Excelente análisis de la firma Cleary Gottlieb sobre el “Green Paper” presentado por el gobierno de  la Primera Ministra Británica Theresa May. Se trata de un documento de consulta sobre la propuesta de reforma de determinados aspectos de gobierno corporativo con el propósito de instrumentarlo legislativamente con posterioridad.

El análisis que realiza este prestigioso despacho, resume los aspectos fundamentales de la orientación que el “Green Paper” quiere dar  a la nueva legislación sobre Gobierno Corporativo en el Reino Unido. En concreto se centra en i)la remuneración e incentivación de los ejecutivos, ii) la representación de los empleados y otros stakeholders en las decisiones empresariales, iii) y la mejora en general de los estándares de gobierno para las grandes empresas privadas.

En el primer caso, se plantea una mayor transparencia y detalle en la información de las retribuciones de los ejecutivos, someter la política al voto vinculante de la asamblea de accionistas con mayor frecuencia, exigir mayorías cualificadas para la aprobación, o establecer límites máximos retributivos.

También se busca establecer medidas que permitan una mayor vinculación de los accionistas en la decisiones sobre políticas retributivas. Respecto del Comité de Retribuciones se propone la consulta a los accionistas y empleados sobre la política retributiva y un “expertise” en los asuntos propios del comité de todos sus miembros.

Sobre los planes de incentivos a largo plazo se sugiere pasar de los tres años que se recogen en el código vigente a cinco años combinado con el requerimiento de que tengan que mantenerlas hasta que adquieran en acciones dos veces el salario bruto.

El “Green Paper” propone medidas para hacer valer la opinión de los empleados, suministradores, clientes, beneficiarios de pensiones y cualesquiera que tengan interés en la marcha de la compañía y anuncia planes para incluir consumidores y representantes de los accionistas en los consejos de las empresas a través de la creación de comité asesores formados por los stakeholders, ( “stakeholder advisory panels”), el encargo a los consejeros independientes de representar a alguno de los stakeholders más significativos y la ampliación de contenidos en los modelos de información.

Otro aspecto se refiere a que los requisitos de información se apliquen en función del tamaño de las empresas y no en base a su estatuto legal, “public, private, listed”.

El periodo de consulta terminó el 17 de febrero. Desde Progreso, estaremos atentos para informar del resultado de esa consulta.