De acuerdo con Migración Colombia en el país hay más de 1,7 millones de migrantes venezolanos: 56% en situación de irregularidad. Y a pesar de que durante la pandemia miles han regresado a su país de origen, se estima un retorno apenas se empiece a superar la crisis, que aumentará esta cifra a más de 2 millones.

Son muchas y diversas las barreras que enfrentan estos migrantes para incorporarse a los sistemas económicos y sociales de los países de acogida, especialmente si se tiene en cuenta que estas migraciones se dan en gran proporción hacia naciones con limitada capacidad de respuesta a tal fenómeno, sumándose a esto el fuerte golpe causado por la pandemia.

Frente a esta situación, la inclusión financiera constituye un instrumento efectivo para la incorporación del migrante a los sistemas económicos, así como para mejorar sus condiciones de vida; sin embargo, dichos procesos enfrentan sus propios retos, los cuales hacen que los niveles de bancarización de esta población resulten significativamente bajos.

Ante esta realidad, el caso colombiano podría calificarse como “favorable” frente al proceso de incorporación del migrante, si se tiene en cuenta que el país ha adoptado una posición de apertura para la recepción y permanencia de la población venezolana en el territorio, lo cual se refleja en su política de extensión de permisos de permanencia y de trabajo.

Adicionalmente, Colombia cuenta con una regulación que promueve los procesos de inclusión financiera y, en materia de migrantes, la Superintendencia Financiera ha expedido regulaciones particulares con el fin de que dicha población pueda acceder a productos y servicios financieros.

Se destaca la expedición de la Carta Circular 082 de 2019, mediante la cual habilita el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el pasaporte venezolano que tenga el sello de ingreso otorgado por la autoridad migratoria y cuyo vencimiento no exceda los 2 años, como documentos autónomos y suficientes para que los migrantes contraten o abran productos y/o servicios financieros en las entidades supervisadas.

No obstante lo anterior, los resultados en materia de acceso financiero aún resultan incipientes: tan solo un 15% de los migrantes venezolanos tienen una cuenta de ahorros, mientras que este ratio en la población colombiana alcanza un 80%[1].

Son diversas las causas que explican este fenómeno, entre ellas, la falta de un mayor interés por parte de algunas instituciones para acercarse a este segmento, el no contar con una oferta apropiada de productos y servicios que se ajusten a sus necesidades, la ausencia o limitada información de las personas y de sus historiales crediticios o financieros, la inadecuada articulación de esfuerzos entre entidades del sector público y privado que han mostrado interés por fomentar el desarrollo en esta población y, por supuesto, el hecho de que una gran proporción de los migrantes no cuente con un estatus legal de permanencia.

Frente a ello, el Gobierno ha venido emitiendo diversas reglamentaciones relacionadas con el fortalecimiento y ampliación de vigencia de los PEP, la más reciente expedida el pasado 29 de septiembre, que extendió el plazo para acceder a tales permisos a los nacionales venezolanos que se encuentren en el territorio colombiano al 31 de agosto.

Entre tanto, con el fin de tomar acción frente a esta problemática, la Fundación Microfinanzas BBVA, a través de Bancamía, ha venido sorteando este tipo de dificultades y ha emprendido diversas acciones con el fin de ampliar su oferta de productos y servicios hacia esta población.

En este esfuerzo, ha atendido a cerca de 3.900 clientes venezolanos, 682 de ellos con acceso a créditos, que con montos promedio de USD $350, han contribuido al fortalecimiento y desarrollo de sus pequeños negocios, en su mayoría en actividades de alimentos y pequeñas peluquerías. Algunos de ellos, han accedido además a los diferentes Planes de Acompañamiento a Deudores que el Banco implementó para apoyar a los clientes que por cuenta de la situación provocada por el COVID-19 han visto disminuida su capacidad de pago.

Adicionalmente, 3.200 clientes han encontrado en el Banco la posibilidad de construir un ahorro a través de cuentas de depósitos, con el propósito de contar con fondos para la gestión de futuros imprevistos y dar sus primeros pasos en construcción de un patrimonio. Resalta en esta labor, el hecho que un 56% de los clientes atendidos correspondan a mujeres.

De otra parte, considerando que las mayores dificultades de acceso las afrontan los migrantes que no han definido su situación de permanencia en el país, el Banco inició a finales de 2019 un piloto para trabajar con este segmento particular, lo que ha permitido motivar a grandes aliados para sumarse en este esfuerzo, tal como ha ocurrido con entidades como Tent Partnership for Refugees, Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE. UU. (USAID), IFC y otros aliados locales como las cámaras de comercio, con quienes se viene trabajando en fortalecer la capacidad de gestión y la oferta de valor para estos clientes, con el ánimo de generar un mayor alcance.