...cuando las microfinanzas aportan otros servicios complementarios es cuando se encuentran los mejores resultados. Estos servicios complementarios incluyen el empoderamiento de las mujeres, que han demostrado ser mejores administradoras y multiplicadoras de los activos...

José Manuel Salazar-Xirinachs es director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe con sede en Lima, Perú, desde 1.° de junio de 2015. Es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y Bachiller en Economía por la Universidad de Costa Rica.

De 2005 a 2013 fue Director Ejecutivo del Sector de Empleo de la OIT, con sede en Ginebra, Suiza. Fue Director de la Unidad de Comercio de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C. (1998-2005), unidad técnica de apoyo a las negociaciones para el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica (1997-98); Director Ejecutivo y Economista Jefe de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) (1990-97). En 1995 fundó, y gestionó hasta 1997, el Consejo Empresarial para la Integración Hemisférica.

Ha publicado ampliamente sobre políticas de crecimiento económico y desarrollo productivo, comercio y competitividad, integración económica, empleo y talento humano. Entre sus libros se encuentran: Towards Free Trade in the Americas (Brookings Institution, 2001); Trade and Employment: From Myths to Facts (2011); Transformando economías: haciendo que la política industrial funcione para el crecimiento, el desarrollo y el empleo (2014), co-editado con I. Nubler y R. Kozul-Wright (edición en español 2017 por Plaza y Valdés).

Fue miembro del Consejo Asesor del Reporte sobre Desarrollo Humano del 2010 y de la Junta Directiva del Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) (2012-2015). Desde 2015 ha sido miembro del Consejo Asesor sobre el Futuro de la Producción del Foro Económico Mundial.

 

1. ¿Le gustaría compartir con nosotros cuál fue la prioridad que se impuso en la agenda de trabajo tras su nombramiento como Director Regional?

Al asumir la Dirección Regional de la OIT para América Latina y el Caribe en Junio de 2015, consideré importante definir un número reducido de temas prioritarios para agrupar y alinear mejor los diversos mandatos de la Organización con las necesidades de la región. Definimos tres grandes prioridades: (1) Políticas de Desarrollo Productivo (PDPs) para el crecimiento inclusivo con más y mejores empleos; (2) Promoción de la formalización, y (3) Respeto y aplicación de las normas internacionales del trabajo (NITs).

En la Prioridad (1) en particular, innovamos en el sentido de poner el énfasis en las PDP como el área de política donde residen los instrumentos más poderosos para influir sobre la transformación estructural, la productividad y las características que debe tener el crecimiento (sostenido, inclusivo y sostenible, según el Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) para tener mayor tracción en los mercados de trabajo y crear empleos de calidad.  Una productividad promedio que es menos de la mitad de la de los países líderes, y una brecha que se ensancha; un desarrollo productivo todavía altamente dependiente de la exportación de pocos productos primarios y poco diversificado; un gran predominio del “cuentapropismo” y de la microempresa, en vez de empresas medianas y grandes, y las nuevas revoluciones tecnológicas y paradigmas productivos, son todos factores que señalan que el camino hacia la creación de empleos de calidad en la región pasa necesariamente por prestarle mucho mayor atención que lo que se hace hoy día a los temas del desarrollo productivo, la productividad y el talento humano.

La Prioridad 2 es imperativa en una región en la que a pesar de una reducción de 4 puntos en la “década de oro” de alto crecimiento 2003-2013, todavía el 47% del empleo total es informal. Está muy vinculada por supuesto con la Prioridad 1, pero tiene especificidades que justifican darle un tratamiento separado e integrado.

La Prioridad 3 agrupa una variedad de temas y retos relacionados: las brechas de inadecuación de la legislación laboral en relación con las NIT que existen en algunos países; las violaciones en el respeto y aplicación de los derechos fundamentales, especialmente en materia de libertad de asociación o libertad sindical y negociación colectiva; los niveles inaceptables de trabajo infantil y de trabajo forzoso, a pesar de avances; la existencia de varios tipos de discriminación, en particular, pero no exclusivamente, en materia de género. Esta prioridad incluye también el tema de la discriminación experimentada por los pueblos indígenas y la aplicación del Convenio 169, así como la necesidad de fortalecer la administración e inspección del trabajo.

