El gobierno peruano ha dictado los Decretos 006-2020 y 007-2020 en el marco de la Política Nacional de Competitividad y Productividad1 y ante la necesidad de reducir la brecha digital según lo aconsejado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Teniendo en cuenta además, que Perú pretende formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reconoce que las tecnologías digitales podrían contribuir a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ejecutivo ha aprobado los siguientes Decretos:

I. Sistema Nacional de Transformación Digital. Decreto 006-2020

La norma define “Transformación Digital” como el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas.

Ante este concepto, se establece el Sistema Nacional de Transformación Digital, sistema funcional del Poder Ejecutivo conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y promueve las actividades del sector privado orientadas a alcanzar los objetivos del país en materia de transformación digital.

Tal y como establece la norma, los cuatro fines perseguidos por este Sistema son:

• Fomentar la transformación digital y el uso efectivo de tecnologías digitales.
• Impulsar la innovación digital y el fortalecimiento de una sociedad digital inclusiva, esto es, ciudadanía con derechos y deberes digitales.
• Promover la economía digital, competitividad, productividad e inclusión financiera.
• Fortalecer el acceso e inclusión a las nuevas tecnologías digitales y la confianza digital a través de seguridad, transparencia, protección de datos personales y gestión ética.

Asimismo se indica que las entidades del sector privado considerarán en sus acciones los objetivos de la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital -pendientes de publicación- y que se encuentran orientadas a fortalecer la confianza digital en el diseño e implementación de servicios digitales.

II. Marco de Confianza Digital y medidas para su fortalecimiento. Decreto 007-2020

Esta norma tiene establece las medidas necesarias para garantizar la confianza de las personas en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas y organizaciones del sector privado en el Perú.

A estos efectos, define la “Confianza Digital” como el estado que emerge resultado de cuán veraces, predecibles, éticas, transparentes, seguras, inclusivas y confiables son las interacciones digitales que se generan entre personas, empresas, entidades públicas o cosas en el entorno digital.

Atendiendo a esta Confianza Digital, se crea el Marco de Confianza Digital compuesto por tres ámbitos: Protección del consumidor, transparencia y Seguridad digital; y que la norma define como el conjunto de principios, políticas, procesos, personas, empresas, entidades públicas, tecnologías y estándares mínimos que permiten asegurar y mantener la confianza en el entorno digital.

La norma reconoce como medidas de fortalecimiento las siguientes:

1. Creación del Centro Nacional de Seguridad Digital.- Plataforma digital que gestiona, dirige y supervisa la operación y promoción de la Seguridad Digital (SD) y que es el responsable de identificar, detectar, proteger y recuperar información sobre incidentes de SD.
2. Registro Nacional de Incidentes de SD.- Recibe, consolida y mantiene datos e información sobre los incidentes de SD reportados por los Proveedores de servicios digitales en el que puedan servir de evidencia o insumo para su análisis, investigación y solución.
3. Definición y delimitación de “Proveedor de Servicios Generales”.- Comprende a cualquier entidad pública u organización del sector privado, independientemente de su localización geográfica, que sea responsable por el diseño, prestación y/o acceso a servicios digitales en Perú. Entre las obligaciones establecidas están las de notificar al CNSD todo incidente de SD; implementar medidas de seguridad (física, legal, técnica) para garantizar la confidencialidad de la información en los servicios brindados; o reportar y colaborar con el Ministerio de Justicia, entre otros.
4. Creación del Centro Nacional de Datos.- Plataforma digital que gestiona, dirige y supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de datos a fin de fortalecer la confianza y bienestar de las personas. De hecho, la norma reconoce a los Datos como activos estratégicos, debiendo todas las entidades públicas y privadas administrarlos garantizando que estos sean tratados por durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado.

Estas normas suponen los primeros pasos del Gobierno para impulsar la transformación digital, si bien todavía queda mucho por hacer para determinar el contenido y el alcance de los reglamentos y políticas que se generen a partir de las citadas normas.

El pasado 27 de diciembre se sancionó la Ley 2009 de 2019 por medio de la cual se incluyen sin coste adicional un paquete de productos y o servicios financieros por el pago de la cuota de manejo de las tarjetas de débito y crédito.

De esta manera, las entidades autorizadas para captar recursos del público que cobren cuotas de manejo por las cuentas de ahorros, las tarjetas débito y crédito, deberán garantizar mensualmente a sus usuarios el acceso a un paquete mínimo de productos y/o servicios sin costo adicional, al considerarse inherentes al producto o servicio contratado.

De acuerdo con la ley, los usuarios bancarizados podrán acceder a dicho paquete mínimo sin costo adicional, el cual estará compuesto como mínimo por 3 de los siguientes servicios al mes:

Para Cuenta de Ahorros: Talonario o libreta; Consignación Nacional; Retiro Ventanilla; Copia Extracto en Papel; Certificación Bancaria; Expedición Cheque de Gerencia

Para Tarjeta Débito: Retiros red propia; Consultas en red propia; Certificación Bancaria; Consignación Nacional a través de oficinas o de cajeros automáticos de la red propia; Copia del Extracto en papel y por internet.

Estos tres servicios mínimos a los que tiene derecho cada usuario serán definidos por cada Entidad que los presta, estando obligada a informarlos de manera clara y oportuna a través de los canales de comunicación.

De igual manera, otro de los aspectos importantes que contiene el texto, es que no procederá en ningún caso el cobro de comisión por las operaciones fallidas que realicen los usuarios en los cajeros automáticos de las entidades.

El pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 6/2019, del Estatuto de las mujeres Rurales de Castilla La Mancha, una norma que tiene por objeto avanzar en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural.

Esta Ley establece medidas que promueven la autonomía de la mujer en el medio rural, así como el fortalecimiento de su posición social y profesional. En este sentido, la norma prevé programas específicos de formación y capacitación de la mujer para favorecer su empoderamiento, además de establecer ayudas y subvenciones que fomenten nuevas oportunidades de empleo por cuenta ajena o de autoempleo.

