El Reglamento aprobado incorpora las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) -organismo gubernamental encargado de establecer los estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales-, situando así la regulación nacional a la vanguardia internacional, por recoger las más novedosas exigencias internacionales.

Como principal novedad, el documento concreta y desarrolla el concepto del “enfoque de riesgo” ya establecido en la vigente Ley, incorporando la exigencia de los sujetos obligados de analizar los principales riesgos a los que se enfrenten, en función del tipo de negocio, producto o clientes con los que establezcan relaciones de negocio. A partir de dicho análisis, los sujetos tienen ciertas obligaciones de tipo procedimental, a fin de que las políticas y procedimientos internos que diseñen se adapten al perfil de riesgo de la respectiva entidad.

Por otra parte, el Reglamento recoge la posibilidad de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria requiera y obtenga información que los sujetos obligados posean o gestionen, como consecuencia de las obligaciones de diligencia recogidas en la Ley. Así mismo, otorga la facultad a los sujetos obligados de comprobar la actividad profesional o empresarial declarada por sus clientes, mediante visitas presenciales a los lugares donde éstos ejerzan su actividad mercantil.