La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú ha promulgado la Resolución SBS N° 01689-2025, que actualiza las obligaciones de las entidades del sistema financiero sobre la información que deben proporcionar a los usuarios en caso de  denegaciones de solicitudes de crédito. Esta normativa, en concordancia con la Ley N° 32294, busca fortalecer la protección al consumidor financiero y promover una mayor transparencia en el acceso al crédito, algo crucial para el desarrollo de las microfinanzas y la inclusión económica. 

Es un importante avance en la protección de los derechos de los usuarios financieros y en lograr un sistema crediticio más equitativo y transparente. 

La nueva resolución modifica el artículo 22 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. Con esta enmienda, las empresas financieras están ahora obligadas a informar a los solicitantes, en un plazo máximo de siete días hábiles desde la presentación de la solicitud, sobre las razones específicas por las que se ha denegado el crédito. Esta obligación se aplica a todas las empresas del sistema financiero, excepto cuando la denegatoria obedezca a normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, en cuyo caso solo se deberá indicar tal circunstancia. 

Entre las novedades más destacadas de la resolución se encuentran:

• Plazo perentorio para la información: se dan 7 días hábiles para que las entidades financieras respondan a la solicitud de información sobre la denegatoria del crédito. Este plazo otorga celeridad al proceso y evita retrasos indebidos que puedan perjudicar al usuario en su búsqueda de financiación. 
• Canales de comunicación: la información deberá facilitarse a través de los canales de comunicación de los que la empresa haya informado previamente al usuario, se garantiza así la accesibilidad y la trazabilidad de la respuesta. 
• Excepción por normas prudenciales cuando la denegatoria se fundamenta en la aplicación de normas prudenciales de la SBS. En estos casos, bastará con indicar que la decisión se debe a dicho marco normativo, protegiendo la confidencialidad de la evaluación de riesgo prudencial de la entidad. 
• Tipificación de infracción: incorpora como nueva infracción leve el «Incumplir con el plazo establecido en la normativa vigente para dar respuesta al pedido de los usuarios sobre las razones de la denegatoria» . Se faculta así a la Superintendencia para aplicar sanciones en caso de incumplimiento, fortaleciendo la protección al cliente.

Impacto en el sector de microfinanzas y mipymes

Para las entidades de microfinancieras implica una revisión de sus procesos internos de comunicación y gestión de solicitudes, asegurando que sus sistemas permitan cumplir con los plazos y la calidad de la información requerida. Además, las impulsa a desarrollar una educación financiera más robusta para que sus clientes entiendan los criterios de evaluación crediticia.

Para las mipymes y los emprendedores, la claridad en las denegatorias de crédito es una herramienta valiosa. Les permitirá identificar errores en sus propuestas, historiales crediticios o modelos de negocio, facilita la corrección de fallos y mejora sus perfiles para futuras solicitudes. Todo esto redunda en agilizar el acceso al crédito para este segmento productivo. La inclusión financiera se ve reforzada, ya que se reduce la asimetría de información entre la entidad financiera y el solicitante.

También en Perú se modificó la Ley de Protección al Consumidor para regular el informe de denegación de un crédito, obligando a las entidades financieras a informar los motivos de una calificación negativa, con excepción de consideraciones de perfil del solicitante basadas en normas prudenciales. El objetivo principal de esta nueva normativa es establecer procedimientos para la regularización y corrección de la información de los consumidores en las centrales de riesgo. Se busca, además, asegurar que la información crediticia de los consumidores sea precisa y se actualice rápidamente, algo básico para la evaluación de riesgos y el acceso a productos microfinancieros. Al reducir los tiempos de actualización y establecer responsabilidades claras, se pretende una mayor inclusión financiera y protección del cliente.

La Ley introduce dos artículos de especial interés sobre regularización de la información crediticia y la corrección de datos por consumos no reconocidos.

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) publicó el Plan de Regulación para el período 2025-2026, que detalla una serie de proyectos normativos y legislativos enfocados a robustecer la supervisión prudencial y la conducta de mercado, buscando una mayor resiliencia y eficiencia del sistema financiero. Las medidas propuestas impactarán a entidades financieras, compañías de seguros y cooperativas de ahorro y crédito y ponen el foco en la adopción de estándares internacionales, y la adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.