La desigualdad de género está presente en todas las sociedades y países. Sin embargo, las situaciones de discriminación se agravan en el ámbito rural ante la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de calidad. A menudo su trabajo es “invisible” y se considera una “ayuda”; trabajan en las fincas familiares sin recibir nada a cambio por ello o como jornaleras temporales en condiciones de informalidad. Ellas son las que producen más de la mitad de los alimentos que consumimos pero sólo ostentan el 2% de la propiedad de la tierra y reciben el 1% del crédito total. En las zonas rurales se concentra además el 75% de la población que vive en extrema pobreza, la mayoría mujeres.

Consciente de este panorama, la FMBBVA está contribuyendo al empoderamiento de más de 1 millón de mujeres en América Latina, casi el 30% de ellas, en el ámbito rural (vs. 45% hombres), con un total de 158.407 mujeres en nuestra cartera de crédito. Su peso es mayor en Colombia, República Dominicana y Panamá donde se sitúa en niveles superiores al 35%. En promedio en el Grupo, el 79% de las mujeres rurales se encuentra en situación de vulnerabilidad y un 25% en pobreza. Con unos niveles similares a los de los hombres, salvo en el caso de Perú y Chile, donde la vulnerabilidad de las mujeres rurales es superior en 9 puntos porcentuales. La mayoría tienen entre 30 y 60 años de edad y su nivel educativo es superior al de los hombres rurales.

Algo menos de un tercio de las mujeres se dedica a actividades agro (vs. 55% de los hombres rurales) aunque en Colombia y Panamá el 50% de las mujeres rurales se dedican a estas actividades. En general, las mujeres tienen mayores obstáculos para emprender en este sector que requiere alta inversión en activos productivos, conocimientos técnicos y fuerza física, lo que hace que casi la mitad se dediquen a la venta minorista. De hecho, en República Dominicana, sólo un 4% de las mujeres rurales se dedica a estas actividades que, principalmente, incluyen en todas las geografías la cría de ganado (porcino y ovino, aves de corral) que se combinan con pequeños cultivos de café o árboles frutales.

Por otro lado, acercamos los servicios financieros y la capacitación a través de la tecnología. Nuestros oficiales de crédito cuentan con dispositivos móviles para llevar la oficina donde nadie llega y hemos desarrollado una app de banca móvil que evita los costes de tiempo y dinero de desplazarse a una sucursal (aún más elevados para las emprendedoras rurales). Y contamos con una red de 25.000 corresponsales no bancarios en tiendas de proximidad.

Además, nuestras entidades cuentan con productos específicos para mujeres rurales como el Agrocrédito Mujer Adopem, o servicios de asistencia sanitaria dirigidos a mujeres rurales que incluyen asistencias telefónicas médicas, psicológicas y legales, así como orientación técnica agropecuaria e información climática por menos de 1€ al mes.

Las mujeres rurales enfrentan una triple brecha: de género, rural y digital y siguen estando invisibilizadas, excluidas y limitadas en su acceso a recursos y mercados, tecnología, servicios públicos y organizaciones rurales. Y, sin embargo, son esenciales para lograr un desarrollo sostenible puesto que son líderes en adoptar prácticas medioambientales cuando se les facilitan los medios, gastan más en alimentos y mejoran la seguridad alimentaria cuando tienen acceso a la propiedad de la tierra y son las “guardianas” de los saberes ancestrales de la tierra, esenciales para mantener la biodiversidad.

El emprendimiento femenino en América Latina encuentra de las mayores tasas del mundo gracias a las microfinanzas que han venido atendiendo a sectores que tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero. La mayoría son mujeres, en el sector informal, con importantes barreras a la financiación que no les permiten escalar o ampliar sus negocios. Sus emprendimientos surgen por necesidad ante la falta de oportunidades laborales (recordemos que los datos de la CEPAL muestran que sólo 1 de cada 2 mujeres se emplea, mientras 3 de 4 hombres lo hacen). En la región, más de la mitad de las mujeres está fuera del sistema financiero, con una brecha de género de 7 puntos porcentuales que se resiste a la baja. En consecuencia, las MiPYMES latinoamericanas propiedad de mujeres tienen unas necesidades de financiación de 98.000 millones de dólares. Una cifra que llega hasta los 1,7 billones de USD a nivel mundial.

La Fundación Microfinanzas BBVA ha participado en la XIV Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en el evento del Programa Win Win de la UE, OIT y ONU Mujeres que busca precisamente el empoderamiento económico de la mujer. Este es también un foco estratégico para la Fundación, que atiende a 2.2 millones de personas en situación de vulnerabilidad (el 57% mujeres) a través de las finanzas productivas (crédito, ahorro, seguros, educación financiera y capacitación) a través de sus 6 entidades microfinancieras en 5 países: Chile, con entidades como el Fondo Esperanza o Emprende, Colombia, Perú, República Dominicana y Panamá. Desde 2007, la Fundación ha desembolsado más de 14.000 millones de USD a más de 5 millones de personas, lo que la convierte en la principal iniciativa filantrópica de América Latina, y en la segunda a nivel mundial, por detrás solo de la Fundación Bill & Melinda Gates.

Los indicadores de desempeño social que elabora la Fundación muestran, año tras año apoyar los emprendimientos de las mujeres emprendedoras les permite mejorar el desempeño de sus negocios y crecer: acumulan activos a tasas del 25% y ventas y excedentes a tasas del 20% (todas ellas superiores a las de los hombres). Y, además, en su segundo año con nosotros, un 37% supera su línea inicial de pobreza. Todo esto a pesar de que las mujeres cuentan con brechas socioeconómicas de partida: 8 de cada 10 están en vulnerabilidad y un tercio en pobreza (11 puntos porcentuales más que los hombres), casi la mitad son jefas de hogar con dependientes a cargo y sus actividades están concentradas en el comercio minorista (un sector de escaso valor agregado). En conclusión, apostar por ellas tiene retornos financieros y sociales positivos, uno de los elementos que busca la inversión con lentes de género.

