En 2017 y el primer trimestre de 2018, el Gobierno colombiano ha mantenido un decidido impulso del sector agropecuario, a través de normas y el fortalecimiento del financiamiento de proyectos productivos.

Algunas de estas iniciativas son la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017, la Resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las Resoluciones Nº 12, 13, 14, 15 y 16 de 2017 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, y la Circular Reglamentaria P-04 de 2018 del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). A continuación destacamos los aspectos más relevantes de la referida normativa:

• La creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), a fin de establecer políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario.
• La introducción de medidas para el fortalecimiento de sistemas productivos de agricultura familiar, apoyando proyectos agropecuarios y la producción sostenible.

Las estrategias más importantes para lograr este cometido son: i) el fomento del uso de servicios financieros a nivel rural para promover el desarrollo económico de la comunidad agro y lograr una mayor comercialización de productos agropecuarios, así como ii) la participación de entidades microfinancieras.

• A través de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se ha definido, por una parte, el presupuesto para los créditos agropecuarios otorgados por FINAGRO, estimado para el año 2018 en la suma de US 4.800 millones y, por otra parte, las condiciones de colocación de estos créditos.

Adicionalmente, se han establecido para este año Líneas Especiales de Crédito para pequeños y medianos productores, con tasas de interés diferenciales.

• La definición del Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios, mediante el cual se podrán asegurar con el beneficio del subsidio al seguro agropecuario los cultivos agrícolas, las pasturas, las plantaciones forestales, así como las actividades pecuarias (incluidas las silvopastoriles), piscícolas y acuícolas (incluida la camaronicultura).

También se encuentra en proceso el proyecto de regulación de la cobertura del seguro agropecuario, para amparar los perjuicios causados por riesgos naturales y biológicos que afecten las actividades agropecuarias, incluido el lucro cesante. Además, se incluye el pago de la indemnización exigible ante la realización de un índice definido en el contrato de seguro y el  destino de la indemnización para compensar a los productores afectados o conformar un fondo para la atención de catástrofes, cuando el beneficiario del seguro sea una entidad de derecho público.  

• El impulso del acceso a créditos agropecuarios por parte de la población desmovilizada, reinsertada y reincorporada: personas que se encontraban al margen de la ley pero que abandonaron las armas y se reinsertaron o reincorporaron a la vida civil, y que cuentan con certificación o acreditación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas(CODA) o de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o de quien haga sus veces.