En su lucha contra la exclusión financiera, con el fin de promover el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible de poblaciones desfavorecidas, la Fundación Microfinanzas BBVA ha adoptado su enfoque propio de una oferta de servicios financieros para actividades productivas responsable

En fiel reflejo de sus propósitos originales, este cuarto número de la publicación digital Progreso conserva el enfoque en (i) la evolución del marco legal de regulación y supervisión, con el que diversas autoridades delimitan la actuación de las instituciones de microfinanzas, y (ii) la evolución de las estructuras de gobierno corporativo, con las que estas entidades definen su propia manera de actuar y los incentivos que motivan a los participantes en sus esfuerzos. Juntos, el marco legal y las estructuras de gobierno son un factor determinante en el desempeño de estas entidades y en el logro de los objetivos encomendados en su misión.

En su lucha contra la exclusión financiera, con el fin de promover el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible de poblaciones desfavorecidas, la Fundación Microfinanzas BBVA ha adoptado su enfoque propio de una oferta de servicios financieros para actividades productivas responsable. El logro de esta meta requiere, sin embargo, la existencia de un marco regulatorio equivalentemente responsable. En este sentido, en América Latina, los últimos años han sido testigos tanto de avances importantes como de retrocesos lamentables. Esta publicación pretende reportar sobre las tendencias que influyen en la evolución de este marco regulatorio, para apoyar decisiones mejor informadas y facilitar el debate.

Mirar a las microfinanzas desde una perspectiva de sistemas legales resultará crítico para enfrentar exitosamente los desafíos consecuencia tanto de la creciente madurez, complejidad y competencia en el sector, como de los riesgos resultantes de los variados, rápidos e imprevisibles cambios en el entorno. A la vez, una comprensión correcta de la verdadera naturaleza de las microfinanzas deberá guiar las intervenciones regulatorias futuras en este sector. Lo que hoy conocemos como microfinanzas ha sido el resultado de una serie de innovaciones extraordinarias en la producción y en la entrega de varios tipos de servicios financieros a poblaciones que previamente no habían tenido acceso a las finanzas institucionales.

En efecto, la esencia de las microfinanzas no ha sido tanto el tamaño muy pequeño de las transacciones ni el hecho de que los clientes sean pobres. Más bien, su esencia han sido el desarrollo y puesta en práctica de innovaciones en tecnologías financieras (de prestar y de movilizar depósitos) que ha hecho posible el manejo prudente de los riesgos asociados con las clientelas meta, entre los pobres, y la reducción de los costos asociados con transacciones muy pequeñas.

En estas funciones de producción de los servicios financieros, herramientas modernas de información y comunicaciones cada día más serán insumos clave, pero los componentes críticos de la tecnología de microcrédito han sido: (i) la recolección en el campo, interpretación y uso en la toma de decisiones de información personalizada (tanto para diseñar servicios que respondan a la demanda de los diversos clientes y que generen impactos positivos en sus vidas como para determinar la capacidad y voluntad de pago de los solicitantes de crédito); y (ii) el diseño y cumplimiento de contratos, a fin de asegurar la sostenibilidad de las relaciones con los clientes y crear incentivos de pago robustos.

Una dimensión crítica del éxito ha sido la señal de que un préstamo es un contrato, el cual, como en cualquier relación contractual, crea derechos y obligaciones para ambas partes. Esta noción del microcrédito como un contrato surgió en claro contraste con la noción previa del crédito como una herramienta de política, que fácilmente se transformaba en un instrumento electoral. Visto como una herramienta de política pública, el crédito fue una intervención de arriba-hacia-abajo (no centrada en el cliente), con la que las autoridades hacían un favor (transferían un subsidio) o mandaban un comportamiento (condicionando el uso de los fondos). Esta perspectiva destruía la cultura de pago, una dimensión importante del capital social de un país.

Si, en contraste, a un microcrédito se le ve como un contrato, entonces el deudor se obliga a pagarlo conforme a lo convenido y, al mismo tiempo, adquiere derechos, en términos de la apropiada calidad del servicio, la transparencia en la revelación de los verdaderos términos de la obligación y la expectativa de mejores condiciones en interacciones futuras con la institución. A su vez, la institución adquiere el derecho a recibir el pago prometido, a fin de proteger su patrimonio, pero también incurre en la obligación de entregar servicios adecuados a las condiciones del cliente y de proteger su propia sostenibilidad, a fin de estar disponible cuando el cliente pueda requerir sus servicios en el futuro. De esto es de lo que se tratan las finanzas responsables y sostenibles. La interacción de estos derechos y obligaciones, tanto del cliente como de la institución, determina la calidad de la relación.

El núcleo de las nuevas tecnologías de crédito desarrolladas por las instituciones de microfinanzas ha sido la creación, in situ, de relaciones creíbles que son mutuamente valiosas. En efecto, estas relaciones constituyen contratos explícitos o implícitos de largo plazo, que crean estructuras de incentivos que influyen sobre el comportamiento de las partes en el contrato. A su vez, estas estructuras de incentivos compatibles estimulan la inversión, por ambas partes, en la continuidad y profundización de las relaciones. En efecto, el valor presente de estas relaciones futuras, para cualquiera de las partes, ha sido el elemento de las tecnologías de crédito que ha nutrido el sorprendente desempeño de pago de los deudores de microfinanzas y el exponencial crecimiento de estas instituciones.

