Antón Leis, director de la AECID

Nacido en Santiago de Compostela en 1981, está casado y es padre de 2 hijos. Antón Leis García ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los organismos internacionales especializándose en cooperación internacional y asuntos multilaterales. Antes de su nombramiento como Director de la AECID, ocupó diversos puestos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido en el Secretariado de Relaciones Mundiales y el Gabinete del Secretario General, donde ocupaba el puesto de Consejero (Counsellor) del Secretario General, con rango de jefe de división.
Entre 2018 y 2020 fue Vocal Asesor en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, UE, G20 y Seguridad Global del Gabinete del Presidente del Gobierno de España, a cargo de la coordinación de la participación de España en el G20 y de otros asuntos multilaterales. Fue igualmente Asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Con anterioridad, ha desempeñado puestos de cooperante en el Banco Africano de Desarrollo como especialista senior en gobernanza y desarrollo del sector privado desde Túnez y Costa de Marfil, así como en el Banco Mundial como asesor jurídico, trabajando sobre las regiones de África Subsahariana y América Latina y Caribe desde la sede de Washington.
Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Carlos III de Madrid, posee un Máster en Derecho (LL.MM) por la Harvard Law School y un doble diploma de Máster en Administración Pública (MPA) por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Habla inglés, francés y portugués.
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  • La AECID es un actor clave en la cooperación para el desarrollo en un momento de grandes desafíos a nivel internacional. ¿Cuál es su valoración del contexto y de los principales retos que aún persisten?

El mundo atraviesa uno de los momentos de mayor complejidad en las relaciones internacionales de las últimas décadas, un periodo de crisis simultáneas y superpuestas en el que a las consecuencias globales de la pandemia del COVID-19 se suman las de la agresión rusa a Ucrania o el conflicto en Oriente Medio. Las necesidades humanitarias se multiplican año tras año, la reducción de la pobreza en el mundo se detuvo durante la pandemia, las desigualdades aumentan y la emergencia climática está empujando a muchas personas al hambre y la exclusión. Y todo ello mientras surgen voces que abogan por el repliegue identitario y cuestionan el multilateralismo o el orden internacional basado en reglas.

En este contexto, la cooperación es más necesaria que nunca. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver estos desafíos y crisis solo. La pandemia nos lo ha demostrado.

La cooperación es, ahora más que nunca, un ejercicio de solidaridad pero también de responsabilidad, no es un gasto sino una inversión. Esto va de valores, pero también de intereses. Tenemos una de las sociedades más solidarias de la Unión Europea – 4 de cada 5 españoles apoyan la inversión en cooperación – pero es importante subrayar que este es un trabajo. No en vano, la cooperación es una herramienta fundamental de nuestra política exterior, de eso que se conoce como “poder blando” que permite a España construir alianzas con otros actores e influir en debates globales y que, en última instancia, redunda en el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos aquí en casa.

Por eso, mientras algunos países están reduciendo su compromiso con la cooperación, España forma parte de aquellos que estamos apostando decididamente por ella y reforzándola. La nueva ley de cooperación de 2023, adoptada con un gran consenso político, planteó una amplia reforma de la Cooperación Española con la AECID como “piedra angular” del sistema. Desde 2021 hemos duplicado el presupuesto de la Agencia y lanzado nuevos e innovadores programas, pero, sobre todo, hemos apostado por hacer una cooperación más eficaz, con mayor impacto, más estratégica y alineada con una política exterior coherente y con identidad propia que dice lo mismo en Palestina y en Ucrania. La reforma del sistema y de la AECID y la forma en la que la estamos llevandola a cabo, con diálogo entre todos los actores y basada en unos principios sólidos, es un logro fundamental en los tiempos que corren. La reforma nos va a permitir crecer y dar respuesta a las cada vez mayores necesidades humanitarias y de desarrollo y mostrar también a nuestros socios en el mundo, que no les vamos a abandonar y que España es un actor fiable que practica una nueva cooperación, menos basada en la lógica de la “ayuda” y más en la de la alianza para resolver desafíos compartidos.

