El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) es una entidad comprometida con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos, con acciones que promueven el desarrollo sostenible y la integración de la región. Tiene un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado. El aporte sobre el desarrollo de la región se refleja en los resultados de sus operaciones de crédito e inversiones patrimoniales.

"Es clave diseñar e implementar programas de educación financiera que incentiven el buen uso de los servicios financieros digitales a la vez que promueven conductas responsables"

Diana Mejía es especialista sénior en Inclusión Financiera en CAF. Con anterioridad trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia), donde fue directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional, entre otros cargos. Es Economista y Magíster en Economía por la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia) y Máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard.

Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina como la medición de las capacidades financieras de la población de varios países de la región, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias de inclusión y educación financiera. También ha liderado proyectos de innovación, productividad y educación para el trabajo en varios países de América Latina. Ha sido autora de varias publicaciones sobre la materia como los Retos de Implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera en América Latina, los Determinantes del Bienestar Financiero en América Latina, los Determinantes de la Educación Financiera en América Latina, la Inclusión Financiera de las Mujeres, entre otros.

• Desde CAF, promueven un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos y recursos no reembolsables, así como el acceso a servicios básicos que fomentan la calidad de vida de poblaciones vulnerables. ¿Qué papel desempeña la educación financiera en todo ello?

CAF es un banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Nuestras acciones promueven el desarrollo sostenible y la integración de la región. La educación financiera, entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros, es fundamental para el desarrollo de los países, ya que existe una amplia evidencia de que una mayor educación financiera suaviza el funcionamiento de los mercados, en la medida en que las mejores decisiones financieras de los ciudadanos en su conjunto reducen los incidentes de crisis y favorecen la estabilidad del sistema; además, la educación financiera fomenta una política económica sostenible, ya que ciudadanos más educados en temas económicos y financieros están en mayor capacidad de tomar una posición frente a las políticas económicas y sociales que adoptan sus gobiernos. Por su parte, las malas decisiones financieras de los consumidores tienen efectos negativos sobre la economía, tales como bajas tasas de ahorro y de formación de capital, bajos niveles de ahorro para la pensión, y un mayor índice de inequidad en la distribución del ingreso.

Una de las lecciones más relevantes que se puede extraer de las crisis recientes es el desconocimiento y desinformación de gran parte de la población sobre temas básicos en economía y finanzas, lo cual limita su capacidad para tomar decisiones responsables, conscientes y competentes. En esta medida, la educación financiera es crítica para la inclusión, pues no solo facilita el uso efectivo de los productos financieros, sino que también ayuda a que las personas desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades y posibilidades, empoderándolos para ejercer sus derechos y responsabilidades.

• Trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia) donde, entre otros cargos, fue directora de Educación Económica y Financiera. ¿Cómo se promueve la educación financiera desde una entidad como ésta?

La educación financiera es un tema clave para los bancos centrales y es por esto que la mayoría de estas instituciones en la región lideran la implementación de estrategias nacionales y programas de educación financiera. Muchos bancos centrales se han preocupado por el hecho de que individuos sin los conocimientos financieros básicos carecen de las herramientas para tomar las decisiones más ventajosas para su bienestar económico, afectando tanto conductas de largo plazo como adquirir bienes tangibles, realizar inversiones de capital humano, o ahorrar en fondos de retiro, así como comportamientos relacionados con el manejo diario de los recursos financieros. En el caso de que estas deficiencias sean generalizadas en segmentos importantes de la población, pueden aparecer fricciones que dificultan el funcionamiento óptimo de los mercados. De esta manera, la educación financiera contribuye al bienestar general de la economía y esto es de particular interés para los bancos centrales.

Por estas razones, varios bancos centrales de la región han centrado sus esfuerzos en promover programas de educación financiera para niños y jóvenes con el fin de generar las condiciones, desde la educación formal, para que los futuros adultos cuenten con las herramientas para tomar mejores decisiones financieras que conduzcan a su bienestar.

• También ha participado en asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar para que estas estrategias resulten eficaces?

En la última década, un número cada vez mayor de países ha establecido estrategias de inclusión y educación financieras como parte de sus acciones de reducción de la pobreza, con el objetivo de promover la estabilidad y desarrollo de sus sistemas financieros. En muchos casos, estos compromisos han sido plasmados en documentos de política pública de carácter nacional. Conocidas como estrategias nacionales, estas políticas establecen los lineamientos de implementación en diferentes áreas de acción.

