y 25 de Marzo del próximo año, tiene una nutrida agenda. La idea es avanzar en dos Cartas que abordan temas de particular importancia: una de derechos digitales y otra ambiental. Ambas materias son de primordial importancia y debieran servir para reafirmar el compromiso y liderazgo de la región en torno a las mismas. También se está trabajando en lo que podría denominarse “arquitectura financiera internacional”, materia que ya se abordó en la pasada Cumbre de Andorra, a fin de ver de qué manera puede apuntalarse la recuperación económica. Aparte, también estamos abordando los desafíos de seguridad alimentaria existentes en la región.

A tales materias habrá que agregar la reflexión sobre cómo impulsar un relanzamiento de las relaciones entre América Latina y Europa, en sintonía con la Presidencia de la UE que detentará España durante el segundo semestre del próximo año. Al mismo tiempo, la Cumbre estará como siempre abierta a la reflexión que quieran impulsar las y los jefes de Estado y de Gobierno sobre cualquier materia de su interés, en el ambiente de diálogo constructivo, inclusión de todos, horizontalidad y consenso que es la característica neurálgica de la Comunidad Iberoamericana.

  • Desde el punto de vista regulatorio, ¿la región está preparada para afrontar los retos que se presentan en materia medioambiental?

La región tiene una nutrida regulación para hacer frente a los desafíos medioambientales, que va desde las evaluaciones más generales de los impactos de las actividades económicas, o la existencia de áreas marinas y terrestres protegidas, a asuntos más focalizados como la gestión de residuos, uso de plásticos o la economía circular. Por supuesto, siempre habrá espacio para mejorar e ir adaptando a la realidad los marcos regulatorios. Otro tanto puede decirse, por ejemplo, de los mecanismos de participación ciudadana o la transparencia con que se adoptan las decisiones ambientales.

En cualquier caso, hay que destacar que América Latina es una región muy consciente de su papel en el combate al cambio climático, no tan sólo por la paradoja de ser muy afectada por sus efectos y poco culpable de sus causas, sino porque sin América Latina es imposible abordar globalmente el fenómeno. La región cuenta con un tercio del agua dulce, un altísimo porcentaje de la biodiversidad y una gran proporción de los bosques, por mencionar solo tres de los aspectos más conocidos.

  • ¿Los gobiernos pueden contribuir a una recuperación más inclusiva y sostenible? 

Los gobiernos tienen un rol fundamental en la recuperación y en sus características. Son ellos los encargados de adoptar las políticas públicas llamadas a producir ese crecimiento inclusivo y también a modular sus rasgos. La pandemia dejó en evidencia que las sociedades requieren Estados fuertes y aptos para llevar adelante gestiones eficaces en momentos de crisis. Al mismo tiempo, los gobiernos tienen capacidades para cohesionar, articular y unificar los criterios y puntos de vista de los actores políticos y sociales.

El “capital social” de un país tiene que ver con la capacidad de sus ciudadanos para cooperar entre sí y con la inteligencia para lograr que las instituciones y organizaciones puedan hacer converger sus acciones. Las sociedades que logran unificar sus esfuerzos tras metas compartidas tienen habitualmente mejores resultados que aquellas que se agotan en antagonismos irreductibles.

  • ¿Y el sector privado y en particular las microfinanzas, cómo pueden ayudar a esta recuperación sostenible e inclusiva?

Las microfinanzas son un instrumento que ha demostrado su efectividad para generar desarrollo económico inclusivo, disminuir la pobreza e impulsar la iniciativa individual y el emprendimiento. América Latina es una región de altísima informalidad en la que el acceso al crédito es muy limitado, afectando además de forma muy acentuada a las mujeres. Tal acceso al crédito es el factor que muchas veces permite que familias puedan dejar atrás la pobreza, mientras que su inexistencia explica por qué familias no pueden dejar atrás la situación que las aflige.

