Juventud y Emprendimiento: ¿los nuevos motores de desarrollo de América Latina?

El 27 y 28 de octubre de 2016 se celebró en Cartagena de Indias el XI Encuentro Empresarial Iberoamericano, como antesala a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Este foro de diálogo, en el que participaron 300 empresas, fue organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo. El encuentro centró sus contenidos en Juventud, Emprendimiento y Educación para el Desarrollo a partir del informe Perspectivas Económicas de América Latina que preparan conjuntamente la OCDE, CAF y CEPAL.

América Latina es una región de micro y pequeños empresarios donde el porcentaje de emprendedores per cápita es el segundo a nivel mundial. Las PYMES representan el 80% de empresas y aportan entre un 16% y un 36% del PIB, dependiendo del país, pero sólo reciben el 12% del crédito total. La baja productividad del tejido empresarial latinoamericano refleja un problema de generación y calidad de empleo por parte de las firmas que incide en los niveles de cualificación laboral. Ambos aspectos se retroalimentan creando un círculo vicioso de falta productividad, falta de oportunidades laborales e informalidad.

Hablamos de una región donde las microempresas de menos de 5 trabajadores emplean al 40% del total de asalariados del sector privado. Su limitado tamaño se debe al origen de estos negocios que surgen por necesidad, no por oportunidad. Son lo que se denominan “emprendimientos de subsistencia”, principalmente unipersonales o familiares, que inician su actividad con el objetivo de lograr ingresos que no se satisfacen con el empleo formal. Esta es la realidad para el 85% de los emprendedores de Colombia, el 78% en Perú o el 72% en República Dominicana según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

La mayoría de estos emprendimientos tienen un crecimiento limitado y volátil que no permite generar empleo ni acumular capacidades o conocimientos que permitan transitar hacia el empleo formal. De hecho, este trasvase sólo es viable para 1 de cada 4 personas, mientras que para el resto su opción más cercana sería permanecer en empresas informales, con niveles salariales que no difieren de los que perciben en sus microempresas. Por ello, prefieren seguir en sus ocupaciones de bajos ingresos. Esta decisión repercute en el nivel de capital humano que adquieren y, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que incluso se deprecia el nivel inicial que tenían.

El resultado es que los retornos de la educación se perciben como débiles, y no se visibilizan ganancias adicionales por mayores niveles de instrucción. Además, la mayoría de microempresarios tienen niveles educativos bajos, que afectan también a los incentivos a acumular capital humano para aquellos jóvenes que perciben este tipo de ocupación, como la única opción posible para ellos, dado su entorno familiar y sus creencias.

El perfil mayoritario de estos emprendedores es el de mujeres con cargas familiares (el emprendimiento permite actividades compatibles con los cuidados del hogar), sin educación secundaria completa, que viven en viviendas de menor calidad, provienen de entornos familiares menos favorables (padres menos educados y con menor nivel de ingresos), se dedican al comercio, tienen salarios más bajos, trabajan en la informalidad, en locales situados en la calle o dentro de una vivienda, y cuentan con un menor nivel de innovación. Además, tienen un bajo nivel de inclusión financiera: sólo 54% tiene una cuenta bancaria (frente al 49% del asalariado informal, 78% asalariado formal y 86% emprendedor mediano o grande).

Este es el entorno en el que los 163 millones de jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 29 años buscan un futuro. El 42% se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza. A pesar de que el acceso a la educación se ha duplicado en la última década (de 22,3% al 44,5% tasa bruta de matrícula universitaria), los jóvenes tienen pocas oportunidades de emplearse en el sector formal por las características propias del entorno empresarial mencionadas anteriormente. Además, 1 de cada 5 jóvenes está fuera del sistema: ni estudia ni trabaja y, entre los que están empleados, una proporción similar lo hace en el sector informal. A mayor vulnerabilidad de los jóvenes, mayor informalidad en su empleo.

Trabajar en la informalidad supone una gran dificultad para transitar posteriormente al empleo formal, lo que termina por perpetuar la vulnerabilidad de estos jóvenes en la edad adulta. Para muchos de ellos, emprender se convierte en una oportunidad real de futuro pero a costa de incrementar las tasas de abandono escolar y de que su nivel educativo termine siendo bajo. Como consecuencia, existe un desfase entre la educación y las necesidades productivas: mientras un tercio completa la primaria, sólo un 23% de media termina la secundaria y un 14% la educación universitaria. Es decir, de los 72 millones que inician la universidad, sólo 23 millones finalizan sus estudios.

Por todo ello, los jóvenes enfrentan tasas de desempleo y subempleo hasta 3 veces superiores a las de los adultos. Tienen mayores problemas para conseguir empleo y más aún de buena calidad. Sólo un 50% se encuentra empleado y, de los que terminan la primaria, sólo un 1 de cada 4 o 5 trabaja en el sector formal.

A pesar de esta realidad existen oportunidades para que la juventud y el emprendimiento se conviertan en motores del desarrollo económico en la región en los próximos años. Así lo recoge el Informe de Perspectivas de América Latina 2017: “Fomentar el emprendimiento juvenil puede convertirse en un motor de una transformación productiva”. Además, para la Corporación Andina de Fomento: “Podrían existir enormes ganancias de productividad si el trabajo y el capital se reasignaran desde estos pequeños establecimientos hacia empresas medianas y grandes.” Existen oportunidades en el desarrollo de competencias que les permitan llevar a cabo su emprendimiento de forma exitosa que hagan que estos microemprendimientos por necesidad se conviertan emprendimientos de oportunidad.

Pero, ¿cómo se puede impulsar este cambio? La respuesta parece encontrarse en 4 frentes: acceso a financiación, mejor regulación y políticas públicas de apoyo al emprendimiento, mayor digitalización y educación adaptada a las necesidades del mercado.

En primer lugar, parece existir una correlación alta entre las decisiones de emprender y la riqueza familiar, lo que sugiere la existencia de posibles restricciones de acceso al crédito. Con independencia de algunos problemas de escala, ineficiencias y, en ocasiones, pobre gobierno corporativo, el sistema financiero, si bien está desarrollado, es incapaz de llegar a subsanar las asimetrías de información de los clientes en la informalidad. Estos clientes, presentan ingresos inestables, falta de garantías, carecen de historial de crédito, poseen escasa cultura financiera y, se encuentran alejados de los proveedores de servicios financieros. Es así que un tercio de las micro y pequeñas empresas de la región encuentran en la falta de acceso a la financiación el principal obstáculo para su crecimiento. Muchos de estos emprendimientos se inician con recursos propios (el 85% del activo de los clientes de la FMBBVA proviene de su patrimonio) o financiación informal y, a la hora de expandirse, con frecuencia, entran en el “valle de la muerte”.

En segundo lugar, existen fallas del Estado en la regulación para crear empresas formales (por ejemplo, el tiempo medio para abrir una empresa en la región es de 29 días y el coste supone un 29% del ingreso per cápita, el segundo porcentaje más elevado del mundo después de África). La regulación limita la forma en la que se constituye y se gestiona una empresa y provoca que se utilicen mecanismos informales para crearlas, tal y como reconoce el Banco Mundial en su último informe Doing Business 2017. Además, las políticas impositivas dificultan el crecimiento de las empresas formales y su mayor productividad, y generan incentivos para la supervivencia de microempresas que sólo dan empleo a su fundador y a algunos familiares, con poco valor agregado y frecuentemente en el sector informal.

Las políticas públicas de apoyo a la empresa en América Latina suelen concentrarse en su etapa de consolidación y sostenibilidad. Se basan principalmente en el endeudamiento patrimonial y apoyan sectores tradicionales de la economía, lo que tampoco está contribuyendo a un tejido empresarial dinámico y pujante. Es necesario desarrollar políticas y programas de promoción del emprendimiento que fomenten la disposición a emprender, motiven y desarrollen habilidades de gestión empresarial así como de apoyo a la puesta en marcha y a la sostenibilidad (financiación a través de aceleradoras, mentoring, formación…).

En este sentido, existen ya algunas prácticas desde la sociedad civil y organismos multilaterales que están siendo objeto de estudio por parte del PNUD y la OIT, y pueden dar arrojar luz sobre cómo diseñar estas políticas: Junior Achievement, que fomenta la cultura de emprendimiento en jóvenes en edad escolar; Valores en Acción, que propone talleres de autovaloración, liderazgo y plan de vida para jóvenes en contextos desfavorables; YEP, la plataforma regional creada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y Youth Business International en 2013, para la formación empresarial y creación de ecosistemas de emprendimiento para 65.000 jóvenes de bajos ingresos; o Start Up Chile, aceleradora de emprendimientos de mujeres, capital semilla o escalamiento, entre otros.

En tercer lugar, es necesario reducir la brecha de acceso a la tecnología y promover un mercado digital latinoamericano que aproveche las economías de escala de un área de 700 millones de personas. Sólo la mitad de la población está conectada a internet y es usuaria móvil, y sólo 1 de cada 4 páginas web más usadas es creada localmente. Aunque la región es la segunda consumidora mundial de contenidos digitales (de la población conectada, el 78% está en redes sociales), no se está incluyendo internet en las cadenas de producción. La digitalización constituye una oportunidad económica para la región que hay que impulsar con políticas públicas de apoyo a emprendimientos propios de la cuarta revolución industrial, así como de capacitación en habilidades digitales en los jóvenes.

Por último, es fundamental asegurar que no se debiliten los incentivos a la acumulación de capital humano de los jóvenes (y que no imiten los modelos de empleabilidad de sus padres).Se trata de facilitar su empleabilidad a través de programas de primer empleo, pasantías y otras capacitaciones vinculadas a demandas del sector productivo. Diseñar políticas públicas, en coordinación con el sector privado, que garanticen el acceso a la educación a través de subsidios y una oferta educativa pública de calidad, asegurar la calidad y pertinencia de los estudios, ofrecer orientación profesional, fomentar la movilidad e impulsar un mercado laboral regional, son estrategias que pueden ofrecer los incentivos adecuados para la permanencia en el sistema educativo.

En este sentido, cabe reseñar el programa iberoamericano de becas de intercambio y movilidad académica, Campus Iberoamérica, aprobado en la XXV Cumbre Iberoamericana, y que prevé llegar a 20.000 becas en 2020. También el Pacto Iberoamericano de Juventud, en el que 22 países iberoamericanos han acordado formar una alianza entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, academia y cooperación internacional para el desarrollo de políticas a favor de los jóvenes. Entre ellas, destacan la creación de una oferta educativa que incluya a generadores de empleo, la puesta en marcha de un programa regional de innovación y liderazgo digital, el incremento del protagonismo de los jóvenes en el emprendimiento o el reconocimiento de estudios y títulos universitarios entre los diferentes países. También la creación de un Observatorio Iberoamericano para el Emprendimiento e Innovación, que fomente el intercambio de buenas prácticas, permita monitorear las políticas públicas y genere conocimiento aplicado a nivel regional.

Otro desafío es reformar el sistema educativo para que prepare a los jóvenes para las necesidades futuras del sector productivo. El 50% de las empresas de América Latina afirma no encontrar los trabajadores con las competencias necesarias para desarrollar su actividad. Esto implica capacitar en nuevas tecnologías, impulsar conocimientos en ciencias, tecnología e ingenierías, así como mejorar el nivel de inglés y crear programas de formación profesional más cortos enlazados con la educación formal. También capacitar en las competencias blandas que identifica el Foro Económico Mundial en su documento “New vision for Education. Unlocking the Potential of Technology”: trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación, creatividad e innovación, trabajo en equipos multidisciplinares,…. No hay que olvidar que otro de los retos es contar con servicios de intermediación laboral a nivel nacional y regional.

Finalmente, no debemos olvidar que también existe una brecha de género en los jóvenes que es necesario atender. Por un lado, las mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan son un 30% (frente al 20% masculino). Y aquellas que logran alcanzar mayores niveles educativos no logran traducirlo en una mayor participación laboral, ni en la mejor calidad del empleo o en el nivel de ingresos que reciben. Según datos del Banco Mundial, la brecha de género en emprendimiento y empleo es de un 14% en América Latina. Existe también un sesgo en la formación. Las jóvenes suelen elegir estudios relacionados con sus roles tradicionales: la educación, humanidades y artes frente a ingenierías o ciencias, que conllevan menos ingresos y están relacionadas con actividades de cuidado. Hay varios esfuerzos en curso para incentivar los estudios científicos‐matemáticos‐tecnológicos entre las mujeres. Cabe reconocer la inclusión de esta dimensión en el Pacto Iberoamericano de Juventud firmado en la Cumbre: “la promoción del empoderamiento económico de las mujeres jóvenes mediante el desarrollo de capacidades productivas, programas de emprendimiento, microfinanzas y cooperativas.”

También es de destacar otras iniciativas regionales como Laboratoria, que desarrolla habilidades socioemocionales de mujeres jóvenes de bajos recursos con potencial para que se conviertan en desarrolladoras web, y que prevé llegar a 10.000 estudiantes en el año 2020, mejorando su empleabilidad en un 85% y multiplicando por 4 su nivel de ingresos.

América Latina enfrenta grandes retos en relación con la juventud, la educación y el emprendimiento en un contexto macroeconómico complejo. Pero hacer frente a estos desafíos podría hacer que tanto los jóvenes como el emprendimiento se conviertan en motores de oportunidades y crecimiento en los próximos años. En palabras de Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana: “Iberoamérica sólo logrará competir sobre la base del talento y, en particular, del talento joven”. La mejor forma de combatir la pobreza es la creación de empleo, que está íntimamente ligada a mayores niveles de formación. Habrá que reforzar los conocimientos y habilidades de los jóvenes para que puedan emplearse en el sector formal y, a su vez, contar con políticas públicas que fomenten y apoyen sus proyectos empresariales en las etapas iniciales. Por el lado de la oferta, ayudar a que miles de microempresas se conviertan en PYMES capaces de generar crecientes oportunidades para ellos. Sólo con la mejora de la productividad de las empresas y de la empleabilidad de las generaciones futuras se podrá transformar la situación actual en un círculo virtuoso de productividad, empleo y formalidad que active la economía de la región.

