El pasado 4 de abril el Estado peruano, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP), publicó la Política Nacional de Igualdad de Género para abordar las causas y efectos de la discriminación estructural contra las mujeres, conforme con las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de derechos humanos, las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la pre – imagen del Perú al 2030.

De esta manera, la Política es de obligatoria e inmediata aplicación para todas las entidades de la administración pública y su seguimiento y evaluación estarán liderados por el MIMP. Las evaluaciones serán semestrales y anuales y contendrán la información proporcionada por todos los ministerios responsables de proveer los servicios previstos en la Política y por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo se prevé que el Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la Política, aprobará el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, constituyendo el insumo sustancial para la implementación de la Política.

Discriminación estructural

La Política define la discriminación estructural como el conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y la sociedad en general. Esta discriminación se expresa en prácticas y discursos excluyentes y violentos que son avalados por el orden social, donde hombres y mujeres se relacionan a nivel social, político, económico y ético. Así también se evidencia en las diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de planes de vida de las personas debido al hecho biológico de ser hombres o mujeres.

Objetivos estratégicos de la Política

Con el fin de eliminar la discriminación estructural, la Política dispone los siguientes objetivos estratégicos:

• Reducir la violencia hacia las mujeres
• Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres
• Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones
• Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres
• Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres
• Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población

Cabe precisar que cada objetivo desarrolla sus indicadores y lineamientos para las intervenciones del Estado, determinando sus respectivos responsables.

Indicadores de la Política

Finalmente, la Política establece la situación futura deseada que consiste en la reducción de la discriminación estructural que afecta las mujeres, reflejándose ello en los siguientes indicadores:

• La reducción al 36.8% de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres;
• La incorporación del enfoque de género en la gestión institucional del 100% de los ministerios;
• La reducción al 2.4% del porcentaje de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual, en relaciones de pareja, en los últimos 12 meses;
• El incremento de las mujeres congresistas a un 40% y de las mujeres alcaldesas a un 20%; y,
• El aumento de la tasa de paridad de los ingresos de mujeres y hombres al 86.8%.