La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en noviembre pasado (2014) la Ley 9274, a través de la cual se reformó integralmente la Ley 8634 del “Sistema de Banca para el Desarrollo”. El principal objetivo de esta modificación es fortalecer la financiación de proyectos rentables y viables de acuerdo con el modelo de desarrollo del país.

La referida Ley, entre otros aspectos, define los objetivos del Sistema, los sujetos beneficiarios,  órganos supervisores (el Consejo Rector y la Secretaría Técnica) e identifica las tres fuentes de financiación del Sistema:

•   Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, administrado por un banco público de acuerdo con las directrices dadas por el Consejo Rector.
•   Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Cada banco deberá contar con esta fuente de financiación y deberá ser administrado por las propias entidades.
•   Fondo de Crédito para el Desarrollo. Creado por el conjunto de aportaciones de los bancos costarricenses, administrado por un banco público (concretado en el posterior desarrollo reglamentario). El Consejo Rector indicará a la banca privada el porcentaje que le corresponde transferir al banco administrador para la operación de dicho Fondo.

Respecto a las principales novedades sobre microfinanciación, cabe destacar que la disposición derogada no contemplaba regulación sobre la industria microcrediticia, sin embargo, este nuevo precepto reconoce la importancia del microcrédito para la inclusión y el desarrollo.

Adicionalmente, la Ley se ocupa de regular aspectos como:

•   Definición de sujetos del Sistema de Banca para el Desarrollo entre los cuales se encuentran los beneficiarios de microcréditos.
•    Los proyectos impulsados por entidades microfinancieras a través del microcrédito . tendrán tratamiento prioritario.
•    Se insta a la simplificación de los requerimientos de información en los expedientes crediticios.
•    Con el fin de dar impulso a las MIPYMES crea el Fondo Especial para el desarrollo (Fodemipyme) y el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Propyme), cuyo propósito es financiar las actividades que promuevan y mejoren la gestión y capacidad emprendedora; y establece la obligación del Instituto Nacional de Aprendizaje de destinar el 15% de su presupuesto anual para el desarrollo de programas de educación financiera, apoyo empresarial y asistencia técnica.

Se destaca el esfuerzo del gobierno costarricense por promover un marco que facilite el crecimiento de la actividad microfinanciera a través del fortalecimiento del sistema de Banca para el Desarrollo y se considera que, en etapas posteriores se deberá velar por la sustitución del papel de la banca pública por una participación activa de la empresa privada que genere mayores eficiencias y aprovechamiento de las experiencias en otros países de la región.