Esta Tesina fue escrita para el Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Paloma Pérez Castañares (M.Sc.) y Claudio González-Vega (Ph.D.).  La investigación ha intentado responder a la pregunta: ¿hasta qué punto y de qué maneras la oferta de seguros indexados al nivel meso podrían contribuir a aumentar la inclusión financiera en las áreas rurales?

La profundización financiera rural en países en desarrollo enfrenta diversas barreras, lo que lleva a mercados imperfectos o ausentes. Estas fallas del mercado frenan la inclusión financiera, el desarrollo rural, la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria. Una barrera importante es el riesgo que surge de desastres naturales, como inundaciones o sequías, que causan estragos en una región y llevan al colapso de instituciones financieras locales.

Al reducir la exposición a estos riesgos de los agricultores, los seguros contribuyen al manejo y diversificación del riesgo de las instituciones financieras. Esta herramienta les permite reducir sus costos operativos y pérdidas y así lograr un mejor empate entre la oferta y la demanda de servicios financieros. Los seguros tradicionales no permiten alcanzar este resultado, debido a sus elevados costos operativos y su incapacidad de lidiar con riesgos covariantes. Por esta razón, los seguros de índice, ofrecidos al nivel meso, surgen como una posible solución ante los riesgos catastróficos. Al descansar en un índice predeterminado, las pérdidas son compensadas sin necesidad de evaluar los siniestros en el campo, lo que reduce significativamente los costos operativos del asegurador y permite cobrar primas más bajas a los agricultores, a los intermediarios financieros y otros actores involucrados en transacciones financieras con los agricultores. A su vez, una oferta al nivel meso podría permitirle al asegurador alcanzar sustentabilidad, al permitirle reducir costos, incrementar la base de clientes y diversificar riesgos.  En cualquier caso, se requerirá un enfoque integrador que permita enfrentar los diferentes riesgos que aquejan a las familias rurales.  Un entorno regulatorio propicio y una correcta definición del papel del estado serán fundamentales en el éxito del enfoque.

DecoopChile is a daily cooperative and community association newspaper in Chile with the purpose of promoting the country’s cooperatives and community associations, creating information networks between different users so that they can share their experiences, concerns and future plans.

As part of the Financial Services programme linked to Business Development Centres, Banigualdad, Fondo Esperanza and Emprende Microfinanzas have increased their customer service points for the public, with new centres throughout the country.

The programme includes a microfinance institutions platform, an agreement with BancoEstado to reinforce the financial offering with products at discounted prices, a financial literacy programme for entrepreneurs and microenterprises and a diagnosis of the microinsurance policies suited to small businesses.

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En el imaginario social, la inclusión financiera sigue estando asociada de forma casi unívoca con el acceso a la financiación a través de instrumentos como el microcrédito. Los microcréditos fueron la primera herramienta con la que ya en los años 80 del siglo XX comenzaron a experimentar algunas organizaciones no gubernamentales de Asia y América Latina para aliviar la pobreza de amplios colectivos de población. A finales de los años 90 y principios del siglo XXI, las bondades del recurso a la financiación se vieron complementadas con el objetivo de garantizar medios seguros y convenientes de ahorro formal. Hoy, las estrategias de inclusión financiera de numerosos países (Colombia, con su Ley de inclusión financiera “Pague fácil – pague digital”; el Programa de Inclusión financiera del gobierno de Uruguay, la “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” del Perú, y la “Política Nacional de Inclusión Financiera” de México, entre otros), alineadas con las orientaciones y recomendaciones emitidas por instancias tales como el Banco Mundial y el Comité de Pagos de Basilea, identifican el acceso y uso a medios de pago electrónico como el primer paso a dar en este difícil camino de la inclusión financiera y, por tanto, económica y social.

Además de dotar eficiencia al acto y proceso de realizar pagos – agilidad, seguridad, trazabilidad, confirmación, etc. – sus atributos como sustitutos perfectos del dinero en efectivo otorgan ventajas adicionales a las dos partes involucradas (pagador, receptor del pago), así como a la sociedad en su conjunto, en la medida en que el efectivo es un elemento habilitante de la economía sumergida o informalidad económica y laboral.

Son amplios los segmentos de población que no disponen de medios de pago electrónico y que se ven abocados a realizar todas sus transacciones de pago y cobro por medios basados en papel – billetes y monedas, cheque, pagarés – siendo de origen múltiple las motivaciones de esta realidad: porque los ingresos de la actividad económica se materializan en efectivo y no con ingresos en cuenta; porque no están equipados con medios convenientes – principalmente tarjetas de pago, y a menudo también de cuentas de pago – para operar de forma electrónica;  también es habitual que, contando con medios de pago basados en tarjetas, no resulte fácil utilizarlas para realizar pagos porque no son ampliamente aceptados, ya sea por una terminalización insuficiente, porque no existen incentivos suficientes para su uso masivo o porque sigue existiendo una preferencia por el uso del efectivo, por motivos fiscales o culturales.

A menudo asociamos erróneamente el uso de medios de pago electrónico con un mayor coste para el que realiza y/o recibe el pago, obviando los múltiples costes no visibles asociados al uso exclusivo del efectivo: riesgo de deterioro, pérdida o robo, tiempo y coste de desplazamiento a puntos de obtención de efectivo (sucursal bancaria, ATM, etc.), previsión de “llevar encima” cantidades necesarias, etc. Por parte de los particulares, sigue existiendo la creencia de que el aceptante del pago (por ejemplo, el comerciante) prefiere recibir el pago en efectivo a hacerlo con medios alternativos en formato electrónico (p.e. pago con tarjeta).

El caso de Chile

A modo de ejemplo, nos centramos en el caso de Chile, donde encontramos una situación interesante.

Todo ciudadano chileno[1] tiene derecho a abrir una cuenta vista (cuenta RUT- Registro Único Tributario, con el número de Cédula de Identidad Nacional vigente) gratuita en el banco público estatal Banco Estado (no así en el resto de entidades bancarias, que no tienen obligación de ofrecer este producto/servicio financiero con carácter universal), junto con la cual se hace entrega de un tarjeta de débito sin coste[2]. Esta modalidad de tarjeta de pago opera en cajeros automáticos, en la red de corresponsales bancarios Caja Vecina y en la red de POS Redcompra. No tiene capacidad, sin embargo, de operar en comercio electrónico internacional, incluyendo el mercado de apps para smartphones (p.e. Spotify), ni para el pago de transacciones de la llamada economía colaborativa, en la medida en que generalmente son transacciones internacionales de pago cuando intervienen plataformas digitales globales (p.e. Uber[3], Airbnb).

Las tarjetas de débito se encuentran legalmente equiparadas a una cuenta de depósito, la que requiere del uso de un PIN de cuatro dígitos para el proceso de verificación de la cuenta y de su titular. Si bien los ATM y POS en Chile permiten el ingreso de estos cuatro dígitos, no ocurre lo mismo en POS virtuales de comercio electrónico o móvil de comercios internacionales.

Una posible solución a la actual situación de exclusión de los chilenos que no poseen tarjeta de crédito bancaria para poder operar en comercio electrónico en todas sus dimensiones podría encontrarse en la eventual ratificación de la “Ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias”, que dotaría a estos colectivos con un instrumento de prepago con bandera de alguna de las marcas internacionales de tarjetas (Visa, MasterCard, fundamentalmente).

Medios de pago electrónico y lucha contra el efectivo

El pasado mes de noviembre conocimos la noticia de la retirada e ilegalización de efectivo (billetes de alta denominación) por parte de las autoridades de la India. Los hechos han evidenciado que el país no está preparado para una eliminación radical del efectivo. Solo un pequeño porcentaje de la población cuenta con medios de pago alternativos al efectivo; la mayoría de la gente vive en la informalidad en un ecosistema de uso intensivo del efectivo. Y se generó el caos.

En el contexto de la UE, que se encuentra construyendo el Mercado Único Digital y el Mercado Único de Pagos, la “Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas” que instaba en 2014 a los Estados Miembros a garantizar la oferta de cuentas pago básicas, se encuentra sin transponer en la mayoría de los Estados miembros, a la fecha de elaboración de este artículo. Solo Alemania, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Lituania, y Reino Unido, lo han hecho antes de la fecha límite establecida en el 18 de septiembre de 2016.

Garantizar que todas las personas están equipadas con un medio de pago electrónico universal (tarjeta de pago, por ejemplo, mejor si asociada a una cuenta de pago – que habilita transferencias, débitos directos y tarjeta de débito -, pero no necesariamente – tarjeta prepago) que opere en establecimientos físicos y digitales y que permita tanto pagar activamente como de forma pasiva (débitos automáticos o domiciliaciones de pagos), es hoy un reto de política pública. Garantizar que este método sea aceptado en lugares cotidianos (en el mundo físico y digital), también.

Conclusión

Identificar qué eslabones de la cadena de los pagos electrónicos pueden encontrarse “rotos” o ser inexistentes, que impiden realizar categorías concretas de transacciones (p.e. operar en comercio electrónico) y por lo tanto no tener acceso a esos mercados, o verse obligado a recurrir al uso del efectivo, a amplios segmentos de población por cómo han sido diseñado ad-hoc los productos, es responsabilidad del legislador y regulador en su labor de garante del mejor marco normativo que busque, por un lado, la plena inclusión financiera y, por otro, luchar contra el uso intensivo del efectivo. En un contexto de transformación digital, no podemos abandonar a amplios segmentos de población – la más vulnerable – a una situación de exclusión en el adecuado equipamiento de medios de pago electrónico.

En Analistas Financieros Internacionales, Afi, analizamos las tendencias en medios de pago electrónico en España y América Latina. El Informe TECNOCOM sobre tendencias en medios de pago, elaborado por Afi para TECNOCOM, cuya edición 2016 acaba de ser publicada, presta especial atención al binomio medios de pago electrónico e inclusión financiera.

Verónica López Sabater es Directora de la  Fundación Afi y consultora del Área de Innovación y Desarrollo Internacional de Afi y Secretaria Técnica de remEX. Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia, cuenta con un Máster en Política Económica por Boston University y un Máster en Desarrollo Económico por QMW Universidad de Londres.

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El Proyecto de Ley No. 196-C de 2016 incluye dentro del objeto social de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) la posibilidad de otorgar créditos de bajo monto destinados a satisfacer las necesidades de financiamiento de las personas que actualmente se encuentran excluidas del sistema financiero formal.

En efecto, con este Proyecto se modificaría la denominación de las SEDPE por «Sociedades Especializadas en Créditos, Depósitos y Pagos Electrónicos» (SECDPE).

Así, las SEDPE (o SECDPE en el evento de ser expedido dicho proyecto), cuyo objeto social fue fijado por la Ley 1735 de 2014 como exclusivo para operaciones de captación de recursos mediante depósitos electrónicos, tendrán la posibilidad de efectuar operaciones de crédito de bajo monto, con las siguientes características:

1.  Crédito descentralizado con cobertura integral en el territorio nacional.
2.  Cantidades que van desde el 15% de un SMMLV hasta el máximo monto establecido como límite    para los microcréditos (120 SMMLV).
3.  Tasa de usura igual que la fijada para los microcréditos.
4.  Esquema de pagos flexibles, ya sea diario, semanal, mensual o, incluso, uno adecuado a las  necesidades de cada deudor.
5.  Criterios y parámetros de otorgamiento flexibles.
6.  Garantías necesarias para sopesar el riesgo que faciliten el acceso al  crédito. En este aspecto se permitirá contemplar estrategias de crédito asociativo como mecanismo de garantías.

Además de lo anterior, este Proyecto exige que las SECDPE incorporen un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC).

Dichas entidades podrán canalizar recursos que el Gobierno colombiano destine para mitigar el riesgo de las operaciones de crédito que lleven a cabo. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) podría otorgar cobertura a las operaciones de endeudamiento realizadas por estas sociedades.

Este Proyecto de Ley puede generar inquietudes en el sector de microfinanzas, puesto que a través del mismo las entidades creadas en el 2014 para solucionar el tema de captación de recursos a través de giros financieros, podrían otorgar créditos de bajo monto sin metodología microfinanciera, y a la misma tasa e incluso cobrando comisión mipyme, lo cual podría favorecer el sobreendeudamiento.

Además, de aprobarse el Proyecto, se crearía un nuevo arbitraje regulatorio, toda vez que las SEDPEs que actualmente se pueden constituir con un capital de $6.417 millones, podrían realizar también operaciones de colocación, propias de otras entidades vigiladas, como los establecimientos de crédito, que para su constitución deben tener un capital mínimo de $85.240 millones.

Jordi Roca

Jordi, Joan y Josep Roca son propietarios de “El Celler de Can Roca” en Gerona, y Premio Nacional de Gastronomía de España. Su restaurante ha sido reconocido por la revista inglesa Restaurant Magazine como uno de los mejores del mundo.

En enero de 2016 los hermanos Roca han sido nombrados Embajadores de Buena Voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar en estrecha colaboración con el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS). Promoverán el apoyo a esos objetivos, acordados por los líderes mundiales para lograr un futuro en 2030 donde el hambre, el desempleo, la desigualdad y el cambio climático sean cosa del pasado*.

1. ¿Qué supone ser nombrados Embajadores de Buena Voluntad del PNUD y ser los primeros específicamente dedicados a los ODS?