En lo que respecta a la inclusión financiera, dichas acciones se concentran en promover el acceso, uso y calidad de servicios y productos financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implementación de iniciativas o programas que busquen desarrollar las capacidades financieras de grupos poblacionales específicos. Una estrategia nacional puede establecerse como un instrumento eficaz para trazar un camino claro y coordinado hacia la mejora de la inclusión y/o la educación financiera en los contextos nacionales, ya que permite a las partes interesadas definir objetivos comunes, identificar retos y oportunidades relevantes para el logro de estos, y delinear un conjunto prioritario de acciones para ser llevadas a cabo de manera coordinada.

En este sentido, los principales aspectos que se deben considerar para que las estrategias nacionales resulten eficaces se pueden resumir en:

i) contar con líneas base o diagnósticos de los niveles de educación e inclusión financiera para garantizar una implementación efectiva de las estrategias nacionales. El análisis de los datos recopilados también puede ayudar a los formuladores de políticas a comprender mejor los vínculos entre la educación financiera, la inclusión y el contexto socioeconómico específico de cada país, y la aplicación periódica de este tipo de encuestas servirá para realizar evaluaciones de los resultados de los programas y políticas implementadas;

ii) diseñar y mantener a lo largo del tiempo mecanismos efectivos de coordinación en las distintas fases de diseño e implementación de las estrategias nacionales de educación e inclusión financiera, lo cual es esencial para lograr los objetivos establecidos;

iii) asegurar la asignación de un presupuesto específico, lo cual se puede hacer asignando recursos existentes para la implementación de las estrategias dentro de cada autoridad pública, o agrupando recursos para crear un presupuesto común y redactar un plan de financiamiento específico;

iv) establecer un plan de comunicación que garantice la cooperación con los medios de comunicación nacionales, ya que el uso de medios masivos, como televisión o radio, podría lograr un mayor alcance y conocimiento de las actividades para la población en general, además de una mayor concienciación y sensibilización;

v) realizar un proceso de consulta con las partes interesadas y las poblaciones objetivo para complementar el diagnóstico realizado en la etapa de diseño de la estrategia nacional, con el objeto de contar con un conocimiento profundo de estos grupos y garantizar que el contenido y el formato de los programas de educación financiera, y los productos y servicios financieros dirigidos a ellos, sean adecuados a sus necesidades y capacidades;

vi) establecer desde la fase de diseño un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales;

vii) utilizar instrumentos internacionales y de diálogo regional con el fin de fomentar el aprendizaje mutuo y discutir cómo aplicar mejor estos instrumentos diseñados para apoyar la implementación de las estrategias nacionales para la educación e inclusión financiera.

• Desde la FMBBVA fomentamos la educación financiera entre nuestros clientes. En concreto, contamos con plataformas virtuales de educación financiera para emprendedores. ¿Cree que la innovación y desarrollo digital ya ha desempeñado su papel o todavía queda mucho por hacer? ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades en esta materia para una entidad microfinanciera?

Considero que aún queda mucho por hacer. Para lograr una mayor educación financiera digital es necesario atender las posibles barreras que pueden dificultar el uso de estos servicios. En particular, es importante fomentar las capacidades financieras del creciente número de personas en situación de vulnerabilidad que han sido incluidas en el sistema financiero a partir de los programas de transferencias de los gobiernos. En ese sentido, es clave diseñar e implementar programas de educación financiera que incentiven el buen uso de los servicios financieros digitales a la vez que promueven conductas financieras responsables.

Por su parte, los medios digitales se convierten en una excelente oportunidad de mejora para las intervenciones que tratan de promover las capacidades financieras. Mediante el uso de aplicaciones y robo-advisors, estos medios incorporan elementos que han sido reconocidos como exitosos a la hora de promover comportamientos financieros de acuerdo con los hallazgos de la economía conductual —por ejemplo, el uso de elementos lúdicos y personalizados, recordatorios, la posibilidad de establecer metas financieras y el suministro de información cuando se necesita (teachable moments)—, además de medir comportamientos financieros y su impacto en el bienestar de los individuos.

Debe darse especial atención a la necesidad de fomentar las capacidades y conocimientos digitales de las poblaciones más vulnerables y que han estado tradicionalmente excluidas del sistema financiero. En este sentido, es importante que las políticas públicas de inclusión financiera contemplen el fortalecimiento de las capacidades digitales. En paralelo, el despliegue de programas de fortalecimiento de capacidades digitales debe segmentarse según las audiencias objetivo: la forma en la que se realicen acercamientos a adultos mayores, poblaciones indígenas o rurales debe responder a métodos personalizados según sus características y condiciones.

Una de las oportunidades más importantes que tienen las microfinancieras en esta coyuntura es diseñar sus productos y servicios de cara a las necesidades de sus clientes. En este sentido, se recomienda aprovechar esta nueva tendencia digital para realizar una adecuación de los productos y servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios, junto con un acompañamiento continuo en temas de educación financiera y digital.