Estas relaciones han sido más valiosas cuando los deudores han contado con oportunidades productivas atractivas (lo que les permite cumplir con sus obligaciones de pago sin empobrecerse y beneficiarse de un impacto positivo de la relación), cuando los servicios entregados han correspondido a las demandas y estrategias financieras de los hogares de los clientes y cuando a la institución se le ha percibido como sostenible. El valor de las relaciones ha reducido los costos y los riesgos enfrentados por la institución de microfinanzas lo que, a su vez, ha hecho posible el aumento de la amplitud y la profundidad de la cobertura de sus servicios.

De la misma manera, la expansión de la dimensión de las facilidades de depósito de las instituciones de microfinanzas ha reflejado innovaciones clave en la movilización del ahorro, con el desarrollo de nuevos productos (tales como tarjetas de débito con identificación biométrica) y la ampliación de los canales de entrega, a través tanto de la expansión de la red de oficinas como del uso de otros mecanismos, que van más allá, como las redes de corresponsales y el uso de la telefonía móvil y de la banca digital, permitiendo una atención más accesible y apropiada a las circunstancias de los clientes. Este progreso ha sido facilitado por el desarrollo de normas prudenciales más flexibles (como la autorización de cuentas básicas de procedimiento simplificado) y mejor adaptadas a las tecnologías modernas. Estas normas han intentado combinar óptimamente, por un lado, una preocupación por la seguridad de los ahorros de los depositantes y la necesidad de cultivar la confianza del público y, por otro lado, el reconocimiento de los desafíos propios de una expansión de los servicios de depósito hacia áreas y poblaciones marginales.

Así, la fortaleza de las relaciones contractuales ha estado a la raíz del éxito y ha constituido la esencia de las innovaciones que han caracterizado a la revolución de las microfinanzas. Por lo tanto, según la regulación de los sistemas financieros evolucione en el futuro y conforme nuevos esfuerzos por crear entornos legales apropiados para las microfinanzas surjan, es críticamente importante que una regulación responsable se asegure de que estas relaciones contractuales continúan siendo protegidas y no sean degradadas. Dadas las crecientes presiones políticas sobre las autoridades, ésta es una responsabilidad formidable.

La tarea que el regulador responsable enfrenta no es fácil y, tras la crisis financiera internacional, su desafío se ha vuelto aún más complejo. Al nivel más elemental, el regulador prudencial debe alcanzar una combinación óptima de al menos dos objetivos: (i) garantizar la estabilidad del sistema financiero, promoviendo la confianza del público y restringiendo el comportamiento oportunista de los diversos actores (para evitar el surgimiento de crisis sistémicas); y (ii) promover tanto la profundización financiera (es decir, las contribuciones del sistema financiero a los aumentos de la productividad y de la tasa de crecimiento de la economía) como la inclusión financiera (es decir, el acceso y mayor uso de servicios financieros de alta calidad, a un costo razonable, por amplios sectores de la población, incluidos los más desfavorecidos). Cada vez con mayor énfasis, a estos objetivos se les ha agregado la protección de los consumidores de todo tipo de servicios financieros, no solamente la de los depositantes, como una meta adicional de las autoridades.

Alcanzar razonablemente estos objetivos es una tarea compleja que debe evitar varios tipos de errores. Primero, una obligación primordial del regulador responsable es definir con claridad las reglas del juego y no modificarlas arbitrariamente. Cuando éste no es el caso, la regulación deja de ser un instrumento eficaz de contención del riesgo sistémico y, más bien, la incertidumbre regulatoria se convierte en una fuente adicional de riesgos para los intermediarios financieros y otros participantes en el mercado. Segundo, en cualquier caso, la regulación y la supervisión son inevitablemente costosas para todos los participantes en el mercado. Más allá de los costos operativos, tanto para el regulador como para el regulado y sus clientes, se generan los costos de oportunidad que surgen de las restricciones de entrada innecesarias y de las prohibiciones no justificadas al desarrollo de nuevos productos y procedimientos. Este tipo de normas representa un freno importante a la innovación. Tercero, en el peor de los casos, la regulación represiva introduce distorsiones en la naturaleza de las transacciones y en el papel del mercado, provocando graves ineficiencias e inequidades.

En conclusión, la esencia de las microfinanzas ha sido las innovaciones en la prestación de servicios financieros de pequeño tamaño, a clientelas pobres. Su continuado progreso dependerá de cómo las autoridades enfrenten la necesidad de innovación en sus propias tecnologías de regulación y supervisión, para que surja un empate virtuoso entre las características del sector y la intervención de las autoridades. Así, la revolución de las microfinanzas debe ir acompañada de una revolución regulatoria responsable, en la que las intervenciones son congruentes con la verdadera naturaleza del sector de las microfinanzas.