El pasado mes de diciembre la promoción e impulso del emprendimiento fue uno de los temas centrales del país Colombiano. Por un lado, el Congreso aprobó la Ley 2069 que establece un marco regulatorio para fomentar el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Por otro lado, el Gobierno formuló la Política Nacional de Emprendimiento con el fin de favorecer la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos.

Ley 2069

Esta norma busca impulsar el emprendimiento desde diferentes perspectivas, ya que los artículos que integran la Ley, crean, modifican o subrogan normas que contemplan diferentes aspectos del ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido, se pretende desarrollar 5 pilares fundamentales, para impulsar la creación y formalización de empresas: (i) la simplificación de trámites para la formalización y el desarrollo empresarial; (ii) la participación de los emprendimientos y las MIPYMES en la contratación y en sistema de compras públicas a cargo del Estado; (iii) el acceso de los emprendimientos a fuentes de financiación; (iv) la articulación de todas las instancias institucionales de apoyo al emprendimiento y (v) el desarrollo de un componente de educación y de programas de formación para promover la cultura emprendedora.

Otros de los aspectos novedosos que contiene esta norma y que requiere una intervención regulatoria complementaria del Gobierno Nacional, es la creación de un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el desarrollo de modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto valor agregado y sostenible en distintos ámbitos.

Así mismo, se incluyen algunas directrices orientadas al diseño e implementación de políticas públicas para la formalización empresarial, enfocándose tanto en la empresa como en el emprendedor, el empleador o trabajador independiente, atendiendo a las circunstancias particulares de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se impulsa la regulación de temas tales como el teletrabajo, trabajadores remotos y firmas digitales. De esta manera, se busca el fortalecimiento de la capacidad y visión exportadora de los emprendimientos, incluyendo artículos sobre emprendimiento, formalización, fortalecimiento y financiación de emprendimientos y empresas con enfoque de género (mujeres).

Por otra parte, se pretende fortalecer las Redes Regionales para el Emprendimiento que integrarán al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI, con la finalidad de estructurar diferentes espacios para el emprendimiento, formalización y educación empresarial. Este objetivo específico de la formación para el emprendimiento, espera desarrollarse en diferentes espacios relacionados con la enseñanza académica y práctica en instancias técnicas y de educación superior.

Documento Conpes 4011 de 2020/ Consejo Nacional de Política Económica y Social – Departamento Nacional de Planeación

Asimismo y debido a la actual desarticulación de programas públicos de apoyo al emprendimiento y considerando las insuficientes habilidades, competencias y cultura para el emprendimiento, especialmente para la población en situación de pobreza y víctima del conflicto, y en atención al contexto de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Colombiano formuló la Política Nacional de Emprendimiento.

Esta estrategia de impulso al emprendimiento espera desarrollarse en 5 pilares fundamentales que contribuyan a la implementación eficaz y eficiente de la Política, entre los cuales se encuentran los siguientes : (i) desarrollo de habilidades y cultura para el  emprendimiento; (ii) acceso y sofisticación de mecanismos de financiamiento; (iii) fortalecimiento de redes y estrategias de comercialización; (iv) desarrollo tecnológico e innovación para los emprendimientos; e (v) institucionalidad; como ejes estratégicos en la consecución de los objetivos de la Política Nacional.

Además, se plantea que el seguimiento a la implementación de la presente Política se realizará a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS), el cual establece los indicadores de seguimiento, las entidades responsables de cada acción, los periodos de ejecución, los recursos necesarios, las fuentes de financiamiento, y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política, entendiendo que la política tiene un periodo de implementación que cubre desde el año 2021 hasta el 2025.