El pasado mes de marzo se publicó el Informe “Datos para una vida mejor”[1] elaborado por el Banco Mundial[2] en el que se pone de manifiesto la transformación ocasionada por la acelerada revolución que, en los últimos años, los datos están experimentando, y el valor que estos datos pueden generar.

El documento analiza el enorme potencial que ofrece este nuevo panorama para mejorar las vidas de las personas pobres y, al mismo tiempo, reconoce su riesgo ante posibles daños que pueden ocasionar a las personas a las empresas y a las sociedades.

Con el fin de solventar esta controversia, se insta a forjar un nuevo contrato social basado en el valor, la confianza y la equidad. Es decir, que permita la utilización y reutilización de los datos para crear un valor económico y social, garantice un acceso equitativo a ese valor y fomente la confianza en que los datos no se utilizarán indebidamente en perjuicio de otros.

Asimismo, el Informe contempla la manera en que se pueden promover los objetivos de desarrollo a través del uso de los datos. Para ello, ilustra la exposición con situaciones reales derivadas de la COVID-19: cómo los países han actuado rápidamente utilizando registros telefónicos para monitorear la propagación del virus -intentando a la par conciliar esta ventaja con las preocupaciones sobre la privacidad y el riesgo de uso indebido- y la menor disponibilidad de medios, a estos efectos, en los países pobres donde la legislación sobre datos resulta inadecuada e insuficiente.