El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), creado en diciembre de 1977 y con sede en Roma, es una agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para programas específicamente diseñados para promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, a través de la mejora de su producción agrícola.

El Informe sobre el Desarrollo Rural de 2016 se centra en la transformación rural inclusiva como elemento central para eliminar la pobreza y el hambre, y crear sociedades inclusivas y sostenibles.

La publicación sostiene que, aunque millones de personas en la región han dejado atrás la pobreza en las últimas décadas, la desigualdad sigue siendo extremadamente alta en la región, con una cuarta parte de la población en situación de vulnerabilidad económica.

El informe recoge que, para permitir a América Latina y el Caribe superar la pobreza, la transformación rural necesita un enfoque integral que vaya más allá del simple aumento de la productividad agrícola. Propone facilitar el acceso de los campesinos a servicios básicos (tierra, infraestructura, salud, educación, finanzas...) y contribuir al establecimiento de instituciones locales, regionales y nacionales más fuertes.

Según el informe, en las últimas décadas se han hecho grandes avances para superar la tradicional dicotomía urbano-rural, por lo que la agricultura ya no es la única actividad económica en las zonas rurales, donde cada vez más familias combinan actividades agrícolas y no agrícolas para ganarse la vida.

Esta compleja realidad representa oportunidades y desafíos que requieren que los responsables de la formulación de políticas y los profesionales del desarrollo actualicen su enfoque sobre la pobreza rural.

De los países analizados en América Latina, Bolivia es el único caso en el cual la reducción de la pobreza ha progresado rápidamente a pesar de que la transformación de su economía nacional y rural ha sido lenta. El ejemplo boliviano, según el informe, demuestra que políticas apropiadas y focalizadas son eficaces para reducir la pobreza.