2. En su opinión, ¿cuáles son los principios irrenunciables que deben guiar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para contribuir a una transformación productiva que permita un crecimiento económico que genere empleo en América Latina?

En los 80s y 90s hubo un debate muy ideológico y estéril sobre el papel del Estado y el mercado cuando se hablaba de políticas industriales o Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) que yo creo que hizo mucho daño porque llevó a la parálisis mientras otros países, en particular en Asia, lograron exitosas innovaciones en instituciones y formas de colaboración para mejorar su competitividad y productividad. Afortunadamente esto ha cambiado en la región hacia una conversación más pragmática que, como dice Dani Rodrik, ha “normalizado” las PDP, y que se enfoca en cómo poner en práctica PDPs que funcionen y que aceleren los procesos de aprendizaje y transformación económica. Esto es más importante que nunca en la era de la IV Revolución Industrial. Por cierto yo edité recientemente un libro sobre esto que acaba de salir en español.

La necesidad de desarrollar formas inteligentes de colaboración público-privada y entre todos los actores relevantes es hoy día ampliamente reconocida y se basa en 3 razones, o  principios, fundamentales: i) nadie tiene toda la información, ni el sector público, ni el privado. Hay que agregar información mediante diálogos y comités que involucren: empresas de todos los tamaños en el cluster, sector público, trabajadores, laboratorios, centros de formación y otros actores relevantes; ii) el desarrollo productivo es un área caracterizada por la incertidumbre estratégica: nadie sabe lo que hay que hacer, de lo que se trata es de hacer una construcción colectiva. Se requieren “procesos de descubrimiento” colaborativos, en los que los actores identifiquen los problemas y en conjunto trabajen y colaboren en sus soluciones. Esto es lo que se conoce como “gobernanza experimentalista”; y (iii) es necesario instalar políticas de largo plazo, políticas de estado, no de un gobierno.

El problema en América Latina es que, como acertadamente ha dicho Sergio Bitar, “ha existido un excesivo predominio de un pensamiento macroeconómico, que delega en el mercado la definición del rumbo y pregona un Estado mínimo. Pero, esto no es así ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Corea ni menos en China. Tampoco en la Unión Europea. Las decisiones estratégicas las adopta la sociedad y se impulsan desde el Estado, para ponerse en una posición de ventaja. Y ello es más cierto que nunca hoy ante el cambio tecnológico acelerado.”

Efectivamente, la nueva ola de cambios tecnológicos acelera la dinámica de creación y destrucción de empleo y la demanda por nuevas habilidades. Esto reta a los sistemas de educación formal y de formación vocacional no solo a mantenerse al día sino a anticipar los cambios. Así que alinear las políticas educativas y de formación profesional con las políticas de desarrollo productivo y de empleo es hoy día un principio que debe ser más importante que nunca.

Otro punto que debe tenerse claro es que las PDP hoy en día no deben ser concebidas, como en el pasado, simplemente como un esfuerzo de industrialización. Las nuevas tecnologías han generado un nuevo sistema de producción y han eliminado las distinciones tradicionales entre actividades agrícolas, industriales y de servicios. Tampoco se trata de volver al proteccionismo, no es volver a aranceles. Lo que sí deben ser las PDP es una concentración coordinada de esfuerzos, encabezados por la política pública, de los distintos actores nacionales, agencias públicas, empresas privadas, representantes de los trabajadores, universidades y centros de investigación, acompañadas de alianzas internacionales.

Finalmente, el principio de instalar políticas de largo plazo es fundamental. En los países de la región hay una enorme falta de capacidad de previsión, de diálogo y planificación de largo plazo. La región se caracteriza por tener horizontes de planificación cortos, y por la ausencia de espacios y ejercicios de pensamiento y diálogo estratégico. Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo publicó en 2011 el Reporte Asia 2050: Realizing the Asian Century, con el objetivo de tomar acciones para mantener el impulso por los siguientes 40 años. El escenario pesimista es, ni más ni menos, que Asia siga el camino de América Latina de los últimos 30 años y caiga en la trampa del ingreso medio. Y este escenario se presentó como una llamada de alerta (“wake up call”) para los líderes de los países asiáticos. A la América Latina se la presenta como una región poco dinámica, con bajos niveles de inversión, incrementos modestos en productividad, timidez para llevar a cabo proyectos de largo plazo, excesiva desigualdad y falta de pragmatismo en debates entre el rol del Estado y del mercado, donde predomina la ideología. Debemos reconocer, aunque nos duela, que esta caracterización nos describe con bastante precisión. Esta debe ser nuestra llamada de alerta para no hacer más de lo mismo y para entrarle en serio a las políticas de desarrollo productivo y productividad.