Cuando descubrimos que Naciones Unidas iniciaba una nueva era en la cooperación al desarrollo con los nuevos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), vimos claramente la gran oportunidad de esta ambiciosa propuesta. Entender la comida desde tres perspectivas del desarrollo sostenible -social, económico y ambiental- nos ayuda a entender muchos de los desafíos que hemos encontrado en nuestro viaje culinario por el mundo. Además, nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros embajadores de Buena Voluntad de PNUD, tras el inicio de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esperamos que lo que hemos aprendido en nuestro viaje culinario pueda contribuir a la labor que viene realizando el Fondo ODS en materia de acceso a la alimentación, nutrición y creación de oportunidades de empleo ya en 21 países.

2. ¿Qué planes e iniciativas tienen previstos desarrollar como Embajadores?

Ser embajadores es una oportunidad que desde nuestra faceta de cocineros debemos aprovechar. Desde el campo que mejor conocemos, queremos centrar nuestros esfuerzos en la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición, haciendo especial hincapié en el abastecimiento local de alimentos. Vamos a ayudar a promocionar mercados locales, con alimentos variados y nutritivos, que cubran las necesidades de abasto de la comunidad y sean una fuente de empleos dignos.

Nuestro primer proyecto como embajadores de PNUD es en Nigeria, donde trabajamos para combatir el desperdicio de alimentos por el desconocimiento de técnicas de conservación. Vamos a crear un centro para sensibilizar sobre la seguridad alimentaria y promocionar y vender productos para los agricultores de la zona de Kaduna. El mes pasado, Josep viajó allí con unas muestras del trabajo que hemos realizado en casa sobre conservación de alimentos para que los agricultores locales pudieran probarlos y así poder desarrollar sistemas de conservación adaptados a sus necesidades. Si esto sale bien, la idea es importar este proyecto a otros países de África.

3. La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha desarrollado una metodología, las Finanzas Productivas Responsables, cuyo propósito es ofrecer servicios financieros para apoyar proyectos y actividades productivas de los sectores más vulnerables. Por lo que ha podido conocer en sus múltiples viajes para apoyar distintos proyectos solidarios, ¿considera que las microfinanzas pueden ser como la alimentación saludable, que produce desarrollo y bienestar?

Las microfinanzas ofrecen una oportunidad real a personas con pocos recursos para emprender un negocio. Esto siempre es positivo, porque los negocios locales no solo mejoran la vida de este sector de la población sino que también impulsan el desarrollo de las regiones en los que se sitúan. Durante los viajes que realizamos antes de las giras con BBVA, solemos visitar pequeños productores locales que viven de lo que producen. Es importante que estas personas tengan acceso a los recursos necesarios para sacar adelante su negocio porque el bienestar social y el desarrollo dependen precisamente de esos pequeños agricultores o productores locales.  

4. El 31% de los clientes del Grupo de la FMBBVA se sitúa en el entorno rural. Díganos tres cosas que un productor agrícola deba hacer para mejorar la calidad de la producción.

Es importante que los productores locales cuiden y aprendan de sus tradiciones alimentarias. Dominar las técnicas de preparación, conservación y utilización de los alimentos y minimizar la generación de desechos son también necesarios para el desarrollo de su producción. Además, sería muy positivo que se sumaran al diálogo y se involucrasen en actividades contra el hambre y la desnutrición.

5. Muchos clientes de las microfinanzas tienen pequeños espacios dedicados a la cocina de recetas tradicionales. ¿Qué consejos les daría para atraer a los clientes?

La cocina tradicional, hecha con esmero y cariño, es un modelo de negocio que puede llegar a tener mucho éxito. Al final, la gente siempre busca volver a sus raíces, a los sabores de su infancia… Por eso, hay que intentar captar a la gente cercana, a la que vive a tu alrededor, a la que ven a diario. Estos negocios deben desarrollarse en lo local, y de lo local, hacer algo grande.

6. Las nuevas tecnologías están siendo de gran utilidad para facilitar a los clientes el acceso a servicios financieros. A su juicio, ¿qué está suponiendo la popularización del uso de las tecnologías en la sociedad? ¿Y en la restauración?

Las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, son una buena manera de divulgar el trabajo que hacemos a la gente que nos sigue y de estar un poco al tanto de las cosas que se hacen en la cocina. Nos permite saber qué está pasando, qué cosas se están haciendo y de qué manera responde la gente.

En nuestro caso, nosotros somos muy conscientes de que lo que se comunica a través de las redes sociales tiene un gran impacto en la marca. Por eso, en las redes sociales de El Celler de Can Roca cuidamos mucho el texto y el cómo, dónde y qué vamos a comunicar. Todo el cariño, el trabajo y el esfuerzo que ponemos en crear una reputación hay que preservarlo, cuidarlo y difundirlo a través de las redes sociales. A mí personalmente me fascina la inmediatez de Twitter o Instagram. En cuestión de segundos, consigues que tu mensaje llegue a todo el mundo. Se pueden hacer cosas muy importantes a través de las plataformas sociales.

7. Recientemente ha compartido una jornada con emprendedoras de Fondo Esperanza, entidad chilena del Grupo de la Fundación, que han apostado por la gastronomía o la restauración para poder salir adelante. ¿Qué receta les daría para que consigan éxito en sus proyectos y así lograr su desarrollo económico y social?

Visita de Jordi Roca a las emprendedoras de Fondo Esperanza Chile, entidad del Grupo FMBBVA.

Lo más importante para que un proyecto salga adelante es trabajar duro y con pasión. Además, hay que perseguir la innovación, ir más allá de lo meramente convencional para marcar la diferencia. Si uno es auténtico y hace lo que le gusta, las posibilidades de éxito aumentan considerablemente. En nuestro caso, como emprendedores, resultó fundamental tener muy claro qué es lo que queríamos hacer. Eso también es un punto muy importante.  

8. Una de las señas de identidad del Grupo de la Fundación es acompañar con asesoría y capacitación a nuestros clientes, con el objetivo de dotarles de una cultura empresarial y financiera robusta. Los hermanos Roca han comentado que consideran una responsabilidad con la sociedad transferir sus conocimientos. ¿Cómo están canalizando este objetivo?

Somos conscientes de que el verdadero cambio social pasa por la formación. Como Embajadores del PNUD, queremos fomentar la creación de centros de formación donde los jóvenes encuentren, a través de la cocina, alternativas de vida y fuentes de ingresos sostenibles para sus familias.  Además, desde El Celler de Can Roca, también aportamos nuestro granito de arena en la formación de los jóvenes. En este sentido, las giras BBVA que llevamos tres años realizando son una buena oportunidad para identificar el talento local de cada una de las ciudades a las que viajamos. Durante el tour, colaboramos con varias escuelas de hostelería para que sus estudiantes tengan la oportunidad de trabajar con un equipo de cocina y sala como el nuestro y puedan aprender cómo funciona un restaurante. En cada ciudad escogemos a dos estudiantes que hayan demostrado buenas habilidades, pasión por la gastronomía y ganas de aprender para venir a El Celler durante 4 meses con una beca.

 9. “Y de postre…” ¿En qué plato incluye el eucalipto?

Un postre que me gusta mucho preparar es el Cromatismo verde: es un destilado de hoja de eucalipto, crema de aguacate, salsa de lima y licor de chartreuse.

El presente Proyecto, radicado en la Cámara de Representantes de Colombia, propone crear una canasta de servicios financieros gratuitos asociados a las cuentas de ahorro, y a las tarjetas de débito y crédito. Esta canasta se ofrecería por aquellas entidades que, estando autorizadas para captar recursos del público, cobren cuotas de manejo en los mencionados productos financieros.

Servicios financieros gratuitos

En la propuesta inicial de este Proyecto se había establecido que la canasta estuviera formada por los tres productos y servicios más utilizados, relacionados con las cuentas de ahorro y tarjetas de crédito que conforman la canasta utilizada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF), fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia. No obstante, en el informe de ponencia para el primer debate de este texto en la Cámara de Representantes, se modificó la propuesta, eliminando el IPCF como referencia para el cálculo de la canasta de servicios representativos.

En su lugar, se estableció una lista de servicios financieros que se prestan con la apertura de una cuenta de ahorros, de entre los que las entidades deberán escoger tres, que serán gratuitos cuando los bancos cobren cuotas de manejo por éstas. Además, se establece una lista de servicios similar a la anterior, pero referida a las tarjetas de débito y crédito.

Información a los usuarios

Por otro lado, en este Proyecto de ley se establece la obligación de informar a sus usuarios de manera clara y oportuna, por parte de las entidades autorizadas para captar recursos del público, sobre la composición del paquete mínimo de productos y/o servicios al que tendrán acceso sin costo adicional en el respectivo mes. Para ello podrán utilizar los canales habituales de comunicación.

En el Senado de la República de Colombia radicó este Proyecto, con el objetivo de extender el ámbito de aplicación del Régimen de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) al tratamiento de datos personales efectuado por Responsables o Encargados del Tratamiento (en adelante, Responsables o Encargados) que no residan ni estén domiciliados en el territorio de la República de Colombia pero que, a través de internet o de cualquier medio, recolectan, almacenan, usan, circulan y, en general, realizan cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales de personas que residan, estén domiciliadas o ubicadas en el territorio colombiano.

Asimismo, el Proyecto de ley extiende las facultades de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con la aprobación de este Proyecto legislativo, se pretende proteger a las personas colombianas del indebido tratamiento de sus datos personales por parte de Responsables o Encargados que no residan ni estén domiciliados en el territorio de la República de Colombia, así como permitir que las autoridades colombianas puedan adelantar investigaciones o cualquier gestión, de oficio o a petición de parte, con miras a exigir el respeto a la protección de los datos personales.

La Superintendencia de la Seguridad Social de Chile ha publicado el presente Proyecto de Circular con el objetivo de promover las buenas prácticas de gobierno corporativo en las Mutualidades de Empleadores.

Las Mutualidades son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objetivo es administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, un seguro constituido fundamentalmente por cotizaciones de seguridad social y excedentes. Por ser entidades sin ánimo de lucro, la Superintendencia emite este Proyecto de Circular, con el objetivo de promover sólidas estructuras de gobierno corporativo en las Mutualidades que permitan su sostenibilidad a largo plazo, y garanticen el eficaz otorgamiento de prestaciones médicas, económicas y preventivas.

JUNTA GENERAL DE ADHERENTES

El Proyecto recoge la obligación de que las Mutualidades celebren anualmente una junta general en la que se informe a las entidades adherentes sobre las materias más relevantes de su actividad y gestión.

La junta se reunirá de forma ordinaria, al menos una vez al año, y será convocada con una antelación mínima de 15 días. Los estatutos de las Mutualidades regularán las condiciones para convocar las juntas extraordinarias (quórum de asistencia y de voto, convocatoria, etc.).

DIRECTORIO

El Directorio se define como el máximo órgano de administración de la Mutualidad. El Proyecto defiende la separación entre la administración y la gestión de la entidad, esto es, entre el Directorio y la Alta Gerencia, para asegurar la independencia de ambas funciones.

En este sentido, el Directorio deberá celebrar, como mínimo una vez al año, reuniones sin la presencia de la Alta Gerencia, para tratar los informes de auditoría interna y externa, así como evaluar el desempeño del Gerente General y el resto de altos ejecutivos.

Funcionamiento

Las sesiones del Directorio se celebrarán a solicitud del Presidente, o según la periodicidad definida por el propio órgano. Se deberá contar con un calendario anual de reuniones puesto a disposición de los directores, al que deberán tener acceso regular para conocer de forma completa, precisa y relevante la información de la institución. En todo caso, los directores contarán con la información de las reuniones con una antelación mínima de 5 días, así como con el material específico referente a las materias que serán tratadas.

Además, las Mutualidades deberán contar con un canal de información a través del cual los directores tengan un conocimiento permanente de las materias relevantes de la organización.

Por otra parte, deberán disponer de canales de comunicación para mantener informados permanentemente a los adherentes y afiliados, sobre los temas relevantes de la Mutualidad y su gobierno corporativo (elección de directores, hechos relevantes, requisitos estatutarios y legales que deben cumplir los directores, fechas de las juntas generales de adherentes, etc.).

Composición

El Directorio deberá estar compuesto paritariamente por representantes de las empresas adherentes a las Mutualidades y de los trabajadores que presten servicios a dichas empresas. Los directores serán designados en su cargo por 3 años y podrán ser reelegidos por un máximo de 2 periodos consecutivos.

Además, podrán designarse directores suplentes para participar en las sesiones del Directorio, quienes tendrán derecho a voz, y derecho a voto sólo en caso de ausencia de los directores titulares. También podrán ser miembros de los comités de apoyo al Directorio.

Las Mutualidades deberán tener procedimientos y mecanismos formales de inducción y capacitación para sus directores, a fin de que estén permanentemente actualizados y cuenten con los conocimientos y habilidades básicos para desempeñar de forma efectiva su cargo. Para ello, deberá definirse anualmente un plan de capacitación que defina las materias a tratar.

Así mismo, tanto el Directorio como sus comités de apoyo, cuando así lo requieran, podrán ser asesorados por profesionales internos de la entidad y por externos, quienes participarán en las reuniones en calidad de invitados y atendiendo a las necesidades específicas de los directores.

Roles y responsabilidades de los directores

El Proyecto define las funciones y responsabilidades de los miembros del Directorio, agrupándolas en los siguientes temas: aspectos estratégicos; relativos a la estructura de la entidad; monitoreo y control; relativos al entorno y la transparencia; cumplimiento con la normativa interna y la legalidad; entre otros.

Para asegurar que el Directorio cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades, deberá aprobarse un presupuesto anual para su funcionamiento, en el que se consideren las dietas, viáticos, honorarios por participación en los comités de apoyo, honorarios de las asesorías que fueran necesarias, entre otros.