La CMF brindará apoyo técnico continuo a diversos proyectos de ley que se encuentran en tramitación en el Congreso. Entre los más relevantes para el sector financiero destacan la Agencia de Desarrollo, la Resolución Bancaria y la Supervisión Basada en Riesgo en seguros.

Regulación prudencial: Ejes de acción

 El plan de regulación prudencial tiene varias líneas de acción, entre las que se encuentran:

• Normas de devolución de cuotas en cooperativas de ahorro y crédito: Se fijan requisitos para la devolución de cuotas, una medida derivada de la aprobación de la Ley de Resiliencia. 
• Pago mínimo en tarjetas de crédito: Se establecerá una fórmula para determinar el pago mínimo y sus condiciones de excepción. 
• Planes de recuperación en entidades bancarias: Se exigirá a las entidades bancarias la elaboración de planes de recuperación siguiendo las mejores prácticas en resolución bancaria. 
• Registro de Deuda Consolidada: Se dictarán normas de funcionamiento para el registro.
• Riesgos financieros derivados del cambio climático: Se desarrollará una propuesta normativa en colaboración con la Secretaría Técnica de Cambio Climático, que establecerá lineamientos sobre gobierno corporativo y gestión de riesgos climáticos. 
• Seguros paramétricos: Tras la aprobación de la Ley Fintec, se emitirá una normativa que establecerá requisitos, información, tipos de productos e índices para la comercialización de seguros paramétricos. 

El Congreso de la República de Perú ha promulgado la Ley N° 32353, una norma que redefine el marco jurídico para la formalización, desarrollo y competitividad de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE). Esta ley busca dinamizar la economía y garantizar un entorno más favorable para este sector simplificando procesos y mejorando las condiciones laborales.

¿Qué define a una MYPE?

La ley clasifica a las empresas basándose en sus ventas anuales:

• Microempresa: Hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
• Pequeña empresa: Hasta 1,700 UIT.

Simplificación para la formalización y acceso a la justicia laboral

Para las microempresas no se exige la constitución como persona jurídica, por lo que pueden ser conducidas directamente por su propietario individual. 

En caso de optar por constituirse como persona jurídica, la ley facilita el proceso y permite la acreditación de aportes dinerarios mediante declaración jurada y estableciendo un procedimiento de constitución e inscripción registral simplificado para capitales que no excedan las 4 UIT. 

La constitución formal de las MYPEsse podrá realizar de manera digital. Se prevé que el trámite en línea no exceda las 48 horas.

Acceso a mercados, financiamiento y seguridad social

• La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) asume el diseño de productos financieros, calificación de riesgos y canalización de recursos. Se destinan recursos para fondos de garantía y capital de riesgo, facilitando el acceso a créditos.
• Autorización para que las mipymes cedan su derecho de acreedor a instituciones financieras reguladas en los procesos de contratación con el Estado, facilitando el pronto pago.
• La ley impulsa el acceso de las mipymes a los mercados nacionales e internacionales mediante asociatividad empresarial, compras estatales y promoción de exportaciones.
• Se autoriza la retención del monto total de la garantía de fiel cumplimiento como medio alternativo en contrataciones con el Estado.

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las MYPEs

La ley crea un régimen especial laboral para los empleados de las MYPEs:

1. Remuneración mínima vital.
2. Jornada de ocho horas.
3. Descanso semanal y vacacional.
4. Protección contra un despido injustificado.
5. Beneficios como el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, un seguro de vida, derechos colectivos, participación en utilidades y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
6. Además, se establece una indemnización por despido injustificado diferenciada
7. Los trabajadores de la microempresa se afiliarán al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, parcialmente subsidiado por el Estado. Los de la pequeña empresa serán asegurados regulares de ESSALUD
8. Se crea un Sistema de Pensiones Sociales de carácter obligatorio para trabajadores y conductores de microempresas menores de 40 años, con aportes graduales y un bono de reconocimiento del Estado.

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) ha presentado la 24ª edición de su Informe de Género en el Sistema Financiero sobre el acceso de las mujeres a productos financieros y la participación femenina en puestos directivos del sector financiero.