En resumen, yo diría que la necesidad de agregar información, de hacer “gobernanza experimentalista” para enfrentar la incertidumbre estratégica, de instalar políticas de largo plazo y de alinear las políticas educativas y de formación profesional con las políticas de desarrollo productivo, son algunos de los principios clave para promover la transformación económica y productiva hacia un proceso de crecimiento más sostenido, inclusivo y sostenible con más y mejores empleos.

3. ¿Cuáles de las políticas puestas en marcha en América Latina han tenido para Usted mejores resultados en el camino hacia la inclusión económica y social?

Hay muchos ejemplos de intervenciones y programas que han contribuído a la inclusión económica, o productiva vía empleo, y la social, vía mejoramiento y expansión de los sistemas de protección social. La variedad de programas están dirigidos a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores o empresas informales para promover su formalización, la erradicación del trabajo infantil para que los niñas y niñas se eduquen, la expansión de la cobertura la seguridad social, etc. Yo diría que los resultados más significativos en términos de grandes números se encuentran en materia de reducción de la pobreza. Recordemos que entre 2000 y 2015 salieron de la pobreza más de 83 millones de latinoamericanos, y la tasa promedio de pobreza se redujo de 45% en el 2002 a 29% en la actualidad.

El tema de reducción de la pobreza es complejo porque no todo este impresionante avance es atribuible a programas sociales, una buena parte es atribuible a las altas tasas de crecimiento y al empleo creado durante la “década de oro” comprendida en ese período. Pero fue la combinación de crecimiento alto y sostenido con los innovadores programas de transferencias condicionadas (PTCs), o “con corresponsabilidad”, lo que produjo estos resultados. En 1997 sólo había 3 PTCs en la región y en 2010 dieciocho países tenían este tipo de programas, incluyendo Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México, Avancemos en Costa Rica, Chile Solidario, Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, y otros.

Estudios y evaluaciones recientes, por ejemplo por la CEPAL, confirman la efectividad de estos programas, y analizan las circunstancias y características que más han contribuido a buenos resultados. Adecuado financiamiento es una condición necesaria, y no es casualidad que los programas más exitosos se hayan dado en un período de alto crecimiento y en países que han tenido el espacio fiscal para financiarlos. La efectividad de estos programas depende también de la presencia de sólidos sistemas universales de salud y educación, así como de una economía dinámica que logre generar de manera sostenida empleos de calidad.

Creo que es importante mencionar también los avances en materia de educación. A pesar de todas sus deficiencias en términos de calidad y pertinencia, medidas por los bien conocidos test de PISA, la realidad es que los sistemas educativos se han ampliado hasta prácticamente la universalidad de la educación básica, y hacia un incremento importante en la matrícula en secundaria y terciaria. Esto es muy importante porque la evidencia sobre el impacto de la educación sobre la empleabilidad y la calidad del empleo es muy clara: la educación mejora las posibilidades de conseguir un empleo. Los individuos con educación terciaria son más susceptibles de ser contratados que aquellos con educación secundaria y estos últimos lo son más que aquellos con educación primaria. Desafortunadamente existen en los países de la región grandes brechas en calidad y pertinencia, lo cual es muy preocupante, porque como hemos argumentado en un reporte reciente, sería difícil concebir mayor injusticia a las nuevas generaciones que hacerlas pasar por 10, 11 o 12 años de educación académica, solo para que descubran, al concluirla, que no tienen los instrumentos necesarios para conseguir un buen trabajo y ganarse la vida dignamente con ese trabajo. (http://www.oitcinterfor.org/publicaciones/futuro_fp)

Finalmente, quisiera mencionar los avances muy significativos en materia de erradicación del trabajo infantil que ha caído sustancialmente en los últimos 15 años, en más de 9.5 millones de niños, niñas y adolescentes que han dejado de trabajar desde el año 2.000.  Esto se debe a políticas específicas que tienen relación directa con las causas de este fenómeno y ha sido un esfuerzo conjunto de los Gobiernos, las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores, la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional.

