Con la finalidad de mejorar el nivel de acceso de la población menos favorecida y tradicionalmente no atendida por el sector financiero, en enero de 2013, el Congreso de la República de Perú aprobó la Ley de Dinero Electrónico (Ley 29985), a través de la cual se estableció el marco regulatorio mínimo para el uso del dinero electrónico como medio de pago, cubriendo el vacío legislativo existente sobre dicha materia, a efectos de promover el desarrollo de productos y servicios que faciliten la inclusión financiera, en condiciones de seguridad, transparencia y confiabilidad para beneficios de la población.

Así, la referida norma regula, entre otros aspectos, la emisión de dinero electrónico, las empresas autorizadas para emitirlo, los requisitos y características básicas para operaciones con dinero electrónico (pago de bienes, conversión y reconversión de dinero electrónico, transferencia de fondos, etc.), así como los requisitos para su contratación.

Es importante destacar que la referida Ley, a fin de garantizar la seguridad y confiabilidad del uso del Dinero Electrónico, ha restringido su provisión exclusivamente a entidades que estén bajo el ámbito de supervisión del sistema financiero y, principalmente, a transacciones a través de la Banca Móvil. En un país como Perú, cuya población está dispersa geográficamente y cuyos niveles de penetración en telefonía móvil son los mayores en la región, el uso de la tecnología móvil (celulares) como canal de acceso a servicios financieros no sólo reduciría considerablemente los costos de transacción, sino que eliminaría las barreras de acceso al sistema financiero.