{"id":19300,"date":"2022-02-07T11:09:52","date_gmt":"2022-02-07T11:09:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/?p=19300"},"modified":"2022-02-11T12:37:27","modified_gmt":"2022-02-11T12:37:27","slug":"transparencia-fiscal-y-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/transparencia-fiscal-y-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Transparencia fiscal y prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19300?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19300?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p>El pasado mes de noviembre se public\u00f3 la Ley 254 para modificar diversas normas en materia de transparencia fiscal internacional y de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p>Entre las normas modificadas y las novedades introducidas destacan los siguientes aspectos:<\/p>\n<h4><b>Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/b><\/h4>\n<p>a) Definiciones. La norma introduce dos nuevas definiciones: <i>beneficiario final<\/i> y estructura jur\u00eddica. Respecto a la primera, define al beneficiario final como a la persona natural que de manera directa o indirecta, ejerza un control significativo sobre el cliente, la relaci\u00f3n de cuenta, contractual y\/o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realice la transacci\u00f3n. En cuanto a la <em>estructura jur\u00eddica<\/em>, se referir\u00e1 a fideicomisos u otras relaciones legales en las que exista una separaci\u00f3n entre la propiedad legal y el beneficiario final o beneficiarios finales.<\/p>\n<p>b) Unidad de An\u00e1lisis Financiero. Se adicionan facultades para la Unidad de An\u00e1lisis Financiero para la Prevenci\u00f3n del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en cuanto al an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n y env\u00edo de documentos, as\u00ed como el deber de asistir para ayudar a las investigaciones penales.<\/p>\n<p>c) Sujetos obligados financieros y no financieros. Seg\u00fan dispone la norma, las organizaciones autorreguladas, casa de valores, administraciones de inversi\u00f3n, administradoras de fondos de pensiones y administradoras de fondo de cesant\u00eda; sociedades de inversi\u00f3n auto administradas; asesores de inversi\u00f3n; y proveedor del servicio administrativo del mercado de valores, consideradas sujetos obligados financieros, ser\u00e1n supervisados por la Superintendencia de Valores de Mercado. Por otro lado, ser\u00e1n sujetos obligados no financieros los supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, definidos en el art\u00edculo 40 de la Ley 124 de 2020. Estos sujetos obligados deber\u00e1n documentar sus evaluaciones de riesgo, considerar todos los factores de riesgos relevantes para determinar el nivel de riesgo y sus mitigadores, mantener actualizadas sus evaluaciones de riesgos, as\u00ed como mantener mecanismos apropiados para poder proveer a sus supervisores, la informaci\u00f3n sobre las evaluaciones de riesgo.<\/p>\n<p>d) Con esta modificaci\u00f3n se aumentan las sanciones gen\u00e9ricas: multas de B\/. 5,000 a B\/. 5.000.000. Adem\u00e1s, introduce cambios al art\u00edculo 61 de la Ley 23 de 2015 que establece sanciones espec\u00edficas.<\/p>\n<h4><b>Ley 51 de 2016 que establece el marco regulatorio para la implementaci\u00f3n del intercambio de informaci\u00f3n para fines fiscales<\/b><\/h4>\n<p>En relaci\u00f3n a las modificaciones del art\u00edculo 4 de la Ley 51 de 2016, se establece que en todos aquellos casos no previstos en la norma con respecto a cada cuenta reportable, la instituci\u00f3n financiera paname\u00f1a sujeta a reportar, deber\u00e1 enviar a la autoridad competente el balance o valor de la cuenta, incluyendo el valor en efectivo o el valor de cancelaci\u00f3n al final del a\u00f1o, en todos aquellos casos de contratos de seguros con valor en efectivo o de renta vitalicia.<\/p>\n<p>Asimismo se elevan las multas estipuladas en el art\u00edculo 22 de la Ley 51 de 2016, estableciendo sanciones de B\/.5,000 hasta B\/.100,000, cuando la persona natural o persona jur\u00eddica incumpla con entregar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n requerida por causas imputables a \u00e9sta, dentro del plazo otorgado.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se modifican las sanciones del art\u00edculo 23 de la Ley 51 de 2016, estableciendo multas de B\/.5,000 a B\/.50,000 al cuentahabiente que proporcione a la instituci\u00f3n financiera una certificaci\u00f3n que contenga informaci\u00f3n falsa.