El Proyecto dedica un apartado a los conflictos de interés, reconociendo la obligación del Directorio, los miembros de la Gerencia y el resto de trabajadores de la Mutualidad, de actuar con cuidado, lealtad y ética ante los mismos; así como el deber del Directorio de informar y ser informado sobre los conflictos.

Presidente

El Presidente del Directorio deberá adoptar un rol de liderazgo en las sesiones y será responsable del funcionamiento eficaz y eficiente de las mismas. Se le reconocen las siguientes funciones: organizar la agenda de cada reunión, asegurar el cumplimiento de las funciones de los directores, establecer procedimientos para tratar los potenciales conflictos de interés que pudieran generarse, etc. Contará con voto dirimente en el caso de producirse un empate en la adopción de algún acuerdo.

COMITÉS

Para mejorar la toma de decisiones, el Directorio podrá constituir comités de apoyo, que estarán integrados, como mínimo, por un director representante de las entidades adherentes y por un director representante de los trabajadores.

Los objetivos, funciones, reuniones, mecanismos de votación, etc. de los comités del Directorio se regularán en sus propios estatutos. En cualquier caso, los comités deberán informar regularmente al Directorio sobre su plan de trabajo y grado de avance, y presentar anualmente un resumen de sus logros y tareas pendientes.

Como mínimo, el Directorio deberá constituir un Comité de Riesgos, un Comité de Prevención, un Comité de Auditoría y un Comité de Ética.

GERENTE GENERAL Y ALTA GERENCIA

El Gerente General de las Mutualidades será el encargado de la gestión ordinaria de la institución. Será designado por el Directorio y no podrá permanecer más de 10 años en sus funciones.

Su remuneración será fijada por el Directorio. Deberá ser acorde a la situación financiera de la entidad y tener en cuenta sus capacidades personales. Podrá consistir en una cantidad fija, y otra variable ligada al desempeño del Gerente y a la consecución de los objetivos de la Mutualidad. Para fijar su remuneración, deberá seguirse un procedimiento formal y transparente, y realizarse la revisión de los parámetros y valores utilizados, como mínimo cada 3 años.

FISCAL, AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

Las Mutualidades deberán contar con una función responsable de las materias jurídicas, liderada por un Fiscal, quien responderá de forma exclusiva ante el Directorio. Deberá asegurarse su independencia respecto a otros órganos de la institución, para garantizar la objetividad de sus funciones.

Igualmente, el Proyecto destaca las figuras del Auditor Interno y Auditor Externo. El Auditor Interno, encargado de evaluar el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos de la institución, tendrá acceso al Directorio a través del Comité de Auditoría. El Auditor Externo, empresa externa contratada por la Mutualidad, será quien audite los Estados Financieros de la entidad y reportará directamente al Directorio.

EVALUACIÓN

Las Mutualidades deberán realizar anualmente una evaluación del gobierno corporativo, del Gerente General, del Fiscal y del Auditor Interno.

En concreto, la evaluación del Gobierno Corporativo se realizará siguiendo el formato del Anexo I al Proyecto, y podrá ser encargada a un consultor externo. En todo caso, se realizará un informe con los resultados obtenidos de la evaluación y se incluirá el plan de acción definido para mejorar las deficiencias detectadas. El informe será aprobado por el Directorio de la Mutualidad y remitido a la Superintendencia, como máximo, en el último día del mes de marzo.

ESTÁNDARES MÍNIMOS

Con la presente Circular se trata de establecer un marco de estándares mínimos que sirva de referente para el buen gobierno corporativo de las Mutualidades, inspirado en los principios internacionales de gobernanza.

La presente Orden Ministerial surge en el marco de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, programa que recoge las recomendaciones de la Unión Europea en esta materia y otras iniciativas de organizaciones y organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

En el ámbito de la responsabilidad social, actualmente numerosas entidades públicas y privadas publican memorias o informes anuales que dan a conocer al mercado sus buenas prácticas o los resultados obtenidos al aplicar políticas internas destinadas a la sostenibilidad ambiental, el buen gobierno o el consumo responsable.

En este sentido, esta Orden se ha publicado con un doble objetivo. En primer lugar, para dar visibilidad a las iniciativas y políticas desarrolladas por las empresas y organizaciones; y, en segundo lugar, para facilitar a las entidades que estén en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre (en adelante, la Directiva UE), la publicación de información no financiera y sobre diversidad.

Los destinatarios de la Orden son las empresas, organizaciones, instituciones, entidades públicas y privadas, administraciones públicas, y las entidades que deben aplicar la Directiva UE (aquellas entidades de interés público que, en su fecha de cierre del balance, tengan más de 500 empleados durante el ejercicio).

FICHERO PÚBLICO

La Orden crea un fichero público, de carácter electrónico, ubicado en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde alojar las memorias e informes. La información contenida en los mismos deberá contemplar, entre otros, los siguientes asuntos:

• Buen gobierno corporativo
• Compromiso con el medio ambiente
• Información sobre aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG)
• Lucha contra la corrupción y el soborno
• Mejora de las relaciones laborales
• Opiniones de los grupos de interés
• Políticas de accesibilidad universal e inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social
• Políticas de diversidad e igualdad
• Respeto, protección y defensa de los derechos humanos
• Transparencia en la gestión de la entidad
• Otros asuntos que muestren un compromiso con los valores y principios de la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PUBLICACIÓN

La Orden Ministerial define un procedimiento específico para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad. Además, las empresas que estén obligadas a aplicar la Directiva UE que sigan este procedimiento, quedarán exentas de presentar la información no financiera y sobre diversidad, en un informe separado del informe de gestión.

Para que las entidades puedan solicitar la publicación de las memorias, deberán presentar una declaración responsable que acredite la veracidad de la información aportada. Igualmente deberán especificar si la memoria se ha elaborado conforme algún modelo específico, y si ha sido verificada o auditada por algún órgano externo.

El procedimiento de registro y publicación será de carácter telemático y constará de dos fases, reguladas en el artículo 4 de la presente Orden.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Con esta publicación se trata de fomentar la transparencia de las entidades públicas y privadas, y de apoyar el desarrollo de las prácticas responsables, a fin de que constituyan un motor significativo de competitividad y fomenten un crecimiento inclusivo y sostenible de la sociedad.

El presente Proyecto surge en el marco del dinámico entorno de intercambio de información que las nuevas tecnologías demandan. Es por ello que la respuesta de los ordenamientos jurídicos hace necesario reforzar la protección de los datos personales de los ciudadanos y evitar así que puedan ser utilizados con fines ilícitos.

En este sentido, como ya lo hicieron países como Colombia, Paraguay, República Dominicana, o la Unión Europea con la aprobación del nuevo Reglamento de Protección de Datos, Ecuador se suma a la iniciativa de garantizar el derecho de todas las personas a la intimidad y privacidad en el tratamiento de sus datos personales incluidos en bases de datos, ficheros, archivos físicos o digitales, en entidades públicas o privadas con fines exclusivamente financieros y mercantiles.

El Proyecto recoge un conjunto de principios generales que deben observarse en la creación, administración y manejo de bases de datos, ficheros, archivos físicos o digitales, o cuando se tenga relación con datos personales de terceros. Los principios son: legalidad, pertinencia, veracidad, consentimiento informado, confidencialidad y reserva.

De igual manera, reconoce ciertos derechos a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento, como los de conocer, actualizar o rectificar sus datos, ser informados del uso que se ha dado a sus datos, acceder de forma gratuita a sus datos, etc. Se contempla especial protección a los derechos de los niños y adolescentes.

Así mismo, se establecen los deberes y obligaciones de aquellos responsables del tratamiento de datos personales y de las bases de datos.

El Proyecto designa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales como el órgano encargado de la vigilancia y control de dicha información, concediéndole ciertas atribuciones para garantizar que, en el tratamiento de los datos personales, se respeten en todo momento los principios, derechos, garantías y procedimientos legalmente previstos.

Este organismo deberá crear el Registro Nacional de Bases de Datos en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días desde la publicación de la Ley, en el que se deberán inscribir todas las bases de datos, ficheros o archivos, de instancias públicas y de empresas e instituciones privadas con fines exclusivamente financieros y mercantiles.

Además, el Proyecto prohíbe la transferencia internacional de datos personales de cualquier tipo, a países u organismos internacionales que no proporcionen niveles de protección de datos acordes a las normas propias del país o a las establecidas en el derecho internacional.

Por último, incluye una clasificación de las infracciones (leves y graves) y sanciones que se impondrán a quienes incumplan los deberes y obligaciones recogidos en la Ley, y que serán determinados por la Autoridad Nacional de Datos Personales en función de la gravedad del incumplimiento y de los perjuicios derivados del mismo.

Se prevé en la Ley la elaboración de un Reglamento para su aplicación, en el plazo de 90 días desde su publicación.

Esta nueva norma permite a las entidades financieras no exigir como requisito la presencia física de los clientes en una sucursal y la presentación de ciertos documentos para abrir una cuenta de expediente simplificado (CES).

Las CES son cuentas de fondos, abiertas por las entidades a personas físicas que califiquen dentro de un perfil de bajo riesgo y que se abrirán con un trámite simplificado. Su objetivo es ampliar la inclusión financiera de la ciudadanía que no ha tenido acceso a servicios financieros, al mismo tiempo que se promueve la eficiencia y seguridad del uso del sistema de pagos nacional.

La nueva norma fue publicada el 17 de agosto de este año y entrará en vigor en noviembre de 2016.

Los principales cambios para las CES son los siguientes:

• La entidad financiera debe comunicar la necesidad o no de la visita física del cliente al inicio o durante la relación comercial.
• Si el cliente incumple, la entidad no debe abrir la cuenta, producto o servicio, realizar la transacción, ni tener relación comercial.
• Se solicita la declaración jurada del impuesto sobre la renta, del periodo fiscal más reciente, para personas físicas o jurídicas, con actividades lucrativas obligadas a declarar, clientes de alto y mediano riesgo, o que deben ser más vigilados.
• La exigencia de la información a clientes de bajo perfil será definida por cada entidad regulada, con la aprobación del órgano director.

La proyección que había dado a conocer el BCCR, es que las CES permitirán que el 35% de los ciudadanos mayores de 15 años, que hoy no cuenta con servicios financieros formales (1,4 millones de personas), pueda abrir una cuenta CES en una entidad financiera.

El Congreso colombiano está tramitando el Proyecto de Ley a través del cual se pretende la creación de las denominadas Sociedades Comerciales de «Beneficio e Interés Colectivo» – BIC, un tipo societario que cualquier sociedad podrá adoptar voluntariamente, para ser identificada como sociedad que no solo busca el beneficio de sus accionistas, sino proteger el interés de la colectividad y el medio ambiente.

Así, las Sociedades BIC introducen un propósito adicional al ánimo de lucro que supone soportar su modelo de negocios en criterios de gobernanza, trabajadores, medio ambiente y comunidad.

Para adquirir la calidad de BIC, las sociedades comerciales deberán contemplar dentro de su misión el reconocimiento de:

1. Una remuneración salarial ética a sus trabajadores y analizar las diferencias salariales entre sus empleados.
2. El establecimiento de subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecer programas de reorientación profesional a los empleados.
3. Generar opciones para que los trabajadores puedan adquirir acciones de la empresa.
4. Brindar opciones de flexibilidad en la jornada laboral y posibilitar el teletrabajo, sin afectar su remuneración.
5. Crear opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada.
6. Expandir la diversidad en la composición de las juntas directivas, equipos directivos, ejecutivos y demás órganos de dirección de la empresa.
7. La adquisición de bienes y servicios en el ámbito local.
8. Efectuar anualmente auditorías ambientales.

Asimismo, se establece que las empresas que se constituyan como una sociedad BIC, deberán presentar a la Asamblea de Accionistas un informe sobre el impacto de la gestión de las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas por la empresa.

Por otro lado, se establece que las BIC estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

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El Gobierno argentino ha publicado el Decreto 1101/2016 que reglamenta los Títulos II, III y V de la Ley Pyme 27.264, aprobada el pasado julio, por la que se creó el Programa de Recuperación Productiva para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mediante el otorgamiento de beneficios fiscales.

La norma excluye del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a las mipymes cuyos períodos fiscales comiencen en enero de 2017. Además les computa como pago a cuenta en ganancias el monto ingresado por el tributo sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (el 100% para las mipymes y 50% para las industrias «medianas tramo 1») aclarando que el remanente no podrá trasladarse al siguiente ejercicio. Otorga la posibilidad de diferir el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del IVA (que igualmente deberá presentarse todos los meses) y pagar el saldo a los 90 días de su facturación.

El Decreto prevé beneficios impositivos con un diferencial de entre un 5% y un 15% para las economías regionales, siendo necesario que el Ministerio de Producción elabore un dictamen técnico, y la posibilidad de desgravar ganancias hasta el 10% de las inversiones productivas realizadas, así como devolver el IVA de las inversiones en bienes de capital e infraestructura a través de un bono de crédito fiscal. Asimismo eleva los umbrales de retención de IVA en un 135% y de percepción de ganancias en un 400%. 

Para poder acogerse a los beneficios impositivos, las empresas deberán registrarse como pymes y presentar una declaración jurada con clave fiscal en la página web del organismo (formulario 1272, de solicitud de categorización y beneficios), que incluye el nivel de ventas y de empleo del solicitante.y permite otorgar a las micro empresas certificados de no retención de IVA automático.

Los beneficios caducarán cuando, en el ejercicio fiscal en que se computó el beneficio y en el siguiente, la empresa redujera el nivel de empleo en un 5% en relación al promedio declarado en el ejercicio anterior.