4. Una de las prioridades de la OIT en la región es superar los retos de la informalidad. En su opinión, ¿qué deberían hacer las instituciones del sector público para abordar el reto de la informalidad?

Lo primero que deben hacer es reconocer que la informalidad es un fenómeno heterogéneo, hay informalidad del empleo e informalidad de las unidades económicas o empresas. Hay ocupaciones que se caracterizan por un alto nivel de informalidad como el trabajo doméstico y otras con una incidencia de informalidad muy baja. La informalidad tiene mucho mayor incidencia en los trabajadores por cuenta propia y las micro y pequeñas empresas que en las empresas medianas y grandes. Y afecta más a los trabajadores con menor nivel de educación, a las mujeres, los jóvenes y los más pobres. Esto quiere decir que una sola política no funciona para esta diversidad de situaciones. Cada grupo meta debe tener su paquete de política o modelo de intervención apropiado. Por eso los programas para atacar la informalidad que se enfocan solo en instrumentos tributarios, por ejemplo, son insuficientes.

Lo segundo que deben hacer es adoptar enfoques integrados con diversos puntos de entrada. Los paquetes de política deben considerar varios instrumentos: (1) modificaciones normativas o regulatorias en materia tributaria, laboral, de seguridad social, de registro de empresas u otras que reduzcan los costos de la formalidad o en algunos casos generen regímenes específicos para determinados  grupos de trabajadores. (2) La generación de incentivos para la formalización tales como el “monotributo” que consolida y reduce las cargas tributarias para las micro y pequeñas empresas; o medidas que faciliten y reduzcan los costos de la afiliación a la seguridad social y avancen hacia una protección social universal. (3) Fortalecer la capacidad de cumplimiento de las normas, a través del fomento de una cultura de cumplimiento con campañas de sensibilización y fortaleciendo la capacidad de la administración e inspección del trabajo. Todo lo anterior ayuda, pero mucho de la informalidad es un fenómeno estructural asociado al crecimiento bajo y volátil de las economías. Es decir, que la reducción de la informalidad requiere un entorno propicio para la inversión, y políticas de desarrollo productivo que enciendan nuevos motores de crecimiento y promuevan el desarrollo de las empresas medianas y grandes. Es la combinación de estas intervenciones y factores, hechas a la medida de los diferentes grupos meta, lo que en el agregado puede “mover las agujas” de la informalidad en la dirección y con la escala necesaria.

En América Latina y el Caribe, la OIT promueve el tránsito de la economía informal a la economía a través del Programa de Promoción de la Formalización – FORLAC creado en el año 2013, que ahora sigue las directrices de la Recomendación 204 sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en el 2015. Este el primer instrumento normativo internacional aprobado por consenso de los representantes tripartitos de los 186 países miembro de la OIT, que promueve un enfoque integrado de políticas sobre las líneas que acabo de mencionar.

5. ¿En qué medida considera que las microfinanzas contribuyen a favorecer la inclusión socioeconómica y la creación de empleo?

Creo que es importante reconocer que hoy día, cuando se habla de microfinanzas, no estamos hablando solo de microcréditos, sino de un paquete de servicios que incluyen ahorro, seguros y servicios de pago.

La inclusión financiera en general, que incluye pero no se limita al microcrédito, ha avanzado de manera importante. Se estima que en América Latina y el Caribe, entre 2011 y 2014, el porcentaje de personas con acceso a servicios financieros (en un banco, institución de microfinanzas, cooperativa financiera, tarjeta de débito o dinero móvil) aumentó unos 10 puntos, hasta 52%. (Global Findex database for 2014). De esto se estima que hay 18.5 millones de clientes en la región que tienen un microcrédito (FOMIN - Financial Inclusion and Financial Systems in Latin America and the Caribbean: Data and Trends 2016).

La revolución digital ha bajado costos, ha permitido una penetración mucho más amplia de servicios financieros, y ha ayudado a extender la inclusión financiera. A pesar del avance, un 48% de la población aún no tiene acceso a servicios financieros.

