Mucho hemos leído acerca de la desintegración política y militar del Imperio Romano de la  mano de los pueblos germánicos, período precedido de Guerras Civiles, revueltas sociales, plagas, despoblación, etc. Sin embargo existe cierto consenso en que todo ello estuvo a su vez precedido por una fuerte crisis económica caracterizada por fuerte inflación, escasez, recesión y caída del comercio, que desembocó en una especie de autarquía.

El desarrollo del sector no depende solamente de que las instituciones desarrollen un modelo innovador, sostenible y de bajo coste de atención, sino también de que tengan sobre todo un entorno regulatorio adecuado, adaptado al tamaño, a los riesgos y a las características específicas de las instituciones

Años antes el Imperio Romano había estado precedido por una larga bonanza  que tuvo su máximo esplendor en el período de Augusto y Tiberio,  siendo la decadencia posterior,  para muchos historiadores,  producto de un Estado más interventor, regulador y regímenes tributarios confiscatorios.

Como vemos, la discusión de la regulación y sus impactos en la economía se remonta a épocas ancestrales, siendo uno de los temas más controversiales de la economía política.

Las opiniones y teorías alrededor del tema se mueven de forma similar a las aproximaciones ideológicas que se tengan de la economía, que van de la total intervención en los mercados, donde con la intención de subsanar fallos de mercados se legitima la participación directa del Gobierno en las actividades productivas, promoviendo, por ejemplo, la industrialización por sustitución de importaciones, interviniendo directamente en los principales sectores de la economía y extendiendo la propiedad pública de empresas hasta la total desregulación que otros plantean.

En la actualidad existe un fuerte consenso alrededor de la idea de que un régimen regulatorio es eficaz en la promoción del desarrollo y el crecimiento económico en la medida que actue sobre mercados incompletos, resuelva asimetrías de información y externalidades, mitigue las barreras de entrada a los mercados e intervenga cuando existan características de bien público en las transacciones económicas.

La institucionalidad juega un rol central en la regulación. En los países en desarrollo no basta con construir estructuras reguladoras eficaces, no es simplemente un problema de diseño técnico de los instrumentos regulatorios más adecuados, también se refiere a la calidad y capacidad de las instituciones reguladoras, que es en la práctica para muchos países el mayor reto.

Incluso si se parte de un marco regulatorio que cumpla con estos principios, la relación entre regulación y crecimiento es compleja. El impacto de la regulación en el crecimiento no es directo sino que actúa a través de dos drivers fundamentales: la inversión y la productividad.

La regulación puede tener un impacto positivo sobre el crecimiento mediante la eliminación de estas fallas y mejorar la eficiencia económica del mercado, fomentando simultáneamente tanto la inversión y la productividad. Sin embargo, la regulación puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento mediante la creación de sustanciales costos de cumplimiento o de distorsiones no deseadas de mercado. El impacto global de la regulación en el crecimiento depende de qué efecto es mayor.

La regulación posterior a la última crisis financiera es un claro ejemplo de ello. En líneas generales, la necesidad de una regulación depende de la percepción de la última crisis que, en este caso en particular, para muchos es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos conservadores de la década de los 80', induciendo la lectura que los mercados con poca regulación no son ni eficientes ni estables.

Todo ello desembocó, como es normal, en un incremento significativo en la regulación, siendo el foco predominante de los reguladores la estabilidad del sistema financiero, incorporando elevados costes para las entidades, teniendo como objetivo, la búsqueda de mayor estabilidad.

Sin entrar a considerar la pertinencia o no del nuevo marco regulatorio y su dinámica, se observa como evidencia que en la zonas donde la regulación ha sido más restrictiva la economía crece menos, los riesgos no se mitigan y la reacción ha sido profundizar los requerimientos regulatorios creando un entorno de incertidumbre que constituye una fuente adicional de riesgos para las instituciones y refuerza el impacto negativo.

Esto impone la necesidad  de analizar bien los impactos de la regulación para no lastrar el crecimiento económico. En un escenario de bajo crecimiento o recesivo, el temor hace que los individuos restrinjan su consumo y las empresas sus inversiones, el resultado es un mayor debilitamiento de la economía que confirma los temores y lleva a una mayor restricción. La caída se profundiza y genera un círculo vicioso, donde los riesgos se incrementan y los costes regulatorios relativos lo hacen en igual medida.

Volviendo a un plano más general, la literatura que utiliza medidas agregadas de regulación (por ejemplo indicadores de Doing Business del Banco Mundial),  concluyen que las diferencias entre países en las tasas de crecimiento pueden explicarse en parte por diferencias en el nivel de regulación.

