En la actualidad, diversos grupos en Colombia dedican esfuerzos importantes en la promoción y difusión de conocimientos básicos en finanzas para la población en general. Estas iniciativas han estado lideradas en el país, principalmente, por las entidades que conforman el sistema financiero, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como los organismos de autorregulación.

Con este Proyecto de Ley, sus autores en el Congreso de la República buscan que la educación financiera sea dirigida no sólo a clientes del sistema financiero, sino a toda la sociedad colombiana en general. En este sentido, será un deber de los establecimientos educativos impartir contenidos académicos que permitan un mayor entendimiento, desde los aspectos elementales de las finanzas personales hasta las dinámicas financieras de la economía en su conjunto. Esta motivación constituye, en esencia, un desarrollo de preceptos constitucionales que en Colombia establecen  que la educación es un derecho de las personas, así como un servicio público que tiene una función social. Asimismo, esta iniciativa legislativa desarrolla disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Educación, como en el Régimen de Protección al Consumidor Financiero.

En su exposición inicial, el Proyecto establecía que la manera más adecuada para incluir en el currículo la formación financiera en la educación básica y media era, la creación de una “cátedra financiera”. Aunque esta propuesta no fue objeto de controversia en la ponencia del primer debate en el Senado de la República, para su segundo debate, y con base en las observaciones sobre el Proyecto de Ley que hizo el Ministerio de Educación Nacional, se abandonó la cátedra como herramienta metodológica para acoger una visión transversal de la enseñanza de la educación financiera para que, desde una metodología más pragmática, se implementen en todas las áreas de conocimiento, en especial en el de las ciencias económicas, mecanismos de divulgación de los elementos esenciales de la educación financiera.

Así, el artículo 2 del Proyecto de Ley sustituye la disposición que creaba la cátedra de educación económica y financiera, por una disposición más general, a través de la cual se establece que la educación económica y financiera es obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados que en Colombia ofrezcan educación formal.

Finalmente, se destaca la iniciativa del Congreso de la República de generar mecanismos que faciliten la toma de conciencia de la población sobre la importancia de la gestión responsable de sus finanzas.