Los instrumentos financieros innovadores con enfoque de género son esenciales para atraer más financiación privada hacia estos emprendimientos femeninos y poder ir más allá de los actores tradicionales que los apoyan. BID Invest, IFC y el gobierno de los EEUU a través de OPIC están realizando importantes esfuerzos para fomentar este tipo de inversiones junto con algunos inversores de impacto y socialmente responsables pero las cifras aún son modestas e insuficientes. Es necesario desarrollar nuevos productos y vehículos de inversión con perspectiva de género, sensibilizar a gestores de fondos, a la banca comercial y a los reguladores y luchar contra el sesgo de que “invertir” en mujeres vulnerables es “arriesgado” porque la evidencia muestra justamente lo contrario. Necesitamos acompañar la inversión de programas de asistencia técnica que ayuden a desarrollar productos y servicios financieros adaptados a las necesidades que ellas tienen. Y finalmente, es urgente definir estándares internacionales sobre qué es una inversión con lentes de género y cómo medimos su impacto más allá de los criterios de 2X Challenge del G7. En la Fundación también estamos trabajando en esta dirección.

La evidencia es absoluta: la inversión con lentes de género genera retornos y permite avanzar en la igualdad de género, algo esencial para alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Las mujeres son uno de los activos más desatendidos del mundo por el sector financiero y sin embargo, si fuéramos capaces de cerrar las brechas llegaríamos a sumar 2,6 billones de USD al crecimiento de América Latina. La oportunidad está justo delante de nuestros ojos y es urgente aprovecharla. Es hora de que el sector financiero pase a la acción y apueste por ellas, por su desarrollo y con él, por el de toda la humanidad.

El pasado mes de noviembre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) publicó el Decreto Supremo N° 008-2019 que reglamenta la Ley N° 30893¹ para regular el funcionamiento del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) y normar los términos y condiciones bajo los cuales se otorga el incentivo dispuesto en la citada Ley.

Este Fondo está destinado a beneficiar a los pequeños productores agropecuarios -o a las organizaciones asociativas de las que formen parte-, que sean clientes de Agrobanco y que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento.

El incentivo consiste en un monto dinerario que posibilita reducir el costo de financiamiento afrontado por el beneficiario y así cubrir la diferencia entre la tasa de interés técnica establecida por Agrobanco. Este incentivo, escalonado según el monto del crédito otorgado, garantiza la sostenibilidad financiera y la tasa de interés preferencial aplicable al cliente.

Los principales requisitos para acceder al incentivo son:

• Que el solicitante del crédito no presente créditos vencidos o en proceso de cobranza judicial o que se encuentren castigados y reportados en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

• Que el solicitante del crédito no presente deuda con el Fondo Agroperú (Fondo creado por el Decreto de Urgencia Nº 027-2009, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias a favor de la Actividad Agraria).

Para obtener el incentivo el cliente deberá presentar una carta de solicitud tras haber obtenido la aprobación de su crédito por Agrobanco. Agrobanco, a su vez, verificará los requisitos que acompañan a la solicitud y así enviar la documentación pertinente a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE). A continuación, COFIDE evaluará la información a fin de aprobar o rechazar la solicitud, debiendo informar y transferir al Agrobanco, de ser el caso, el importe monetario del incentivo.

El pasado mes de diciembre se presentó a la Comisión Europea el informe “30 recommendations on regulation, innovation and finance” elaborado por el ROFIEG, grupo de expertos creado para identificar obstáculos regulatorios a la innovación financiera.

Este informe constituye el resultado del trabajo encomendado por la Comisión Europea en la primavera de 2018 al ROFIEG1 ante el nuevo escenario creado por la tecnología financiera, y contiene recomendaciones que abarcan todos los segmentos del sector financiero: tecnologías novedosas e inclusión financiera, prevención del lavado de dinero, protección al consumidor o uso ético de datos personales, entre otros.

Estas recomendaciones deberán ser tenidas en cuenta por las instituciones europeas para el establecimiento de un marco que regule adecuadamente las nuevas tecnologías en el sector financiero. Si bien, son solo la primera fase para el logro de este contexto, por lo que el Grupo recomienda duplicar la ambición y el esfuerzo en este ámbito que tan rápidamente está evolucionando.

Para ver el documento haz click aquí.

El pasado mes de noviembre el Gobierno Colombiano expidió el Decreto 2052 por el que se creaba el Programa Colombia Productiva como consecuencia del ya aprobado Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el finalidad de brindar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas una oferta servicios financieros y no financieros de carácter integral y estructurado.

El Programa Colombia Productiva, tiene por objeto la promoción de la productividad y competitividad a través del fortalecimiento de la cadena de valor sostenible, estrategias público – privadas que permitan el aprovechamiento de ventajas competitivas para afrontar el reto del mercado global, y la creación de un Patrimonio Autónomo denominado “Innpulsa” que apoyará y promoverá el emprendimiento y la innovación como ejes del desarrollo empresarial.

Este programa será administrado directamente por el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), sus filiales o por la entidad que defina el Ministerio de Comercio Colombiano.

Teniendo en cuenta el contexto actual y la revolución tecnológica en que vivimos, el Congreso y Gobierno de Colombia han implementado distintas medidas para regular las últimas innovaciones en tecnología financiera y reducir la brecha digital.

En este sentido cabe destacar en primer lugar, el Proyecto de Ley 063 de 2019, que tiene como fin la promoción del uso de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPEs), entendidas como nuevas tecnologías financieras, mejorando y ampliando de esta manera la provisión de microcréditos a sectores productivos. Es decir, las SEDPEs otorgarán créditos a través de plataformas digitales fomentando la inclusión financiera por un lado y reduciendo las brechas de desigualdad regional, ampliando la oferta en los servicios de financiación.

Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido la Circular Externa 029 de 2019, que contiene instrucciones precisas para las entidades vigiladas relacionadas con requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, información al consumidor financiero y uso de factores biométricos.