Esta reforma fue concebida y cuenta con un amplísimo respaldo social y parlamentario, y ese es nuestro reto: seguir reforzando esta política, que es a la vez una política pública y una política de Estado, con responsabilidad, creciendo para responder a necesidades que a veces parecen desbordarnos, pero haciéndolo bien.

  • Recientemente se ha aprobado un nuevo Estatuto de la AECID, que culmina el proceso que comenzó con la nueva ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y que supone, como dice, una ambiciosa reforma de la Cooperación Española. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce y cómo fortalecerán el impacto de la Agencia?

El nuevo Estatuto de la AECID, aprobado el pasado diciembre, es el núcleo central de una reforma profunda de una AECID que quiere ser una agencia innovadora, ágil y estratégica; referente en el panorama internacional. La reforma persigue esencialmente cuatro objetivos.  

En primer lugar, queremos renovar la organización para responder a las nuevas necesidades y desafíos del nuevo entorno internacional. Por eso apostamos por reforzar el conocimiento sectorial en ámbitos como la cooperación feminista, la transición ecológica, el crecimiento económico incluyente o la digitalización. Y por potenciar instrumentos estratégicos, como la acción humanitaria (que hemos prácticamente triplicado desde 2018), la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, o la cooperación financiera, que será fundamental para cubrir el déficit de financiación anual de los ODS, que supone 20 veces más que la ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo.

En segundo lugar, queremos cambiar nuestra forma de trabajar de una cooperación centrada en nuestros propios proyectos y programas a otra en la que la AECID, además de sus propias capacidades y acciones, dedique más esfuerzos a promover y gestionar alianzas con el resto de actores de la cooperación (sociedad civil, sector privado, socios multilaterales, actores de cooperación autonómicos y locales) y con los países socios.

En tercer lugar, queremos apostar por las personas. No solo por las comunidades que se benefician de nuestros proyectos, sino también nuestro mayor activo como organización: nuestro personal. Necesitamos atraer talento de personal altamente cualificado para los retos del futuro. En julio el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes, que dignifica y mejora las condiciones de trabajo de esta fantástica carrera profesional y que ofrece nuevos derechos y mejores perspectivas profesionales a los más de 2.700 cooperantes que tenemos en todo el mundo defendiendo nuestros valores. En próximas fechas lanzaremos una nueva convocatoria de responsables de proyectos de la AECID pensada para captar a personas jóvenes con altas cualificaciones que quieran trabajar con nosotros por un mundo mejor.

En cuarto y último lugar, queremos reforzar la agilidad y eficiencia de la Agencia para dar respuesta a los desafíos de un mundo cada vez más complejo, y dotarla de una mayor flexibilidad y dinamismo, reafirmando su compromiso con la mejora continua de la gestión del conocimiento, el aprendizaje y la innovación. Por eso tenemos un Plan de Transformación Tecnológica que busca mejorar la interacción con el ciudadano y apuesta decididamente por convertir a las tecnologías digitales en motor de desarrollo.

  • La reforma también aborda la coordinación con el sector privado. ¿Cómo visualiza el papel del sector privado y de entidades como la Fundación Microfinanzas BBVA en el nuevo modelo?

El sector privado es absolutamente fundamental, indispensable yo diría. Lo es desde el punto de vista de la financiación: sin inversión sostenible en los países emergentes y en desarrollo no vamos a lograr avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Nuestro desafío como agencias de cooperación va a ser incentivar que, los mercados financieros, que los inversores canalicen más recursos hacia el desarrollo sostenible, hacia la financiación climática, hacia una transición digital que no deje a nadie atrás, hacia la generación de empleo de calidad y oportunidades de emprendimiento para todos y, si me permiten, sobre todo para todas. 