El pasado martes 9 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de Argentina la Ley Nº 27.264 denominada “Ley PYME”, a través del Decreto Nº 903/2016, la cual otorga beneficios impositivos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el marco del Programa de Recuperación Productiva.

A continuación se indica una síntesis del nuevo marco regulatorio:

• Eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

• Compensación del Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios: para Micro y Pequeñas Empresas hasta el 100%, para Medianas Empresas del tramo 1, hasta el 50%. La clasificación actual para definir una empresa como PYME depende de las ventas anuales promedio de los últimos tres ejercicios, siendo diferente el corte de acuerdo al sector al que pertenezca la firma:
  • Agropecuario $100.000.000
  • Industria y Minería $360.000.000
  • Comercio $450.000.000
  • Servicios $125.000.000
  • Construcción $180.000.000

• Diferimiento del Pago del IVA.
  • Para Micro y Pequeñas Empresas, el IVA de un mes se paga a los 90 días, es decir que el IVA de junio se pagará en septiembre, el de julio en octubre, y así sucesivamente.
  • Para Medianas Empresas del tramo 1, se acumulan tres meses para realizar el pago, es decir el IVA de junio, julio y agosto se paga en septiembre, y así sucesivamente.

• Cuando existan saldos acreedores y deudores de impuestos que no puedan ser compensados según la normativa vigente, el contribuyente podrá solicitar su devolución por la vía de un bono fiscal, según el mecanismo a definir por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Paquete complementario de medidas de fomento a las pymes

1.      Fomento a las inversiones

Las PYMES podrán desgravar del impuesto a las ganancias hasta el 10% de las inversiones realizadas, y obtener un bono fiscal por el IVA no recuperado de las inversiones realizadas. Este beneficio se incrementará entre un 5% y un 15% para PYMES de economías regionales.

2.      Programa de recuperación productiva

Se otorga carácter de Ley al Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, elevando los montos para las PYMES y garantizando la simplificación del trámite administrativo. Este programa, que ya había sido renovado por el gobierno, permite a empresas en situación de crisis solicitar un subsidio al pago de salarios para evitar el despido de personal.

3.      Promoción de la competitividad PYMES

En el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y PYMES se crea un Consejo Consultivo Público-Privado de monitoreo y competitividad. Este Consejo da rango de Ley al Instituto de Competitividad PYME.

4.      Mayores opciones de financiamiento

Se otorgan mayores garantías para PYMES y una mayor bonificación de tasas a entidades no financieras y a PYMES que emitan instrumentos bajo el régimen de oferta pública.

Además, se mejora el pagaré que permitirá a las PYMES contar con un instrumento para financiarse a medio plazo en el mercado de valores. Para ello, se permite establecer un  sistema de amortización en cuotas, y que las Sociedades de Responsabilidad Limitada emitan obligaciones negociables.

5.      Nuevas líneas de financiamiento

Se renueva la Línea de Crédito de Inversión Productiva, ampliando del 14% al 15.5% el cupo prestable de la banca comercial destinado a las PYMES. Esto supone 63.000 millones de pesos adicionales en el segundo semestre del 2016, con una tasa del 22%.

Se amplía el porcentaje asignado al descuento de cheques en la Línea de Crédito de  Inversión productiva para que más PYMES puedan acceder a financiamiento a corto plazo. Se lanza y promueve “Primer Crédito PYMES”, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) del Ministerio de Producción. Con esta línea, las PYMES que en los últimos dos años no pudieron acceder a financiamiento bancario, podrán hacerlo a tasas preferenciales del 16%.

Se incluyen más bonificaciones de tasa y acceso a financiamiento para capital de trabajo, inversiones y eficiencia energética a través de los Programas del Ministerio de Producción, con tasas que van del 9% al 18%, plazos hasta 7 años y montos hasta 10 millones.

6.      Alivio fiscal

Se difiere la liquidación del IVA a 90 días para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas tramo 1, mejorando las condiciones financieras a corto plazo, lo que implica 5.000 millones de pesos adicionales para su financiamiento.

Se reducen los saldos de libre disponibilidad mediante la automatización en la emisión del certificado de no retención de IVA, así como con el incremento de umbrales y mínimos de los regímenes de retención de IVA y Ganancias. De esta forma, menos PYMES sufren retenciones o deben hacerlas, mejorando su situación de caja financiera y reduciendo sus trámites.

7.      Registro PYME

Se desarrolla un aplicativo en conjunto con la AFIP para que las empresas puedan obtener una constancia de categorización PYME. La finalidad de este registro es:

• Contar con información actualizada sobre la composición y características de los diversos sectores Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo de estas empresas;
• Recabar, registrar, digitalizar y resguardar la información y documentación de empresas que deseen o necesiten acreditar, frente a la autoridad de aplicación o cualquier otra entidad pública o privada, la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa conforme las pautas establecidas por la autoridad de aplicación;
• Emitir certificados de acreditación de la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, a solicitud de la empresa, o por requerimiento de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Con motivo de la entrada en vigor del Decreto 25-2016, de mayo 2016, que aprobó la Ley de Entidades de Microfinanzas y de entes de Microfinanzas sin fines de lucro, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala ha publicado 11 reglamentos que desarrollan el contenido de la citada ley (Resoluciones JM 93-2016 a 103-2016).

Los mencionados reglamentos tienen el siguiente objeto:

1. Reglamento para la constitución de entidades Microfinancieras (Resolución JM 93-2016)

Establece los requisitos, trámites y procedimientos para la obtención de la autorización para la constitución de entidades de microfinanzas.

2. Reglamento para la adquisición de acciones de entidades Microfinancieras (Resolución JM 94-2016)

Establece los requisitos y los trámites que deben cumplir las personas individuales  o jurídicas, incluyendo los entes de microfinanzas sin fines de lucro, para obtener la autorización de la Superintendencia de bancos, para la adquisición de acciones de las entidades microfinancieras.

3. Disposiciones reglamentarias del Fondo de Garantía para Depositantes e inversionistas en entidades de microfinanzas (Resolución JM 95-2016)

Regula los aspectos atinentes al Fondo de Garantía para Depositantes e inversionistas en entidades de microfinanzas, a que se refiere la Ley de Microfinanzas.

4. Mecanismo para que la Superintendencia de Bancos revise y fije el  monto mínimo de capital pagado inicial de las entidades de microfinanzas (Resolución JM 96-2016)

Establece el monto mínimo de capital pagado inicial de las entidades de microfinanzas.

5. Reglamento para la autorización de la cesión de cartera de créditos de una entidad de microfinanzas (Resolución JM 97-2016)

Establece los requisitos, trámites y procedimientos para la autorización de la cesión de la totalidad o parte de la cartera de créditos de una entidad de microfinanzas a otra u otras entidades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.

6. Reglamento para la autorización de fusión de entidades de microfinanzas y la adquisición de acciones de estas por otra de similar naturaleza o por un banco (Resolución JM 98-2016)

Establece los requisitos, trámites y procedimientos para la autorización de la autorización de fusión de entidades de microfinanzas y la adquisición de acciones de estas por otra de similar naturaleza o por un banco.

7. Reglamento para  la aplicación de sanciones a entidades de microfinanzas (Resolución JM 99-2016)

Regula lo referente a la gravedad de las infracciones y al ciclo de recurrencia de las mismas, así como el número de unidades de multa que serán aplicadas por la Superintendencia de bancos para sancionar, agotado el debido proceso, las infracciones según su gravedad, que cometan las  entidades de microfinanzas.

8. Reglamento para la transformación de una entidad microfinanciera de inversión y crédito en una entidad microfinanciera de ahorro y crédito (Resolución JM 100-2016)

Establece los requisitos, trámites y procedimientos para la obtención de la autorización para la transformación de una entidad microfinanciera de inversión y crédito en una entidad microfinanciera de ahorro y crédito.

9. Reglamento de la Junta de Exclusión de activos y pasivos de entidades Microfinancieras (Resolución JM 101-2016)

Establece las normas relativas a la Junta de Exclusión de activos y pasivos de entidades microfinancieras.

10. Reglamento para la venta y aplicación de utilidades de activos extraordinarios adquiridos por los bancos y las entidades de microfinanzas (Resolución JM 102-2016)

Determina los aspectos relacionados con la venta y aplicación de utilidades de activos extraordinarios adquiridos por los bancos y las entidades de microfinanzas.

11. Modificación del Reglamento para el registro de empresas calificadoras de riesgo en la superintendencia de bancos (Resolución JM 103-2016)

Modifica determinados artículos del registro de empresas calificadoras de riesgos, en relación a requisitos de identificación, documentación y causas para la denegación de inscripción.

La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado la Ley de Garantías Mobiliarias para facilitar créditos para los pequeños y medianos negocios. Esta Ley tiene por objeto crear las condiciones para que los pequeños emprendedores accedan a financiación para el desarrollo de su actividad productiva, facilitando el crédito a la pequeña y microempresa nicaragüense.

Esta iniciativa fue consensuada entre el gobierno, microfinancieras, bancos privados, Corte Suprema de Justicia y las organizaciones de pequeños y medianos empresarios.

La norma consta de 5 títulos y regula todo tipo de garantías mobiliarias, mediante la ampliación de los bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantías obligacionales en Nicaragua, estableciendo las normas para su determinación, constitución, publicidad, prelación, ejecución, cancelación y demás aspectos contenidos en la misma.

Recoge específicamente que toda persona puede ser acreedor, deudor, garante, cedente o cesionario de una obligación presente o futura respaldada con una garantía mobiliaria, regulada de conformidad a esta Ley.

La garantía mobiliaria se constituye mediante contrato escrito celebrado entre el garante y el acreedor. El contrato de garantía surte efecto entre las partes desde el momento de la celebración del mismo, salvo que éstas hayan acordado en forma expresa otro momento.

Obligaciones y derechos

En los artículo 20-22 se establecen las obligaciones y derechos de las partes:

• El garante o quien tenga la posesión del bien o derecho en garantía, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Cuidar los bienes y derechos en garantía y preservarlos, evitando su pérdida o deterioro.

2) Poner en conocimiento del acreedor, tan pronto se dé el evento, la destrucción, deterioro o pérdida de posesión, del bien en garantía, por fuerza mayor o caso fortuito.

3) Suspender el ejercicio de sus derechos cuando el acreedor, en caso de incumplimiento, haya requerido el pago.

4) Permitir que el acreedor inspeccione las garantías en el lugar convenido, para verificar su cantidad, calidad o estado de conservación.

5) Informar al acreedor sobre la ubicación, traslado, venta, transformación o transferencia de la garantía mobiliaria.

6) Las demás que pacten las partes y que no contravengan la presente Ley.

• Cuando la garantía se encuentre bajo posesión del acreedor o de un tercero, éstos asumirán todas las obligaciones establecidas por el Código Civil, con referencia al depósito voluntario:

1) Cuidar y preservar las garantías que se encuentren en su posesión.

2) Mantener las garantías de manera que permanezcan identificables; en el caso que éstas sean fungibles, mantener la misma cantidad y calidad.

3) Usar las garantías que se encuentren en su posesión sólo dentro del alcance contemplado en el contrato de garantía.

4) Informar por escrito a terceros, a petición del deudor, sobre el saldo de la obligación garantizada y la descripción de la garantía.

5) Devolver la garantía al momento de satisfacerse la obligación garantizada, siendo responsable por los daños y perjuicios causados en caso de pérdida o en caso de demora injustificada en la devolución, incluyendo el caso de resistencia injustificada en la recepción del pago de la obligación garantizada y consiguiente cancelación del gravamen.

• El deudor podrá solicitar al acreedor, en cualquier momento, un estado de cuenta del saldo de la obligación garantizada, pudiendo incluir en su solicitud una declaración estimativa del monto, para que el acreedor la corrija o apruebe.

Registro Público de Garantías Mobiliarias

Se creará un Registro Público de Garantías Mobiliarias que tendrá por objeto la inscripción de la constitución, modificación, cesión, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y, consecuentemente la publicidad de las mismas. El Registro será parte integrante del Sistema Nacional de Registros (SINARE).

La garantía mobiliaria produce efectos frente a terceros con la inscripción de la garantía en este Registro.

La prelación de una garantía mobiliaria se determina al momento de su publicidad. Todo acreedor tiene prelación o mejor derecho sobre la garantía respecto a terceros, ante quien es oponible, gozando de preferencia o prioridad en el pago desde el momento de su publicidad.

Solución de conflictos

Las partes en el contrato de garantía mobiliaria podrán pactar un procedimiento de realización extrajudicial y el arbitraje como mecanismos alternativos para la solución de conflicto, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. De no haberse pactado dichos procedimientos, la ejecución se realizará en sede judicial, la cual se tramitará de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua.

También te puede interesar:

• Reglas para registro de garantías mobiliarias (Colombia)
• Actualización del sistema de garantías mobiliarias (Panamá)
• Nueva Ley de Garantías Mobiliarias (Perú)

La asociación Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE), de la que son miembros veinte proveedores de infraestructura cloud con sede en Europa, ha publicado el primer código de conducta europeo para aplicar el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea (en adelante, el Reglamento).

El objetivo del código es definir un modelo de autorregulación para aquellos proveedores de servicios de infraestructura cloud que cumplan con la normativa europea, con el compromiso de que utilizarán datos personales de sus clientes con intereses convencionales, y que los mismos son procesados y almacenados dentro del territorio la Unión Europea.

El código se ofrece como una herramienta de certificación para estos proveedores, de tal forma que si cumplen con sus lineamientos, podrán certificarlo con una “marca de confianza” o “Trust Mark”, asegurando así el cumplimiento con el Reglamento europeo.