Estas nuevas instrucciones implican el fortalecimiento del uso de canales digitales para la prestación de servicios financieros en condiciones de seguridad y con apego a estándares internacionales en la materia.

Los aspectos regulados por la Circular son los siguientes:

1. Gran abanico de posibilidades existentes para mejorar la prestación de servicios financieros ofrecidos por las entidades vigiladas a los consumidores y optimizar sus procesos: realidad aumentada, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, big data, robots, entre otras.
2. Requerimientos mínimos para la implementación y uso de biometría como factor de autenticación electrónica.
3. El deber de las entidades de establecer los parámetros a partir de los cuales se requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante la utilización de los medios de pago (tarjetas débito) con o sin contacto.
4. La posibilidad que tienen las Entidades para que la información actualizada de los productos, canales, puntos de atención, servicios y tarifas, sea puesta a disposición de terceros desarrolladores de API (Application Programming Interface).

Por último, el Gobierno ha elaborado la Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial para potenciar la generación de valor social y económico en el país a través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, impulsando la productividad y favoreciendo el bienestar de los ciudadanos.

Esta Política aborda los retos específicos de la transformación digital, así como de la conectividad, y permite reducir la brecha digital entre zonas rurales y zonas urbanas.

Entre los aspectos más destacados de la Política, los cuales han sido denominados por el Gobierno como planes de acción, se encuentran los siguientes:

• Disminución de barreras relacionadas con la falta de cultura y el desconocimiento ante la transformación digital en el sector privado.
• Desarrollo y ajustes normativos e institucionales para favorecer la adopción de la transformación digital en componentes clave de la productividad empresarial.
• Ejecución de iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital.

Esta política contribuirá a la generación de las redes de conectividad rural que hasta ahora constituyen un barrera para el acercamiento de los servicios financieros al sector rural del país.

Un año más, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha publicado el informe “Panorama Social de América Latina”¹. El estudio, que se elabora desde principios de los años 90, ofrece un amplio análisis sobre los aspectos sociales y económicos más destacados y su evolución en los países de América Latina.

En esta edición, que analiza datos de 2019 respecto a la evolución de la pobreza, la desigualdad de ingresos, el gasto social y el fenómeno de la migración; se hace de nuevo hincapié en la igualdad como centro para el desarrollo sostenible e inclusivo, constituyendo el norte y horizonte estratégico del desarrollo.

De acuerdo a los datos proporcionados en el informe, durante el año 2018 cerca del 30,1% de la población regional se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10,7% lo hacía bajo el umbral de la pobreza extrema. Es decir, de los 185 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza, 66 millones lo hacían en una situación de pobreza extrema.

Uno de los aspectos más significativos expuestos respecto a la desigualdad del ingreso en los hogares, es la debilidad el cálculo de los ingresos. Por ello, se destaca la necesidad de combinar las encuestas realizadas con información tributaria para obtener resultados más reales. Así, la combinación de distintas fuentes de datos, ha permitido reevaluar la magnitud de la desigualdad en la región observando niveles de desigualdad superiores a los estimados teniendo en cuenta tan solo las encuestas realizadas.

En lo que al gasto público social se refiere, cabe destacar el descenso con respecto al año 2017 -en el que alcanzó un 11,5% del PIB- y las áreas en las que se asignaron más recursos coincidieron con las de periodos anteriores: protección social, educación y salud.

Por último, el estudio dedica un gran capítulo a la migración en el que analiza su relación con la pobreza y señala las distintas razones que la motivan: a la búsqueda de mejores oportunidades de educación, empleo y nivel de vida, se añaden nuevos impulsos migratorios asociados a los desastres naturales y al cambio climático.

El pasado mes de octubre se publicó el Decreto PCM-052-2019 por el que se crea el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).

El Programa tiene por objeto incrementar la productividad y rentabilidad agrícola hondureñas mediante la inversión en activos productivos y con el establecimiento de una mentalidad emprendedora; desarrollando conocimientos, capacidades y habilidades como elemento esencial generador de riqueza y bienestar para los productores.

El Decreto instruye al Programa de Crédito Solidario la creación de productos financieros con tasas de interés competitivas que favorezcan a los productores campesinos directamente a través del PDAH y según se dispone en la norma, este Programa beneficiará a un total de 60.000 productores hasta el año 2025.

Un año más, la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha publicado el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019”¹ presentando información actualizada al 30 de noviembre de 2019.

Según se desprende del informe, América Latina presenta una desaceleración económica generalizada. En este sentido, 18 de los 20 países de América Latina sufrieron en el último año una desaceleración en la tasa de crecimiento de su actividad económica, siendo Colombia y Guatemala las excepciones a esta recesión.

Por otro lado, la inflación promedio se redujo -permitiendo la implementación de políticas monetarias más expansivas- y respecto a aspectos laborales cabe destacar el aumento de de la informalidad laboral y los leves incrementos salariales experimentados en el empleo registrado.

Aunque las proyecciones de crecimiento en ALC para 2020 se sitúan en un 1,3% -porcentaje algo mayor respecto al 0,1% correspondiente a 2019- todavía será necesario hacer frente a los desafíos procedentes del contexto internacional en el que sus dos principales socios comerciales; esto es, Estados Unidos y China, han sufrido también una gran desaceleración económica.

El pasado mes de enero el Senado chileno aprobó el Proyecto de ley que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.¹

El documento establece medidas para otorgar mayor liquidez a pequeños empresarios ofreciendo más alternativas de financiación por un lado, y facilitar e incentivar las donaciones, por otro. En concreto, las medidas adoptadas son:

• Mayor liquidez
  Aquellas Mipymes que hayan reducido  sus ventas en los meses de octubre o noviembre de 2019 y que tengan una facturación de hasta 100 mil UF² , podrán postergar el pago del IVA correspondiente al último trimestre del año hasta febrero de 2020.Adicionalmente podrán solicitar una devolución anticipada del impuesto a la renta relativa al año 2020.
• Acceso a financiamiento
  Se amplía el universo de empresas que pueden acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). De esta manera, además de los pequeños empresarios, también los medianos podrán acceder a este fondo de financiación al aumentar el nivel de facturación máximo desde los 25 mil UF hasta las 100 mil UF.

