“Llegar hasta las mujeres rurales, enseñándonos cómo reclamar nuestros derechos, que las entidades nos tomen de la mano y que lleguen con nosotros a esos territorios, para conocer nuestra dinámica, y que no lo hagan desde un escritorio”. Ese es uno de los reclamos de Yesenia Vergara, mujer rural del municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba, Colombia. Enfatiza esa idea de ir de la mano porque, hasta ahora, “las mujeres van atrás”, como afirma Sobeida Díaz, que también vive en el campo, en La Guajira.

Ambas son testigos de la realidad de la Colombia rural, en la que la ley les garantiza el acceso a una igualdad que las costumbres y normas sociales dificultan. Así lo han contado en el conversatorio  ‘La tierra en manos de mujeres: transformando vidas y el campo’ de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros organizadores. 

Según la directora general de la ANT, Myriam C. Martínez, éste es un tema que todos “debemos asumir como propio”. Por su parte, este organismo público, que vela por el ordenamiento social de la propiedad rural, ha conseguido que prácticamente el 50% de los títulos otorgados haya sido a mujeres. Esto, asegura Martínez, “nunca había pasado en la historia de Colombia”.

Detrás de hitos como este, está la ley, que ya en 2017 dio un paso importante, al reconocer la economía de cuidado como una “actividad de aprovechamiento de los predios rurales”, que facilita el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. Además, a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha evidenciado todavía más las brechas económicas, sociales y de género en todo el mundo, el gobierno colombiano aprobó, el 13 de octubre de 2020, la directiva presidencial nº11, bajo el nombre ‘Compromiso por Colombia - medidas para atender el grave impacto económico del COVID sobre las mujeres’.

El documento incluye varias propuestas para impulsar la igualdad de género en las zonas rurales y responder a otros retos globales como el medioambiental. Uno de los compromisos a los que hace referencia es el de poner en marcha un programa de empleabilidad y emprendimiento femenino relacionado con la siembra de 180 millones de árboles que tiene prevista el gobierno. Esta directiva también busca promover la formalización de sus tierras, el acceso a tecnología, la comercialización de sus productos, financiación para sus proyectos, capacitación y acceso a redes.

Sobre esa capacitación, y en concreto sobre la necesidad de informar más y mejor, también habló la directora general de la ANT en el conversatorio: “No solo es el hecho de tener acceso a la propiedad, las mujeres rurales también necesitan saber sus derechos y obligaciones. Además de quedarse con esa información, la replican”. Ese efecto multiplicador es lo que las convierte en “transformadoras de su entorno” y por lo tanto, en protagonistas de un cambio real.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), su representante en Colombia, Jessica Faieta, va un paso más allá y recuerda que si “el acceso y tenencia de la tierra ha sido una causa de conflicto histórico en el país, al mismo tiempo puede ser un factor de paz, sobre todo en la ruralidad”.

El tercer testimonio de esa Colombia rural se llama Erlenys Buelvas, del departamento de Bolívar, que dejó claro que se necesita liderazgo para avanzar. Un liderazgo que no puede venir solo de mujeres como ellas, sino de una sociedad entera que esté comprometida con la igualdad de género, dispuesta a romper con los estereotipos y decidida a tender la mano a millones de campesinas para que no se queden atrás.