Trabajar con el sector privado y con actores que trabajan en el ámbito de la inclusión financiera o la inversión de impacto nos interesa también por el conocimiento y la innovación que aportan. No todo es financiación. Muchos agricultores en el mundo podrían cambiar sus vidas y las de sus familias con nuevas técnicas de cultivo. Hay muchos emprendedores en los países en desarrollo que solo necesitan un empujoncito para generar oportunidades a su alrededor y transformar sus países.

La nueva ley y el nuevo Estatuto de la AECID nos demanda dos cosas novedosas. Por un lado, nos toca coordinar nuestro sistema de cooperación a nivel operativo en un contexto cada vez más diverso de actores de la cooperación. Y por otro, necesitamos imaginar y crear alianzas con ellos, en muchas ocasiones coordinando y apoyando, financiera y técnicamente, a otros actores, movilizando a la ciencia española o a nuestro sector privado en favor del desarrollo sostenible, o explorando oportunidades de cofinanciación y trabajo conjunto con organizaciones como la Fundación Microfinanzas BBVA, que tiene una gran trayectoria de trabajo en América Latina promoviendo el emprendimiento y la inclusión financiera, dos objetivos que nos unen a ambas entidades.

Por dar una cifra: aproximadamente la mitad de las operaciones que aprobamos cada año a través de nuestro brazo de cooperación reembolsable, son operaciones con el sector privado, en concreto financiando proyectos de inversión de impacto con inversores privados que quieren tener un retorno adicional al meramente financiero.

  • América Latina es una región de grandes contrastes. ¿Cuáles son las prioridades de la AECID en esta región?

La cooperación con América Latina y el Caribe ha sido una prioridad para la cooperación española desde sus inicios. Allí nacimos y allí aprendimos a hacer cooperación y lo seguimos haciendo de la mano de nuestros socios.

La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global hace referencia al concepto desarrollo en transición, de gran interés para esta región, donde la mayor parte de los países son de renta media y siguen requiriendo de estrategias de acompañamiento para abordar los retos a los que se enfrentan con independencia de su nivel de renta: desigualdades, riesgos climáticos, brechas de género. 

Las prioridades de la AECID en América Latina y el Caribe, son contribuir a la cohesión social y la reducción de las desigualdades; promover la acción climática en una región con grandes activos por ejemplo en biodiversidad pero muy expuesta a riesgos como sequías e inundaciones; apoyar la integración regional, que tiene un gran potencial para generar prosperidad; fortalecer los sistemas democráticos y los derechos humanos, que compartimos latinoamericanos y europeos como valores fundamentales; promover la inversión sostenible y su impacto en el desarrollo a través de la agenda de inversiones de la UE en la región (donde la AECID aporta hasta 1.400 millones de Euros); y participar activamente en el sistema de cooperación iberoamericana, del que somos secretaría pro témpore desde hace unos meses y hasta 2026. 

  • En su opinión ¿cómo pueden las microfinanzas y el emprendimiento contribuir de manera sostenible a la reducción de la pobreza? 

Los microcréditos, idea nacida hace ya hace décadas en un país emergente (Bangladesh, de la mano del Premio Nobel Muhammad Yunnus) son un instrumento financiero muy eficaz para la erradicación de la pobreza y para la construcción de un tejido económico sostenible y adaptado a prácticamente cualquier modelo de sociedad. En sociedades con altas tasas de desigualdad y en las que la brecha de acceso a la financiación es insalvable, se trata de soluciones que potencian el autoempleo, la integración de personas en el mercado laboral (especialmente de mujeres y jóvenes), la generación de nuevos e innovadores modelos de negocio, y, por ende, en la economía y la cohesión social, por lo que esta modalidad de cooperación financiera se convierte en un potente instrumento para la lucha contra las desigualdades, además de contribuir a la resiliencia y al crecimiento económico de la sociedad en su conjunto.

  • La igualdad de género es un eje prioritario para la AECID ¿Qué estrategias está implementando para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en países en desarrollo?

La igualdad de género para nosotros es una seña de identidad. Es, por supuesto, un sector prioritario, pero también un eje transversal que inspira todas nuestras acciones y programas bajo un enfoque feminista. 