Los resultados sociales, económicos y en empleo de las microfinanzas son variados y complejos de evaluar. La evidencia sugiere que el impacto depende en gran medida de cómo se implementan los programas y de los servicios adicionales o de acompañamiento con que se combinen. Una lección importante es que para mejores impactos se necesitan a la par políticas sociales y de desarrollo productivo (apoyo a micro y pequeñas empresas, capacitación laboral) activas,  impulsadas por los gobiernos y muy localizadas y dirigidas a promover la inclusión social y productiva.

Numerosos estudios de las microfinanzas señalan que el gran problema de los muy pobres que desempeñan algun tipo de actividad comercial, productiva o de servicios, es que sus ingresos son muy irregulares, muy bajos, y son usados principalmente para el consumo de supervivencia. Por eso necesitan el rango completo de servicios financieros, tanto para mejorar sus negocios como para protegerse de los diversos riesgos que los amenazan.

Restringirse a suplir recursos para atender una necesidad momentánea de consumo o de actividad comercial informal de supervivencia a través de microcréditos, aporta poco a los sectores pobres para salir de la trampa de la pobreza. Sin embargo, cuando las microfinanzas aportan otros servicios complementarios es cuando se encuentran los mejores resultados.  Estos servicios complementarios incluyen el empoderamiento de las mujeres, que han demostrado ser mejores administradoras y multiplicadoras de los activos dados; capacitaciones financieras y tecnológicas para hacer mejor uso de servicios adaptados para las condiciones de los estratos pobres; entrenamiento en competencias y empresarialismo; servicios colaterales como planes de seguro y ahorro. Y en el caso de las zonas rurales servicios de asesoría y extensión agrícola.

En cuanto al impacto de las microfinanzas en la creación de empleo, hay poca información clara. A través de su proyecto “Microfinanzas para el Trabajo Decente” la OIT ha investigado el impacto de varios programas concretos desarrollados por instituciones de microfinanzas en dimensiones como la reducción del trabajo infantil, la formalización del empleo, la reducción del empleo vulnerable, y el desempeño empresarial. Se encontraron resultados positivos, aunque modestos, en todas estas dimensiones. (ILO Microfinance for Decent Work action action research report).

Es importante recordar también que cada vez más los inversionistas en instituciones de microfinanzas están adoptando indicadores de desempeño social en sus procesos de diligencia debida y monitoreo para garantizar que sus inversiones produzcan impactos positivos.

Para asegurar resultados positivos, la forma en que se monitorean las microfinanzas es vital. El grupo de Social Performance Task Force, del cual la OIT es un miembro activo, ha desarrollado estándares para la gestión del desempeño social, que orienta a las instituciones de microfinanzas para mejorar los resultados sociales. Y la Fundación Microfinanzas BBVA destaca por sus esfuerzos en desarrollar indicadores para monitorear el desempeño de sus clientes y no solamente los indicadores operacionales de la institución. Muy pocas entidades financieras cuentan con este tipo de indicadores a pesar del crecimiento de los volúmenes de financiamiento.

6. América Latina y el Caribe se caracterizan por un predominio de micro y pequeñas empresas que, con frecuencia, no logran ser sostenibles por su mayor informalidad y por su baja productividad. ¿Qué políticas cree que deberían promover los países para que las pequeñas y microempresas puedan superar estas debilidades?

La mayoría de las micro y pequeñas empresas de América Latina no crecen ni se formalizan. Los últimos datos disponibles indican que en la región hay unas 11 millones de unidades económicas que contaban con al menos un trabajador además del empleador, una vasta mayoría de las cuales son MYPE, alrededor de 10 millones, y solo un millón son empresas medianas y grandes. Estas últimas generan tan solo el 19% del empleo en la región.

Este predominio de MYPE y de trabajadores por cuenta propia en la estructura productiva de América Latina y el Caribe, y la falta de empresas medianas, es un freno al crecimiento de la productividad y de los empleos de calidad. Es por esta estructura por tamaño de las unidades económicas que 80% de la fuerza laboral trabaja en sectores por debajo del promedio de productividad de la región y sólo 20% de la fuerza laboral trabaja en sectores sobre el promedio de productividad, lo cual se traduce de manera directa en desigualdades en los mercados de trabajo.

