Como consecuencia del periodo de crisis financiera vivido en España y del impacto de la crisis en la financiación del entramado empresarial, el legislador a través de este Proyecto de Ley busca fortalecer las fuentes de  financiación de las empresas. Atendiendo a este objetivo el Proyecto: (i)  pretende hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las Pymes, y (ii) regula métodos de financiación más novedosos como la financiación directa a un proyecto por una diversidad de inversores, y a través de las plataformas tecnológicas, sin la participación de las tradicionales entidades bancarias. Es la actividad que se conoce por el nombre de crowdfunding o crowdlending.

Respecto a la financiación bancaria, se adoptan medidas como:

• La obligación de dar un preaviso por terminación o disminución de financiación a una pyme;
• La obligatoriedad de las entidades de crédito de elaborar y poner a disposición de las Pymes un informe de calificación crediticia en función de una información de calidad y una metodología estandarizada y elaborada por el supervisor;
• Facilitar el acceso a financiación de las sociedades de Garantía Recíproca mediante una mejora del régimen jurídico que permita a estas sociedades activar el reaval que otorga la Compañía Española de Refianzamiento;
• Establecer el régimen jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito;
• Nuevas medidas para incrementar la transparencia, calidad y simplicidad de las titulizaciones en España;
• Eliminación de los límites en las emisiones de obligaciones.

Lo realmente novedoso del Proyecto de Ley es que, por primera vez en España, se intenta establecer un marco regulatorio, a una realidad cada vez más creciente y muy ligada a las nuevas tecnologías, como es la financiación de proyectos a través de plataformas de financiación participativa. Esta actividad se ha revelado como un instrumento dinamizador de la economía en países como Estados Unidos que ya cuenta con una legislación en esta materia, al igual que Reino Unido, Alemania y Francia.

Así, el ámbito del Proyecto de Ley son aquellas actividades en las que los inversores busquen un retorno económico, ya sea por inversión en acciones o participaciones (Crowdfunding), o inversión en la concesión de préstamos (Crowdlending), actividad propia de los microcréditos, a través de una plataforma electrónica.

El Proyecto de Ley, por un lado,  regula el régimen jurídico y autorizaciones de las autoridades administrativas (CNMV y Banco de España) para establecer las plataformas, y por otro lado,  busca proteger al inversor en esta actividad intrínsecamente arriesgada en la que no se garantiza la solvencia o viabilidad del promotor del Proyecto. Entre las medidas que se quieren adoptar, el Proyecto de Ley establece  el tipo de información que se debe poner a disposición del inversor y concreta unos límites de inversión dependiendo si se trata de un inversor acreditado o no, en función de su patrimonio o renta. El Proyecto también hace hincapié en dar transparencia a los posibles conflictos de interés que puedan surgir en el desempeño de esta actividad.