El pasado 11 de diciembre de 2014 fue aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que modifica la Ley 1969/02, que regula la información de carácter privado.

El objetivo de este Proyecto de Ley es regular el tratamiento de los datos personales incluidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier medio técnico que contenga datos públicos o privados destinados a otorgar informes, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de sus titulares.

El Proyecto modifica los artículos 5 y 9 de la ley 1969/02, los cuales recogen, por un lado, los casos en los que podrán ser publicados los datos patrimoniales y las obligaciones comerciales y financieras de una persona (siendo condición necesaria su autorización expresa y por escrito), y por otro lado, las prohibiciones de transmitir y divulgar dichos datos por las empresas o entidades que suministran información sobre la situación patrimonial, solvencia económica o sobre el cumplimiento de las obligaciones comerciales de los clientes a las entidades financieras.

En un primer proceso de enmiendas al Proyecto se plantearon dos modificaciones significativas, por un lado que no fuesen incluidos aquellos morosos con deudas inferiores a 50 jornales mínimos, así como que fuesen suprimidas de manera inmediata todas las deudas que se hubieran satisfecho, no quedando constancia alguna del historial negativo del deudor.

En el texto final del Proyecto únicamente ha sido incluida la modificación tendente a excluir de manera inmediata de las bases de datos a todos aquellos deudores que hayan satisfecho su crédito, independientemente del plazo que hubiera tardado en satisfacer la deuda.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó que se incluyan aquellos datos positivos de los prestatarios que se encuentren al corriente de pago.

El Banco Central de Paraguay ha criticado a través de diferentes medios de comunicación el Proyecto en cuestión por entender que no favorece el programa de inclusión financiera definido por el Gobierno Paraguayo. En concreto, estima que restringirá y encarecerá el crédito, por cuanto las entidades financieras no dispondrán de la información suficiente  para evaluar el riesgo de los préstamos solicitados.