En América Latina, las mujeres rurales suelen tener menos acceso a la tierra, y aquella que está en sus manos suele ser de menor calidad. 

"La tenencia de la tierra es un derecho fundamental y la brecha de género existente, un nudo estructural de desigualdad"

En la región, 58 millones de mujeres viven en el campo, de las cuales en promedio solamente el 30% posee tierras agrícolas [1]. Muchas enfrentan dificultades para ejercer la tenencia de las tierras que cultivan, y hacer uso de los recursos naturales, incluyendo el agua, para regar sus campos.

La tenencia de la tierra es un derecho humano fundamental y la brecha de género existente en relación a la misma es un nudo estructural de desigualdad que los Estados han acordado abordar a través de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con medidas concretas.

Específicamente, en el Objetivo de Desarrollo 5, se encuentra el indicador 5.a.2 que mide el “porcentaje de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o control de la tierra”[2]. 

Con la finalidad de apoyar a los países en el monitoreo de dicho indicador, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrolló y validó una metodología específica, y puso en marcha una iniciativa de apoyo técnico que, hasta mediados de 2021, ya había logrado resultados para nueve países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Nicaragua y Uruguay. 

El análisis realizado de los marcos legales y de políticas en dichos países mostró que Bolivia, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay cuentan con leyes agrarias que favorecen la “titulación conjunta” al exigir que se incluya el nombre de las mujeres casadas y en unión de hecho en el documento de registro conjunto de las tierras rurales o agrícolas. Sin embargo, esta exigencia no aplica a las tierras no rurales, desprotegiendo a las mujeres en zonas urbanas y periurbanas. 

Asimismo, las legislaciones de Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay contemplan en sus Códigos Civiles y de Familia el requerimiento del consentimiento de las mujeres para las transacciones sobre la tierra solo para parejas casadas, mientras que Bolivia y Nicaragua también lo garantizan para las uniones de hecho. 

En cuanto a la herencia, la totalidad de los países monitoreados tienen leyes que garantizan este derecho en condiciones de igualdad para hijos e hijas, e indican una proporción del patrimonio para la cónyuge. En el caso de Bolivia y Perú, se establece que ambos cónyuges tienen iguales derechos de herencia que los descendientes, sin importar si existe o no testamento. En los países mencionados se condiciona este derecho al tiempo de convivencia de la pareja, mientras que en los demás no se reconocen las uniones de hecho. 

Es destacable que Costa Rica, Nicaragua y Colombia han destinado un presupuesto o recursos financieros específicos a largo plazo para apoyar el acceso de la mujer a la tierra y a servicios productivos, en sus marcos legislativos y de políticas. No obstante, su falta en los demás países evidencia la necesidad de legislar e invertir en esta materia. 

En los marcos legales de Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú y Paraguay, la Constitución reconoce el derecho consuetudinario y da supremacía a las disposiciones relativas a la igualdad de género y la no discriminación en casos de conflicto con los sistemas jurídicos consuetudinarios [3] o la tenencia colectiva de la tierra de las comunidades étnicas.  Sin embargo, ninguno de los países que formaron parte del estudio cuenta con regulaciones que protejan explícitamente los derechos de acceso de la mujer a la tierra en el marco legal y político, simultáneamente al reconocimiento de la tenencia consuetudinaria de la tierra.

Finalmente, Colombia y Nicaragua presentan legislaciones que establecen cuotas obligatorias de participación para las mujeres en las instituciones a cargo de la gestión y administración de la tierra.

Como observamos, en la región se han dado importantes avances, pero también tiene muchos desafíos para garantizar derechos de las mujeres a la tierra, y urge actuar para modificar este escenario tomando medidas concretas.

Una de ellas es adoptar normas y políticas de registro conjunto obligatorio de todos los bienes inmuebles rurales y urbanos de las parejas casadas y en unión de hecho, contemplando reglamentaciones dirigidas a las instituciones a cargo del registro de la propiedad.

Otra es desarrollar normas y políticas con incentivos económicos que promuevan el registro conjunto de la tierra tanto en zonas urbanas como rurales, como, por ejemplo, la condonación de tasas de inscripción o descuentos tributarios a las propiedades de titularidad conjunta, así como subsidios para la adquisición de inmuebles o propiedades con titularidad conjunta. 

Asimismo, es clave derogar o eliminar disposiciones de Códigos Civiles y de Familia que discriminan los derechos igualitarios de administración conjunta y herencia de los cónyuges y descendientes, tanto en el matrimonio como en las uniones de hecho o convivientes.

Los países también pueden crear o modificar legislaciones para el desarrollo y financiamiento de los Fondos de Tierras que favorezcan el acceso igualitario y que incluyan una partida presupuestaria con un compromiso de los Estados a medio y largo plazo.

Por último, es importante desarrollar una estrategia de empoderamiento económico, inclusión financiera y productiva de las mujeres como parte integral de los programas de protección social que incluyan subsidios, créditos y tasas preferenciales para la compra de inmuebles, seguros a la propiedad y la producción, y la formalización de la propiedad, entre otros.

Autoras:

Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas, Género y Sistema Social e Institucional. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Psicóloga, con una maestría en educación superior y un doctorado en administración de la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV, Francia. La Dra. Brito es estratega senior de políticas, programas y proyectos de desarrollo sostenible, igualdad de género y desarrollo de talento humano avanzado. Su experiencia profesional le ha brindado la oportunidad de interactuar con numerosos y diversos entornos, con especial énfasis en las zonas rurales en más de veinte países de América Latina y el Caribe. 

Catalina Ivanovic Willumsen, Especialista en transversalización de género. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Antropóloga Social, Magíster en Estudios de Género de la Universidad de Chile, y Doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. La Dra. Ivanovic se especializa en estudios socioculturales de la alimentación, y en el desarrollo de políticas públicas, programas y proyectos que abordan los sistemas alimentarios y el desarrollo sostenible. 

Viviana Andrea Enríquez, Especialista regional monitoreo Indicador 5a2. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

Abogada, especialista en Derecho de Familia, maestrante en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales, Colombia. La Dra. Enríquez, es jurista con experiencia en enfoque de género, políticas públicas, litigio estratégico en restitución de tierras y conflicto armado. Como especialista regional apoyó técnicamente a los países de América Latina en el monitoreo del indicador 5.a.2.