El legislativo colombiano estudia una serie de medidas que reduzcan el uso del efectivo en el país. Entre éstas, se contempla:

• Creación de un aporte parafiscal, que grave transacciones realizadas con moneda corriente que superen el monto de declaración de origen de fondos que la ley establece (operaciones en efectivo superiores a COP $10’000.000,00, o USD $5.000, o su equivalente en otras monedas)
• Devolución de puntos del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto al Consumo por el uso de medios electrónicos
• Obligatoriedad de uso de canales informáticos en pagos realizados y recibidos por el Estado.

No obstante, es importante resaltar que el proyecto castiga el uso del efectivo en cualquier tipo de transacción, lo que incluye el realizar depósitos de dinero en entidades financieras, lo cual puede llegar a desacelerar el proceso de bancarización impulsado por el gremio financiero y el Estado Colombiano.

Adicionalmente, las unidades productivas de las personas usuarias de productos microfinancieros, generalmente son de tipo informal y su principal fuente de ingreso se realiza en moneda corriente, por lo que siempre se hace uso del efectivo en el pago de sus obligaciones. Por lo dicho, resulta indispensable que la Superintendencia Financiera defina con mesura los límites a partir de los cuales serán gravadas las transacciones donde se haga uso del efectivo, para evitar encarecer el microcrédito y otros productos microfinancieros de manera indirecta.