• La FMBBVA está convencida de que un buen sistema de gobierno corporativo exige una estructura organizativa con líneas de responsabilidad bien definidas, basadas en una actuación responsable, coherente y transparente. ¿Qué medidas considera que deberían adoptar los principales agentes económicos de manera prioritaria para hacer realidad estos valores?

Un buen sistema de gobierno corporativo es fundamental para una adecuada implementación de las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. El liderazgo efectivo, así como la participación de todas las partes interesadas relevantes, pueden contribuir a la implementación exitosa de las estrategias nacionales.

Para diseñar e implementar estrategias nacionales que puedan abordar de manera más efectiva y eficiente la necesidad de los ciudadanos y las economías de América Latina y El Caribe, los países de la región deben identificar un coordinador nacional o un secretario técnico de tal naturaleza que permita proteger la implementación de estas estrategias de ciclos políticos o electorales, en la medida de lo posible. De igual manera, es importante identificar mandatos explícitos para las instituciones o autoridades participantes en las distintas áreas de las estrategias: los mandatos pueden ser implícitos e identificados a partir de mandatos existentes, que pueden ir desde la estabilidad financiera hasta la protección del consumidor, u otorgados a través de la legislación primaria.

Los mandatos explícitos facilitan el diseño y la implementación de estrategias nacionales que sean más sostenibles y puedan garantizar una mayor responsabilidad y visibilidad para el público, así como el reconocimiento de todo el gobierno. También pueden facilitar la cooperación interinstitucional con una gama más amplia de autoridades. El liderazgo efectivo y los mandatos legales también pueden aumentar la capacidad de las estrategias nacionales para superar los cambios en el personal al más alto nivel dentro de las instituciones implementadoras.

• Se dice que a mayor educación financiera, más ahorro, mejores decisiones de inversión, menores niveles de endeudamiento, mejores pensiones y mayor nivel de vida. ¿Está de acuerdo o no siempre es así?

Estoy de acuerdo. Cada vez tenemos más evidencia a nivel internacional que demuestra que las personas con mayores niveles de educación financiera planean mejor, ahorran más, ganan más en sus inversiones y manejan mejor su dinero para el retiro. Esto tiene implicaciones muy importantes, ya que las personas con mayores conocimientos financieros son más resilientes ante choques económicos, incluyendo situaciones como la crisis generada por la pandemia de covid-19.

Los programas de educación financiera que han probado tener más impacto se centran en generar cambios positivos en el comportamiento financiero de los individuos, lo cual tiene implicaciones importantes en los niveles de salud o bienestar financiero de la población entendido como la medida en que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones actuales y sentirse segura de su futuro.

• Cada vez más, la inclusión y educación financiera son cuestiones que preocupan a los países y son objeto de regulación. ¿Qué mejoras considera que deberían realizarse a nivel normativo?

 Para lograr una mayor inclusión financiera digital en la región, es necesario diseñar e implementar un paquete de medidas integrales que incluyan respuestas de política relativas a la oferta y la demanda. Del lado de las políticas sobre la oferta, deben existir marcos regulatorios que promuevan la competencia y eficiencia en el sector de las telecomunicaciones para lograr que los precios de uso de datos sean asequibles y competitivos. Lo mismo debe suceder con el sector financiero y los distintos actores que ofrecen servicios financieros digitales, ya sea la banca tradicional o empresas fintech, de manera que los precios y comisiones para el uso de estos servicios ofrezcan también competitividad y asequibilidad para toda la población.

Por otra parte, los países de América Latina y El Caribe deben promover marcos regulatorios adecuados para lograr los múltiples objetivos de los formuladores de políticas de inclusión, estabilidad e integridad financieras y protección al consumidor. Esta regulación debe proteger a los consumidores e inversionistas, garantizar una competencia sana y proteger contra los riesgos de estabilidad financiera e integridad. De igual manera, los responsables de la formulación de políticas también deberán considerar enfoques novedosos para garantizar una supervisión y regulación de alta calidad, respaldar el uso seguro de tecnologías innovadoras y, al mismo tiempo, garantizar que la regulación sea proporcional a los riesgos existentes. En este sentido, es importante adaptar los marcos regulatorios con el objeto de que logren el equilibrio adecuado entre permitir la innovación y abordar los desafíos y riesgos para la integridad, la protección del consumidor y la estabilidad financiera.

En particular, el marco regulatorio tradicional (basado en entidades) no es necesariamente un buen enfoque para los modelos de negocios de tecnología financiera. En un entorno que cambia rápidamente, los reguladores deben utilizar cada vez más la regulación basada en actividades. Es clave contar con regulaciones adaptables y flexibles, que reduzcan la probabilidad de que tengan que cambiarse repetidamente para que sigan siendo integrales y adecuadas. De igual manera, los reguladores deben fortalecer sus capacidades institucionales y mantenerse al día con los desarrollos de la industria y la tecnología, así como tener habilidades y herramientas adecuadas para supervisar de manera efectiva la industria de tecnología financiera. A este respecto, los reguladores pueden hacer uso de las nuevas tecnologías mediante el desarrollo de esquemas «suptech» y «regtech».