En el actual Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 se refuerza este compromiso situando la igualdad como un sector prioritario y estableciendo el objetivo de que al menos el 60% de las iniciativas contribuyan directamente a la equidad, con una meta de crecimiento progresivo hacia el 85%.

Ya estamos en ello. Desde 2021 hemos casi triplicado nuestra inversión en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Nuestra actuación sigue cuatro líneas de trabajo en materia de igualdad de género, todas ellas necesarias para el impulso del empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos: la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, por ejemplo, en el ámbito político, el empoderamiento económico de las mujeres, la eliminación de todas las formas de violencia de género, y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Fruto de nuestro compromiso feminista, en 2021 lanzamos un programa global llamado Ellas+, que tiene un presupuesto anual de 5 millones de euros, y continúa impulsando el liderazgo femenino en todos los niveles de la sociedad y fomentando sistemas de cuidado equitativos.

  • ¿Qué mensaje le gustaría enviar a las emprendedoras y emprendedores que en contextos de pobreza, a pesar de los desafíos, siguen impulsando el progreso de sus familias y comunidades?

Un mensaje de apoyo y de compromiso. El emprendimiento no es solo el motor de cualquier economía, cualquiera que sea su tamaño, también es un poderoso vehículo para que miles de familias salgan de la pobreza y para contribuir a la cohesión social. Incluso en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las micropymes representan el 94 % de todas las empresas del país. Los emprendedores son la columna vertebral de nuestra economía y, en muchos países emergentes, su papel es incluso mayor.

El impacto que tiene el emprendimiento en estos países, -con enormes tasas de desigualdad y con graves obstáculos al acceso a financiación por parte de la mayoría de los ciudadanos (y en particular las mujeres y algunos colectivos excluidos)- lo convierte en una herramienta eficaz, puede que la más eficaz, para generar empleo decente, reducir la informalidad y promover economías más competitivas y a la vez incluyentes. La creación de oportunidades para el desarrollo de esta economía a menudo informal genera un impacto indudablemente positivo con la generación de riqueza en familias y comunidades, fomentando la competencia e incluso propiciando la inversión, creando así círculos virtuosos para el desarrollo económico del país. 




Actualización de las medidas europeas sobre ciberseguridad

El 27 de junio entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea del Parlamento Europeo relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación.

La norma, que deroga el anterior Reglamento sobre la Ciberseguridad del 2013, tiene como aspiración alcanzar un nivel elevado de ciberseguridad, ciberresiliencia y confianza dentro de la Unión Europea.

A continuación destacamos los dos bloques fundamentales del documento:

Agencia Europea para la Ciberseguridad

En primer lugar, el Reglamento establece los objetivos y aspectos organizativos de la nueva Agencia Europea para la Ciberseguridad (ENISA), y le asigna las siguientes tareas:

  • Contribuir a la elaboración y ejecución de la política y del derecho de la Unión en el ámbito de la ciberseguridad
  • Asistir a los Estados en la creación de capacidades de ciberseguridad
  • Apoyar la cooperación entre los países miembros, las instituciones, órganos y organismos de la Unión y entre las partes interesadas
  • Promover el desarrollo y la aplicación de la política de la UE en materia de certificación de la ciberseguridad de productos, servicios y procesos TIC
  • Analizar las tecnologías emergentes y preparar evaluaciones sobre los efectos esperados, de tipo social, jurídico, económico y reglamentario, de las innovaciones tecnológicas
  • Sensibilizar al público sobre los riesgos relacionados con la ciberseguridad y facilitar orientaciones sobre buenas prácticas
  • Asesorar a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a los Estados miembros sobre las necesidades y prioridades de la investigación en el ámbito de la ciberseguridad y las tecnologías de la información, y a utilizar eficazmente las tecnologías de prevención del riesgo
  • Promover la cooperación internacional en relación con los problemas que se refieren a la ciberseguridad

Certificación de la ciberseguridad

Por otra parte, aborda la definición de un marco para la creación de esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad, a efectos de garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad de los productos, servicios y procesos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de crear un mercado único digital para estos productos, servicios y procesos.