Según el informe, aunque la industria financiera ha mostrado avances significativos en equidad de género, como el creciente acceso de las mujeres a productos y el cierre de brechas en cobertura poblacional, aún hay desafíos por superar. 

Brechas en puestos directivos financieros 

El informe revela que Chile se encuentra por debajo del promedio de los países desarrollados en participación de las mujeres en puestos directivos en el sector financiero, con solo un 17%, en comparación con cifras del 45,5% en Francia o el 39,3% en Canadá.

En el ámbito financiero, las mujeres se encuentran mayoritariamente en puestos de menor responsabilidad, con escasa representación en los consejos de administración y en la alta dirección de las instituciones de microfinanzas y otras entidades financieras. 

Acceso y uso de productos financieros

Aunque hombres y mujeres tienen un acceso similar a los créditos, existe una brecha de 37 puntos en los montos otorgados. Las mujeres tienen más acceso a créditos de consumo, pero menos a los de vivienda y comerciales.

Se observa una tendencia positiva en el acceso de las mujeres chilenas a microcréditos y otros productos financieros adaptados a sus necesidades. 

Comportamiento de pago y pólizas de seguros

Menor cobertura en seguros: La proporción de mujeres aseguradas (56,3%) es ligeramente inferior a la de los hombres (58,8%). Esta brecha se acentúa en seguros de vida a partir de los 50 años.

Las mujeres, en general, mantienen un mejor comportamiento de pago de sus deudas, según los indicadores de mora y renegociación. 

Brecha digital: La falta de acceso a tecnología y habilidades digitales limita la participación de las mujeres en servicios financieros digitales como la banca en línea y los pagos móviles, un factor crucial para la inclusión financiera hoy en día.

Participación femenina en los Fondos Mutuos 

Como novedad, esta edición del Informe de Género en el Sistema Financiero incluye  información sobre la cobertura poblacional de inversiones en Fondos Mutuos. A septiembre de 2024, más de 2 millones de personas naturales eran inversionistas de estos fondos, el 49,7% eran mujeres.

Conclusiones del informe y retos de futuro 

• El estudio subraya la necesidad de diseñar productos y servicios financieros con una perspectiva de género, que contemplen las particularidades de las emprendedoras y microempresarias. 
• Recopilar y analizar datos desagregados por género es esencial para formular políticas públicas y estrategias empresariales.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) de Colombia ha aprobado el Plan Anual de Garantías 2025, un instrumento crucial para la dinamización y el fortalecimiento financiero del sector agropecuario y rural. La iniciativa subraya el compromiso del gobierno con la inclusión financiera y el respaldo a los productores, especialmente a los pequeños y medianos, que son pilares de la economía rural. 

Su ámbito de aplicación abarca a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y aquellas del sector público que avalan actividades agropecuarias o rurales.

Comisiones y coberturas del Fondo Agropecuario de Garantías

• El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) de Colombia ha tomado medidas en 2025 con el objetivo de facilitar que más agricultores y ganaderos accedan a créditos. 
• El FAG no cubre el 100% de todos los créditos, sino que ofrece porcentajes de cobertura que varían según el tipo de productor y el proyecto. 
• Se moverán fondos de una cuenta especial llamada «Inclusión Financiera» hacia el FAG principal. 
• El FAG se ha propuesto como meta para 2025 recuperar el dinero que tuvo que entregar a los bancos cuando los productores no pudieron pagar sus créditos. La entidad encargada de administrar el FAG (Finagro) podrá negociar acuerdos de pago con los productores que se atrasaron con sus deudas entre 2020 y 2021. 

Nueva ley que impulsa oportunidades para las mujeres rurales 

También el Congreso de la República de Colombia ha promulgado la Ley 2462 de 2025, u que establece medidas para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, campesinas y pescadoras, aquellas que han migrado del campo por conflicto armado o despojo de tierras, priorizando a aquellas con menos recursos económicos. La ley posibilita el ejercicio pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, políticos, ambientales y territoriales, buscando cerrar las brechas de discriminación histórica en el ámbito rural.

La ley promueve la participación, autonomía e igualdad de oportunidades de las mujeres rurales y señala la necesidad de visibilizar su aportación a la economía nacional.