• Donaciones
  Se aprueba el texto de la Ley de Donaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas que establece un régimen especial de donaciones -con una duración de 12 meses- para apoyarlas en momentos de especial dificultad y permite a aquellas que estén registradas en el Catastro Público, recibir donaciones con un máximo de 300 UTM³. Las donaciones podrán realizarse en dinero, en especie o mediante prestación de servicios, estarán exentas de todo impuesto y los donantes podrán deducirse el importe correspondiente a efectos del Impuesto a la Renta.

La Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) ha publicado la quinta edición de su Reporte de Inclusión Financiera de América Latina en el que se analiza el impacto que las últimas tendencias tecnológicas han tenido sobre la inclusión financiera.

El informe reconoce el papel protagonista que la tecnología va adquiriendo en la banca de la región y destaca la aparición de nuevos actores en el mundo empresarial; neobancos y empresas fintech que han permitido ampliar la oferta de productos de sistemas de pago así como nuevas formas de acceso al uso de servicios financieros.

Uno de los datos más impactantes que ofrece el Informe es la evolución de las transacciones realizadas a través de la banca móvil. En este sentido, durante el año 2018 el volumen de transacciones efectuadas a través de la banca móvil alcanzó un 54%. Una cifra notablemente mayor respecto a los datos obtenidos hace a penas 7 años, que solo alcanzaban un 1%.

En cuanto a la disponibilidad de los canales digitales por la banca latinoamericana, el 83% de estos permite la realización de transferencias y pagos de servicios públicos, mientras que el crédito y la apertura de cuentas de ahorro estarían disponibles en un 50% y en un 53%, respectivamente.

Por último, el documento contempla los principales obstáculos que impiden el avance de la inclusión financiera en los países de Latinoamérica, siendo la falta de educación financiera, los elevados niveles de pobreza y la existencia de una alta tasa de informalidad económica las principales dificultades a las que la inclusión financiera debe enfrentarse.

Para consultar el documento pincha aquí.

El pasado mes de noviembre el Senado chileno aprobó el proyecto de ley sobre Portabilidad Financiera que tiene por objeto facilitar la contratación de productos o servicios financieros con un nuevo proveedor finalizando a la vez la contratación con el proveedor anterior.

La norma, que entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial, establece condiciones de acceso a financiamiento más favorables, beneficiando así a hogares y pequeñas empresas. Entre los aspectos que regula, destacan:

Proveedor

Se entiende por proveedor toda compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito, institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero.

Portabilidad

Es el proceso por el cual un cliente contrata un producto o servicio financiero con un nuevo proveedor finalizando a la vez la contratación de otro producto o servicio con otro proveedor. A estos efectos, la norma distingue entre:

• Portabilidad sin subrogación: contratación de productos o servicios financieros con un nuevo   proveedor, obteniendo el término de productos o servicios financieros que el cliente mantenga vigentes con el proveedor inicial, extinguiendo en consecuencia todas las garantías que caucionaban dichos productos o servicios.
• Portabilidad con subrogación: proceso por el cual el cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con el objeto principal de pagar un crédito que el cliente mantiene con un proveedor inicial, produciéndose con ello una subrogación real de crédito.

Protección de datos personales

La norma exige tratar los datos personales conforme a lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En concreto, la norma establece que los datos personales tratados en virtud de una solicitud de portabilidad ya cumplieron con su finalidad y por ello, deberán ser cancelados, una vez concluido el respectivo proceso de portabilidad.

Otros aspectos relevantes

La norma regula además, el proceso de solicitud de portabilidad y su vigencia,  la oferta realizada por el proveedor y aceptación de la misma por el cliente; modifica alguno de los preceptos de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y prevé la aprobación de un reglamento para su desarrollo.

Con el objetivo de promover la igualdad en el ámbito laboral, en diciembre de 2019 el gobierno argentino publicó dos proyectos de ley, cuyos aspectos fundamentales destacamos a continuación:

Paridad salarial

El primero de los proyectos tiene como objetivo “fortalecer la incorporación de mujeres y personas transexuales al mercado de trabajo para aumentar su autonomía económica y, a su vez, mejorar la calidad institucional de las organizaciones”.

En su articulado recoge que toda mujer o persona trans que sufra discriminación salarial o violencia laboral de cualquier tipo tendrá derecho a exigir el cese inmediato de la misma y podrá denunciar su contrato de trabajo, percibiendo la indemnización correspondiente. Además, tendrá derecho a la equiparación salarial debida y a las diferencias salariales dejadas de percibir.

El proyecto propone la modificación de varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo para contemplar:

• La igualdad de trato: los empleadores deberán tratar del mismo modo a todos los trabajadores en idénticas situaciones, asegurando que todas las condiciones de trabajo son las mismas y un igual salario por un mismo trabajo.
• La prohibición de trato discriminatorio: no podrá definirse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación en el empleo fundada en el género o estado civil de la trabajadora o persona trans.

Además, incluye que todo trato diferenciado en materia salarial se presume injustificado hasta que el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.

Paridad en los órganos de dirección

Por otra parte, el proyecto establece que los órganos de administración, representación, fiscalización interna y control de las sociedades comerciales, locales o extranjeras, así como las sociedades estatales y entes públicos con objeto comercial, deberán estar integrados, como mínimo, por un 50% por mujeres.

Estas sociedades tendrán un plazo máximo de 8 años para adecuarse al cupo fijado, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en conjunto con la Secretaría por la Igualdad de Género en el Trabajo Argentino, la realización de inspecciones, controles y sanciones pertinentes, para hacer cumplir el mismo.

Iguales derechos a diferentes configuraciones familiares

El segundo proyecto propone modificar el artículo 158 de la ley de Régimen de Contrato de Trabajo, para otorgar derechos iguales a las diferentes formas familiares sin distinción de género, orientación sexual ni filiación. 