El modelo de finanzas productivas empleado por la Fundación Microfinanzas BBVA no sólo ataca directamente este problema al proveer servicios financieros a poblaciones vulnerables, sino que además les entrega capacitación y acompañamiento en el progreso de sus emprendimientos. Es una iniciativa digna de los mayores elogios, que ojalá pudiera ser replicada a través de políticas públicas, al haber apuntado de forma pionera a un problema de gran envergadura en la región, efectuando contribuciones sustantivas y de alto impacto para la solución de éste. En resumen, el acceso al financiamiento de sectores excluidos, la formalización de las actividades productivas, la utilización de los instrumentos que trae consigo la digitalización y la capacitación a quienes la requieran, son palancas para apuntalar un crecimiento inclusivo que se caracterice por abrir oportunidades sin dejar a nadie atrás.

  • Por último, nos gustaría conocer cuáles son sus prioridades al frente de la SEGIB, en un momento convulso como el que estamos viviendo, en el que debemos afrontar juntos, sector público y privado, los retos de esta nueva era.

La primera es precisamente afianzar la Comunidad Iberoamericana, que es el resultado de una trayectoria ascendente. Partimos como Cumbres, evolucionamos hacia Conferencia y hoy nos vemos como Comunidad. Tras ese esfuerzo hay un despliegue de iniciativas, entre las que destacan un visionario y original andamiaje normativo de cooperación, la institucionalización lograda a través de la Secretaría Iberoamericana, la valiosa secuencia de articulación de instancias públicas, la vitalidad de una enorme cantidad de organizaciones que tienen su origen en la sociedad civil y la existencia de un gran número de Redes, todo lo cual configura un tejido variado y de gran riqueza.

La segunda prioridad es contribuir a generar una narrativa positiva de la región, que sin esconder los problemas destaque las múltiples oportunidades. La tercera tiene que ver con lo ya expresado, en orden a apoyar una recuperación económica no sólo con la mirada en el corto sino en el largo plazo, para favorecer las bases de un proyecto viable en todos los aspectos: políticos, económicos, sociales y ambientales. Finalmente, como por lo demás corresponde a una organización con miembros de ambos lados del Atlántico, es muy importante favorecer el relanzamiento de la siempre valiosa relación entre América Latina y Europa.




Más allá del cumplimiento de la norma: CAF, en el camino de ser el banco verde de América Latina y el Caribe

En el camino para convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, CAF tiene el mandato histórico de promover el desarrollo sostenible de la región. Recientemente nuestro Directorio, confirmado por los países accionistas, apoyó este compromiso con la aprobación del incremento de capital más grande en nuestra historia, por 7.000 millones de dólares, que permitirá doblar la cartera de la institución al 2030.

Parte importante de esta capitalización estará destinada a promover y apoyar la transición justa hacia una economía verde, baja en carbono y resiliente al cambio climático. Esto implica un refuerzo del componente ambiental en las operaciones de CAF y el fortalecimiento de la movilización de recursos para el financiamiento verde bajo principios de inclusión y equidad. En esta línea, en 2026 esperamos que el 40% de nuestras operaciones estén vinculadas a la mitigación y adaptación frente al cambio climático, y orientadas a la conservación de la biodiversidad, una realidad que generará un impacto positivo que irá mucho más allá del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales y de la evaluación del riesgo climático.

De este modo, CAF suscribe completamente la línea de pensamiento que defiende que la aplicación de estándares ambientales y sociales debe ser solamente el punto de partida para generar impactos económicos y financieros positivos en la economía.

Nuestras salvaguardas ambientales y sociales cumplen el propósito de establecer estándares óptimos de desempeño de las operaciones que se financian, en cuanto a la mitigación de los potenciales impactos ambientales y sociales negativos. La cultura de la gestión preventiva de los riesgos ambientales y sociales tiene como primera función “no causar daño” a las personas y al medio ambiente; no obstante, el alcance de las salvaguardas está siendo progresivamente mayor porque orienta el desempeño de las operaciones para también lograr el uso sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección de la diversidad biológica y hábitats naturales y gestionar el riesgo climático de forma transversal, favoreciendo la incorporación de componentes que asegurarán la creación de co-beneficios.