<\/p>\n<h4><b>Modificaciones a Ley 52 de 2016 que establece la obligaci\u00f3n de mantener registros contables para determinadas personas jur\u00eddicas<\/b><\/h4>\n<p>Se contempla la obligatoriedad de llevar registro contables y documentaci\u00f3n de respaldo para toda persona jur\u00eddica que no realice operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos dentro de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, as\u00ed como aquellas que se dediquen \u00fanicamente a ser tenedoras de activos, dentro y fuera de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Al 30 de abril de cada a\u00f1o, las personas jur\u00eddicas deber\u00e1n proporcionar al agente residente los registros contables o la copia de los registros contables relativos al periodo fiscal, que haya culminado el 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior. Si los registros se mantienen en cualquier otro lugar distinto a las oficinas del agente residente, anualmente, deber\u00e1n informar por escrito al agente residente el nombre y datos de la persona de contacto, as\u00ed como la direcci\u00f3n f\u00edsica donde se mantienen los registros. Deber\u00e1n tambi\u00e9n informar y suministrar al agente residente la informaci\u00f3n requerida por los reguladores, as\u00ed como los cambios en la persona que custodia los registros.<\/p>\n<p>Tal y como dispone esta nueva modificaci\u00f3n, ante un cambio de agente residente, la persona jur\u00eddica deber\u00e1 facilitar al nuevo agente residente todos los registros contables y documentaci\u00f3n de respaldo, antes de que sea inscrita su designaci\u00f3n en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1. S\u00f3lo se inscribir\u00e1n las escrituras p\u00fablicas donde conste la declaraci\u00f3n expresa de esta entrega. Si se disolviera la personer\u00eda jur\u00eddica, el agente residente deber\u00e1 custodiar los registros contables y sus respaldos, por un periodo de 5 a\u00f1os desde la fecha de la disoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por otro lado, se establece la obligatoriedad del agente residente de reportar al 15 de julio de cada a\u00f1o, una declaraci\u00f3n jurada que contenga una lista de las personas jur\u00eddicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente, incluyendo el nombre y n\u00famero de RUC (Registro \u00danico Contribuyente).<\/p>\n<p>Por \u00faltimo y al igual que en el resto de normas modificadas, tambi\u00e9n se aumentan notablemente las sanciones previstas.<\/p>\n<h4><b>Ley 124 de 2020 que crea la superintendencia de sujetos no financieros<\/b><\/h4>\n<p>Entre las modificaciones a la norma, se encuentra el otorgamiento de nuevas facultades a la Superintendencia de Sujetos no Financieros, se establece un qu\u00f3rum v\u00e1lido para la toma de decisiones y nuevos miembros de la Junta Directiva, de entre los cuales, dos de ellos deber\u00e1n formar parte del sector p\u00fablico.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, a efectos de confidencialidad y reserva de la informaci\u00f3n, la norma establece que toda documentaci\u00f3n contenida en el Sistema Privado y \u00danico de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas se regir\u00e1 por lo dispuesto en la Ley 129 de 2020.<\/p>\n<h4><b>Ley 129 de 2020 que crea el sistema privado y \u00fanico de registro de beneficiarios finales de personas jur\u00eddicas<\/b><\/h4>\n<p>La norma establece modificaciones a la Ley 129 de 2020, mediante la cual se crea el sistema privado y \u00fanico de registro de beneficiarios finales de personas jur\u00eddicas. Dentro de los cambios realizados a la norma destacan la reducci\u00f3n de los t\u00e9rminos para el env\u00edo de informaci\u00f3n y el aumento en las sanciones gen\u00e9ricas.<\/p>\n<h4><b>Modificaciones al C\u00f3digo Fiscal<\/b><\/h4>\n<p>Finalmente la norma modifica diversos preceptos del C\u00f3digo Fiscal en el que se tipifican las sanciones a: (i) organismo de administraci\u00f3n, accionistas, socios, o interesados en la personer\u00eda jur\u00eddica que fue suspendida por cualquier incumplimiento establecido en las leyes aplicables, (ii) a los funcionarios p\u00fablicos, personas naturales o jur\u00eddicas que incumplan con la presentaci\u00f3n de informes a la autoridad fiscal competente, (iii) a los funcionarios o particulares que incumplan disposiciones referentes a la expedici\u00f3n de paz y salvos, y (iv) a las entidades que deban presentar el Reporte Pa\u00eds por Pa\u00eds, relacionado al grupo de empresas multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750.000.000 euros, que presenten incumplimientos con la informaci\u00f3n a reportarse en su per\u00edodo fiscal.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado mes de noviembre se public\u00f3 la Ley 254 para modificar diversas normas en materia de transparencia fiscal internacional y de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. 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