Los proveedores que certifiquen su cumplimiento deberán realizar una declaración de adhesión al mismo, a través de una de estas opciones:

• Auditoría de un tercero independiente, que verifique y certifique que el proveedor se ha adherido al código y cumple con sus lineamientos;
• Autoevaluación del cumplimiento de los requisitos por parte del propio proveedor y firma de una declaración de adhesión, según el modelo que proporciona el propio código.

En cualquier caso, la declaración generará la obligación de cumplir en todo momento las disposiciones recogidas en las secciones 5 y 6 del código, en relación a la protección de datos y a los requisitos de seguridad, y a los de gobernanza, recogidos en la sección 7.

El decreto exonera del Impuesto al Patrimonio a los activos de las empresas administradoras de crédito que estén afectadas exclusivamente a la realización de operaciones de microfinanzas productivas.

La exoneración se aplicará a las empresas administradoras de crédito cuya cartera comercial de microfinanzas a lo largo del ejercicio sea de al menos un 60% del total de su actividad financiera.

La medida busca facilitar el acceso al crédito de microempresas y productores familiares por medio de un abaratamiento de las tasas de interés.

El decreto considera microempresas a aquellas que, al momento de otorgarse el crédito, cuenten con menos de cuatro trabajadores dependientes, y tengan ingresos anuales que no superen los dos millones de Unidades Indexadas (UI) (unos seis millones de pesos).

También están comprendidos aquellos productores familiares agropecuarios registrados en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) que hayan optado por tributar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

El estudio, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), analiza las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a 136 instituciones microfinancieras (IMF) en América Latina y el Caribe, sobre la posición de la mujer en la empresa.

El informe contiene algunos datos reveladores. Indica que solamente un 18% de las mujeres son Presidentes del Directorio, un 31% ocupan cargos en los Directorios y un 39% son integrantes de la Alta Gerencia.

Expone las virtualidades de contar con empresas diversas en las que la mujer aporte su punto de vista desde cargos de dirección. Aporta información cualitativa y datos sobre las ventajas de diversificar los órganos de dirección y comenta las tradicionales barreras que frenan el ascenso de la mujer a la dirección.

Analiza las posibles medidas, programas y políticas internas de la empresa, que favorezcan la visibilidad del talento femenino.

El documento de KPMG analiza la evolución de los instrumentos de reporting en materia de sostenibilidad en 71 países (la mayoría países de la OCDE), comparando los resultados de la edición publicada en 2013, a fin de identificar tendencias en estos 3 años.

Respecto al anterior informe, se han extraído las siguientes conclusiones:

• Ha habido un incremento de los instrumentos de reporting, pasando de 180 a casi 400 instrumentos de información sobre sostenibilidad. El mayor auge se ha manifestado en Europa, Asia y Latinoamérica.
• En más del 80% de los países se exigen regulatoriamente la publicación de informes sobre sostenibilidad.
• Con carácter general, la mayoría de los instrumentos de reporting son obligatorios, aunque ha aumentado el número de informes de presentación voluntaria. Además, uno de cada diez instrumentos adopta un enfoque de «cumplir o explicar».
• Casi un tercio de los informes de sostenibilidad son publicados por parte de las grandes sociedades cotizadas.

El documento, publicado anualmente por PwC, se ha elaborado tomando como referencia las principales conclusiones de la encuesta realizada a 66 consejeros de más de 80 compañías españolas, un gran número de ellas del IBEX 35.

La encuesta analiza la actividad de los consejeros y la evolución que están experimentando los consejos en materia de gobierno corporativo (funcionamiento del consejo, comités, grupos de interés, responsabilidad social corporativa, etc.).

En relación con años anteriores, el informe señala que el papel de los consejeros es cada vez más activo y profesionalizado, constituyendo un factor clave en la toma de decisiones relevantes para las compañías. Además, el consejo de administración se ha convertido en el garante del buen funcionamiento de las compañías y, en concreto, de su sostenibilidad a largo plazo.

Se identifican las siguientes áreas de mejora:

• Las nuevas tecnologías y su aplicación a la transformación digital de la empresa (el 83% de los consejeros considera que le faltan conocimientos para la supervisión de asuntos tecnológicos);
• El papel de los consejeros en la definición y supervisión de la estrategia corporativa (el 44% afirma revisarla sólo una vez al año y el 6% reconoce no hacerlo nunca); y
  
• El plan de sucesión del director general (CEO) y los miembros del consejo de administración (sólo el 19,1% de los consejeros asegura dedicar tiempo suficiente a este asunto).

Igualmente se incluye que la gran mayoría de los consejeros entrevistados considera que en los próximos años serán temas fundamentales: la separación entre el presidente y el CEO, el rol del consejero coordinador o lead director, y el papel relevante de los accionistas en la a Junta General.

También te puede interesar:

• El gobierno corporativo y los inversores institucionales (Georgeson y Cuatrecasas Gonçalves)

La guía publicada el pasado mes de octubre por IFC (International Finance Corporation, miembro del Grupo del Banco Mundial, comprende las preguntas más frecuentes que plantean los altos directivos de empresas de la región de Oriente Medio y el norte de África, en relación al buen gobierno corporativo.

El documento se divide en las siguientes secciones, en las cuales se tratan de explicar conceptos técnicos con un lenguaje sencillo:

• Compromiso de Gobierno Corporativo
• Gobierno Corporativo para Pequeñas y Medianas Empresas
• Composición y rol del consejo de administración
• Funcionamiento del consejo de administración
• Entorno de control
• Accionistas
• Divulgación de información
• Gobierno Corporativo para empresas familiares

Las respuestas a preguntas constituyen una introducción sencilla a la gestión de  las mejores prácticas de gobernanza en las entidades, y sirven para facilitar la comprensión de elementos complejos de gobierno corporativo.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publica este informe con el objetivo de marcar la orientación que los reguladores y supervisores deben seguir con las instituciones que prestan servicios para la inclusión financiera.

Guía para reguladores y supervisores

Las orientaciones son aplicables a distintos tipos de instituciones (emisores de dinero electrónico, cooperativas financieras, instituciones microfinancieras, instituciones de depósito, instituciones no bancarias…), y abarcan una amplia gama de productos y servicios financieros, desde el microcrédito tradicional hasta otros tipos de proyectos innovadores diseñados específicamente para los clientes más vulnerables. Además, tratan de servir de referencia tanto para los países miembros del Comité de Basilea como para aquéllos que no lo son.

Orientaciones a 19 Principios

Si bien el documento toma como referencia los 29 Principios de Supervisión Bancaria de 2012, trata especialmente 19 de ellos, entendiendo que los otros 10 restantes no han de ser reformulados.

Los referidos principios se dividen en dos bloques:

• Facultades, atribuciones y funciones de los supervisores (atribuciones, objetivos y potestades; independencia, rendición de cuentas, recursos y protección legal de los supervisores; cooperación y colaboración; actividades permitidas; criterios para la concesión de licencias; enfoque supervisor; técnicas y herramientas de supervisión; informes de supervisión; potestades correctivas y sancionadoras del supervisor; y supervisión consolidada).

• Requisitos y regulaciones prudenciales (gobierno corporativo; proceso de gestión del riesgo; suficiencia de capital; riesgo de crédito, de liquidez, operacional; ; activos dudosos, provisiones y reservas; y utilización abusiva de servicios financieros.

Gobierno corporativo

El Principio 14 establece que es función del supervisor verificar que las instituciones cuentan con sólidas prácticas y procesos en materia de gobierno corporativo que estén en consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica de la institución.

En este sentido, el documento expone que el gobierno corporativo garantiza una inclusión financiera sostenible y responsable, basada en una cultura que refuerza los valores de gestión solvente del riesgo y tratamiento equitativo de los clientes.

Por tanto, requiere de los supervisores una buena comprensión del funcionamiento de dichas prácticas y procesos, y de su impacto en el perfil de riesgo de las instituciones. Para ello, deberán realizar las siguientes actuaciones, aplicables en empresas financieras y no financieras, tanto privadas como públicas:

• Guiar a las instituciones sobre sus expectativas de buen gobierno corporativo, debiendo comunicarlas a sus consejos de administración
• Establecer requisitos mínimos para las estructuras de los consejos de administración y criterios de idoneidad de sus miembros
• Orientar a las instituciones para que realicen autoevaluaciones de su grado de cumplimiento de los principios y requisitos regulatorios de gobierno corporativo, lo que requiere una gran interacción entre el supervisor y las instituciones
• Comprobar que los consejos de administración establecen y comunican la cultura y valores corporativos a lo largo de toda la institución y que, junto con la alta dirección, entienden, gestionan y mitigan de forma eficaz los riesgos
• Asegurar que se responde con la transparencia adecuada a las preocupaciones que surgen ante transacciones con partes vinculadas

Microcrédito tradicional

Al final del documento se incorporan cinco Anexos, que abarcan aspectos en materia de protección del consumidor financiero y de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se definen ciertos términos (cooperativa financiera, institución de depósito y de microfinanciación, entre otros) y se presentan las características distintivas del microcrédito tradicional y sus principales riesgos específicos.

Inclusión financiera

Esta guía busca que reguladores y supervisores actúen teniendo en cuenta la importancia sistémica y el perfil de riesgo de las instituciones supervisadas, para lo cual plantea la existencia de una asignación eficaz de los recursos, y de un conocimiento especializado de la naturaleza y nivel de riesgos asociado a la actividad de inclusión financiera.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha publicado el proyecto normativo a través del cual busca actualizar los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, así como incluir los conceptos de «ambiente de venta presente», «ambiente de venta no presente» y «administradores de pasarelas de pago o procesadores de pago».

Con estas nuevas instrucciones se pretende fijar los requerimientos mínimos de seguridad que deben cumplir los establecimientos de crédito y las administradoras de sistemas de pago de bajo valor para la realización de operaciones en ambiente de venta no presente que se vinculen a establecimientos de comercio o a administradores de pasarelas o procesadores de pago.

En relación con las nuevas definiciones, este proyecto señala que por “ambiente de venta presente” se entiende aquél en el que el consumidor financiero y el proveedor de bienes y/o servicios se encuentran físicamente presentes durante la realización de la transacción comercial respectiva. En este caso, los datos de la operación se toman a través de la tarjeta de crédito, débito o a través del dispositivo electrónico que las aloje.

En cuanto a la definición de “ambiente de venta no presente”, se establece que es aquél en el que el consumidor financiero y el proveedor de bienes y/o servicios no interactúan físicamente durante la transacción comercial.

Finalmente, los “administradores de pasarelas de pago o procesadores de pago” se definen como las entidades que prestan servicios de aplicación de comercio electrónico para almacenar, procesar y/o transmitir el pago correspondiente a operaciones de venta en línea en ambiente de venta no presente.

Por otra parte, sobre los requisitos mínimos de seguridad, se establecen aspectos relativos a: i) análisis de vulnerabilidades, ii) medios de comunicación, y iii) mecanismos de autenticación.

Se establece que los tres conceptos de venta han de ser efectuados por parte de entidades supervisadas que permitan la ejecución de órdenes electrónicas para la transferencia de fondos, la compra, venta o transferencia de títulos valores y la emisión de pólizas de seguros, por sistemas de acceso remoto para clientes, Internet o dispositivos móviles.

En cuanto a los medios de comunicación, se adicionan la mensajería instantánea o cualquier otra modalidad de comunicación a través de la cual se pueda realizar el envío de información confidencial a los consumidores financieros.

Para los mecanismos de autenticación, el proyecto normativo señala que, en el caso de uso de cajeros automáticos y datáfonos, se deberá emplear alguno de los mecanismos de autenticación fijados en la norma, salvo en los casos de tarjetas que no estén obligadas a cumplir el estándar EMV (chip), caso en el cual se debe establecer un segundo factor de autenticación. Para las operaciones realizadas en internet, por su parte, se deberá dar aplicación de mecanismos de autenticación fuertes. Finalmente, se señala que el canal Banca Móvil podrá ser utilizado a través de aplicaciones de dispositivos móviles (apps).

Por último, este proyecto busca que en los contratos que suscriban los establecimientos de crédito con establecimientos de comercio y administradores de pasarelas de pago se consignen, como mínimo, las siguientes obligaciones a cargo de éstos últimos:

• Contar con certificación PCI.DSS versión 3.0 o posterior
• Contar con política de tratamiento de datos personales
• Adoptar mecanismos de autenticación del consumidor financiero
• Contar con una política de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
• Adelantar campañas informativas sobre medidas de seguridad en operaciones
• Informar al consumidor financiero sobre el procedimiento de pago, previo a su realización

El Congreso de la República de Colombia estudia un proyecto de ley mediante el cual se obligaría a los establecimientos de crédito a fijar, al menos, un canal gratuito para el retiro de recursos captados a través de contratos de depósito en cuentas de ahorro.

Así, los establecimientos de crédito estarían obligados a ofrecer a todos los titulares de cuentas de ahorro que tengan depósitos mensuales que no superen el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente USD 664), de manera gratuita, al menos una forma segura de retiros electrónicos.

Asimismo, este proyecto de ley obligaría a los establecimientos de crédito a otorgar, de manera mensual, al menos dos (2) retiros gratuitos en cajeros automáticos y una consulta de saldos, a los titulares de cuentas de ahorro.

Además de lo anterior, se fija en este proyecto de ley que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) velará por el cumplimiento de las obligaciones mencionadas por parte de los establecimientos bancarios, y deberá dar prelación a la atención de reclamaciones que traten de su incumplimiento, presentadas por consumidores financieros.

Al cierre de esta edición, este proyecto de ley se encuentra en su primer debate (de cuatro en total) en el Congreso.

