En el imaginario social, la inclusión financiera sigue estando asociada de forma casi unívoca con el acceso a la financiación a través de instrumentos como el microcrédito. Los microcréditos fueron la primera herramienta con la que ya en los años 80 del siglo XX comenzaron a experimentar algunas organizaciones no gubernamentales de Asia y América Latina para aliviar la pobreza de amplios colectivos de población. A finales de los años 90 y principios del siglo XXI, las bondades del recurso a la financiación se vieron complementadas con el objetivo de garantizar medios seguros y convenientes de ahorro formal. Hoy, las estrategias de inclusión financiera de numerosos países (Colombia, con su Ley de inclusión financiera “Pague fácil - pague digital”; el Programa de Inclusión financiera del gobierno de Uruguay, la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” del Perú, y la “Política Nacional de Inclusión Financiera” de México, entre otros), alineadas con las orientaciones y recomendaciones emitidas por instancias tales como el Banco Mundial y el Comité de Pagos de Basilea, identifican el acceso y uso a medios de pago electrónico como el primer paso a dar en este difícil camino de la inclusión financiera y, por tanto, económica y social.

Además de dotar eficiencia al acto y proceso de realizar pagos – agilidad, seguridad, trazabilidad, confirmación, etc. – sus atributos como sustitutos perfectos del dinero en efectivo otorgan ventajas adicionales a las dos partes involucradas (pagador, receptor del pago), así como a la sociedad en su conjunto, en la medida en que el efectivo es un elemento habilitante de la economía sumergida o informalidad económica y laboral.

Son amplios los segmentos de población que no disponen de medios de pago electrónico y que se ven abocados a realizar todas sus transacciones de pago y cobro por medios basados en papel – billetes y monedas, cheque, pagarés – siendo de origen múltiple las motivaciones de esta realidad: porque los ingresos de la actividad económica se materializan en efectivo y no con ingresos en cuenta; porque no están equipados con medios convenientes – principalmente tarjetas de pago, y a menudo también de cuentas de pago - para operar de forma electrónica;  también es habitual que, contando con medios de pago basados en tarjetas, no resulte fácil utilizarlas para realizar pagos porque no son ampliamente aceptados, ya sea por una terminalización insuficiente, porque no existen incentivos suficientes para su uso masivo o porque sigue existiendo una preferencia por el uso del efectivo, por motivos fiscales o culturales.

A menudo asociamos erróneamente el uso de medios de pago electrónico con un mayor coste para el que realiza y/o recibe el pago, obviando los múltiples costes no visibles asociados al uso exclusivo del efectivo: riesgo de deterioro, pérdida o robo, tiempo y coste de desplazamiento a puntos de obtención de efectivo (sucursal bancaria, ATM, etc.), previsión de “llevar encima” cantidades necesarias, etc. Por parte de los particulares, sigue existiendo la creencia de que el aceptante del pago (por ejemplo, el comerciante) prefiere recibir el pago en efectivo a hacerlo con medios alternativos en formato electrónico (p.e. pago con tarjeta).

El caso de Chile

A modo de ejemplo, nos centramos en el caso de Chile, donde encontramos una situación interesante.

Todo ciudadano chileno[1] tiene derecho a abrir una cuenta vista (cuenta RUT- Registro Único Tributario, con el número de Cédula de Identidad Nacional vigente) gratuita en el banco público estatal Banco Estado (no así en el resto de entidades bancarias, que no tienen obligación de ofrecer este producto/servicio financiero con carácter universal), junto con la cual se hace entrega de un tarjeta de débito sin coste[2]. Esta modalidad de tarjeta de pago opera en cajeros automáticos, en la red de corresponsales bancarios Caja Vecina y en la red de POS Redcompra. No tiene capacidad, sin embargo, de operar en comercio electrónico internacional, incluyendo el mercado de apps para smartphones (p.e. Spotify), ni para el pago de transacciones de la llamada economía colaborativa, en la medida en que generalmente son transacciones internacionales de pago cuando intervienen plataformas digitales globales (p.e. Uber[3], Airbnb).

Las tarjetas de débito se encuentran legalmente equiparadas a una cuenta de depósito, la que requiere del uso de un PIN de cuatro dígitos para el proceso de verificación de la cuenta y de su titular. Si bien los ATM y POS en Chile permiten el ingreso de estos cuatro dígitos, no ocurre lo mismo en POS virtuales de comercio electrónico o móvil de comercios internacionales.

Una posible solución a la actual situación de exclusión de los chilenos que no poseen tarjeta de crédito bancaria para poder operar en comercio electrónico en todas sus dimensiones podría encontrarse en la eventual ratificación de la “Ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias”, que dotaría a estos colectivos con un instrumento de prepago con bandera de alguna de las marcas internacionales de tarjetas (Visa, MasterCard, fundamentalmente).

Medios de pago electrónico y lucha contra el efectivo

El pasado mes de noviembre conocimos la noticia de la retirada e ilegalización de efectivo (billetes de alta denominación) por parte de las autoridades de la India. Los hechos han evidenciado que el país no está preparado para una eliminación radical del efectivo. Solo un pequeño porcentaje de la población cuenta con medios de pago alternativos al efectivo; la mayoría de la gente vive en la informalidad en un ecosistema de uso intensivo del efectivo. Y se generó el caos.

En el contexto de la UE, que se encuentra construyendo el Mercado Único Digital y el Mercado Único de Pagos, la “Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas” que instaba en 2014 a los Estados Miembros a garantizar la oferta de cuentas pago básicas, se encuentra sin transponer en la mayoría de los Estados miembros, a la fecha de elaboración de este artículo. Solo Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Lituania, y Reino Unido, lo han hecho antes de la fecha límite establecida en el 18 de septiembre de 2016.

Garantizar que todas las personas están equipadas con un medio de pago electrónico universal (tarjeta de pago, por ejemplo, mejor si asociada a una cuenta de pago – que habilita transferencias, débitos directos y tarjeta de débito -, pero no necesariamente – tarjeta prepago) que opere en establecimientos físicos y digitales y que permita tanto pagar activamente como de forma pasiva (débitos automáticos o domiciliaciones de pagos), es hoy un reto de política pública. Garantizar que este método sea aceptado en lugares cotidianos (en el mundo físico y digital), también.

Conclusión

Identificar qué eslabones de la cadena de los pagos electrónicos pueden encontrarse “rotos” o ser inexistentes, que impiden realizar categorías concretas de transacciones (p.e. operar en comercio electrónico) y por lo tanto no tener acceso a esos mercados, o verse obligado a recurrir al uso del efectivo, a amplios segmentos de población por cómo han sido diseñado ad-hoc los productos, es responsabilidad del legislador y regulador en su labor de garante del mejor marco normativo que busque, por un lado, la plena inclusión financiera y, por otro, luchar contra el uso intensivo del efectivo. En un contexto de transformación digital, no podemos abandonar a amplios segmentos de población – la más vulnerable – a una situación de exclusión en el adecuado equipamiento de medios de pago electrónico.

En Analistas Financieros Internacionales, Afi, analizamos las tendencias en medios de pago electrónico en España y América Latina. El Informe TECNOCOM sobre tendencias en medios de pago, elaborado por Afi para TECNOCOM, cuya edición 2016 acaba de ser publicada, presta especial atención al binomio medios de pago electrónico e inclusión financiera.

Verónica López Sabater es Directora de la  Fundación Afi y consultora del Área de Innovación y Desarrollo Internacional de Afi y Secretaria Técnica de remEX. Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia, cuenta con un Máster en Política Económica por Boston University y un Máster en Desarrollo Económico por QMW Universidad de Londres.

 

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