En materia social, las salvaguardas ambientales y sociales están orientadas a proteger a las personas, particularmente a aquellas en situación de pobreza o vulnerabilidad, exigir el reconocimiento y respeto de los grupos étnicos, de su organización social, conocimiento tradicional y cultura, sus derechos consuetudinarios, sus derechos humanos, sus derechos sobre su territorio y los recursos naturales que utilizan, así como asegurar la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural (físico o inmaterial), propiciar condiciones de trabajo seguras y saludables.

En términos de género, la política de CAF busca abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe, vía su transversalización en la institución y sus operaciones, en las cuales se promueve el enfoque de género de manera integral para evitar que se profundicen brechas preexistentes o se produzcan impactos adversos.

Más allá de que las salvaguardas son un prerrequisito para poder acceder a recursos de financiamiento de CAF, el éxito en su aplicación se centra en una participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan directamente. Es imprescindible entender la percepción de impacto de las partes potencialmente afectadas y sectores interesados para retroalimentar adecuadamente el diseño de los proyectos y que el desempeño de la gestión ambiental y social atienda estas preocupaciones.

Un factor determinante que favorece la aplicación de las salvaguardas en CAF es que entendemos y conocemos en detalle las regulaciones ambientales y sociales aplicables y las capacidades de respuesta de cada uno de los países. Sobre la base de este conocimiento de las brechas entre la norma local y las salvaguardas, es posible ajustar el enfoque de “obligado cumplimiento”, que se puede aplicar y abordar las necesidades de asesoría y/o asistencia técnica que los prestatarios puedan requerir para asegurar un verdadero impacto positivo de las operaciones.

En esta línea, desde CAF somos conscientes de que esto requerirá intensificar nuestra oferta de servicios de asistencia técnica en favor de los países de la región, por lo que hemos asumido el compromiso de apoyarlos en el desarrollo y ejecución de proyectos que sean ambiental y socialmente sostenibles.




Emprender, una oportunidad para huir de la violencia y salir de la pobreza

En América Latina 209 millones de personas viven en pobreza y vulnerabilidad, lo que supone que el 33,7% de la población no puede afrontar sus necesidades básicas. Son datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que confirman la necesidad de brindar financiamiento a las poblaciones vulnerables, para quienes el emprendimiento es una vía para salir de la pobreza.

En la aplicación de los criterios ESG en los que se centra este número de la revista Progreso, el “factor social” apunta a las oportunidades que una organización puede generar en la sociedad en la que desarrolla su actividad, como el impulso del respeto a la diversidad, la igualdad y la inclusión. La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) atiende desde hace 15 años a emprendedores en vulnerabilidad para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.

Mujeres, comunidades indígenas, migrantes… son algunos de los sectores que sufren mayor discriminación de acceso a servicios esenciales y a créditos para poner en marcha actividades productivas.

Como Shirley Mosquera, que tuvo que dejar su Colombia natal hace siete años huyendo de la violencia entre bandas criminales, que ponían en peligro su vida y la de su familia. Comenzar una nueva vida en Panamá no fue sencillo: sus dos hijos eran pequeños y con el apoyo de organizaciones como Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), logró salir adelante los tres primeros años.

La vulnerabilidad de los refugiados

Gracias a estas instituciones, Shirley conoció los servicios que Microserfin, la entidad panameña de la FMBBVA, ofrece a las personas que tienen el estatus de refugiado, que determina si una persona que busca la protección internacional puede ser considerada como tal, según las normas internacionales, regionales o nacionales.

En ese momento Shirley tenía una pequeña tienda instalada en su propio hogar. “En Microserfin me ayudaron con recursos, lo que me facilitó las cosas. Con ese capital pude incrementar mis ventas y empezar a ahorrar, algo que antes había sido muy difícil para mí”, recuerda. La mayoría de los refugiados a los que atiende Microserfin son, como Shirley, comerciantes con pequeños negocios.

En 2021, 15.500 personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado vivían en Panamá, según datos de ACNUR. Para conseguir su integración es imprescindible que sean independientes y tengan ingresos propios que les permitan ganar en confianza y autoestima. El emprendimiento es una vía que les ayuda a conseguirlo. Y la FMBBVA les apoya en ese camino, con financiación, formación y acompañamiento para una nueva vida, lejos de su hogar.