Marlen E. Jiménez M., Gerente de Secretaría General de Banco Adopem

La Ley número 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (Ley de Hábeas Data), tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

Esta Ley fue considerada inconstitucional desde su entrada en vigor, por entenderse que algunos de sus artículos limitaban derechos ciudadanos. Tal es el caso del artículo 4, que impide que las personas afectadas por una información incorrecta o falsa contenida en los bancos de datos de los organismos de inteligencia del Estado, puedan acceder a los mismos para corregirla o suprimirla, tal y como como lo establecen los artículos 44 y 70 de la Constitución de la República.

Acción de inconstitucionalidad

Con base en estos fundamentos, se presentó un recurso de acción directa de inconstitucionalidad incoado por la Fundación Prensa y Derecho Inc., el Consejo Dominicano de Derechos Humanos, y la Alianza Ciudadana para los Derechos Fundamentales, contra los artículos 4.2; 5.6c); 8; 10.4; 25.13; 29; 40 y 88 de la referida Ley de Hábeas Data.

Las pretensiones de los accionantes respecto al recurso planteado, fueron las siguientes:

• Que se dicte una sentencia interpretativa en relación a los artículos 4.2; 5.6c); 8; 10.4; 25.13; y 40, para ajustarlos a lo establecido en la Constitución;
• Que se dicte una sentencia exhortativa en relación con el artículo 29, para que las funciones atribuidas a la Superintendencia de Bancos le sean asignadas a una institución independiente y vinculada a la protección de los derechos fundamentales;
• Que se declare inconstitucional el artículo 88, por violar el principio de legalidad penal.

Análisis de la Sentencia

En relación a los artículos 4.2 y 40 de la Ley, la Sentencia reconoce el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a los archivos de datos personales creados por las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado, siempre que no estén relacionados con una investigación en curso.

El Tribunal Constitucional dictaminó que las restricciones que establecen estos artículos sólo son aplicables si el acceso a las informaciones de carácter personal puede constituir un obstáculo para el cumplimiento de las funciones de los organismos de investigación e inteligencia.

En relación los artículos 10 y 25, que regulan el procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la información, la alta corte determinó que el procedimiento administrativo a seguir por el titular de los datos es facultativo y, por tanto, el usuario no tendrá necesidad de agotar el proceso administrativo antes de optar por la vía judicial.

El artículo 88 de la Ley fue declarado ajustado a la Constitución, si bien sí considera necesario realizar una interpretación en relación a la expresión “salarios mínimos vigentes”, utilizada para calcular la multa aplicable en caso de violación de las disposiciones contenidas en la Ley. En este sentido, considera dicha expresión “vaga, imprecisa e indeterminada”, ya que no se sabría cuál de los salarios mínimos tomar en consideración para el cálculo de la multa aplicable, puesto que el Comité Nacional de Salarios estableció diferentes niveles de salarios mínimos para el sector privado, y sólo un nivel de salario mínimo para el sector público.

El Tribunal aclara que las multas que imponga un tribunal que conozca una demanda por violación a la Ley de Hábeas Data deberán tener como base el salario mínimo del sector público.

En relación a los artículos 5.6c); 8 y 29, el Tribunal declaró su conformidad a la Constitución.

Legislador positivo

Con esta Sentencia interpretativa el Tribunal Constitucional se convierte en legislador positivo, ya que no se ha limitado a emitir un dictamen sobre los artículos en cuestión sino que los ha redactado de nuevo, para que sean conformes con la Carta Magna vigente. Por tanto, no será necesario que la Ley de Habeas Data sea modificada por el Congreso Nacional para adaptar los artículos a la decisión del Tribunal.

La Sentencia cuenta con la aceptación de los diferentes actores de la sociedad nacional, puesto que reafirma los derechos constitucionales de los ciudadanos, del respeto al honor y a la integridad, a poder acceder a sus datos personales registrados en los bancos de datos y por los organismos de seguridad, de manera que puedan reclamar, ya sea por la vía administrativa o judicial, la rectificación de los mismos, y a que los jueces que tengan a su cargo expedientes con demandas por violaciones a la Ley de Hábeas Data, puedan impartir justicia con una base clara.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países.

El presente documento profundiza en el análisis de la matriz de desigualdad social en la región y surge como respuesta al mandato conferido por los países latinoamericanos y caribeños a la CEPAL durante la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de la región celebrada en Lima en noviembre de 2015.

Afirma que para América Latina la desigualdad social representa un rasgo estructural y un desafío fundamental. En el estudio se destaca que la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad son los problemas estructurales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Además, indica que el empeoramiento de algunos indicadores económicos y del mercado de trabajo hacen que la región esté en riesgo de retroceso.

El análisis se centra en los principales ejes que estructuran la desigualdad social, a saber, el género, la pertenencia étnico-racial, la edad o etapa del ciclo de vida y el territorio. Estas distintas dimensiones de la desigualdad se encadenan entre sí, afectando a determinados grupos de población.

En el informe se describen dos tipos de desigualdad:

• La desigualdad de ingresos, que se evidencia en la clase social a la que se pertenece y que constituye la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo y los ingresos.
• Las desigualdades transversales, entre las que señala que:
  • La pobreza e indigencia es más elevada entre los pueblos indígenas y la población afrodescendiente en todos los países considerados, y especialmente acentuada entre la población femenina perteneciente a esos grupos.
  • La incidencia de la pobreza es más elevada en la infancia y la adolescencia.
  • La maternidad adolescente es un fenómeno mucho más acentuado en las zonas rurales y afecta directamente al nivel de estudios.

Sobre la base de dicho análisis, el documento concluye con varias recomendaciones entre las que destacan:

• La necesaria articulación entre las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental.
• La importancia de un enfoque de derechos y de una mirada integral para las políticas abocadas a combatir la desigualdad.
• El fortalecimiento de la institucionalidad y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad.
• La relevancia de proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social, y la necesidad de aumentar las capacidades estadísticas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad y avanzar en su comprensión.
• La urgencia de transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad, lo que requiere orientar las políticas hacia un universalismo sensible a las diferencias.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno colombiano ha publicado un proyecto de decreto a través del cual busca modificar la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) para definir cargas, beneficios o consecuencias conforme a la normativa vigente, utilizando como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la empresa.

Mientras el régimen actual está basado en el número de trabajadores y activos totales de las empresas, sin discriminar los sectores económicos que se traten, la modificación pretende establecer un esquema de clasificación empresarial basado en los ingresos anuales de las empresas, discriminando dicha clasificación en tres grandes sectores económicos: i) sector manufacturero, ii) sector servicios, y iii) sector comercio.

De este proyecto de decreto cabe destacar que, además de modificar completamente el régimen de clasificación empresarial en Colombia, establece que esta nueva clasificación no aplicará para la procedencia de beneficios fiscales o tributarios. De igual manera, se establece que tal clasificación no aplicará en el evento que la ley disponga una clasificación diferente en otros casos particulares.

Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que la nueva clasificación empresarial se basaría en los ingresos por actividades ordinarias de las empresas, el proyecto establece que la verificación de los ingresos de las Mipyme se deberá efectuar con la presentación de los resultados del año inmediatamente anterior a aquél para el cual se pretende realizar la clasificación de la empresa bajo este nuevo esquema. Asimismo, se dispone que los ingresos anuales de las empresas deberán ser reportados al Registro Único Empresarial y Social (RUES)*, aspectos que pueden resultar contraproducentes para la actividad microfinanciera dada la dificultad de contar con información contable formalmente llevada entre los destinatarios de los créditos; así como para los objetivos de bancarización que se ha planteado el Gobierno, por el alto índice de informalidad en el que operan las microempresas en Colombia.

RÉGIMEN ACTUAL:

Microempresa:

• Número trabajadores: No superior a 10

• Activos totales (SMMLV): <500; < USD 112.237

Pequeña empresa:

• Número trabajadores: Entre 11 y 50

• Activos totales (SMMLV): 501 – <5000; USD 112.237 – <USD 1.122.373

Mediana empresa:

• Número trabajadores: Entre 51 y 200

• Activos totales (SMMLV): 5001 – < 30.000; USD 1.122.373 – < USD 6.734.200

MODIFICACIONES PROPUESTAS:

Ingresos por actividades ordinarias anuales (SMMLV)

Sector manufacturero

• Microempresa: < 1.000; < USD 224.400

• Pequeña empresa: > 1.000 – < 8.700;  > USD 224.400 –  < USD 1.952.900

• Mediana empresa: > 8700 – < 73.700; > USD 1.952.900 – < USD 16.543.700

Sector servicios

• Microempresa: < 1.400; < USD 314.264

• Pequeña empresa: > 1.400 – < 5.600; > USD 314.264 – < USD 1.257.000

• Mediana empresa: > 5600 – < 20.500; > USD 1.257.000 – < USD 4.601.700

Sector comercio

• Microempresa: < 1.900; < USD 426.500

• Pequeña empresa: > 1900 – <  18.300; > USD 426.500 – < USD 4.107.800

• Mediana empresa: > 18.300 – <91.700; > USD 4.107.800 –  < USD 20.584.300

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha dado a conocer un proyecto normativo mediante el cual se actualizan y complementan las disposiciones sobre protección al consumidor financiero, respecto de aquéllos que se encuentran en situación de discapacidad.

Con base en nuevas instrucciones, las entidades vigiladas deberán establecer en su Sistema de Atención al Consumidor (SAC) medidas específicas relativas a la atención, protección y respeto de los consumidores financieros en situación de discapacidad. En este sentido, dichas medidas deben incluir aspectos relacionados con una atención preferente a las condiciones de dichos consumidores financieros.

Por otra parte, se busca la utilización de programas de educación financiera y de mecanismos para suministrar información a los consumidores financieros con un enfoque diferencial y adecuado para la atención de personas en situación de discapacidad, para lo cual pueden utilizar herramientas como la simbología, señalización, lenguaje de señas, braille y subtitulación de videos institucionales.

El proyecto define los planes de capacitación sobre el SAC que deberán ser dirigidos a los funcionarios de las áreas involucradas en la atención y servicio de los consumidores financieros, en los que se deberán incluir aspectos relativos a la atención de personas en situación de discapacidad.  

De ser aprobado definitivamente, su entrada en vigor sería el 1 de abril de 2017.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas entre los países.

Esta publicación pone de manifiesto el gran desafío al que se enfrentan América Latina y el Caribe para diversificar sus economías en materia de ciencia, tecnología e innovación. Reconoce que la innovación tiene un papel central en la capacidad de un país para participar del comercio y el crecimiento mundial.

En este sentido, recalca que los indicadores sobre innovación y el acceso a la tecnología no son positivos, y pone de manifiesto la existencia de un déficit estructural para absorber conocimientos en los nuevos paradigmas tecnológicos y participar en su creación.

Para afrontar este reto se proponen políticas públicas que permitan un desarrollo más inclusivo y sostenible, así como acciones de cooperación bilateral o multilateral o regionales que identifiquen áreas de interés para la cooperación en ciencia, tecnología e innovación.

McKinsey & Company es una firma global de consultoría de alta dirección que ayuda a las principales organizaciones del mundo a mejorar su desempeño tanto en el sector privado, como en el público y social.

El informe trata de evaluar el impacto de las finanzas digitales (Fintech) en las economías emergentes basándose en las conclusiones de visitas de campo realizadas a siete países -Brasil, China, Etiopía, India, México, Nigeria y Pakistán- y en más de 150 entrevistas de expertos.

El estudio analiza el uso de efectivo en estas regiones y la escasa inclusión financiera, que se traduce en unos 2.000 millones de personas sin bancarizar y 200 millones de micro, pequeñas y medianas empresas con acceso insuficiente al crédito. Destaca el potencial que tienen las finanzas digitales para transformar economías de mercados emergentes.

La investigación concluye que la adopción y el uso de las finanzas digitales conllevaría los siguientes resultados a nivel global:

• Alza de 3.7 billones de dólares del PIB para 2025
• Creación de 95 millones de nuevos empleos
• Inclusión de 1.600 millones de personas más en el sistema financiero; y
• Nuevos depósitos de 4.2 trillones de dólares
  

The Economist Intelligence Unit presenta el nuevo Microscopio Global 2016, patrocinado por FOMIN/BID, Acción y la Fundación Metlife.

El documento analiza el marco regulatorio para la inclusión financiera y la implementación de las correspondientes políticas públicas en 55 países de todo el mundo, a partir de 12 indicadores que miden regulaciones, políticas públicas, sistemas de supervisión, capacidad del gobierno, infraestructura y estabilidad económica, entre otros.

Este año cumple su décima edición y se ha consolidado como un estándar global para las políticas de inclusión financiera en las economías en desarrollo.

Los aspectos más destacados de esta edición del Microscopio Global, relacionados con América Latina y el Caribe son los siguientes:

• Por décimo año consecutivo, Perú obtuvo el primer puesto en la clasificación general del entorno propicio para la inclusión financiera, pero este año comparte la posición número uno con Colombia.
• Dos países más de América Latina y el Caribe se ubican también entre las diez mejores puntuaciones generales: Chile, en el sexto lugar, y México, en el décimo. Al igual que en el informe del año pasado, América Latina y el Caribe y Asia oriental y meridional están empatados con las más altas puntuaciones a nivel regional.
• Mayor énfasis en la provisión y la regulación de los servicios financieros digitales como herramienta para la inclusión financiera (por ejemplo, la ley de El Salvador para facilitar la inclusión financiera ha simplificado los requisitos y reducido costos para el dinero electrónico y las cuentas de ahorro).  
• El lanzamiento exitoso de estrategias de inclusión financiera en México, El Salvador y Honduras; y la firma de una nueva ley de microfinanzas en Guatemala.
• Mejoras notables en las puntuaciones para la regulación de los microseguros en varios países de la región, incluyendo Perú, México, Colombia, Brasil y Nicaragua.
• Avances en Jamaica hacia el desarrollo de una nueva estrategia de inclusión financiera que será probablemente lanzada a finales de 2016.

