En su interés de continuar reforzando el sistema de gobierno corporativo de las compañías del país, el gobierno británico ha sometido a consulta pública el documento Insolvency and Corporate Governance, para conocer distintos puntos de vista sobre cómo reducir el riesgo de que la insolvencia de las compañías se deba a fallos en su sistema de gobernanza, y sobre cómo reforzar las responsabilidades de los miembros del consejo en la toma de decisiones relacionadas con situaciones de insolvencia.

Con esta consulta se tratará de afianzar un entorno empresarial abierto, justo y atractivo para inversores, y controlar que las acciones de unas pocas empresas no tengan un impacto negativo en la reputación del resto de compañías del país.

El periodo de consulta finalizó el pasado 11 de junio. A continuación analizamos las principales consideraciones planteadas:

Responsabilidad y sanciones por la venta de filiales insolventes

Ante la venta de una filial insolvente por parte de su matriz, la ley británica no exige que esta deba tener en cuenta la viabilidad de la compañía tras su venta. Así, si la filial vendida fracasa, incluso aunque la enajenación hubiera contribuido a ello, ni la matriz ni las decisiones de sus consejeros son susceptibles de responsabilidad por las consecuencias negativas ocasionadas.

La propuesta defiende que el éxito o el fracaso de una compañía no solo afecta a sus propietarios sino también a empleados, proveedores y clientes, incluso al sector en su conjunto. Ante esta situación, para asegurar que no recae sobre estos grupos un impacto negativo de forma injusta, propone que los consejeros de la compañía matriz sean responsables por las decisiones que hayan tenido impacto en los grupos de interés de sus filiales.

Además, sugiere que los consejeros puedan llegar a ser penalizados por los acuerdos adoptados, aunque siempre de forma proporcionada, limitando su responsabilidad a los casos en los que hubieran actuado de manera irracional o cuando el daño causado a los grupos de interés a causa de la venta pudiera haber sido previsto.

En relación a lo anterior, menciona que no debe existir necesariamente un vínculo causal entre la venta y el fracaso, sino que sería suficiente que el consejero no hubiera creído razonablemente que la venta era realizada en beneficio de sus acreedores y demás grupos de interés, y esto se hubiera confirmado por un empeoramiento de la situación, seguido de una insolvencia formal.

Nuevas facultades para asegurar la equidad

El documento cita el caso de las compañías que son rescatadas a través de complejas operaciones realizadas por inversores que posteriormente extraen su valor para recuperar de forma rápida parte de su inversión y disminuir su potencial pérdida si la compañía cae en insolvencia. En esta situación se podría llegar a beneficiar injustamente a algunos actores y al mismo tiempo situar a los acreedores en una peor situación que en la que hubieran estado en caso de que la empresa fuera insolvente.

El gobierno británico es consciente de que la ley actual no aborda de forma adecuada dicho escenario de rescate en beneficio equitativo de todas las partes interesadas, y por ello quiere asegurar que los acreedores y demás grupos de interés reciban un trato justo ante la situación de insolvencia así como proporcionar las herramientas adecuadas para poder revertir aquellas transacciones complejas que extraigan valor de una compañía antes de su situación de insolvencia.

Así, en la propuesta se trata de definir qué nuevas facultades podrían introducirse para poder reclamar en los tribunales la reversión de aquella operación que hubiera eliminado de forma injusta el valor una compañía casi potencialmente insolvente en perjuicio de sus acreedores.

Disolución de compañías

El actual régimen legal británico permite supervisar la actividad y conducta de los consejeros de compañías en activo y/o insolventes, pero no de aquellas que hayan sido disueltas. Por ello, el gobierno propone ampliar las facultades de supervisión a estos miembros del órgano de gobierno de entidades disueltas, para así evitar que se beneficien de la disolución para librarse de eventuales responsabilidades.

Gobierno corporativo en situaciones de preinsolvencia

• Grupos de entidades. El documento incluye que los grupos de entidades deberán contar con un sólido sistema de gobierno corporativo y medidas de transparencia reforzadas para asegurar la efectiva supervisión y control de los grupos corporativos con estructuras complejas.
• Responsabilidad de los accionistas. Considera que los accionistas tienen un papel relevante en promover el éxito a largo plazo de las compañías, por lo que propone que su compromiso con las entidades se extienda más allá de la votación en las asambleas generales, y que realicen actividades encaminadas a reforzar la buena gobernanza en las entidades y a asegurar que las mismas están siendo gestionadas de forma responsable. Plantea incluso que se constituya un grupo de supervisión de la administración de las entidades encargado de revisar los fracasos o escándalos que hubieran tenido lugar y de realizar recomendaciones para que las lecciones aprendidas sean aplicadas. Sugiere además celebrar de forma periódica reuniones y foros enfocados en los planes estratégicos a largo plazo.

• Reparto de dividendos. Ante el gran número de compañías que continúan repartiendo grandes cantidades de dividendos a sus accionistas a pesar de encontrarse en una situación cercana a la insolvencia, el ejecutivo apunta si debería realizarse una reforma del marco legal y de gobernanza para reforzar la transparencia y rendición de cuentas por parte de los consejeros en la toma de decisiones sobre el reparto de dividendos.

• Los deberes de los consejeros y el papel de expertos. En su función indelegable de promover el éxito a largo plazo de la compañía, contemplada en el artículo 172 de la Ley de Sociedades (Companies Act 2006), los consejeros pueden solicitar el apoyo de expertos para una toma de decisiones informada. No obstante, deberán ser conscientes de que solamente ellos, y no los asesores, son responsables de las decisiones tomadas y de emitir un juicio de valor independiente, al amparo de la referida ley.

Otras cuestiones

El documento concluye proponiendo a todos aquellos interesados que valoren si las propuestas realizadas promueven suficientemente los altos estándares, y que realicen sugerencias sobre cualquier otro tema o idea a considerar para reforzar el marco de gobierno corporativo del país.