editorial

Venezolanos desplazados en Colombia: integración a la vista

Elizabeth Martínez de Marcano, gerente para la Región Andina de la Corporación Financiera Internacional (IFC)

La crisis de los desplazados es un desafío que amenaza con poner en jaque al mundo en el mediano plazo. De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cada dos segundos una persona es forzada a huir en busca de seguridad. Existen, por lo menos, 79,8 millones de individuos alrededor del orbe que han sido obligados a escapar de sus hogares.

Una de las mejores maneras de promover la inclusión financiera de los migrantes es a través del empoderamiento de la mujer

Según la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984), un desplazado por la fuerza es un individuo que se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual a causa de amenazas indiscriminadas a su vida, integridad física o libertad, sea por violencia generalizada, hechos que perturben gravemente el orden público, inestabilidad sociopolítica, crisis económica o desastres naturales.

Los flujos migratorios ejercen una presión significativa sobre las sociedades de acogida. La crisis ha golpeado con especial fuerza a América Latina y el Caribe (LAC) en los últimos años. Según ACNUR, hay más de 11,6 millones de desplazados en la región. La mayor parte de ese número proviene de Venezuela. Colombia, Perú, Ecuador y Brasil han recibido a la mayoría de estos venezolanos. Las ciudades se han convertido en receptores naturales de los desplazamientos migratorios. No solo porque se consideran centros de oportunidades laborales y crecimiento económico, sino también porque ofrecen cierto nivel de infraestructura, vivienda, salud, servicios y asistencia social; así como el acceso a financiación de servicios.

Como sucede en todas las esferas del desarrollo, el Estado no puede responder plenamente a los desafíos intrínsecos al desplazamiento de personas, el cual probablemente irá al alza ante los crecientes conflictos sociopolíticos, la crisis económica y la escasez de recursos producida por el cambio climático. La participación del sector privado es crucial para resolver el problema; la ayuda a desplazados, sin embargo, rara vez es parte sustancial de los programas de responsabilidad social de las corporaciones.

Esta dinámica comienza a transformarse, y el epicentro de ese cambio parece ser la zona andina. El 31 de agosto, la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, el primer banco de microfinanzas creado en Colombia, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la oferta de productos y servicios financieros a los migrantes venezolanos, especialmente mujeres, con el objetivo de ayudarlos a integrarse con éxito a las dinámicas sociales y económicas de ese país.

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Elizabeth Martínez de Marcano, gerente para la Región Andina de la Corporación Financiera Internacional (IFC)

Impulsado por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (The Women Entrepreneurs Finance Initiative, We-Fi), el acuerdo contempla implementar herramientas de acercamiento que permitan conocer las necesidades, desafíos, preferencias, experiencias y aspiraciones de los migrantes venezolanos en todo lo referente al uso de servicios financieros y bancarios. El apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo a las manejadas por mujeres emprendedoras, resultará imperativo para impulsar la integración de los inmigrantes a la vida económica de Colombia, sobre todo bajo el contexto de la crisis económica provocada por la COVID-19.

Uno de los aspectos más inspiradores de este acuerdo es su enfoque especial de género. La mitad de las nuevas cuentas de ahorro y créditos que se deriven de este proyecto serán destinadas a mujeres. En IFC estamos totalmente convencidos de que una de las mejores maneras de promover la inclusión financiera de los migrantes es a través del empoderamiento de mujeres que busquen un mejor horizonte de vida para ellas y sus familias.

El sector privado debe identificar oportunidades para los migrantes y sus comunidades de acogida en cuatro vertientes: inclusión financiera y promoción de emprendimientos, entrega de servicios básicos como educación y energía, establecimiento de políticas que impulsen la creación de negocios y el aprendizaje de lecciones compartidas con aliados y grupos de interés.

El desplazado no sólo experimenta la ya de por sí traumática experiencia de dejarlo todo para encontrar mejores condiciones de vida, sino que su trayecto está caracterizado por la explotación de sociedades incapaces de aceptar la otredad del migrante. La mayoría quizá nunca logre encontrar un nuevo hogar. Con una participación más activa del sector privado, las probabilidades de evadir ese destino serán mayores. Todos merecemos la posibilidad de comenzar de nuevo.