Esta relación es no lineal. Es decir, los beneficios para reducir el nivel de regulación son mayores para los países altamente regulados y disminuyen para aquellos con bajos niveles de regulación, de lo que se puede inducir la existencia de un nivel óptimo de regulación asociado a actuar sobre mercados incompletos, resolver asimetrías de información e impactos de las externalidades y mitigue las barreras de entradas a los mercados. Esto es particularmente relevante para los países emergentes o en desarrollo.

Los reguladores tienen que incorporar en sus decisiones que hay un equilibrio entre los beneficios de la regulación y el crecimiento económico, así como su potencial efecto negativo sobre la creación de empresas y la iniciativa empresarial.

Por lo general, las grandes empresas que operan en los mercados tienden a superar los costos de cumplir con las regulaciones más fácilmente que las pequeñas empresas, en la medida que el componente de costes fijos asociado a la regulación son muy altos. Situación similar ocurre con las nuevas empresas.

No es casual que las industrias más reguladas experimenten una menor tasa de nacimiento de empresas y el crecimiento más lento del empleo, sobre todo en empresas pequeñas con respecto a sectores menos regulados.

Esto cobra mayor relevancia en los países emergentes o en desarrollo, donde la regulación tiende a no considerar los efectos relativos entre distintos segmentos, imponiendo en muchos casos grandes barreras que explican el elevado peso del sector informal dentro de la economía, dadas las importantes asimetrías que hay entre ser formal o ser informal.

Esto constituye un freno al crecimiento de las pequeñas empresas, explicando altas tasas de subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario, e impactando de forma negativa en la productividad agregada de la economía y, por end,e el crecimiento potencial de éstas.

Muchas de las personas y pequeñas empresas que actúan en estos entornos se encuentran excluidas del sistema financiero. La inclusión financiera es esencial para disminuir la vulnerabilidad y lograr un crecimiento económico más inclusivo. Sus causas se encuentran en altos costes de entrega,  fallas de mercado derivadas de información imperfecta, asimetrías de información, ausencia de derechos de propiedad y colaterales, entre otros. Sobre esta realidad debe operar el sector de las Microfinanzas.

El desarrollo del sector no depende solamente de que las instituciones  desarrollen un modelo innovador, sostenible y de bajo coste de atención, sino también de que tengan sobre todo un entorno regulatorio adecuado, adaptado al tamaño, a los riesgos y a las características específicas de las instituciones. Se debe apuntar a seguir avanzando en la construcción de un  marco regulatorio y de supervisión adecuado, que vele por minimizar los costos de oportunidad y distorsiones que fomenten la innovación.

Evitar las ineficiencias asociadas a la sobreregulación o “represión regulatoria” es un factor que fomenta el desarrollo del sector. Un ejemplo paradigmático de ello son las políticas de topes a las tasas de interés.

Recurrentemente se manifiestan inquietudes sobre el nivel de tipos de interés que cobran las instituciones microfinancieras, sobre todo cuando se comparan con el resto de instituciones del sistema y, al ser más altas, se apunta a que reflejan la ineficiencia e insensibilidad de estas instituciones con los más pobres.

Al tratarse de operaciones pequeñas, con elevados costes de entrega por los factores que caracterizan a este mercado, se requiere cubrir costos que resultan elevados frente al tamaño del préstamo.

Ante esto, muchos reguladores han optado por introducir techos a los tipos de interés que en todos los mercados en los cuales se han aplicado y, en la medida que se alejan de los tipos racionales de operación, terminan con el retiro de operaciones de las comunidades más pobres y aisladas, concentrando las operaciones en zonas urbanas y aumentado el tamaño medio de sus préstamos para aumentar su eficiencia y rentabilidad.

Adicionalmente sacan del mercado a las instituciones más jóvenes, fomentando una mayor concentración. Para las nuevas instituciones, los gastos operativos representan el 56% de la cartera bruta, mientras que para las mayor antigüedad el 18%. En la medida que se consolida el sector, se produce una convergencia a operar a tipos inferiores. Los topes máximos para las tipos de interés que se fijan a un nivel demasiado bajo para que el microfinanciamiento sea sostenible, reducen el acceso de los pobres a los servicios financieros y expulsan del mercado a las instituciones jóvenes, excluyendo por ende a los estratos más desfavorecidos que en principio intenta proteger con la regulación.

Uno de los principios básicos de la regulación es que fomente la eficiencia, la eficacia y la simplicidad de los mercados sobre los cuales actúen. Con estos principios, se fomenta el  impacto positivo sobre la estabilidad de los mercados que regulan, así como el crecimiento económico y el bienestar de la población, que debería ser el fin último del regulador.

 

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