Este marco define un mecanismo destinado a instaurar esquemas europeos de certificación de la ciberseguridad y a confirmar que los productos, servicios y procesos de TIC que hayan sido evaluados con arreglo a dichos esquemas, cumplen los requisitos de seguridad especificados. De esta manera se trata de proteger la disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos almacenados, transmitidos o procesados o las funciones o servicios que ofrecen.

La Comisión Europea publicará un programa de trabajo evolutivo para los esquemas europeos de certificación que definirá las prioridades estratégicas para los futuros esquemas e incluirá una lista de productos, servicios y procesos de TIC, o de categorías de los mismos, que pudieran beneficiarse de su inclusión en el ámbito de aplicación de un esquema europeo de certificación de la ciberseguridad.




Incorporación del Convenio sobre Ciberdelincuencia

Mediante la presente Ley, el Gobierno colombiano ha incorporado a su cuerpo normativo interno el Convenio sobre Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de noviembre de 2001 en Budapest y en vigor desde julio de 2004.

El Convenio es el resultado de la necesidad de una cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, y de prevenir actos en contra de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos. Así, busca establecer las medidas suficientes para luchar contra los delitos que sean tipificados y que atenten contra dichos intereses.

El propósito del Convenio orienta a los “Estados Parte” la adopción e implementación de medidas legislativas que tipifiquen como delitos actos de acceso ilícito a un sistema informático, la interceptación ilícita de datos, la interferencia (daño, borrado, alteración o supresión) de datos, falsificación y fraude informáticos, pornografía infantil, infracciones a la propiedad intelectual y derechos afines, entre otros.

Así mismo, se dispone el compromiso de dichos Estados de adoptar las medidas necesarias para poder exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos antes mencionados, ya sean cometidos a través de una persona física, en calidad individual o como miembro de un órgano de dicha persona jurídica.  También habrá lugar a responsabilidad penal de una persona jurídica cuando la falta de vigilancia o control permita la comisión de dichos delitos.

Los Estados Parte deberán adoptar en la implementación de las medidas internas, los principios sobre cooperación internacional, extradición, asistencia mutua e información espontánea, y el compromiso de designar un punto de contacto disponible 24/7, a fin de garantizar la prestación de ayuda inmediata para la investigación o procedimientos relacionados con delitos vinculados a sistemas y datos informáticos.




Plan Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)

Antecedentes

En el año 2011 fue elaborado y aprobado el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de manera participativa entre 21 instituciones del Estado y 21 entidades del sector privado; un esfuerzo interinstitucional liderado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI).

Este plan tuvo como base el análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades que en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, LA/FT), en ese entonces enfrentaba el Perú, lo que permitió que este instrumento aborde dichas vulnerabilidades (entre estructurales y funciones), con el fin de mitigar el riesgo de LA/FT. La definición de objetivos y acciones se basó en las vulnerabilidades funcionales identificadas para cada uno de los componentes constitutivos: prevención, detección y represión penal.

Marco de desarrollo

El presente Plan Nacional 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, sigue el camino iniciado en 2011 y se configura como un elemento de planificación a corto y mediano plazo que, se desarrolla dentro de los alcances de la primera Política Nacional en la materia, cuya propuesta fue aprobada por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, CONTRALAFT) y por el poder ejecutivo en el año 2017.

El Plan Nacional sirve como instrumento para la implementación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Sobre el marco de la Política Nacional que fuera aprobada por la CONTRALAFT en marzo del 2017, la cual se sustenta, principalmente, en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (2016), se inició un proceso participativo para la elaboración del presente Plan Nacional, a fin de definir en un escenario temporal, objetivos específicos, acciones concretas, responsables de su implementación e indicadores de medición, teniendo en consideración además aquellas acciones del Plan Nacional vigente pendientes de implementación y que conforme al nuevo escenario de riesgos detectados, aún eran necesario abordar.

