El pasado 19 de enero se publicó el Real Decreto-ley 1/2021 sobre protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica para reforzar la protección de las personas más vulnerables en las relaciones de consumo.

Esta norma pretende proteger a colectivos vulnerables como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información.

Consumidor vulnerable

La norma modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y desarrolla el concepto de consumidor vulnerable como aquel que, en sus relaciones de consumo, se encuentra en una situación de desventaja, desprotección o indefensión, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.

Además, el Real-Decreto reconoce una especial atención a los derechos de este colectivo. En este sentido, los poderes públicos deberán promocionar políticas para garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, considerando en todo caso la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren.

Otras consideraciones

Con esta nueva norma, se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, definición ya prevista en legislaciones autonómicas para proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos. De esta manera, se aprueba por primera vez un marco regulatorio común en la materia.

La protección al consumidor vulnerable recogida en este Real Decreto-ley viene a sumarse a la que se ha aprobado en otros sectores como la vivienda o la energía, teniendo en cuenta la situación en la que se han visto muchas personas a causa de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.