Naciones Unidas afirma que la pobreza “no es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad”. Hace 20 años, aprobó la resolución que establecía que cada 17 de octubre se conmemorase el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Una fecha para recordar que un mundo sostenible e inclusivo sigue siendo una prioridad.




¿Puede la sostenibilidad medioambiental reducir la pobreza?

Hasta 5,8 millones de personas en América Latina podrían caer en pobreza extrema para 2030 como resultado del cambio climático, si no se toman medidas pertinentes. Para 2050, más de 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para escapar de los impactos del clima, según un reciente informe del Banco Mundial.

La región es una de las más vulnerables al poder destructivo de huracanes, sequías, incendios e inundaciones, que son cada vez más frecuentes y graves, y causan enormes pérdidas personales, económicas y materiales.

La Fundación Microfinanzas BBVA, que desarrolla su actividad en 5 países de América Latina atendiendo a más de 2,8 millones de emprendedores de escasos recursos, el 36% de ellos en el entorno rural, cuenta con una estrategiapolítica de sostenibilidad medioambiental dirigida a mitigar los efectos del cambio climático, con seguros climáticos y agropecuarios, mejora del uso de recursos, agua, saneamiento e infraestructuras sostenibles.

Una estrategia alineada con los criterios ESG

Esta estrategia está alineada con los criterios de sostenibilidad ESG (Environmental, Social and Governance), y se desarrolla en diferentes ámbitos, como el análisis de la vulnerabilidad y resiliencia climática de los emprendedores, la oferta de productos y servicios verdes, que les ayuden a protegerse de las consecuencias del cambio climático, al tiempo que promueve iniciativas de cuidado del medioambiente, y la implantación de una “cultura verde” en todas las entidades y empleados de la FMBBVA, para reducir la huella de carbono.

En concreto en Colombia, su entidad, Bancamía, cuenta con productos como CrediVerde adaptación, diseñado con el apoyo de ONU Medio Ambiente bajo el programa Microfinanzas para la Adaptación Basado en Ecosistemas (MEbA). Consiste en una línea de crédito que proporciona productos y servicios financieros a poblaciones vulnerables, rurales y periurbanas, para invertir en actividades relacionadas con la sostenibilidad de los ecosistemas. De forma que puedan mejorar sus negocios e incrementar sus ingresos y resiliencia ante los efectos del cambio climático, con sistemas de riego por goteo, producción de agricultura orgánica, o el uso de invernaderos, entre otros.

Taxonomía verde FMBBVA

En colaboración con MAPFRE Seguros y con Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), Bancamía también ofrece a sus clientes el seguro Mi Siembra Protegida. Dirigida a los microempresarios del sector agrícola, busca proteger sus cultivos frente a riesgos naturales de origen climático, como sequías, inundaciones, exceso de lluvia, incendios y granizo, entre otros.

En República Dominicana, Banco Adopem, entidad de la FMBBVA, desarrolla productos financieros y no financieros para emprendedores en riesgo de vulnerabilidad climática, muchos de ellos dirigidos específicamente a mujeres. Su programa Finanzas Rurales y Ambiente cuenta con Agro Mujer, Eco Crédito y educación financiera y ambiental para emprendedores.

Otro de sus productos, EcoVivienda Adopem, promueve soluciones de vivienda con prácticas ambientales sostenibles y medios de vida en el entorno rural, financiando paquetes básicos de mejoras en agua y saneamiento, energía o infraestructuras, con impacto en el medioambiente y en la calidad de vida de los emprendedores a los que atiende.

La entidad panameña de la FMBBVA, Microserfin, cuenta también con un microcrédito para mejoras progresivas de la vivienda, Casafin, que permite a los microempresarios financiar este tipo de reformas en sus casas, en particular las que comparten con sus negocios. Y en Perú, Construyendo Confianza, de Financiera Confianza, también financia este tipo de mejoras. Ambas, permiten la financiación de saneamiento y alcantarillado.

Con esta estrategia de sostenibilidad medioambiental, la FMBBVA ha logrado impactar con estos servicios financieros a 10.373 emprendedores en Colombia, Perú y República Dominicana, con un total de USD 19 millones vigentes a cierre de  2021.