Por su parte, las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, tales como la privacidad y la propiedad, así como para aumentar la confianza de los ciudadanos en las tecnologías digitales, y que estos puedan sentirse cómodos con su uso. Los ciberataques en la región han ido en aumento, apuntando principalmente a las instituciones financieras de América Latina. Es por esto que los países de la región deben continuar fomentando una mayor cooperación entre ellos, involucrando a todos los actores relevantes y estableciendo mecanismos de monitoreo, análisis y evaluación del impacto relacionados con la ciberseguridad, tanto a nivel nacional como regional. Contar con más datos en relación con el mundo cibernético permitirá introducir la cultura de gestión del riesgo cibernético, que es preciso extender tanto en el sector público como en el privado.

• Como miembro del Consejo Asesor del Centro de Educación y Capacidades Financieras de BBVA, que promueve la importancia de los conocimientos y habilidades financieras como elemento clave para mejorar el nivel de salud financiera y contribuir al crecimiento sostenible e inclusivo, ¿cómo cree que puede contribuir la educación financiera a una recuperación sostenible e inclusiva?

Las decisiones de las personas relacionadas con la forma en que se preparan y responden a las circunstancias de la vida, como la actual crisis derivada de la pandemia, también influyen en su salud financiera.

Los hábitos financieramente saludables incluyen pequeños ahorros regulares, control de gastos, gestión de deudas, inversiones prudentes y búsqueda de asesoramiento sólido para protegerse contra las prácticas predatorias y el fraude, así como para aumentar la resiliencia ante choques financieros. La educación financiera y los esfuerzos de desarrollo de capacidades intentan ayudar a las personas a crear hábitos más saludables y evitar errores costosos en la toma de decisiones. De esta forma, la educación financiera puede contribuir de una manera importante a una recuperación sostenible e inclusiva. En este sentido, también es importante que tanto las políticas como los programas de educación financiera incorporen un enfoque de género, teniendo en cuentas las importantes brechas de género que se observan en conocimientos y comportamientos en América Latina.

Los déficits significativos en la salud financiera apuntan hacia la necesidad de que los sectores público y privado dirijan recursos para desarrollar las capacidades financieras de las personas. El principal desafío es encontrar formas eficaces de hacerlo. La evidencia disponible, incluyendo los estudios que hemos venido adelantando en CAF, muestra que niveles más altos de capacidades están relacionados con un mayor bienestar financiero.

El objetivo central de las estrategias nacionales de educación financiera que incorporen una perspectiva de salud financiera debería ser contar con personas con capacidades financieras, que tengan hábitos financieros saludables y tomen buenas decisiones financieras. Los programas tradicionales de educación financiera asumieron que la difusión de información sobre productos financieros a los consumidores conduciría a mejores opciones. Sin embargo, la evidencia aportada por numerosas evaluaciones de impacto durante la última década sugiere que este supuesto es erróneo.

Un camino más prometedor es el uso de los hallazgos de la economía del comportamiento en el diseño de la educación financiera, haciendo un viraje en el objetivo y las tácticas de esta última, para pasar de centrarse en la transferencia de información y enfocarse en el desarrollo de capacidades, lo que a menudo significa integrar la educación financiera en el proceso de uso de los servicios financieros para promover el aprendizaje a partir de la práctica. Un creciente cuerpo de evidencia muestra que las intervenciones diseñadas utilizando principios de la economía del comportamiento que abordan la toma de decisiones, tienen más probabilidades de mejorar el comportamiento relacionado con el manejo del dinero.

Las decisiones financieras son a menudo complejas, requieren compensaciones e incertidumbres e involucran tanto aspiraciones como temores. Como resultado, las personas a menudo toman decisiones que no reflejan sus mejores intereses. La ciencia del comportamiento busca comprender cómo y por qué los individuos se comportan de una manera específica, cómo procesan la información y cómo el contexto afecta su comportamiento. Las intervenciones basadas en el comportamiento incluyen la integración de instrucciones, valores predeterminados y consejos dentro del proceso de uso de los servicios financieros.

En este orden de ideas, es recomendable utilizar la salud financiera como lente para la vigilancia del sector financiero, especialmente para la protección del consumidor y la educación financiera. En sus políticas de inclusión financiera y protección del consumidor, las autoridades pueden garantizar que los servicios financieros que usan las personas conduzcan a una buena salud financiera y, a través de una educación financiera basada en cambios de comportamiento, pueden respaldar hábitos y decisiones financieramente saludables.