Así, ante la ausencia de una regulación específica sobre licencias por adopción, equipara los derechos otorgados a los padres adoptivos y los padres biológicos en relación a las licencias especiales contempladas en la ley.

América Latina apuesta por la igualdad

Con estos proyectos Argentina se suma a la lista de países de América Latina que recientemente han publicado nuevas iniciativas legislativas en favor de la igualdad, como Colombia, Perú o Paraguay.

Greta Bull is CEO of the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), an independent think tank dedicated to financial inclusion and housed at the World Bank. In her 18 years of experience in development finance, Ms. Bull has worked with banks, microfinance institutions, fintech and other actors in this sector.

1. Two years ago, you wrote an open letter mentioning four factors changing the     landscape for financial inclusion: Technology and distribution, Policy and regulation, Open ecosystems and Data. How are these forces coming together and what the microfinance sector needs to do to adapt to these changes?

We are seeing a massive change in the way financial services are being delivered via platforms; they are being bundled with other services. The financial services value chain is being modularized—it’s being taken apart and broken into different pieces. Therefore, the microfinance sector is going to have to think carefully about how to adjust to these changes and how to connect with new ways of distributing financial services. The sector will have to adapt to new policies and regulatory changes and think very carefully about how to connect in open ecosystems and how to respond to the proliferation of data in the market. Additionally, the sector needs to become even more client centric and efficiently roll out services to a much broader range of clients. There are many challenges that are coming for the microfinance sector, but the transformation that is going on right now in the delivery of financial services is huge.

2. Looking back to several decades ago, what do you think has been the most overlooked factor we should now address to achieve (responsible) universal access to finance?    

When I started working on financial inclusion, people talked about savings, credit and insurance. No one talked about payments. Nobody thought about payments as a financial service. In my opinion, payments have been the absolute game changer. Payments are basically universal; everybody finds utility in them, but they are also really important and create data trails that make it easier for financial service providers to do a better job of creating services that are relevant for the poor. So to me, the piece that we were missing 30 years ago was payments. Digital connectivity means that payments are much more manageable and traceable than they were 30 years ago.

3. In what ways can Microfinance Institutions adapt to the Digital Age?

I think the first thing that microfinance institutions need to do is to not hide their heads in the sand and hope that it will go away. Digital finance is with us and here to stay. Markets are very heterogeneous and it’s important for microfinance institutions to understand the ecosystem that they are operating in and foresee changes that are coming. Once the institutions develop a realistic plan that speaks to both the strengths and challenges of the microfinance sector, it’s imperative that they stick to it. One of the biggest challenges in microfinance is a human one. It’s the transformation that digital implies from the very top to the very bottom of the organization. Many boards aren´t equipped to go through digital transformation, and similarly many staff members in microfinance institutions don’t have the training and the skills to make that transition. You have to think about digital transformation as being truly transformational and not a cute project on the side. It will truly transform the institution and it will require a commitment from the very top of the organization to the bottom.

4. How can regulators and policy-makers navigate the challenges posed by disruptive fintechs to create a favourable environment in harmony with traditional banking models?

Regulators need to be open minded to new providers and let innovation flourish. We see a big difference today between markets where nontraditional providers have been allowed to come in and operate and those where they have not. The shift in access is huge in places where new players are coming in. Yet they also have to be cautious and anticipate and manage the inevitable problems that occur. To do this, they need better data and be proactive. For example, digital credit in Africa has absolutely exploded and with a couple of exceptions, most regulators have no idea how big it is and how much of their market digital consumer credit represents. They require data to be able to manage this since they not only have the traditional financial sector regulatory risks but they also have other important risks to consider, like competition policy–keeping an even playing field between traditional providers and non traditional providers.

While they should be proactive when required, to protect both consumers and the financial sector alike, they must also make sure that they are acting to the benefit of consumers, which will not necessarily benefit providers. This implies being in constant conversation with the industry in order to work together to create financial systems that are inclusive, open and competitive. Though this is not always the case, I have been to markets where regulators and industry don’t speak to each other. But most of all, regulators need to innovate. For instance, the changes in India and the EU are largely driven by regulators in response to competition issues. India is creating public goods that allow the private sector to leverage off of a public utility. That is driving a huge amount of change in not just banks but also in big fintechs. There is a lot of dynamism when regulators permit change to happen, but they need to keep an eye on it and make sure that it works for everybody.

5. What have we learned/are we learning from data gathered regarding those who were traditionally excluded from the formal financial system?

First and foremost, and this is largely based on the financial diaries done by a number of researchers, we have learned that the poor have really complex financial lives. They use financial services that meet their needs in a meaningful way. Additionally, being poor is about unpredictability and having to make really difficult choices. Things that might look illogical and not make sense to us, may make perfect sense when you think about the context of the person. Additionally, it’s very precarious and expensive to be poor. One setback can change a family’s trajectory entirely. So financial services, at least the way we look at it at CGAP, should do two things; One, help poor people find ways to capture opportunities that come their way, and two, make sure that people are protected and don’t fall back into poverty when they have moved forward. Services like savings and insurance really make a difference in the lives of the poor, nevertheless, they are the hard ones to make work from a financial point of view. Beyond that, and this is quite important, impact pathways are really complex and financial services only play a part in improving people’s lives. I think we have come a long way from the days when we thought microfinance was going to solve poverty. We need to stay humble and be clear about what our impact really is and where we can make a contribution.

6. Based on your experience, could you say that you have witnessed a clear and traceable relationship between financial inclusion and economic growth, albeit at a community level?

Let’s start at the highest level. The relationship between economic growth and financial sector deepening is clear and well established. If we take money off the sidelines, out of cash and put it into the more formal sector, it can be put to efficient use. Simply looking at the size of the mobile money float accounts in Africa shows just how much money is actually sitting on the sidelines and demonstrates how much value these deposits have if you put them all together. But it’s a pretty different question if these assets are being put to use in empowering the poor or building economic growth from the bottom up. In a lot of markets, many of the banking systems are basically dedicated to lending money to the government; it isn’t really dedicated to growing the private sector. But the impact evidence for services like savings and insurance is clear, they really make a difference to helping people cope. And the growing evidence base on payments is also looking good. The story for credit is more nuanced and it’s not surprising because in many ways it’s the most dangerous of the financial services. You can hurt yourself by taking too much credit. But I think there is evidence that credit can have impact, but it varies from household to household and differs by market context.

