La Constitución Política del Perú establece en el artículo 65 que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios garantizando el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, en ese sentido, se aprobó la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Política Nacional), cuyo  objetivo es el de contribuir a un mayor y más eficaz nivel protección de los derechos de los consumidores con equidad y con mayor incidencia en los sectores de consumidores más vulnerables.

Esta Política Nacional es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del Estado peruano, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias.

La norma establece los siguientes objetivos específicos:

a) Fortalecer la educación de los agentes del mercado (consumidores y proveedores) en relación a los derechos de los consumidores y su obligatorio cumplimiento, implementando las actividades dirigidas a la orientación de los consumidores en el ejercicio de sus derechos y difusión de los mismos.

b) Garantizar la seguridad de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo.

c) Implementar mecanismos de prevención y solución de conflictos de consumo entre proveedores y consumidores.

d) Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor.

Asimismo, esta Política Nacional se encuentra estructurada sobre la base de cuatro ejes de política, que responden a los objetivos específicos:

• Eje de Política 1: Educación, orientación y difusión
• Eje de Política 2: Protección de la salud y seguridad de los consumidores
• Eje de Política 3: Mecanismos de prevención y solución de conflictos entre proveedores y consumidores
• Eje de Política 4: Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor

Finalmente, se establece que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, será el encargado de coordinar la implementación de la Política Nacional.