Pero la sostenibilidad medioambiental va más allá del campo y los cultivos. También hay negocios como el de Santos Manuel Báez, emprendedor dominicano que lleva 17 años dedicado al reciclaje. Un negocio sostenible con el que mantiene a su familia y da empleo en su comunidad. “Es un trabajo con el que ayudamos a la sociedad: el reciclaje es bueno para el medio ambiente”.

Santos Manuel Baez, emprendedor dominicano

 




Los criterios ESG como palanca para una estrategia más inclusiva y sostenible

Los criterios ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance. Temas que están liderando la estrategia de cualquier entidad que no quiera perder el tren de las tendencias sociales y económicas. Son pautas que ayudan a determinar si un producto o proyecto está contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental, aportando a la sociedad y a la gobernanza de una organización y que nos llevan a preguntarnos cómo están abordando las empresas cuestiones como estas y si estamos avanzando hacia un mundo más sostenible y más justo.

Los criterios ESG se utilizan también para medir el impacto en el medioambiente o en las oportunidades que puede generar en la comunidad en la que las empresas desarrollan su actividad.

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) lleva varios años aplicándolos y reflejando los resultados en su informe de desempeño, lo que le ha permitido establecer estrategias dirigidas a promover acciones positivas para el medio ambiente a través de una cultura corporativa verde, que permite integrar los riesgos ambientales y mejorar la oferta de valor hacia clientes, colaboradores y sociedad en general. O promover el buen gobierno corporativo de las instituciones del sector de las microfinanzas con la creación del Código de Gobierno Corporativo para Instituciones Microfinancieras, entre otras medidas de gobernanza.

Según se detalla en el último Informe de Desempeño Social (IDS) de la FMBBVA, “la evaluación de criterios ESG resume las formas clave en que podemos actuar para proteger el medioambiente, garantizar el progreso social y mejorar los estándares de gobernanza global”.

Crietrios ESG - FMBBVA

La dimensión social en el centro

En el caso de la FMBBVA y de sus entidades, la dimensión social se encuentra en el núcleo de su razón de ser y de sus acciones. Atiende a emprendedores de bajos ingresos que tienen un acceso limitado o inexistente al sistema financiero. Además, son los más expuestos a los impactos del cambio climático, que puede suponer una amenaza para sus negocios y comunidades al encontrarse en zonas aisladas o de difícil acceso, y no disponer de los recursos necesarios para protegerse.

La actividad de la Fundación está dirigida a mitigar la exclusión social y financiera de los más de 2,8 millones de emprendedores a los que atiende en 5 países de América Latina.

Como Gabriela Morán, emprendedora y propietaria de un terreno, que se dedica a la agricultura y a la cría de cerdos y gallinas. Recibió el apoyo de Microserfin, entidad panameña de la FMBBVA, para invertir en un sistema de riego que proteja sus cultivos en las épocas de sequía. Para ella, este apoyo ha sido fundamental para prevenir los riesgos medioambientales asociados al cambio climático, y proteger el negocio que con tanto trabajo y esfuerzo ha logrado levantar.

ESG en línea con los ODS

La FMBBVA también ha tenido como guía para cumplir su propósito, desde su creación hace ya 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que reconoce el rol de la inclusión financiera y las microfinanzas en la reducción de la pobreza y en el desarrollo económico y social.

En estos momentos, la actividad de la Fundación impacta, en diversos grados, en trece de los 17 ODS, que además cubren una amplia gama de factores ESG. Por su propia naturaleza, generar impacto social, está sobrerrepresentada en la dimensión social, con el bienestar de los emprendedores siempre como prioridad, en el centro de toda la actividad.

El reto ahora para empresas y organizaciones es situar los criterios ESG en el corazón del modelo de negocio para crear una cultura que permita medir el impacto positivo que generan con su actividad.

Un reto en el que la FMBBVA lleva años trabajando con un modelo centrado en el impacto social, desde el empoderamiento de la mujer hasta la reducción de la brecha digital, y una estrategia de sostenibilidad en línea con unos valores éticos y un Código de Conducta para sus más de 7.600 empleados que fomenta la diversidad, la igualdad y las mejores prácticas laborales, que incluyen criterios medioambientales.