Legislación y proyectos normativos - Alemania

Debida diligencia corporativa en las cadenas de suministro

Ley 9 de junio de 2021

El pasado mes de junio, y en línea con otros países como Francia o Noruega, el Parlamento alemán aprobó la presente ley con el objetivo de crear estándares claros de debida diligencia para que las empresas garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente en sus cadenas de suministro.

Vigilancia y observancia reglamentaria

La nueva ley supone un cambio de paradigma, ya que la responsabilidad de las empresas pasa de ser meramente voluntaria a convertirse en una obligación vinculante. Así, estarán legalmente obligadas a tutelar los derechos humanos y a documentar el cumplimiento de los requisitos de debida diligencia de forma continua, con la publicación de un informe anual en su página web cumpliendo con su deber de transparencia.

Por un lado, se busca que las empresas eviten la vulneración de derechos a través de medidas preventivas (identificar, analizar, mitigar y prevenir los riesgos asociados con sus propias actividades y los de sus filiales, proveedores y subcontratistas con quienes tengan una relación contractual establecida) y por otro, que reparen de forma eficaz el daño que llegara a producirse a los perjudicados.

Las obligaciones de diligencia debida se aplican solo para las relaciones con proveedores directos y no con los indirectos, para los cuales únicamente deberán realizar un análisis de riesgos cuando tengan un conocimiento fundado de una posible violación de los derechos humanos (no de forma proactiva).

Además, si bien la ley menciona la debida diligencia respecto a cuestiones ambientales, no existen muchas referencias en la misma que especifiquen las medidas a llevar a cabo al respecto.

Incumplimiento de las obligaciones

El incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia supondrá la imposición de multas y sanciones significativas por parte de la autoridad competente (la Oficina Federal de Asuntos Económicos y Control de Exportaciones) que variarán en función de la gravedad de la infracción y del volumen de negocios de la empresa, pero que en todo caso serán de hasta el 10% de la facturación anual, y podrán contemplar la exclusión de los contratos públicos durante un plazo de hasta tres años.

No obstante, no se prevé la responsabilidad civil de las empresas por los daños causados por el incumplimiento de estas obligaciones, lo que podría causar que los perjudicados no puedan presentar demandas contra ellas por violaciones de los derechos humanos ante los tribunales civiles alemanes.

Entrada en vigor

La ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023 y será aplicable para aquellas compañías alemanas o multinacionales con sucursal en el país, que tengan más de 3.000 empleados, o bien para aquellas con más de 1.000 empleados a partir de 2024.