Una de las principales barreras identificadas por el Gobierno para el acceso a los servicios financieros por parte de la población de menores ingresos y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), es la asimetría de la información presente entre las entidades bancarias y sus potenciales clientes, que surge del desconocimiento por parte de estas de la verdadera capacidad de pago de sus clientes, debido a los costos para adquirir esta información o a la falta de incentivos para hacerlo.

Aunado a lo anterior, la población de menores ingresos generalmente está ubicada en lugares geográficamente alejados o en condiciones particulares que limitan acceso a estas zonas, lo cual implica una menor conectividad y un menor acceso a servicios financieros. Esto se materializa, en un bajo uso de transferencias y pagos digitales por parte de las personas y las empresas, así como los poco actores que existen en los sistemas de pagos de bajo valor que hace más dispendioso dicha labor, lo cual incrementa los costos de los pagos para los usuarios finales.

Con el fin de cerrar estas brechas existentes, el Gobierno de Colombia formuló una Política Nacional para la inclusión y la educación económica y financiera, cuyo propósito principal es integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país.

Esta Política encuentra su principal sustento en la tesis de que, a mayor participación financiera, mayores beneficios significativos para la sociedad se generan, teniendo en cuenta que las personas al adquirir servicios financieros reducen la volatilidad de su consumo y aumentan el crecimiento real de sus ingresos, lo cual conlleva a la disminución del índice de pobreza, el aumento en la calidad de la educación, la igual de género y el acrecentamiento de la industria y la innovación.

Por consiguiente, con la finalidad de cumplir con el objetivo general, esta Política propone el desarrollo de estrategias para mejorar la provisión de servicios financieros en el País, entre los cuales se destacan las siguientes: (i) la ampliación y pertinencia de la oferta de productos y servicios financieros a la medida; (ii) la generación de mayores competencias, conocimiento y confianza en el sistema financiero; (iii) el fortalecimiento de la infraestructura financiera y digital para un mayor acceso y uso de servicios financieros formales; y (iv) la presentación de una propuesta para una gobernanza institucional que permita mayor articulación en la implementación de las estrategias de educación e inclusión financiera.