El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publica este informe con el objetivo de marcar la orientación que los reguladores y supervisores deben seguir con las instituciones que prestan servicios para la inclusión financiera.

Guía para reguladores y supervisores

Las orientaciones son aplicables a distintos tipos de instituciones (emisores de dinero electrónico, cooperativas financieras, instituciones microfinancieras, instituciones de depósito, instituciones no bancarias…), y abarcan una amplia gama de productos y servicios financieros, desde el microcrédito tradicional hasta otros tipos de proyectos innovadores diseñados específicamente para los clientes más vulnerables. Además, tratan de servir de referencia tanto para los países miembros del Comité de Basilea como para aquéllos que no lo son.

Orientaciones a 19 Principios

Si bien el documento toma como referencia los 29 Principios de Supervisión Bancaria de 2012, trata especialmente 19 de ellos, entendiendo que los otros 10 restantes no han de ser reformulados.

Los referidos principios se dividen en dos bloques:

• Facultades, atribuciones y funciones de los supervisores (atribuciones, objetivos y potestades; independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal de los supervisores; cooperación y colaboración; actividades permitidas; criterios para la concesión de licencias; enfoque supervisor; técnicas y herramientas de supervisión; informes de supervisión; potestades correctivas y sancionadoras del supervisor; y supervisión consolidada).

• Requisitos y regulaciones prudenciales (gobierno corporativo; proceso de gestión del riesgo; suficiencia de capital; riesgo de crédito, de liquidez, operacional; ; activos dudosos, provisiones y reservas; y utilización abusiva de servicios financieros.

Gobierno corporativo

El Principio 14 establece que es función del supervisor verificar que las instituciones cuentan con sólidas prácticas y procesos en materia de gobierno corporativo que estén en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica de la institución.

En este sentido, el documento expone que el gobierno corporativo garantiza una inclusión financiera sostenible y responsable, basada en una cultura que refuerza los valores de gestión solvente del riesgo y tratamiento equitativo de los clientes.

Por tanto, requiere de los supervisores una buena comprensión del funcionamiento de dichas prácticas y procesos, y de su impacto en el perfil de riesgo de las instituciones. Para ello, deberán realizar las siguientes actuaciones, aplicables en empresas financieras y no financieras, tanto privadas como públicas:

• Guiar a las instituciones sobre sus expectativas de buen gobierno corporativo, debiendo comunicarlas a sus consejos de administración
• Establecer requisitos mínimos para las estructuras de los consejos de administración y criterios de idoneidad de sus miembros
• Orientar a las instituciones para que realicen autoevaluaciones de su grado de cumplimiento de los principios y requisitos regulatorios de gobierno corporativo, lo que requiere una gran interacción entre el supervisor y las instituciones
• Comprobar que los consejos de administración establecen y comunican la cultura y valores corporativos a lo largo de toda la institución y que, junto con la alta dirección, entienden, gestionan y mitigan de forma eficaz los riesgos
• Asegurar que se responde con la transparencia adecuada a las preocupaciones que surgen ante transacciones con partes vinculadas

Microcrédito tradicional

Al final del documento se incorporan cinco Anexos, que abarcan aspectos en materia de protección del consumidor financiero y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se definen ciertos términos (cooperativa financiera, institución de depósito y de microfinanciación, entre otros) y se presentan las características distintivas del microcrédito tradicional y sus principales riesgos específicos.

Inclusión financiera

Esta guía busca que reguladores y supervisores actúen teniendo en cuenta la importancia sistémica y el perfil de riesgo de las instituciones supervisadas, para lo cual plantea la existencia de una asignación eficaz de los recursos, y de un conocimiento especializado de la naturaleza y nivel de riesgos asociado a la actividad de inclusión financiera.