Proceso participativo para la elaboración

El Plan Nacional es producto de un proceso participativo en el que han intervenido diversas entidades públicas. La metodología seguida en el proceso de elaboración del Plan Nacional, se basa en tres aspectos fundamentales:

  • Los objetivos específicos y los lineamientos de la Política Nacional.
  • Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (2016) y las Evaluaciones Sectoriales de Exposición a los Riesgos de LA/FT de los sectores minero y pesquero (2016); y
  • La participación activa de los organismos públicos que desempeñan un rol fundamental en la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT en el país (miembros o no de la CONTRALAFT) en todas las etapas de su elaboración.

Las etapas a través de las cuales se ha elaborado el Plan Nacional han sido las siguientes:

  • Etapa I: Conformación de grupos de trabajo. Configurada como la principal vía de participación, mediante 21 entidades del Estado se han instrumentado las aportaciones y los debates que han llevado a la redacción definitiva del Plan Nacional. Su distribución se da en tres grupos de trabajo:

o   Grupo de Trabajo de Prevención

o   Grupo de Trabajo de Detección de Investigación

o   Grupo de Trabajo de Enjuiciamiento y Represión Penal

  • Etapa II: Cumplimiento de matrices. Entre los integrantes de los Grupos de Trabajo se distribuyó las “Matrices para la obtención de la Información”, con la finalidad de identificar acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos. Cada uno de los miembros de los 3 Grupos de Trabajo completaron y remitieron las matrices, las mismas que contenían la siguiente información: descripción de las acciones específicas que consideraban desarrollar; los motivos para su ejecución, donde se detallaron las razones por las que se propone la acción.
  • Etapa III: Reuniones grupales y bilaterales. Se llevaron a cabo 19 reuniones grupales donde se socializaron lo remitido mediante las “Matrices para la obtención de la Información” y se propusieron indicadores para cada una de las acciones propuestas, recibiéndose valiosos aportes y comentarios. En las citadas reuniones participaron un total de 22 instituciones, incluido el Grupo de cooperación internacional Alemana (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ).
  • Etapa IV: Reuniones bilaterales para obtener el compromiso político. Al ejercer la SBS la Vicepresidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, la Superintendente de Banca, Seguros y AFPs y el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en adelante UIF-Perú, tuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de diferentes entidades del estado.
  • Etapa V: Validación de las acciones y determinación de costos. Se revisaron todas las acciones, con sus respectivos indicadores, en función de los comentarios remitidos por las distintas entidades participantes. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y/o coordinaciones entre diferentes entidades.
  • Etapa VI: Presentación y aprobación de la propuesta final por parte de la CONTRALAFT. La propuesta del Plan Nacional presentada durante la Tercera Sesión de la CONTRALAFT, se aprobó por unanimidad; encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

Objetivo general

Definir, planificar y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú.

Eje estratégico N° 1: Prevención. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 1 de la Política Nacional: Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Identificar los riesgos LA/FT de los sujetos obligados identificados por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, en adelante GAFI. Su principal acción es potenciar la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgo LA/FT de los sujetos obligados identificados por las recomendaciones del GAFI.

2. Contar con un marco normativo que permita la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT y facilite la identificación del beneficiario final.

3. Fortalecer la regulación, supervisión y sanción en materia de prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados financieros y no financieros. Acciones:

  • Potenciar la planificación de la supervisión anual en materia LA/FT con un enfoque basado en riesgos.
  • Definir y formalizar los canales de comunicación entre los organismos supervisores y los sujetos obligados, dirigidos a retroalimentarse de información para mejorar el grado de cumplimiento del marco preventivo en materia LA/FT.
  • Capacitar a los sujetos obligados en materia LA/FT dirigidas a mejorar su grado de cumplimiento, con especial incidencia en los de mayor riesgo.

