...el reto mayor para tener y fortalecer un buen gobierno corporativo se halla tanto en la implantación y cumplimiento de las recomendaciones de mejores prácticas, como en la articulación de las funciones, deberes y roles de todos los participantes en el sistema de gobierno.

A propósito de la adecuación que muchas de las empresas colombianas están adelantando en sus sistemas de gobierno corporativo con ocasión de la entrada en vigencia de la Circular Externa 024 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, comentada tanto en éste, como en el primer número de “Progreso: Finanzas Responsables para la Inclusión y el Desarrollo - Actualidad Jurídica”, nos referiremos a la posibilidad de optimizar el funcionamiento de dichos sistemas a través de la adopción de las medidas, por parte de cualquier organización, con independencia de su naturaleza jurídica, e incluso de su objeto o misión, pero muy especialmente, por parte de las instituciones que conforman lo que se ha denominado la industria microfinanciera. Dentro de las explicaciones del origen de las modificaciones, el Gobierno ha señalado su interés en alinear a su empresariado (quienes actúen como emisores de valores) con las tendencias mundiales, y en resaltar la importancia del deber de transparencia, y de su forma activa: la revelación oportuna y completa de la información clave para los inversionistas.

Tal vez allí vale la pena detenerse, pues siempre se ha visto la revelación de información como un deber, y en algunos casos solo como una buena práctica, que busca garantizar que los inversionistas dispongan de los datos necesarios para una mejor toma de decisiones de carácter económico, y se han dejado de lado las bondades del adecuado flujo de información, de cara a la protección de los demás grupos de interés, y por ende, en la preservación o aumento en la generación de valor de la propia empresa, a través del reconocimiento de los terceros sobre la forma íntegra en la que se adoptan las decisiones y se desarrollan todas la actividades y operaciones de la respectiva empresa. Por lo anterior, se estima que la estructuración o ajuste de un sistema de buen gobierno debería enfocarse también en que los principios, medidas y recomendaciones se apliquen de forma transversal a todas las instancias de decisión e incluso a aquéllas que actúan como órganos consultivos de otras; así como a la totalidad de los procesos de la respectiva sociedad.

Resulta más fácil identificar cómo hacer realidad lo comentado si nos referimos a un par de casos concretos, en los cuales podemos adoptar la práctica o recomendación:

1. Funcionamiento de asamblea de accionistas y junta o consejo directivo

Varias de las medidas se han construido con miras a garantizar que tanto accionistas como directores (miembros de juntas o consejos) cuenten con información completa, veraz y con suficiente anticipación que facilite la evaluación profunda, crítica y estratégica de los temas que deben conocer y en muchos casos decidir.

Parece natural, que los comités internos de las empresas, quienes precisamente son los responsables de generar la información con destino a los órganos de administración, apliquen las mismas medidas para sus reuniones: antelación en la convocatoria; definición previa de agenda; envío de la información completa a todos los participantes; respeto por la regla un miembro- un voto; actas que den cuenta de los aspectos fundamentales de la decisión; revelación y medidas para la mitigación de riesgos; seguimiento de implementación de decisiones y directrices, etc.

2. Integración de juntas o consejos directivos efectivos

Existen medidas que propenden por la existencia de unos órganos colegiados en los cuales intervengan miembros con distintas formaciones académicas y experiencias en campos diversos, es decir, que se garantice la conformación de entes multidisciplinarios, capaces de entender el entorno en el que se desenvuelve la actividad de cada empresa, conocedores del marco normativo que la regula, y conocedores del mercado en el que se opera.

La misma regla debería ser adoptada para la integración de cualquier instancia interna, bien si su finalidad es la formulación de una propuesta o recomendación para ser sometida a otro ente, y más aún si su responsabilidad es la de la decisión o aprobación (de un plan, presupuesto, contratación, o estructura).

En este punto también resulta importante revisar el papel o rol de algunos de los responsables en un sistema de gobierno corporativo:

Por ejemplo, de un lado, están los administradores (gerentes, directores, presidentes, y en general, los cargos ejecutivos de la empresa) sobre quienes recae la mayor parte de responsabilidad en garantizar que los principios y medidas de buen gobierno se hagan realidad en las compañías, y formen parte de la cotidianidad de las mismas; es decir, como marco de referencia de su actuación y elemento inquebrantable de su cultura. Dicha responsabilidad, sin duda, requiere el compromiso y la acción decidida de los miembros de las juntas y consejos, para disponer tiempo y esfuerzo en la revisión y análisis de los informes que se les presentan, así como para desempeñar funciones que van desde formular propuestas de manejo, ajuste de políticas, directrices para la construcción de planes estratégicos, definición de estructuras que atiendan las necesidades de las empresas, hasta la participación activa y propositiva en los comités de apoyo a las juntas o consejo directivos y a la propia administración, entre otras.

Así mismo, el rol de los directores comprende las actividades necesarias para cumplir su obligación de rendir cuentas a los accionistas que los han designado para el ejercicio de control y guía de la gestión de las organizaciones, y de preservar los intereses de clientes, usuarios, proveedores, colaboradores e incluso autoridades que ejercen la vigilancia, el control y en ocasiones, la regulación de las organizaciones.

En conclusión, podemos señalar que el reto mayor para tener y fortalecer un buen gobierno corporativo en cualquier empresa y especialmente en las que integran el sector de microfinanzas, se halla tanto en la implantación y cumplimiento de las recomendaciones de mejores prácticas en todos los niveles de las organizaciones, como en la articulación de las funciones, deberes y roles de todos los participantes en el sistema de gobierno.