Acceso a crédito y garantías 

 La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA)  creará una estrategia anual para eliminar barreras y cerrar brechas en el acceso al crédito para mujeres rurales. Estos créditos se concederán de manera preferente a mujeres rurales, campesinas y de la pesca, víctimas del conflicto armado y cabezas de familia con actividades agropecuarias, economía campesina, familiar y comunitaria y actividades asociadas a la economía tradicional y sostenible. Se eliminarán barreras basadas en género, etnia y nivel socioeconómico. 

El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) establecerá una línea de seguros agropecuarios para mujeres rurales, con asistencia técnica obligatoria, y las pequeñas y medianas productoras rurales tendrán acceso prioritario a las garantías del FAG.

Además, se crea el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), para aumentar la participación de las mujeres rurales en la política económica y social, priorizando a las de bajos recursos.

 Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son el motor de la economía en América Latina, representan más del 90% de todos los negocios de la región y generan la mayoría del empleo formal, según el Banco Mundial. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos que van desde la informalidad hasta el limitado acceso a la financiación y la tecnología. En Perú, el Congreso acaba de aprobar en mayo pasado, la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa (Mype), que busca facilitar su formalización y darles acceso a beneficios fiscales. Para analizar el impacto de este tipo de medidas y explorar qué se puede hacer para impulsar la competitividad de las mipymes en toda la región, conversamos con Martín Naranjo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC).

Bachiller en Ciencias Sociales y Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Economía por la Universidad de Pennsylvania donde estudió como Fulbright Scholar y becario de la Fundación Ford. Ha sido Gerente General del Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE) y Superintendente de Banca, Seguros y AFP. También ocupó altos cargos en el Banco Mundial, BID, Leasing Perú, Bancolombia y Financiera Confianza. Actualmente es Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), Presidente de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Vicepresidente de CONFIEP y Director de inPERÚ y del Consejo Privado Anticorrupción (CPA). 

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• Las mipymes mueven gran parte de la economía en la región, pero a muchas les cuesta crecer. Desde su experiencia, ¿cuáles son las barreras más urgentes que deben superarse para que estas empresas sean más competitivas?

Las mipymes concentran la mayor parte del empleo en muchas economías. En los países en desarrollo, su potencial se ve limitado por barreras evidentes. La más decisiva está en los altos costos y los reducidos beneficios que implica la formalidad. Esta no es gradual: por más pequeña que sea la empresa, su presupuesto debe cubrir impuestos nacionales, contribuciones locales, licencias municipales, y costos de cumplimiento y gestión financiera relativamente sofisticados. Esa discontinuidad se convierte en un muro que muchas empresas no logran escalar, sobre todo si a cambio reciben poco en servicios básicos e infraestructura del Estado. El resultado es la informalidad y la baja productividad que la acompaña.

La formalización y la productividad avanzan de la mano cuando existen buenas instituciones, infraestructura confiable y estabilidad macroeconómica. Instituciones sólidas —educación, salud, justicia, seguridad— junto con infraestructura básica de calidad —caminos, telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento— en un entorno estable reducen la incertidumbre, los riesgos de operación y los costos de transacción, incluidos los asociados a la formalización.

La competitividad de las mipymes no puede resolverse con programas aislados. Se requiere un entorno integral que combine estabilidad macroeconómica, instituciones fuertes, infraestructura confiable e instrumentos diseñados para acompañar, desde el inicio, el crecimiento de las empresas pequeñas dentro de la formalidad.

• En Perú, acaba de aprobarse la Ley Mype, que busca impulsar la formalización y ofrecer beneficios fiscales a este tipo de empresas. ¿Qué impacto real cree que puede tener esta ley en el día a día de un pequeño emprendedor y qué aprendizajes podría dejar en otros países?

La ley incorpora varios mecanismos orientados a facilitar la formalización de las Mypes. Destacan iniciativas como el mandato al Ejecutivo para implementar un sistema en línea que permita constituir una empresa en solo 48 horas; la declaración de interés nacional del otorgamiento de créditos con tasas preferenciales a la Mype formalizada; y el encargo a COFIDE, el Banco de la Nación y Agrobanco de promover financiamiento a través de intermediarios financieros.

