En el camino para convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, CAF tiene el mandato histórico de promover el desarrollo sostenible de la región. Recientemente nuestro Directorio, confirmado por los países accionistas, apoyó este compromiso con la aprobación del incremento de capital más grande en nuestra historia, por 7.000 millones de dólares, que permitirá doblar la cartera de la institución al 2030.

"La aplicación de estándares ambientales y sociales debe ser solamente el punto de partida para generar impactos económicos y financieros positivos en la economía"

Parte importante de esta capitalización estará destinada a promover y apoyar la transición justa hacia una economía verde, baja en carbono y resiliente al cambio climático. Esto implica un refuerzo del componente ambiental en las operaciones de CAF y el fortalecimiento de la movilización de recursos para el financiamiento verde bajo principios de inclusión y equidad. En esta línea, en 2026 esperamos que el 40% de nuestras operaciones estén vinculadas a la mitigación y adaptación frente al cambio climático, y orientadas a la conservación de la biodiversidad, una realidad que generará un impacto positivo que irá mucho más allá del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales y de la evaluación del riesgo climático.

De este modo, CAF suscribe completamente la línea de pensamiento que defiende que la aplicación de estándares ambientales y sociales debe ser solamente el punto de partida para generar impactos económicos y financieros positivos en la economía.

Nuestras salvaguardas ambientales y sociales cumplen el propósito de establecer estándares óptimos de desempeño de las operaciones que se financian, en cuanto a la mitigación de los potenciales impactos ambientales y sociales negativos. La cultura de la gestión preventiva de los riesgos ambientales y sociales tiene como primera función “no causar daño” a las personas y al medio ambiente; no obstante, el alcance de las salvaguardas está siendo progresivamente mayor porque orienta el desempeño de las operaciones para también lograr el uso sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección de la diversidad biológica y hábitats naturales y gestionar el riesgo climático de forma transversal, favoreciendo la incorporación de componentes que asegurarán la creación de co-beneficios.

En materia social, las salvaguardas ambientales y sociales están orientadas a proteger a las personas, particularmente a aquellas en situación de pobreza o vulnerabilidad, exigir el reconocimiento y respeto de los grupos étnicos, de su organización social, conocimiento tradicional y cultura, sus derechos consuetudinarios, sus derechos humanos, sus derechos sobre su territorio y los recursos naturales que utilizan, así como asegurar la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural (físico o inmaterial), propiciar condiciones de trabajo seguras y saludables.

En términos de género, la política de CAF busca abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe, vía su transversalización en la institución y sus operaciones, en las cuales se promueve el enfoque de género de manera integral para evitar que se profundicen brechas preexistentes o se produzcan impactos adversos.

Más allá de que las salvaguardas son un prerrequisito para poder acceder a recursos de financiamiento de CAF, el éxito en su aplicación se centra en una participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan directamente. Es imprescindible entender la percepción de impacto de las partes potencialmente afectadas y sectores interesados para retroalimentar adecuadamente el diseño de los proyectos y que el desempeño de la gestión ambiental y social atienda estas preocupaciones.

Un factor determinante que favorece la aplicación de las salvaguardas en CAF es que entendemos y conocemos en detalle las regulaciones ambientales y sociales aplicables y las capacidades de respuesta de cada uno de los países. Sobre la base de este conocimiento de las brechas entre la norma local y las salvaguardas, es posible ajustar el enfoque de “obligado cumplimiento”, que se puede aplicar y abordar las necesidades de asesoría y/o asistencia técnica que los prestatarios puedan requerir para asegurar un verdadero impacto positivo de las operaciones.

En esta línea, desde CAF somos conscientes de que esto requerirá intensificar nuestra oferta de servicios de asistencia técnica en favor de los países de la región, por lo que hemos asumido el compromiso de apoyarlos en el desarrollo y ejecución de proyectos que sean ambiental y socialmente sostenibles.