La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países.

El presente documento profundiza en el análisis de la matriz de desigualdad social en la región y surge como respuesta al mandato conferido por los países latinoamericanos y caribeños a la CEPAL durante la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de la región celebrada en Lima en noviembre de 2015.

Afirma que para América Latina la desigualdad social representa un rasgo estructural y un desafío fundamental. En el estudio se destaca que la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad son los problemas estructurales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Además, indica que el empeoramiento de algunos indicadores económicos y del mercado de trabajo hacen que la región esté en riesgo de retroceso.

El análisis se centra en los principales ejes que estructuran la desigualdad social, a saber, el género, la pertenencia étnico-racial, la edad o etapa del ciclo de vida y el territorio. Estas distintas dimensiones de la desigualdad se encadenan entre sí, afectando a determinados grupos de población.

En el informe se describen dos tipos de desigualdad:

• La desigualdad de ingresos, que se evidencia en la clase social a la que se pertenece y que constituye la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo y los ingresos.
• Las desigualdades transversales, entre las que señala que:
  • La pobreza e indigencia es más elevada entre los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en todos los países considerados, y especialmente acentuada entre la población femenina perteneciente a esos grupos.
  • La incidencia de la pobreza es más elevada en la infancia y la adolescencia.
  • La maternidad adolescente es un fenómeno mucho más acentuado en las zonas rurales y afecta directamente al nivel de estudios.

Sobre la base de dicho análisis, el documento concluye con varias recomendaciones entre las que destacan:

• La necesaria articulación entre las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental.
• La importancia de un enfoque de derechos y de una mirada integral para las políticas abocadas a combatir la desigualdad.
• El fortalecimiento de la institucionalidad y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad.
• La relevancia de proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social, y la necesidad de aumentar las capacidades estadísticas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad y avanzar en su comprensión.
• La urgencia de transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad, lo que requiere orientar las políticas hacia un universalismo sensible a las diferencias.