La Ley Mype representa un avance relevante, pero su impacto real dependerá de cómo se traduzca en la práctica para el pequeño emprendedor. Al final, la decisión de formalizarse es un cálculo racional: si la formalidad se percibe como más trámites, más tiempo y más controles, difícilmente será atractiva. En cambio, si abre el acceso a financiamiento, a mercados más amplios y a servicios del Estado, se convertirá en una inversión conveniente.
El éxito de la Ley Mype dependerá de su capacidad para reducir la discontinuidad en los costos de la formalización. Cuanto más logre simplificar procedimientos y ofrecer incentivos tangibles, mayores serán sus posibilidades de convertirse en un modelo replicable para otros países.

• En un entorno cada vez más digital, la competitividad de una pequeña empresa depende también de la tecnología. ¿Cómo pueden las instituciones financieras apoyar a las mipymes para que adopten herramientas digitales y nuevas formas de trabajo que les ayuden a progresar?

La digitalización es hoy un factor de supervivencia: de ella depende en gran medida la capacidad de competir de las pequeñas empresas. En este proceso, las instituciones financieras tienen un rol decisivo. Los instrumentos financieros digitales son cada vez más confiables, accesibles y permiten gestionar mejor el riesgo. Un sistema de pagos digitales genera historial verificable; una billetera electrónica reduce la dependencia del efectivo; un crédito gestionado en línea con datos alternativos amplía la base de clientes. Cada innovación digital en las finanzas facilita la
formalización, mejora la productividad y aporta eficiencia, mejor información y mayor capacidad de planificación.

Pero la adopción de estas herramientas requiere confianza y seguridad. Con productos inclusivos, costos de acceso más bajos y servicios digitales seguros, la banca puede hacer que la digitalización se convierta en el puente que permita a las mipymes transitar hacia la formalidad y consolidar su crecimiento.

• En la Fundación trabajamos y tenemos acuerdos con organismos internacionales del sector del desarrollo y de las microfinanzas. A través del impulso de las alianzas, ¿podrían las mipymes en América Latina conseguir un crecimiento más sostenido o incluso ayudar a su internacionalización?

Sin duda. Fortalecer las alianzas entre actores locales y organismos internacionales de desarrollo y microfinanzas puede impulsar de manera decisiva el crecimiento de las mipymes e incluso abrirles oportunidades en mercados internacionales. Estas alianzas no solo aportan financiamiento, sino también conocimiento, redes y estándares que aceleran el aprendizaje y fortalecen las capacidades. Al facilitar el intercambio y la fertilización cruzada de ideas, instrumentos e instituciones, conectan y difunden mejores prácticas. De esta manera, promueven la innovación, la adopción de nuevas herramientas y la posibilidad de escalar con mayor productividad y sostenibilidad.

• Puede incluir reflexión o mensaje final

Simplemente felicitar a la Fundación Microfinanzas BBVA por un esfuerzo ejemplar. Más allá de eliminar barreras, aprobar leyes, innovar, hacer alianzas o lograr impactos impresionantes, es un esfuerzo ejemplar por una razón fundamental: porque reconocer la dignidad de cada persona creando oportunidades reales de salir de la pobreza siempre estará en la dirección correcta.

En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no tienen un rol marginal, son el núcleo de la actividad productiva: representan el 99,5% del tejido empresarial y el 60% del empleo formal (PNUD, 2024). A ello se suma que más de un tercio de los trabajadores de la región se autoemplea (OIT, 2023).

Sin embargo, persiste una paradoja: aunque son esenciales para la inclusión social y económica, las mipymes enfrentan brechas que restringen su capacidad de crecer, generar empleos de calidad e impulsar la innovación. El resultado son ingresos más bajos, menor resiliencia y competitividad limitada frente a economías más avanzadas.

