El pasado 9 de marzo se publicó el Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Se trata de tener la certeza de que los nuevos jugadores tecnológicos cumplen con los estándares existentes en la banca tradicional y de dotar de seguridad y transparencia en la interacción con productos financieros que estén próximamente relacionados con la tecnología. Y a su vez, se trata de dar margen a la banca tradicional para que también haga uso de la innovación y la tecnología en su camino de ofrecer mejores soluciones a sus clientes.

​La Ley Fintech protege pero también exige, tanto a Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs o Fintechs), como a instituciones de crédito, un registro de las operaciones que se llevan a cabo independientemente del entorno físico o digital donde acontecen.

En cuanto a contenidos, la ley cubre varios aspectos clave en su definición. Entre los aspectos más innovadores destacamos la regulación de Criptomonedas, y de las operaciones de Crowdfunding, y de la posibilidad de ofrecer Plataformas Abiertas y usar Sandboxes.

Las criptomonedas son ​monedas digitales​ en las que se utilizan técnicas de encriptación para regular la generación de nuevas unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos, operando independientemente de un banco central. Esta última puntualización dispara las alertas sobre los aspectos regulatorios y de protección del consumidor. ​En realidad, la ley Fintech no regula de forma directa las criptomonedas, sino a aquellas instituciones que las operan.

​Cuando hablamos de Crowdfunding hablamos de empresas innovadoras que necesitan financiación para salir adelante, y hablamos de inversores que de forma proactiva deciden fondear un proyecto en fase semilla, y lo hacen de forma digital, usando plataformas donde puede que se desconozcan los otros actores que participan. Esta forma de financiación se basa en la confianza mutua que se establece en los medios digitales. La Ley Fintech llega para asegurarse de que esa confianza se produce bajo un amparo legal que resultará útil para resolver conflictos (si los hubiera) y a la vez generará confianza en su uso, potenciando la inversión en proyectos innovadores y en el desarrollo del país. Regular Crowdfunding es sin duda una de las mejores noticias para el desarrollo de nuevas Fintech, muy enfocadas a proveer de valor al usuario.

​La Ley recoge también las denominadas Plataformas Abiertas que no tratan de dar un "servicio" puntual en el tiempo a un cliente si no de producir valor a lo largo del tiempo, o mientras la relación con la empresa proveedora continúe. Para ello se utiliza información disponible y patrones de conducta del usuario para facilitarle la interacción y la toma de decisiones​ ante un producto o servicio. Hoy por hoy, la información o rastro que deja un usuario está fragmentada entre diferentes actores; (Mi compañía aérea sabe que siempre viajo con mi hijo y mi banco sabe que una vez mis ahorros sobrepasan un límite me gusta realizar un viaje en familia, con mi hijo).

Las plataformas abiertas permiten, bajo autorización del usuario, que ambos actores compartan información, de forma controlada y regulada, para ofrecer al cliente una mejor experiencia. Desde un punto de vista técnico, este traspaso de información se hace a través de lo que llamamos "APIs" (Application Platform Interfaces).

La innovación nace en el usuario (a través de una necesidad real) y termina en el usuario con un aporte de valor. Innovar es probar, iterar, ver qué funciona mejor para encontrar ese valor. Las cajas de arena o sandboxes nos dan un espacio para testar cosas nuevas en un entorno controlado y parametrizado que nos permite evolucionar ideas nuevas en conceptos tangibles. ¿Qué pasaría si quisiera probar un nuevo wallet que interpreta la voz y realiza pagos según mis órdenes? Antes de la Ley Fintech, este proyecto difícilmente vería la luz. Además de los desarrollos técnicos, tendríamos que  recurrir a reguladores, auditores y demás autoridades competentes para obtener el visto bueno que permitiera desplegar esta solución de forma masiva al mercado. El sandbox es la expresión directa de lo que significa realmente la innovación: probar con un número acotado de clientes, recoger feedback, y comprobar que el usuario lo usa y cómo lo usa. El sandbox proporciona una base de clientes de testeo y también datos ejemplo que pueden ser combinados con los nuestros para poder ser empleados en pruebas.

Tal y como adelantamos en Progreso 13, la Ley Fintech mexicana surge para regular los servicios financieros prestados por las Instituciones de Tecnología Financiera y los servicios financieros sujetos a normativa especial que sean ofrecidos o realizados por medios “innovadores”.

El Decreto no supone un gran cambio respecto a su Proyecto, si bien introduce alguna ligera modificación. En este sentido cabe citar la adición de la neutralidad tecnológica como principio* en el que se basa la ley o la división en cuatro secciones del Capítulo dedicado a Delitos en las que los clasifica y regula sus respectivas sanciones.