Legislación y proyectos normativos - España

Estatuto de las mujeres Rurales. Ley 6/2019

Laura Fernández Lord, Empoderamiento de la Mujer, FMBBVA

El pasado mes de noviembre se publicó en el BOE la Ley 6/2019, del Estatuto de las mujeres Rurales de Castilla La Mancha, una norma que tiene por objeto avanzar en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural.

Esta Ley establece medidas que promueven la autonomía de la mujer en el medio rural, así como el fortalecimiento de su posición social y profesional. En este sentido, la norma prevé programas específicos de formación y capacitación de la mujer para favorecer su empoderamiento, además de establecer ayudas y subvenciones que fomenten nuevas oportunidades de empleo por cuenta ajena o de autoempleo.

La desigualdad de género está presente en todas las sociedades y países. Sin embargo, las situaciones de discriminación se agravan en el ámbito rural ante la falta de oportunidades para incorporarse y permanecer en el mercado laboral a través de un empleo estable y de calidad. A menudo su trabajo es “invisible” y se considera una “ayuda”; trabajan en las fincas familiares sin recibir nada a cambio por ello o como jornaleras temporales en condiciones de informalidad. Ellas son las que producen más de la mitad de los alimentos que consumimos pero sólo ostentan el 2% de la propiedad de la tierra y reciben el 1% del crédito total. En las zonas rurales se concentra además el 75% de la población que vive en extrema pobreza, la mayoría mujeres.

Consciente de este panorama, la FMBBVA está contribuyendo al empoderamiento de más de 1 millón de mujeres en América Latina, casi el 30% de ellas, en el ámbito rural (vs. 45% hombres), con un total de 158.407 mujeres en nuestra cartera de crédito. Su peso es mayor en Colombia, República Dominicana y Panamá donde se sitúa en niveles superiores al 35%. En promedio en el Grupo, el 79% de las mujeres rurales se encuentra en situación de vulnerabilidad y un 25% en pobreza. Con unos niveles similares a los de los hombres, salvo en el caso de Perú y Chile, donde la vulnerabilidad de las mujeres rurales es superior en 9 puntos porcentuales. La mayoría tienen entre 30 y 60 años de edad y su nivel educativo es superior al de los hombres rurales.

Algo menos de un tercio de las mujeres se dedica a actividades agro (vs. 55% de los hombres rurales) aunque en Colombia y Panamá el 50% de las mujeres rurales se dedican a estas actividades. En general, las mujeres tienen mayores obstáculos para emprender en este sector que requiere alta inversión en activos productivos, conocimientos técnicos y fuerza física, lo que hace que casi la mitad se dediquen a la venta minorista. De hecho, en República Dominicana, sólo un 4% de las mujeres rurales se dedica a estas actividades que, principalmente, incluyen en todas las geografías la cría de ganado (porcino y ovino, aves de corral) que se combinan con pequeños cultivos de café o árboles frutales.

Por otro lado, acercamos los servicios financieros y la capacitación a través de la tecnología. Nuestros oficiales de crédito cuentan con dispositivos móviles para llevar la oficina donde nadie llega y hemos desarrollado una app de banca móvil que evita los costes de tiempo y dinero de desplazarse a una sucursal (aún más elevados para las emprendedoras rurales). Y contamos con una red de 25.000 corresponsales no bancarios en tiendas de proximidad.

Además, nuestras entidades cuentan con productos específicos para mujeres rurales como el Agrocrédito Mujer Adopem, o servicios de asistencia sanitaria dirigidos a mujeres rurales que incluyen asistencias telefónicas médicas, psicológicas y legales, así como orientación técnica agropecuaria e información climática por menos de 1€ al mes.

Las mujeres rurales enfrentan una triple brecha: de género, rural y digital y siguen estando invisibilizadas, excluidas y limitadas en su acceso a recursos y mercados, tecnología, servicios públicos y organizaciones rurales. Y, sin embargo, son esenciales para lograr un desarrollo sostenible puesto que son líderes en adoptar prácticas medioambientales cuando se les facilitan los medios, gastan más en alimentos y mejoran la seguridad alimentaria cuando tienen acceso a la propiedad de la tierra y son las “guardianas” de los saberes ancestrales de la tierra, esenciales para mantener la biodiversidad.