Legislación y proyectos normativos - España

Tiempo de actuar: ley de cambio climático.

Ley 7/2021

El pasado 21 de mayo se publicó la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, una norma elaborada tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), alineada con las directrices de la Ley Europea del Clima -cuyo proyecto comentamos en Progreso 22- y el compromiso de alcanzar cero emisiones netas en el año 2050.

Esta Ley, cuyo desarrollo reglamentario deberá hacerse en el plazo de un año tras su publicación, tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París[1], facilitar la descarbonización de la economía española y promover su transición a un modelo circular, la adaptación a los impactos del cambio climático y fomentar la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente que contribuya a la reducción de las desigualdades.

Principios rectores

Tal y como indica la Ley, las actuaciones derivadas de la misma han de regirse por los principios reconocidos en el derecho nacional, en el derecho de la Unión Europea y en el derecho internacional de aplicación en materia de energía y clima y, en especial, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[2].

En concreto, la norma incluye como principios rectores los siguientes: el desarrollo sostenible; la descarbonización, entendida como un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero; la protección del medio ambiente; la preservación de la biodiversidad; la aplicación del principio «quien contamina, paga»; la resiliencia; la protección de colectivos vulnerables, o la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros.

Objetivos de la planificación estratégica

La Ley establece los objetivos mínimos nacionales para cumplir los compromisos internacionalmente asumidos de cara al año 2030 y cuya primera revisión tendrá lugar en el año 2023:

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.
  • Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.
  • Lograr un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.
  • Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Además, antes de 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos; debiendo el sistema eléctrico, estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable.

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Joel Hernández, Responsable de Sostenibilidad Medioambiental, FMBBVA

Estrategia de descarbonización

Según indica la norma, el Gobierno aprobará una Estrategia de Descarbonización a 2050 que establezca una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española, necesaria para cumplir con los objetivos previstos en la Ley y de conformidad con lo exigido por la normativa de la Unión Europea. Esta Estrategia será revisable cada cinco años e incluirá, al menos, un objetivo intermedio de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero indicativo en 2040.

Además, la Ley establece que el Gobierno impulsará acciones de impulso a la digitalización de la economía que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización, en el marco de la estrategia España Digital 2025.

Otras consideraciones

El texto, articulado en 9 títulos, regula asimismo las siguientes cuestiones.

  • Generación de energías renovables: transición del sistema energético nacional impulsado por las energías renovables, su almacenamiento y mejoras en la eficiencia energética en todos los sectores y consumidores.
  • Transición energética y combustibles: se vetan las nuevas autorizaciones para la investigación y explotación de hidrocarburos. Asimismo fomenta el uso de gases renovables como: el biogás, biometano, hidrógeno y otros combustibles alternativos.
  • Promoción de la movilidad sin emisiones: para el año 2050 los turismos y vehículos comerciales ligeros deberán ser cero emisiones directas de dióxido de carbono (CO2). Se definen las zonas de bajas emisiones en municipios con más de 50,000 habitantes, se garantizan las infraestructuras de recargas eléctricas en todo el territorio nacional y se dispone la obligatoriedad de instalación de puntos de recargas en las nuevas construcciones.
  • Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): instrumento de planificación para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático donde se plasmarán las medidas de adaptación a los impactos del cambio climático.
  • Transición justa: con el fin de lograr una economía descarbonizada se requieren también medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables como las zonas rurales, que permitan crear empleo y beneficio para toda el territorio nacional.
  • Movilización de recursos: se prevé la dedicación de un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado a la consecución de estos objetivos. Por otro lado, se promueve el involucramiento del sector financiero y las empresas; y obliga a comunicar la información no financiera de manera anual realizando una evaluación del impacto de los riesgos financieros asociados al cambio climático y generados por la exposición de su actividad.
  • Educación y capacitación: se propone adecuar el currículo básico del sistema educativo y universitario para integrar los conceptos del desarrollo sostenible, medioambiente y lo referente a la investigación, desarrollo e innovación sobre el cambio climático.
  • Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética: se crea este órgano para evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas.

A menos de una década del cumplimiento del Acuerdo de París, estos próximos años son cruciales para alcanzar los primeros objetivos de cara al año 2030. España, mediante esta ley, se prepara para llevar a la acción la descarbonización de los principales sectores de la economía que generan gases de efecto invernadero y lograr que la transición sea justa para toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás.

Para garantizar un futuro más sostenible e inclusivo, desde la Fundación Microfinanzas BBVA apostamos por la sostenibilidad medioambiental como una de nuestras 3 prioridades estratégicas, junto con la inclusión y el empoderamiento de la mujer. Ponemos a disposición de los emprendedores soluciones verdes que les permitan reducir su vulnerabilidad y fortalecer su resiliencia al cambio climático. Impulsamos así las finanzas verdes y climáticas en el sector financiero latinoamericano y reforzamos además nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y los Principios de Banca Responsable de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.