Convertir a las mipymes en protagonistas de una transformación productiva inclusiva, digital y verde es un imperativo para acelerar el desarrollo sostenible. Ello exige actuar en cuatro frentes estratégicos:

• Inserción en cadenas de valor locales y regionales

La reducida participación de las mipymes en cadenas de valor limita su acceso a mercados exigentes y a estándares más altos de calidad. Para superar esta barrera, es clave potencializar el rol de las grandes empresas como empresas anclas, que promuevan innovación y transferencia de conocimiento, y articular clústeres nacionales con redes regionales. En el contexto de relocalización productiva y nearshoring, América Latina puede aprovechar su proximidad geográfica y cultural para consolidar cadenas más sólidas y resilientes, posicionándose como proveedor estratégico de los mercados globales.

• Adopción tecnológica 

La región mantiene un rezago digital considerable: entre 2014 y 2016 la adopción tecnológica en negocios creció apenas 4,5%, frente a 16,4% en China (CEPAL, 2021). En 2019, solo la mitad de las empresas tenía página web, y el uso de big data o inteligencia artificial (IA) era marginal. Aunque la pandemia aceleró la digitalización, los beneficios fueron capturados por grandes firmas.

Cerrar las brechas digitales exige robustecer los ecosistemas de servicios digitales, conectando universidades, centros de innovación y proveedores tecnológicos con las necesidades empresariales. También es clave promover plataformas colaborativas y redes de aprendizaje que impulsen el intercambio de información y la gestión del conocimiento, así como fortalecer la infraestructura de conectividad digital.

Las mipymes no pueden quedarse atrás en la captura de oportunidades de la IA. Más allá de la eficiencia operativa, la IA puede transformar modelos de negocio al anticipar tendencias, personalizar productos en tiempo real y mejorar trazabilidad y calidad, condiciones esenciales para su inserción en cadenas de valor.

• Mitigación y resiliencia climática

América Latina, pese a emitir menos del 5% de CO₂ global, es de las regiones más vulnerables al cambio climático (EIB, 2023). Huracanes, inundaciones y sequías afectan directamente las cadenas productivas, mientras que casi la mitad de las capitales está clasificada como de “riesgo extremo” (Green Climate Fund, 2021). En una transición climática justa, las mipymes enfrentan dos retos. El primero es la mitigación: descarbonizar sus modelos de negocio con energías renovables y eficiencia energética y reconvertir sectores intensivos en carbono hacia actividades sostenibles. El segundo es la adaptación: al ser especialmente vulnerables, deben fortalecer su resiliencia y capacidad de respuesta a eventos hidrometeorológicos que amenazan la continuidad de sus operaciones.

El gran desafío será preservar y mejorar la calidad del empleo. Algunos trabajos desaparecerán, otros se transformarán y nuevos se crearán, pero el objetivo debe ser un efecto neto positivo en el empleo, sin dejar a ningún segmento rezagado.

• Acceso a financiamiento

El financiamiento es decisivo para que las mipymes avancen en estas transformaciones. La brecha global de crédito asciende a US$5,7 billones; América Latina concentra cerca de US$1 billón (SME Finance, 2025), que afecta a 29 millones de empresas. Cerrar esta brecha demanda modernizar las infraestructuras de financiamiento, integrando sistemas de finanzas y datos abiertos, esquemas de crédito basados en activos y marcos eficaces para la insolvencia. La banca de desarrollo debe ampliar su rol catalizador, con estrategias de derisking y de movilización de capital privado hacia segmentos desatendidos. Además, las estrategias de educación financiera son relevantes para promover un uso productivo del crédito y la cultura de pago, que no es muy fuerte en la región.

Un nuevo contrato productivo para la región

El futuro de América Latina depende de su capacidad para colocar a las mipymes en el centro de la transformación productiva, digital y verde. Los desafíos son significativos, pero las oportunidades son aún mayores. Una agenda que combine estos cuatro elementos puede convertir a las mipymes en la piedra angular de un modelo de desarrollo que potencialice el talento emprendedor, el potencial de innovación y la capacidad de generar empleos de calidad en la región. 

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Referencias 

BID Lab. (2021). Resumen del proyecto en diseño: Economía del dato justa e inclusiva en ALC: promoviendo la innovación y competitividad de las PYME.

Castellanos, E., Lemos, M. F., Astigarraga, L., Chacón, N., Cuvi, N., Huggel, C., Miranda, L., Moncassim Vale, M., Ometto, J. P., Peri, P. L., Postigo, J. C., Ramajo, L., Roco, L., & Rusticucci, M. (2022). Central and South America. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1689–1816). Cambridge University Press.