India gave us a really good insight into that. There was a research done during the Andhra Pradesh crisis when the microfinance sector basically disappeared overnight, there was a huge amount of money withdrawn from the system. Not surprising, researchers found that casual labour dropped, household consumption dropped and there were a lot of indicators showing that a lot of people were worse off because of that withdrawal of liquidity in the market. Indeed there is value in microcredit seen from a general equilibrium perspective but also from an individual household effect. I think the record on credit is relatively positive but the opportunities have to be balanced with the risk.

7. In the past eight years, global financial inclusion has gone from 50% of the adult population, to 70%; still, 1.7 billion people are financially unattended or underserved. What do you think the next eight years will look like?    

I think we will continue to make progress on access but we also have to recognize that the low hanging fruits are, for the most, part gone. We must continue work on access in markets that have not been receptive to innovation. Similarly, focus needs to be placed on the usage of those services. It’s not surprising that usage lags behind access. This requires behaviour change and it takes time for people to get comfortable with new financial services.

Additionally, I believe we will continue to see an acceleration of technology into financial services. That will continue to unbundle and rebundle financial services in different ways including with non financial services. So as we are seeing in social commerce and big tech companies, financial services are being embedded into other things that people want and that creates challenges for incumbent providers. I think the banking industry and the microfinance industry will come under pressure and how those industries adapt and cope with those changes is going to be very telling for the future of those industries. I think high tech will be important, but also high touch. A digital bank provider in South Africa told me recently that 85% of its transactions are still done by human interactions at their kiosks in local shops. People want that touch rather than interacting via mobile phones. That probably is good news for the microfinance industry.

I think there will also be challenges around responsible finance because the places where you make money are where the greatest risks for consumers are. Digital credit is testament to that, and regulators have to stay on top of it. Finally, I think we need to really build on what we have achieved by expanding access and deepening usage. But we also need to think carefully about what financial services are here for, what is their impact, and really understand how financial services can give poor people access to essential services, access to livelihoods, tools to manage risks in their lives. We still have a lot of work left to do.

Last year, for the first time ever, cybersecurity risks were ranked second among the top five global risks identified by the World Economic Forum. Over the past decade, experts and journalists have emphasized the costs, the threats, the dangers of cyber… but what has that achieved, other than fueling digital mistrust?

Owing to the ever-growing permeation of technology into every aspect of our life, most people have come to feel frightened and paralysed, or worse, unconcerned and careless.

How can users protect themselves when hackers seem to be able to get into any computer? How can citizens protect their privacy when many governments seem to want to tap every phone? Cybersecurity is considered a collective responsibility, yet the end-users, those who can actually make all the difference, have been disempowered.

It would be so easy to believe statements such as: “In 2021, artificial intelligence and social engineering chatbots will help scammers be much more convincing, at scale.” “Disinformation campaigns, deep fakes and targeted political advertisement will all further erode your free will.” Yet in parallel, we will continue adopting new technologies with little to no security, making us easy prey for low-level cyber criminals.

And so a vicious circle has developed: paralysis and carelessness only lead to exaggerated claims like the ones above, and vice versa. This vicious circle must be broken. As we begin a new decade, we must break away from this discourse.

The reason you should stop worrying about cybersecurity isn’t because the risks aren’t there. It’s because worrying will only prompt you to take the wrong decisions. No, you shouldn’t worry, but you should care: developing a cybersecurity mindset is an incredible opportunity to make the most of the decades to come.

The benefits of a cybersecurity mindset

A cybersecurity mindset is simply a view of cyberspace that is grounded in reality. Far too many people worry too much, or not enough, about what could happen on the internet. These extremes are fuelled by a misunderstanding of what cyberspace is about. Many think that cybersecurity is for geeks and computer geniuses. It’s not. There are complexities, to be sure, but no more than in any other discipline, and none that are out of your reach, preventing you to make the most of new technologies.

Learning about individual cybersecurity, how to protect oneself online, is within reach. BBVA recently published a series of useful cyber tips to kickstart a learning journey. And there are dozens of excellent courses online in English, French, Spanish. There are websites, books, TV shows and podcasts that can help you develop a cybersecurity mindset in a few hours. It’s not just accessible, it can be fun too.

1. Developing  a cybersecurity mindset helps  you focus your energy on creating value.  You can define your risk profile, learn to think in terms of probabilities and discern unlikely scenarios. It allows you to realize that when you can’t log into your preferred social network, it’s probably just a mistake and not a criminal that stole your identity. Sure, these things happen, but you want to know  how and why, so you only worry when necessary. Doing so means you can spend most of your energy creating new sources of value, rather than protecting existing ones.
2. Developing a cybersecurity mindset helps you gain confidence in managing your online activities. It allows you to identify fake websites that will sniff your credit card details, laugh off a fake connection request on social media, double check a political hoax, or hear scammers from miles away.  More than half of all email traffic is phishing: emails attempting to lure recipients into doing the wrong thing. Often times people worry that they’ve received a virus by email, that their computer is infected, or that someone is after them. It takes a cybersecurity mindset to know when that is in fact the case.
3. Developing a cybersecurity mindset helps you  to reap most of the benefits of digital technologies, well aware of their downsides. For instance, you will be able to  understand the business models of data-intensive companies, or the real cost of AI vocal assistants. You will be in control of who you are, what you own and what others see, read, and hear about you.  Even silence is a form of communication: in the era of personal  branding, not having an online presence is a statement in itself.
4. Developing a cybersecurity mindset also helps  you become an active member of the new economy, to educate people of all ages around you, to help them avoid some of the traps that do exist, from cyber bullying to online predators, drugs, scams, and worse. It may be your parents, your children, your friends: a cybersecurity mindset means you can help them live more securely and fully, save time, create value, connect with others, and disconnect when need be.