La realidad es clara, la mayoría de políticas de apoyo a las PYMES en América Latina no están funcionando. ¿Por qué? Hay al menos dos razones: muchos gobiernos apuestan por regímenes especiales en lugar de mejorar el ecosistema empresarial. Estos “microclimas favorables” son por lo general insuficientes para estimular procesos sostenidos de transformación productiva. Peor aún, este tipo de políticas generan incentivos perversos para el crecimiento empresarial, pues los beneficios expiran cuando la empresa alcanza un cierto tamaño. Conviene por lo tanto operar a baja escala para mantener el acceso a los subsidios del Estado.

¿Qué hacer? Hay que revisar el enfoque de este tipo de políticas. Es necesario pasar de políticas PYMES a políticas de transformación productiva y desarrollo de clusters o cadenas de valor. Estas políticas deben acompañarse, por supuesto, de políticas de mercado de trabajo para reducir las brechas de trabajo decente en el sector de las MYPE. Bajo este enfoque se debe promover un ecosistema empresarial que elimine barreras al crecimiento de empresas medianas, y estimulen procesos colaborativos de mejora continua de la productividad y de colaboración e internacionalización entre empresas de todos los tamaños, agregando complejidad económica al tejido productivo para competir con éxito en mercados internacionales.

Para implementar con éxito este nuevo enfoque de política productiva es indispensable repensar la institucionalidad pública. Hace falta un nuevo modelo de gestión estatal capaz de asumir riesgos, con la debida transparencia y rendición de cuentas, y capaz de operar con flexibilidad e innovación, por medio de una estrecha cooperación público-público y público-privado. Las agencias de innovación, fomento productivo y apoyo a clústeres que operan en naciones como Chile, Irlanda, y el país Vasco, son ejemplos de buena práctica en este campo.

7. ¿Cuáles considera que son las causas que impiden reducir la brecha de género en el mercado laboral en América Latina?

Empecemos por reconocer que ha habido avances. La tasa de participación laboral de las mujeres ha aumentado progresivamente y en 2016 pasó la barrera del 50%. La mejora en el acceso a la educación de las niñas y el aumento de la participación de las mujeres en la educación superior están detrás de este importante avance. Sin embargo, la tasa de participación de los hombres sigue siendo 25 puntos superior a la de las mujeres, y la tasa de desocupación de las mujeres es más alta que la de los hombres y alcanzó 10,4% en el 2016. La informalidad afecta en particular a las mujeres; las mujeres se concentran en los sectores de baja productividad. Además, la brecha salarial se ubica en el 15%, a pesar de una reducción en la última década. Estos son los datos promedio de la región.

¿Por qué persisten las brechas? Hay varios factores en juego. Una encuesta realizada por la OIT en colaboración con Gallup en 2016 en 142 países trató de identificar los retos que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres. En América Latina, a excepción de Brasil, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar --incluyendo la existencia de servicios de cuidado asequibles—fue el problema identificado como más importante. La insuficiente inversión pública en políticas integrales de cuidados hace que el cuidado de las personas dependientes siga siendo una responsabilidad  fundamentalmente de las familias, y la falta de involucramiento de los hombres hace que esta responsabilidad recaiga en las mujeres. La conjugación de ambos factores convierte este tema en una de las mayores limitaciones que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo y, una vez que están, para desarrollar una carrera profesional en condiciones similares a las de los hombres. Por tanto, para avanzar hacia la igualdad es necesario promover la corresponsabilidad en el cuido y desarrollar la infraestructura de cuido.

Otra causa de las brechas es la persistencia de los estereotipos de género, que sigue confinando a las mujeres a un número muy reducido de ocupaciones, muchas de ellas vinculadas al rol que tradicionalmente han desempeñado en el hogar. Esta segregación es en parte la consecuencia de la segregación que se da en las aulas, que se refleja en la menor presencia de mujeres en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en general en las áreas más tecnológicas tanto en la universidad como en la formación para el trabajo. Incorporar medidas específicas en las políticas educativas para atraer más mujeres a estas áreas es fundamental.  Pero además, y sobre todo en la era de las revoluciones tecnológicas y de industria 4.0 estas políticas deben coordinarse con las políticas de desarrollo productivo para garantizar que los sectores de mayor dinamismo en el desarrollo nacional incorporen también medidas para atraer y retener a esas mujeres.

