Con el propósito de promover la transparencia en las operaciones de microfinanzas, el 26 de mayo de 2014 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Norma sobre Transparencia en las operaciones de Microfinanzas”, derogando la “Norma sobre Transparencia de la Información” emitida el  2 de agosto de 2013.

Los objetivos principales de esta norma son por un lado, regular el contenido, alcance, difusión y entrega de los contratos suscritos con las Instituciones Financieras Intermediarias, para garantizar la transparencia y claridad de los mismos y evitar cualquier cláusula que vulnere los intereses de los usuarios; y, por otro, fijar los medios de cálculo y difusión respecto a las tasas, comisiones y gastos que se cobran a los prestatarios.

Si bien la norma en cuestión no introduce modificaciones sustanciales con respecto a la norma que deroga, sí amplía de manera considerable el rango de protección de los usuarios de los servicios microfinancieros.

En concreto se amplía el contenido y condiciones mínimas que deben estipularse en los contratos (se añaden las tasas de interés nominal y la necesidad de elaborar contratos en el idioma o lengua nativa del cliente, cuando las instituciones financieras se encuentren ubicadas en las regiones autónomas). Asimismo se prohíbe modificar la tasa de interés corriente cuando ésta no hubiera sido pactada expresamente como variable.

Con relación a la clasificación de las infracciones, se han ampliado los supuestos que acarrean sanción. Se clasifican como infracciones leves, conductas tales como la no entrega del comprobante de la póliza de inclusión al seguro colectivo y no proporcionar al público la simulación de crédito; y como infracción grave se tipifica cualquier actuación que impida al cliente pagar un crédito con la finalidad de hacerle incurrir en mora.

Por último, se ha introducido una obligación para las instituciones de intermediación de microcréditos, quienes en adelante deberán organizar campañas de educación financiera para informar a los usuarios sobre el concepto, objetivo y medios de divulgación de la tasa de costo efectivo anual (TCEA).

Esta disposición normativa supone un impulso decidido para regular diferenciadamente el sector microfinanciero, debilitado tras la recesión económica e inestabilidades políticas sufridas en Nicaragua entre los años 2008 y 2011 (movimiento del “no pago”).

La aprobación en los últimos tres años de un paquete normativo propio sobre microcrédito, además del nacimiento de un órgano específico de regulación y supervisión, demuestra la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo del sector microfinanciero.