Teniendo en cuenta el contexto actual y la revolución tecnológica en que vivimos, el Congreso y Gobierno de Colombia han implementado distintas medidas para regular las últimas innovaciones en tecnología financiera y reducir la brecha digital.

En este sentido cabe destacar en primer lugar, el Proyecto de Ley 063 de 2019, que tiene como fin la promoción del uso de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPEs), entendidas como nuevas tecnologías financieras, mejorando y ampliando de esta manera la provisión de microcréditos a sectores productivos. Es decir, las SEDPEs otorgarán créditos a través de plataformas digitales fomentando la inclusión financiera por un lado y reduciendo las brechas de desigualdad regional, ampliando la oferta en los servicios de financiación.

Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido la Circular Externa 029 de 2019, que contiene instrucciones precisas para las entidades vigiladas relacionadas con requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, información al consumidor financiero y uso de factores biométricos.

Estas nuevas instrucciones implican el fortalecimiento del uso de canales digitales para la prestación de servicios financieros en condiciones de seguridad y con apego a estándares internacionales en la materia.

Los aspectos regulados por la Circular son los siguientes:

1. Gran abanico de posibilidades existentes para mejorar la prestación de servicios financieros ofrecidos por las entidades vigiladas a los consumidores y optimizar sus procesos: realidad aumentada, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, robots, entre otras.
2. Requerimientos mínimos para la implementación y uso de biometría como factor de autenticación electrónica.
3. El deber de las entidades de establecer los parámetros a partir de los cuales se requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante la utilización de los medios de pago (tarjetas débito) con o sin contacto.
4. La posibilidad que tienen las Entidades para que la información actualizada de los productos, canales, puntos de atención, servicios y tarifas, sea puesta a disposición de terceros desarrolladores de API (Application Programming Interface).

Por último, el Gobierno ha elaborado la Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial para potenciar la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, impulsando la productividad y favoreciendo el bienestar de los ciudadanos.

Esta Política aborda los retos específicos de la transformación digital, así como de la conectividad, y permite reducir la brecha digital entre zonas rurales y zonas urbanas.

Entre los aspectos más destacados de la Política, los cuales han sido denominados por el Gobierno como planes de acción, se encuentran los siguientes:

• Disminución de barreras relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento ante la transformación digital en el sector privado.
• Desarrollo y ajustes normativos e institucionales para favorecer la adopción de la transformación digital en componentes clave de la productividad empresarial.
• Ejecución de iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital.

Esta política contribuirá a la generación de las redes de conectividad rural que hasta ahora constituyen un barrera para el acercamiento de los servicios financieros al sector rural del país.