La violencia y las altas tasas de criminalidad son también un obstáculo importante para alcanzar la igualdad. La criminalidad en las comunidades y ciudades limita la autonomía de movimiento de las mujeres. Además, la violencia en el hogar tiene un terrible impacto en sus vidas, incluyendo en muchos casos la pérdida del trabajo, y con ello de su autonomía económica, lo que hace más difícil salir de este círculo vicioso. La violencia en el lugar de trabajo limita sus posibilidades de crecer profesionalmente, disminuye su rendimiento y también las puede llevar a perder el trabajo.

La OIT está en proceso de elaborar normas sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que se discutirán en la Conferencia Internacional del Trabajo de este año y del año 2020. Lograr lugares de trabajo libres de violencia es otro objetivo fundamental en el camino hacia la igualdad.

La brecha salarial es un indicador importante como condensador de todos estos factores de desigualdad y ha sido recogido en la Agenda 2030, en el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, concretamente en la meta 8.5. La brecha salarial en la región, como mencioné, se situaba en el 15% en el año 2016, 6 puntos porcentuales menos que una década atrás. Para enfrentarla se lanzó regionalmente a inicios de este año en Panamá la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC), liderada por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, cuyo objetivo es precisamente avanzar hacia el cumplimiento de la meta 8.5.

Estos cuatro temas (la corresponsabilidad social del cuido, la lucha contra la violencia y la discriminación, el combate a los estereotipos de género, y la igualdad salarial) se consideran desde la OIT las causas fundamentales que hay que atacar para avanzar más y a un ritmo más rápido hacia la igualdad de género. Por ello, son estos los temas priorizados en la iniciativa “Las mujeres en el trabajo” que es una de las 7 iniciativas del Centenario de la organización.  

8. Usted ha escrito el prólogo del informe de la OIT “Panorama Laboral 2017”, publicado el pasado mes de diciembre. ¿Qué datos resaltaría de la evolución del mercado de trabajo en el 2017 y qué se espera para el 2018?

En comparación con el año 2016, en el cual el panorama laboral empeoró en prácticamente todos los indicadores, el 2017 fue un año de desempeños mixtos, de claros y oscuros, con algunas señales de mejoría y otras de deterioro en los promedios regionales y subregionales, además de la gran heterogeneidad de los desempeños en los ámbitos nacionales y subregionales. Los resultados mixtos obedecen a que en el 2017 el crecimiento se recuperó a 1,2%, luego de 4 años de desaceleración y dos de contracción.

El primer dato que quisiera resaltar es que a pesar de la reactivación económica a 1,2% en el 2017,la tasa de desocupación regional promedio aumentó por tercer año consecutivo de 7,9% en 2016 a 8,4% al concluir 2017. Esto equivale a unos 26,4 millones de desocupados en la región, dos millones más que en 2016.

En los promedios regionales hay una importante influencia de Brasil, la economía más grande y donde habita cerca del 40% de la población económicamente activa de la región. Cuando se excluye a Brasil, la tasa de desocupación promedio del resto de los países de la región experimentó un desarrollo positivo al reducirse de 6,1% a 5,8%, según datos interanuales disponibles al tercer trimestre.

Algo similar ocurre con la tasa de desocupación juvenil, que aumentó en el 2017 para el total de la región, pero experimentó una reducción para el resto de la región sin considerar a Brasil. Para el total de la región la tasa pasó de 18,9 en el 2016 a 19,5 en el 2017. Es decir, por primera vez en la década, uno de cada cinco jóvenes que está buscando empleo no lo encuentra.

Quisiera agregar un comentario. El hecho de que el crecimiento económico de la región se recuperó a 1,2% en el 2017, y se estime que será de 2% en el 2018, ha sido ampliamente comentado como una buena noticia. Pero hay que poner esto en perspectiva. La realidad es que este “nuevo normal” no es el nivel de crecimiento que requieren las economías y sociedades de la región. Tasas de crecimiento de 1,2% y de 2% no permiten “velocidad de escape” para sacar a las poblaciones pobres de su situación de pobreza. Tampoco son suficientes para satisfacer las demandas y expectativas de las clases medias en términos de servicios de calidad y empleos de calidad. Y tampoco para hacer una diferencia contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo.

