Dentro del marco regulatorio que el Gobierno busca establecer para la implementación del "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera", el Ministerio de Agricultura ha publicado un proyecto de decreto ley para el establecimiento de la regulación necesaria para la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia, anunciada como de utilidad pública e interés general.

En este cuadro normativo se establece desde el supuesto que el ordenamiento social de la propiedad rural supone la democratización del acceso a la tierra a los trabajadores agrarios sin tierra o con tierra insuficiente y en especial a las mujeres rurales, de las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto.

En este proyecto se establece que el “ordenamiento social de la propiedad rural” está constituido por el conjunto de procesos encaminados a administrar, asignar, reconocer, clarificar, restituir, sancionar, consolidar o reglamentar, los derechos de uso y propiedad y las diversas relaciones existentes con la tierra, para propiciar las condiciones que faciliten su aprovechamiento productivo.

El proyecto recoge una declaración de principios, dentro de los que se encuentran i) el interés general, ii) desarrollo integral del campo; iii) transformación estructural, iv) participación, y v) igualdad de oportunidades y enfoque de género, entre otros.

Además de lo anterior, regula el régimen sustantivo de acceso a la tierra, el cual incluye lo relativo a la delimitación de nacionales, los beneficiarios de los programas de tierras y sus respectivas obligaciones, las formas de acceso a tierras y el subsidio integral de acceso a tierras, entre otros.