4. Contar con los mecanismos que permitan a la UIF-PERÚ recibir reportes de operaciones sospechosas de calidad y en forma oportuna, así como retroalimentación por parte de la UIF-Perú a los sujetos obligados. Acciones:

  • Identificar los sectores con bajos, nulos o con deficiente calidad de reporte a la UIF-Perú, a fin de orientar los planes de supervisión, cuando corresponda.
  • Aprobar un nuevo formulario que facilite la comunicación de operaciones sospechosas por los sujetos obligados, que incluya un instructivo para su adecuada comprensión y aplicación.
  • Proponer e impulsar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificaciones normativas que permitan la adecuación de los plazos de comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con FT.
  • Proporcionar de forma permanente y periódica información a los sujetos obligados sobre las tipologías y tendencias de LA/FT que les puedan afectar.

Eje estratégico N°2: Detección. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 2 de la Política Nacional: Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Mejorar los mecanismos y el marco normativo que permitan garantizar el acceso oportuno de la UIF-Perú y otras autoridades competentes a información confidencial. Acciones:

  • Potenciar y desarrollar los mecanismos que permitan hacer operativo el acceso de la UIF-Perú a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.
  • Proponer e impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la República para lograr que la UIF-Perú comparta información de inteligencia financiera con el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

2. Controlar adecuadamente el flujo de activos ilícitos o con fines ilícitos en zonas fronterizas y a nivel nacional.

3. Facilitar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas al LA/FT, salvaguardando la confidencialidad de la información transmitida. Su principal acción es elaborar protocolos y canales de comunicación segura para la remisión de información confidencial de la UIF-Perú al MP y a otras autoridades competentes.

Eje estratégico N° 3: Investigación y sanción. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 3 de la Política Nacional: Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional o internacional, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Optimizar el trabajo de las autoridades de investigación y sanción penal competentes para conocer los casos LA/FT. Acciones:

  • Fortalecer la estructura organizacional y de gestión del capital humano LA/FT de la Policía Nacional del Perú en adelante PNP, mediante la especialización de sus efectivos.
  • Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas de LA/FT a nivel nacional.
  • Fortalecer la gestión de capital humano del Poder Judicial en adelante PJ, considerando su especialización en materia LA/FT y mejorando condiciones de seguridad y capacitación.
  • Aprobar un instrumento conjunto entre el MP y el PJ que permita remitir a los órganos jurisdiccionales los documentos sustentatorios de los requerimientos fiscales en formato digital.
  • Reordenar la estructura organizativa del PJ y del MP para que, en función de la carga procesal soportada, se creen juzgados o fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio, o convertir las existentes para destinarlas a conocer de manera exclusiva el ilícito de lavado de activos y pérdida de dominio.
  • Poner en vigencia a nivel nacional del Nuevo Código Procesal Penal para los casos de LA/FT

2. Garantizar la recuperación de activos. Acciones:

  • Agilizar el proceso de inscripción de las medidas de incautación y decomiso en los registros públicos como resultado de procesos LA/FT, considerando la posibilidad de usar medios tecnológicos.
  • Fortalecer los medios tecnológicos y la estructura organizacional y de gestión de capital humano de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio (en adelante, PLAPD) y la Procuraduría Especializada en delitos de Terrorismo (en adelante, PEDET), considerando el aumento de la dotación del personal, reduciendo su rotación, incrementando su capacitación.
  • Asignar a la PLAPD la competencia para conocer todos los casos de lavado de activos, independientemente del tipo de delito precedente que genere los rendimientos ilícitos, asegurando la dotación de personal y presupuestaria y las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de esta función.

3. Procurar una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y de los activos recuperados. Acciones:

  • Proponer e impulsar ante el Congreso de la República la modificación del Decreto Legislativo N° 1104 y su desarrollo reglamentario, para optimizar la aplicación de la pérdida de dominio, así como para mejorar la administración y distribución de los activos incautados, decomisados y los declarados en pérdida de dominio.
  • Aprobación de Decreto Supremo que regule la reparación civil, a fin de asegurar su distribución entre las distintas autoridades competentes.