Además, 1,2% de crecimiento económico en el 2017 es un tercio del crecimiento de la economía mundial en ese mismo año (3,6%) y menos de un quinto del crecimiento de Asia (6,5%). Es decir, nuestra característica es el rezago en comparación con el dinamismo de la economía global y de regiones específicas.

Y no olvidemos que este repunte del crecimiento es atribuible en buena medida a un contexto externo más favorable, no a los esfuerzos propios por prender nuevos motores de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible.

Entonces, para avanzar hacia un futuro del trabajo mejor, y para tener impactos realmente transformadores en los indicadores sociales y de los mercados laborales, los países deben crecer al menos a 5% o 6% por año. Esto requiere enfrentar el reto de la baja productividad y de falta de desarrollo y diversificación productiva. Solo así se podrá salir de la trampa del ingreso medio.

9. En alguna ocasión usted ha comentado que hay una interacción importante entre la situación de los mercados laborales y el empleo y la cohesión social y la gobernabilidad democrática. ¿Cómo ve esta relación?

Así es, hay que partir de reconocer que los mercados laborales pueden ser transmisores y reproductores de desigualdad e inequidad y con ello ser corrosivos para la cohesión social. O pueden funcionar como grandes motores de movilidad social, incremento de ingresos y de estándares de vida y con esto contribuir a la cohesión social. Entonces: ¿Qué tipo de mercados laborales tenemos actualmente en América Latina?

• De una fuerza de trabajo de poco más de 260 millones de personas, tenemos a más de 26 millones de desempleados en el 2017, una tasa de 8.4%, la más alta en una década.
• Tenemos 135 millones de personas trabajando en la informalidad, un 47% del total de la fuerza de trabajo, la mayoría de los cuales no tiene acceso a servicios de salud, ni pensión en su vejez.
• Tenemos un 30% de personas bajo la línea de pobreza,
• Un 28% del total del empleo es por cuenta propia, que en su mayoría es empleo de mala calidad.
• Un desempleo juvenil promedio de 19,5%, es decir 1 de cada cinco jóvenes en edad de trabajar. Esto es 10 millones de jóvenes buscando empleo que no lo encuentran. Más de uno de cada dos jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad. Y hay más de 20 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NiNis)
• Tenemos además persistentes brechas y discriminaciones en materia de género, y por etnias.  Por ejemplo, en prácticamente todos los indicadores sociales, laborales y de ingreso, las brechas entre indígenas y no indígenas son amplias. Los pueblos indígenas están representados de manera desproporcionada entre las víctimas de la discriminación, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Es un patrón claro y consistente de exclusión social y de los sistemas productivos.

En términos de la aspiración de la Agenda 2030 de que nadie se quede atrás, es claro que en los mercados de trabajo de la región en pleno siglo XXI muchos se están quedando atrás. Esta realidad se vincula con el alto grado de conflictividad que existe en nuestras sociedades, con los resentimientos y enojos basados en un sentido básico de injusticia, y la falta de un sentido de que todos están en el mismo bote. Es decir, hay un vínculo entre el desempeño de los mercados laborales y la gobernabilidad democrática.

Hay un grupo que es particularmente importante en las dinámicas políticas de todos los países de ingresos medios, y esta es la clase media. Cuando hay percepciones en la clase media, de que se están quedando atrás, o de que no están progresando según sus expectativas; o de que los servicios de calidad que el Estado les debe dar no tienen la calidad debida, y deben recurrir a servicios privados caros, todo esto lleva a las clases medias a reaccionar con gran impaciencia y enojo y con frecuencia a movilizarse en las redes sociales y en las calles para expresar ese enojo y esas demandas.

Estas realidades y percepciones son centrales para los pactos sociales, la cohesión social, la confianza en las instituciones y, por supuesto, en los procesos electorales y sus resultados.

10. ¿Qué libro ha leído recientemente que le haya influído y considere importante o quisiera recomendar a nuestros lectores? ¿Por qué?

Yo diría “Ilustración Ahora” (Enlightenment Now) de Steven Pinker, que argumenta por qué la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso son ideas tan importantes y por qué para seguir por la ruta del progreso la humanidad debe hacer un esfuerzo de ser guiados por estas ideas e ideales, y no por las del tribalismo, el autoritarismo, la demonización y el pensamiento mágico.