Cathles, A., Suaznábar, C., & Vargas, F. (2022). Radiografía de la transformación digital en las firmas de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

Cirera, X., Cruz, M., Grover, A., Lacovone, L., Medvedev, D., Pereira-López, M., & Reyes, S. (2021). Firm recovery during COVID-19: Six stylized facts (Policy Research Working Paper Nº 9810). Banco Mundial.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Tecnologías digitales para un nuevo futuro (LC/TS.2021/43). Santiago de Chile.

Green Climate Fund. (2021). Increasing resilience through nature-based solutions in Latin American cities (Nature4Cities Latam).

Hirs-Garzón, J., & Vargas, F. (2023). Prioridades para la digitalización empresarial en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate resilient development pathways (Chapter 18). In Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 2657–2800). Cambridge University Press.

Katz, R., Jung, J., & Callorda, F. (2020). El estado de la digitalización de América Latina frente a la pandemia del COVID-19. CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Luaces, S., & Gulasan, N. (2025, 26 de junio). Micro, pequeñas y medianas empresas resilientes: Por y para la prosperidad. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Marchitto, B., Conde, J., Santos, R., de Nicola, C., Ferrazzi, M., Baldini, A., Pal, R., Parigi, E., & Bermingham, C. (2023). Climate risk in Latin America and the Caribbean: Are banks prepared for the green transition? . European Investment Bank.

OCDE & CAF. (2024). Revisión del gobierno digital en América Latina y el Caribe: Construyendo servicios públicos inclusivos y responsivos. Publicaciones de la OCDE.

OECD. (2023). Towards climate resilience and neutrality in Latin America and the Caribbean. OECD Publishing.

OCDE, CAF y SELA. (2024). Índice de políticas para las MIPYMES: América Latina y el Caribe 2024: Hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible. Publicaciones de la OCDE.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). Panorama laboral 2023: América Latina y el Caribe. Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Paniagua, C. (2023). Apoyo a pymes para países más productivos. Corporación Andina de Fomento (CAF).

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2023). Informe sobre la brecha de emisiones 2023: Un megahit candente.

United Nations Environment Programme. (2021). Increasing resilience through Nature-based Solutions in Latin American cities (Nature4Cities Latam). Green Climate Fund.

Salo, J. (2016). Greening value chains: How large companies in Latin America and the Caribbean can influence natural resource use and environmental impact management in their value chains: Technical study (E. Terry & M. Hofmann, Eds.). Inter-American Development Bank.

SME Finance Forum. (2025). MSME finance gap: An updated estimation and evolution of the MSME finance gap in emerging markets and developing economies.

La Unión Europea ha dado un paso importante en la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) con la publicación del Código de buenas prácticas de IA de uso general (GPAI), una herramienta voluntaria que busca ayudar a la industria a cumplir con las obligaciones de la Ley de IA, especialmente en materia de seguridad, transparencia y derechos de autor de los modelos de IA de uso general. 

Con esta publicación, la Unión Europea pretende fomentar un ecosistema de IA que sea innovador, seguro, transparente y respetuoso con los derechos, sentando las bases para el desarrollo y la implementación responsable de la inteligencia artificial.

Estructura y contenido del GPAI

El código tiene tres capítulos:

• Transparencia: Incluye un modelo de formulario de documentación fácil de usar para que los proveedores detallen la información necesaria para cumplir con la Ley de IA sobre transparencia de los modelos. 
• Derechos de autor: Proporciona a los proveedores soluciones prácticas para cumplir con la Ley de IA y establece una política para adherirse a la legislación de derechos de autor de la UE. 
• Seguridad y protección: Con prácticas novedosas para gestionar los riesgos sistémicos.

¿Cómo adherirse al GPAI?

Los proveedores de modelos de IA de uso general interesados en adherirse al código pueden hacerlo cumplimentando un formulario de firma y enviándolo por correo electrónico (EU-AIOFFICE-CODE-SIGNATURES@ec.europa.eu).

Más información sobre las preguntas y respuestas sobre el código de prácticas para la IA de uso general