El Banco Mundial, creado en 1944 y con sede en  Washington, es una organización internacional especializada en finanzas que depende de las Naciones Unidas. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo, y su propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros.

Este documento presenta un nuevo perfil demográfico de pobreza extrema y moderada, definido como aquellos que viven con menos de $1.90 y entre $1.90 y $3.10 por día, respectivamente, basado en datos de encuestas de hogares de 89 países en desarrollo.

Algunos de los datos más relevantes de la publicación son:

•  El 80 por ciento de los pobres extremos y el 75 por ciento de los pobres moderados viven en las zonas rurales.
• Más del 45 por ciento de los pobres extremos son niños menores de 15 años y casi el 60 por ciento de los pobres extremos viven en hogares con tres o más hijos.
• Las diferencias de género en las tasas de pobreza no son significativas y hay escasa evidencia de desigualdad de género en el nivel educativo de los niños pobres.
• Una proporción considerable de los pobres extremos y moderados, 40 y 50 por ciento, respectivamente, han completado la escuela primaria.
• En comparación con los pobres extremos, los pobres moderados suelen haber terminado la escuela primaria y tienen menos probabilidades de trabajar en la agricultura.

Los resultados refuerzan la importancia de realizar esfuerzos para reducir la pobreza extrema en los hogares en las zonas rurales y los que tienen un gran número de niños, y que los logros en educación y la urbanización contribuyen a la reducción de la pobreza.

El Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS o SDGF, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de cooperación al desarrollo creado en 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante una aportación inicial del Gobierno de España, con el fin de promover el desarrollo sostenible a través de programas conjuntos de carácter multidimensional.

Cumplido ya el primer aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible plenamente en marcha, el Fondo ODS, en colaboración con su Grupo Asesor del Sector Privado y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, destaca en su nuevo informe “La universalidad y los ODS: Una perspectiva empresarial”, diferentes puntos de vista de empresas, que actualmente trabajan para impulsar la Agenda 2030 y sus 17 ODS.

Este informe está basado en entrevistas y aportaciones de líderes del sector privado a través de talleres en África, América Latina, Europa y Estados Unidos, más de cien compañías que representan regiones y sectores industriales diferentes.

El informe aporta información sobre cómo las empresas se aproximan a los objetivos de desarrollo y así, señala que muchas compañías reconocieron que aún están en proceso de comprender los ODS en toda su dimensión o de decidir cómo implementarlos de la mejor manera; otras, por el contrario, han procedido a integrar los ODS dentro de sus acciones y planes de negocio, y en algunos casos, están contribuyendo ya al logro de uno o más Objetivos.

Una de las conclusiones más valiosas del informe es la exposición de una serie de medidas sencillas, como la formación técnica, con lo que muchas más compañías podrían sumarse a la agenda de los ODS y acelerar el logro de estas importantes y ambiciosas metas globales para el desarrollo social y el medioambiente.

También te puede interesar:

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Asamblea General de Naciones Unidas)
• Sustainable Development Goals (Naciones Unidas)

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), creado en diciembre de 1977 y con sede en Roma, es una agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para programas específicamente diseñados para promocionar el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, a través de la mejora de su producción agrícola.

El Informe sobre el Desarrollo Rural de 2016 se centra en la transformación rural inclusiva como elemento central para eliminar la pobreza y el hambre, y crear sociedades inclusivas y sostenibles.

La publicación sostiene que, aunque millones de personas en la región han dejado atrás la pobreza en las últimas décadas, la desigualdad sigue siendo extremadamente alta en la región, con una cuarta parte de la población en situación de vulnerabilidad económica.

El informe recoge que, para permitir a América Latina y el Caribe superar la pobreza, la transformación rural necesita un enfoque integral que vaya más allá del simple aumento de la productividad agrícola. Propone facilitar el acceso de los campesinos a servicios básicos (tierra, infraestructura, salud, educación, finanzas…) y contribuir al establecimiento de instituciones locales, regionales y nacionales más fuertes.

Según el informe, en las últimas décadas se han hecho grandes avances para superar la tradicional dicotomía urbano-rural, por lo que la agricultura ya no es la única actividad económica en las zonas rurales, donde cada vez más familias combinan actividades agrícolas y no agrícolas para ganarse la vida.

Esta compleja realidad representa oportunidades y desafíos que requieren que los responsables de la formulación de políticas y los profesionales del desarrollo actualicen su enfoque sobre la pobreza rural.

De los países analizados en América Latina, Bolivia es el único caso en el cual la reducción de la pobreza ha progresado rápidamente a pesar de que la transformación de su economía nacional y rural ha sido lenta. El ejemplo boliviano, según el informe, demuestra que políticas apropiadas y focalizadas son eficaces para reducir la pobreza.

Fundada en 1994, la Access to Insurance Initiative (A2ii) es una una asociación que engloba a reguladores y supervisores de seguros de unas 190 jurisdicciones en casi 140 países, la mayoría de ellos mercados emergentes y países en desarrollo, y representa el 97% de las primas de seguros mundiales. La A2ii emite principios, normas y documentos de orientación sobre seguros globales, proporciona capacitación y apoyo en cuestiones relacionadas con la supervisión de seguros, y organiza reuniones y seminarios para supervisores de seguros.

En esta publicación la A2ii examina las tendencias y desafíos actuales que enfrentan los supervisores de seguros, particularmente en lo que respecta a la formalización, la distribución masiva y la tecnología digital.

Formula una serie recomendaciones que los supervisores deben tener en cuenta:

• Entender el contexto de mercado único de una jurisdicción antes de desarrollar el marco regulatorio de microseguros.
• Considerar un contexto legal y regulatorio más amplio dentro del cual se emiten las regulaciones de microseguros.
• Prevenir y evitar las consecuencias imprevistas que podrían derivarse de un marco regulador de microseguros.
• Coordinar y cooperar con otras autoridades que participan en la supervisión de la provisión o distribución de productos relacionados con seguros.
• Adoptar un proceso estructurado, basado en evidencia y debidamente secuenciado para desarrollar e implementar el marco regulatorio de microseguros.
• Aplicar un enfoque proactivo y flexible de prueba y aprendizaje, al desarrollar e implementar regulaciones de microseguros.

María Mercedes Gómez Restrepo

La historia de Colombia  de los últimos 52 años ha estado marcada con la impronta de la guerra con más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado, mediante el  secuestro, atentados terroristas, desplazamientos forzados, minas antipersona, delitos sexuales, desapariciones, homicidios. Las acciones bélicas han causado la muerte a más de 218.000 personas, de las cuales 81% corresponden a la población civil y 19%  a combatientes*. Impacta entre las cifras el número de desplazados, que en su mayoría provienen del sector rural, superando los 5 millones doscientos mil campesinos**, razón por la cual la primera temática del Acuerdo de Paz que rige el posconflicto se centra en el campo.

Desde que las negociaciones del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC empezaron a perfilarse como una realidad posible, se han dado pasos de gran trascendencia hacia la consolidación de un escenario posconflicto que tiene lugar protagónico en el ámbito rural, tal como revela el Censo Nacional Agropecuario de 2014, actualizado después de 40 años, indicando la existencia de un 69,9% de unidades productivas rurales con menos de 5 hectáreas en las que se desarrolla una economía de subsistencia familiar.

Para dimensionar el número de personas objetivo de este escenario posconflicto, es necesario sumar a la población rural existente en condición de pobreza monetaria, que es de 4.3 millones***, las personas desplazadas por el conflicto armado, 5.2 millones, y las reintegradas durante el período 2003 – 2016, 58 mil****, para un total aproximado de 9.6 millones; todas ellas con la necesidad fundamental de ser incluidas social, productiva y financieramente.

La vocación natural de las microfinanzas es contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo, a través de modelos de inclusión financiera que van desde el simple acceso a transacciones financieras en la base de la pirámide económica, hasta el ofrecimiento de sofisticadas propuestas de valor que apoyan integralmente el desarrollo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de más bajos ingresos.

Esta vocación encuentra en el escenario posconflicto enormes desafíos y, en consecuencia, grandes oportunidades. Uno de los mayores desafíos es el tiempo que toma la reintegración de las poblaciones desplazadas y desmovilizadas: 6.5 años en promedio*****, luego de los cuales es necesario asegurar oportunidades de inserción económica, ya sea a través de la empleabilidad o el emprendimiento. Otro reto de gran relevancia es la creación de modelos de emprendimiento auto sostenibles y la evolución de los modelos actuales de fortalecimiento a las microempresas, que hemos venido madurando en el grupo de entidades de la FMBBVA, ajustándolos a nuestras particulares necesidades para atender las realidades y barreras propias de la actividad agropecuaria en Colombia.

Para la industria microfinanciera, las oportunidades derivadas del escenario posconflicto están relacionadas con la posibilidad de lograr mayor escala y alcance, que debe traducirse en un crecimiento del  número de microempresarios y emprendedores. Para capitalizar esta oportunidad, se requiere adaptar la oferta de valor a las nuevas necesidades que surgen producto de la dinámica de construcción de una paz estable y duradera.

Por esta razón, la capacidad de innovación de las instituciones microfinancieras será el elemento esencial de diferenciación competitiva, una innovación centrada en la satisfacción de necesidades humanas, con viabilidad técnica y financiera. Este foco antropológico demanda una transformación interna no menor: abandonar el diseño de productos y servicios desde la oferta para acoger la implementación de soluciones integrales de negocio a partir de la demanda. Esto incorpora un cambio de perspectiva, en la que el conocimiento profundo de la población rural y sus necesidades de inclusión, así como del entorno del posconflicto, se erige como la piedra angular, siendo la tecnología digital la mejor aliada de la transformación y la eficiencia, así como la condición necesaria para ganar capilaridad y cobertura en el territorio rural.

Las barreras atávicas del desarrollo rural deberán ser superadas para ser realmente actores protagónicos del posconflicto: la propiedad de la tierra; la falta de tecnificación de la actividad agropecuaria; las limitaciones de infraestructura y de bienes públicos; la carencia de protección ante los riesgos agroclimáticos; la volatilidad de los precios; la ausencia de garantías; la casi inexistente educación financiera;la  informalidad y el impacto ambiental, entre muchas otras. El fundamento para avanzar y superar estas dificultades, se centra en la gente, en equipos de trabajo con competencias de emoción desarrolladas al máximo: espíritu de servicio  y cooperación. Su proceso de formación en el protocolo de las Finanzas Productivas Responsables debe ser cuidadoso y continuo.

Complemento irrenunciable de lo anterior es la implantación de un modelo de atención especializado para el segmento agropecuario, que se fundamente sobre la base de una intervención integral de los circuitos económicos naturales de las comunidades, con ofertas de valor adaptadas para los diferentes actores, canales digitales, alianzas con terceros, y apalancamiento en la asociatividad para la eficiente irrigación del crédito y la mitigación de riesgos.

Durante los últimos cinco años, el Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. se ha venido preparando para este momento, estableciendo como su principal línea estratégica la profundización y el mayor alcance en el campo colombiano, con herramientas tan importantes como el Mapa Misional Campesino e Indígena, que marca las prioridades a nivel de zona y actividad, así como el Modelo de Intervención, que establece las líneas de actividad para consolidar una propuesta de valor a la medida y el conocimiento etnográfico del campesino. Lo anterior, sumado al uso de la banca móvil con avances muy significativos  por parte de los clientes rurales, el Banco ha logrado definir una hoja de ruta para contribuir a la consolidación de la paz en Colombia.

Con el apoyo de la FMBBVA y la confianza puesta en el futuro que hemos venido construyendo con pasión y compromiso, Bancamía apuesta por una inclusión financiera integral con acceso, uso, calidad y bienestar,  para ser el intermediario financiero líder en el escenario posconflicto, avalado en el profundo conocimiento de este segmento poblacional y a la lealtad con la Misión que nos inspira y el objetivo superior que nos motiva .

A través de la Ley 4 de 1994 fue concebido el Fondo de Compensación de Intereses (FECI) con el objetivo principal de lograr que todos los préstamos locales destinados al sector agropecuario calificado y al sector agroindustrial exportador de productos no tradicionales tuviesen derecho a un descuento en la tasa de interés pactada en sus préstamos con el banco o entidad financiera prestamista.

Los prestamistas fueron compensados aplicando las retenciones que efectúen los bancos y entidades financieras a todos aquellos préstamos personales o comerciales con montos superiores a los cinco mil dólares, al FECI.

El Gobierno nacional ha venido impulsando la producción agroalimentaria, y para ello ha instrumentado préstamos agropecuarios al 0% de interés. La gran cantidad de solicitudes recibidas en el último año llegó a sobrepasar el 200% de los fondos asignados al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

En base a ello se redacta el anteproyecto que modifica la Ley 4 de 1994, cuyos objetivos son:

• Buscar solución al problema de financiamiento existente.
• Velar por el micro, pequeño y mediano productor, impulsando la mejora de sus niveles de producción y productividad.
• Aumentar el financiamiento de la actividad agropecuaria, incrementando los fondos asignados, iniciando un proceso de recuperación y reorientación de este sector.
• Garantizar la seguridad alimentaria del país.

Préstamos al 0%

• El anteproyecto propone que los préstamos concedidos por el BDA, por Cooperativas de Crédito Agropecuario, así como por cualquier otra persona natural o jurídica con fondos prestados por el FECI, no serán objeto de los descuentos de intereses dispuestos en la Ley 4 de 1994.
  

Comisión FECI

• La comisión será determinada por la Comisión FECI, integrada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Desarrollo Agropecuario y el Superintendente de Bancos o la persona en quien se delegue la representación.