When you care about cybersecurity, everyone wins.

When we acquire a cybersecurity mindset, we don’t just help those around us, we help the entire world. When we start caring about what information we give away online, when we start asking questions, voicing our needs and concerns, governments, technology manufacturers and online service providers are compelled to respond with better solutions, in line with what we care about. When we start caring about our privacy, about our digital rights, about our electoral processes, we push the entire internet ecosystem to care.

And this helps those who can’t care for now.

Over half of the world population does not have access to any form of social protection: developing a cybersecurity mindset is not a priority for billions of people. But their reality is already digital. They may have only a digital identity. They own smartphones, social media accounts and crypto-wallets.

Digital leapfrogging, or the attempt by emerging countries to access their share of the new economy, brings about its share of risks. When you don’t have a bank account, when all that shields you from bankruptcy is a weak password, when you have no one to turn to in case of identity theft, digital threats can have physical, massive, even life threatening consequences.

We can all play a role, educating ourselves and caring for cybersecurity, because a rising tide lifts all boats. Along with many other non-profits around the world, the BBVA Microfinance Foundation strives to empower people in such dire situations.

A cybersecurity mindset is more than a competitive differentiator for you, your family or your company. It is a prerequisite to peace, progress and prosperity in the digital era. When you can stop worrying about cybersecurity and you start caring about it, everyone wins.

La revolución digital ha provocado que la información en general y la recopilación y procesamiento de datos personales en concreto, sea una necesidad para el correcto funcionamiento de las organizaciones. Esta información es el combustible no solo para la trasformación del negocio y su operatividad diaria, sino además para la adecuada toma de decisiones estratégicas. Por ello, la International Organization for Standardization (ISO), junto con la International Electrotechnical Commission (EIC), han creado una serie de estándares de seguridad de la información: la familia 27000.

Atendiendo a los nuevos retos a los que deben hacer frente las organizaciones y a la necesidad de adoptar medidas adecuadas para salvaguardar tan valioso activo, los órganos legislativos han aprobado diversas normas encaminadas al cumplimiento de proteger esta información tan susceptible: nos identifica y que permite conocer algunos de los elementos propios de la identidad de la persona como lo es su tipo ideológico, cultural, personal, etc. Así, hablamos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea y que fue adaptada a la legislación española con la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o el caso de Colombia, la ley 1581 de protección de datos personales.

En este contexto, y con el fin de guiar a las organizaciones en cuanto al cumplimiento de esta normativa y demostrar que están realizan un correcto tratamiento de protección de los datos de sus clientes y colaboradores, se aprobaron los estándares de seguridad de la información (SGSI) de la línea 27000¹. Entre ellos, destacan la ISO 27001 y la ISO 27002 cuyo propósito es la aplicación de los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estas líneas son aplicables a todo tipo de información considerada crítica y sensible para las organizaciones, pero también fue tomada como punto de partida para el desarrollo de controles que garanticen el cumplimiento del RGPD.

Asimismo, en el año 2019 se creó una extensión adicional a la línea de normas 27001 y 27002, con la ISO/IEC 27701 Security techniques, una norma que permite la gestión específica de la información correspondiente al dato personal, apoyando los retos de salvaguardar estos nuevos derechos legales y garantizando de manera adecuada el tratamiento de los datos de carácter personal que poseen las organizaciones para sus estrategias de negocio y operativas sobre una sociedad de la información.

Como punto importante y diferenciador de la norma 27701 sobre las anteriormente citadas 27001 y 27002, destacan los siguientes objetivos y alcances:

• Establece diferentes requisitos en función del rol que desempeñe la organización, ya sea como responsable o como encargado del tratamiento de datos personales.
• Permite certificar el cumplimiento de las buenas prácticas en materia de gestión de datos de carácter personal.
• Facilita el cumplimiento de las normativas legales vinculadas a los datos de carácter personal como el RGPD y la LOPDGDD.

Atendiendo a estos objetivos, las organizaciones deberán implementar y actualizar sus SGSI con directrices y controles que brinden las medidas adecuadas para proteger la información del dato personal, incluyendo en todo caso:

• Creación de una política relativa a la privacidad de la información.
• Análisis de riesgos vinculando el dato de carácter personal
• Acciones de concienciación y formación específicas a la privacidad de la información
• Violaciones sobre el dato personal incluidas en el proceso de gestión de incidentes
• Integración de la información el dato de carácter personal en sus sistemas de clasificación
• Controles que aseguren el dato personal en tránsito y en reposo.
• Controles de acceso a la información que se refieran al dato personal.
• Acuerdos de tratamiento de la información de acuerdo a su rol con terceras partes.
• Garantía a los propietarios de los datos personales del ejercicio de sus derechos sobre aquellos.

En su compromiso de contribuir al fomento, desarrollo, implementación y cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones de inversión, Euronext ha publicado una nueva guía para orientar a las entidades cotizadas.

El documento forma parte de su estrategia ‘Let’s Grow Together 2022’, de acelerar la transición hacia unas finanzas sostenibles mediante el desarrollo de una oferta de productos y servicios sostenibles para la comunidad financiera; y sus objetivos son:

1. Entender mejor qué son los principios ESG
2. Comprender la necesidad de informar a la comunidad inversora sobre estos principios
3. Dar los primeros pasos para abordar este proceso
4. Descubrir la mejor manera de informar sobre la aplicación y el cumplimiento de los principios ESG
5. Darse cuenta de las soluciones que ofrecen los mercados de capitales para implementar estrategias de negocio ESG
6. Explicar el papel de Euronext a la hora de promover la inversión responsable

Euronext es la principal plaza del mundo para la cotización de bonos y se ha convertido en un referente mundial en finanzas sostenibles, donde los bonos verdes cotizados en sus mercados representan un valor de unos 118.000 millones de euros, 40.000 millones de los cuales han sido captados en los últimos 12 meses.

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