El presente acuerdo, aprobado por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá el 26 de mayo, complementa la Ley No. 23 contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada por la Asamblea Nacional de Panamá el 27 de abril de 2015, cuyas principales novedades ya fueron analizadas en el nº3 de Progreso.

La resolución contempla una serie de disposiciones de debida diligencia que deben aplicarse a los clientes en el otorgamiento de sus créditos, la obligatoriedad de identificar al beneficiario final de la transacción, además de la novedad para empresas financieras, de la identificación de las Personas Políticamente Expuestas y del énfasis en el área de cumplimiento de estas entidades, cuyos responsables serán el enlace con la Unidad de Análisis Financiero, debiendo la entidad mantener medidas de confidencialidad y protección a los empleados que tendrán esta labor. A su vez, la necesidad de contar con manuales actualizados de políticas “Conoce a tu Cliente y al Beneficiario Final”, así como de políticas “Conoce a tu Empleado”, herramientas importantes en la gestión de cumplimiento que la regulación exige.

En definitiva, será un reto para los regulados financieros y no financieros adaptarse al nuevo marco legal. Sin embargo, contar con controles basados en sanas prácticas del mercado y de disposiciones legales, supone un beneficio que fortalece el sistema financiero y la imagen del país.