4. Optimizar la cooperación internacional frente al LA/FT para potenciar el trabajo en los ámbitos policial, fiscal y judicial. Acciones:

  • Fortalecer la participación del MP en las redes regionales de fiscalías para mejorar la cooperación jurídica internacional en materia LA/FT.
  • Potenciar mecanismos flexibles de cooperación internacional entre la PNP y sus homólogos de otros países en materia LA/FT.
  • Elaborar estudios o diagnósticos sobre el fenómeno criminal del LA/FT en el país.

Eje estratégico N° 4: Transversal: Articulación. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 4 de la Política Nacional: Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Potenciar la coordinación entre las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT y las entidades competentes en dichas materias. Su principal acción es identificar las comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales cuyas competencias estén relacionadas al ámbito del LA/FT y gestionar la participación en éstas de la Presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros.

2. Mejorar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT entre las autoridades públicas competentes y el trabajo conjunto entre éstas. Acciones:

  • Impulsar la creación de los mecanismos seguros para intercambiar información confiable entre los organismos de prevención, detección e investigación y sanción en materia LA/FT.
  • Suscribir convenios interinstitucionales entre organismos con funciones de supervisión prudencial de sujetos obligados y los competentes en prevención del LA/FT para el intercambio de información.
  • Generar espacios de diálogo entre los organismos supervisores LA/FT y las asociaciones gremiales de sujetos obligados, así como potenciar los ya existentes.
  • Aprobar e implementar protocolos de actuación conjunta entre el MP y el PJ para el fortalecimiento del proceso penal de LA/FT Constituir Grupos de Trabajo integrados por UIF Perú, PNP y MP para la detección e investigación de casos complejos de LA/FT.

3. Fomentar una cultura de legalidad que genere el rechazo de los actos vinculados al LA/FT por parte de la ciudadanía. Acciones:

  • Promover la cultura de la prevención LA/FT entre los sujetos obligados y ejecución de acciones de concientización y apoyo.
  • Diseñar y ejecutar campañas de difusión y divulgación pública orientada a la prevención LA/FT
  • Difundir entre la población los canales de denuncia ya implementados a los que puede acudir para poner en conocimiento de las autoridades posibles actos vinculados al LA/FT.
  • Implementar un mecanismo que permita a la ciudadanía comunicar a la UIF-Perú hechos presuntamente vinculados al LA/FT, guardando la debida confidencialidad.

4. Potenciar la actuación de los organismos públicos competentes en la prevención y lucha contra el LA/FT. Acciones:

  • Realizar un estudio para identificar debilidades en las capacidades (formativas y operativas) de los actores involucrados.
  • Definir medidas articuladas, sobre la base de los resultados del estudio realizado, para mitigar las debilidades identificadas.
  • Implementar y poner en funcionamiento el Módulo de Información Estadística sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plataforma del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

5. Proponer y/o impulsar la actualización permanente de la normativa nacional a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el LA/FT. Acciones:

  • Ejecutar el seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales, como consecuencia de los resultados del Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT.
  • Establecer un mecanismo de diálogo entre la SBS y los organismos involucrados para impulsar la implementación de los cambios que se detecten producto del seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales.

Seguimiento y monitoreo

La CONTRALAFT es competente para: “Realizar actividades destinadas al seguimiento o de la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Dentro de este marco, el presente Plan Nacional específica por cada acción la entidad (es) y unidad (es) responsable (s), encargadas de realizar su seguimiento y medir el cumplimiento de los indicadores, a fin de garantizar un adecuado seguimiento.

A partir de la información que remita cada entidad responsable y, considerando que las metas previstas en el Plan Nacional se han fijado por año, la CONTRALAFT emitirá anualmente informes técnicos sobre los avances en la implementación del Plan Nacional. En base a los resultados de estos informes, y otros diagnósticos, le corresponderá proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en adelante MINJUS, la actualización del presente Plan Nacional.